El modelo 720: El atropello fiscal tumbado por la justicia europea
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el modelo 720
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado ilegal el modelo 720 español, un mecanismo de control fiscal que ha sido calificado como una aberración jurídica y una herramienta de terrorismo fiscal contra los contribuyentes. Durante una década, este modelo ha sido utilizado para sancionar de forma desproporcionada a quienes poseen activos en el extranjero.
¿Qué es el modelo 720?
Es una obligación informativa para españoles con bienes fuera del país superiores a 50.000 euros. Sus principales fallos detectados por el TJUE incluyen:
- Desigualdad: No se exige el mismo rigor declarativo para activos equivalentes custodiados dentro de España, lo cual vulnera la libertad de movimiento de capitales.
- Régimen sancionatorio desproporcionado: Las multas fijas, como la de 5.000 euros por omisiones mínimas, no guardan relación con la falta cometida.
- Confiscación: El sistema permitía considerar ahorros legales ya tributados como ganancia patrimonial no justificada, aplicando tipos del IRPF elevados más una sanción del 150%, llegando a superar el valor total del bien.
- Imprescriptibilidad: La ausencia de plazos de prescripción permitía a Hacienda perseguir al contribuyente indefinidamente, incluso al intentar regularizar situaciones que ya habían tributado correctamente.
"El TJUE ha tumbado el modelo porque las sanciones podían llevar a que el contribuyente tuviese que pagar más en impuestos y multas que el valor de los bienes que poseía."
Consecuencias de una década de despropósito
A pesar de las advertencias previas de la Comisión Europea, los distintos gobiernos (PP, PSOE y PSOE-Podemos) mantuvieron la norma por su utilidad recaudatoria e instrumental. El daño ya está hecho: durante años se generó un estado de pánico fiscal y una expropiación encubierta de patrimonio bajo el pretexto de obligaciones meramente informativas. Aunque ahora Hacienda deberá devolver las cantidades cobradas injustamente, persiste la crítica por la impunidad política de los responsables que implementaron y mantuvieron este sistema confiscatorio.