Caso Koldo: El papel de Francina Armengol en Baleares
La trama de corrupción y el Gobierno de Baleares
El presente análisis aborda la pieza separada del caso Koldo que vincula directamente a la gestión del gobierno socialista de las Islas Baleares bajo la presidencia de Francina Armengol. A pesar de las declaraciones donde la actual presidenta del Congreso se posiciona como una víctima, existen múltiples puntos oscuros en la contratación de material sanitario.
Irregularidades en la contratación
La investigación destaca una serie de actuaciones cuestionables por parte del Servicio de Salud:
- Contratación verbal: El pedido de 1,4 millones de mascarillas FFP2 fue pactado de palabra sin soporte documental previo, autorizándose formalmente el 4 de mayo de 2020, cuando el producto ya había sido recepcionado el 29 de abril.
- Incumplimiento de calidad: A pesar de encargar mascarillas FFP2, la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas suministró mascarillas quirúrgicas (KN95), inútiles para el uso sanitario pretendido.
- Certificado de idoneidad: En agosto de 2020, el gobierno balear emitió un certificado de calidad a favor de la empresa investigada, a pesar de conocer desde junio que el material era defectuoso. Este documento facilitó que la trama pudiera obtener contratos con otras administraciones.
- Fondos Europeos: Se solicitaron fondos FEDER a la Unión Europea justificando la compra como un suministro correcto, ocultando la ineficacia del material adquirido.
La gestión del expediente y el desenlace
Un punto crítico es la inacción prolongada del gobierno balear, que no abrió expediente administrativo hasta marzo de 2023. > "Se especula con la posibilidad de que Koldo García estuviese intermediando para que esa reclamación de dinero público no se produjera".
Finalmente, la reclamación del dinero se realizó el último día de mandato de Armengol, un expediente que terminó caducando bajo el posterior gobierno del Partido Popular, lo que plantea dudas sobre si la actuación fue un intento de salvar la cara o una maniobra para impedir futuras acciones legales al prescribir el derecho a reclamar.