La agresiva fiscalidad estatal sobre la vivienda en España
La crisis de acceso a la vivienda y el papel del Estado
En el último año, el precio de la vivienda en España ha experimentado un incremento del 12,7%, lo cual representa el mayor aumento desde 2007. Si ajustamos por la inflación, el valor real ha subido un 10%, mientras que los salarios apenas han crecido un 2,7% acumulado en las últimas tres décadas. Esto significa que, en tan solo un año, la vivienda se ha encarecido cuatro veces más de lo que han crecido los sueldos en 30 años.
La "agresiva fiscalidad" como motor de encarecimiento
Contrario a la creencia de que el Estado es un aliado en el acceso a la vivienda, el análisis sostiene que actúa como un agente que parasita el valor del inmueble. El Instituto de Estudios Económicos estima que el Estado recauda anualmente más de 50.000 millones de euros a través de impuestos relacionados con la vivienda, lo que equivale al 3,5% del PIB.
- Impacto en precios: Se estima que, debido a esta alta carga impositiva, la vivienda en España es un 25% más cara de lo que sería en una situación de ausencia de estos tributos.
- Cadena de impuestos: El ciclo de promoción y tenencia es gravado en todas sus etapas:
- Impuestos sobre el terreno: Plusvalía municipal, IRPF sobre ganancias y actos jurídicos documentados.
- Impuestos en construcción: Licencias municipales, tasas y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO).
- Impuestos en compraventa: IVA (obra nueva) o Impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), además de AJD.
- Impuestos sobre tenencia: IBI, Impuesto sobre el Patrimonio y gravámenes específicos a segundas residencias o alquileres.
Un destino de fondos alejado de la vivienda
"El Estado, en suma, no es tu aliado a la hora de acceder a una vivienda. Es uno de tus principales enemigos."
Aunque se recauda una suma ingente a través de la vivienda, el Estado apenas destina el 0,5% del PIB a políticas de vivienda y acceso habitacional. La diferencia no se reinvierte en solucionar el problema social del acceso; según el análisis, el dinero se utiliza para consolidar redes clientelares y maximizar el apoyo político mediante otras vías, como las pensiones, priorizando la permanencia en el poder sobre la ayuda a los más desfavorecidos.