Crisis institucional: El rechazo judicial al pacto PSOE-Junts
El conflicto constitucional
El acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts per Catalunya ha provocado una respuesta sin precedentes en el ordenamiento jurídico español. El sector judicial considera que la creación de comisiones de investigación para evaluar casos de supuesta judicialización de la política o lawfare rompe los pilares básicos del Estado de Derecho.
Puntos clave del rechazo
- Vulneración de la separación de poderes: Los jueces advierten que el Poder Legislativo se arroga funciones que corresponden exclusivamente a los tribunales al pretender revisar decisiones judiciales.
- Indefinición del ámbito de amnistía: La posibilidad de ampliar la ley de amnistía según las conclusiones de futuras comisiones parlamentarias convierte el derecho en algo voluble y sujeto al capricho político.
- Peligro para el imperio de la ley: Se teme que las sentencias tengan que contar con el "plácet" de los grupos políticos, destruyendo la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
"El texto del acuerdo contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política... Esto podría suponer someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales".
Reacciones institucionales
La oposición al pacto es transversal, uniendo a todas las asociaciones judiciales, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y diversos colegios de abogados, quienes coinciden en que este acuerdo implica una "reforma encubierta" de la Constitución sin seguir sus cauces legales.