Análisis del Plan de Acción por la Democracia de Sánchez
Análisis del Plan de Acción Democrática
El Gobierno ha presentado un conjunto de medidas bajo el nombre de Plan de Acción por la Democracia, argumentando la necesidad de combatir la desinformación y los bulos. Sin embargo, el análisis sugiere que estas medidas podrían ocultar una estrategia de control político hacia la libertad de expresión.
Estructura del plan
El proyecto se divide en tres bloques principales:
- Transparencia administrativa: Fomento del gobierno abierto y rendición de cuentas.
- Transparencia legislativa: Obligatoriedad de debates electorales y control de cuentas de partidos.
- Control del ecosistema informativo: El sector más controvertido, que incluye registros de medios, criterios para la publicidad institucional y reformas legislativas.
Riesgos para la libertad de prensa
El análisis destaca varios puntos críticos que podrían comprometer la labor periodística:
- Amedrentamiento económico: Las posibles reformas sobre el derecho al honor podrían utilizarse para imponer sanciones que provoquen la quiebra de medios que investiguen casos de corrupción.
- Agravamiento de delitos de odio: Existe el temor de que se utilicen estos tipos penales para limitar la libertad ideológica y la crítica legítima.
- Compra de medios: La inyección de 100 millones de euros en ayudas a la digitalización se percibe como una forma de disidencia controlada, similar a las prácticas ya observadas con otros grupos mediáticos.
- Etiquetado oficial: La delegación en la CNMC de competencias para supervisar servicios digitales podría derivar en una distinción arbitraria entre «periodismo» y «pseudomedios» por parte del Estado.
"Parece estar detrás de esta reforma crear un sello público de buen periodista y un sello público de mal periodista o de falso periodista, lo que clarísimamente atentaría contra la libertad de prensa."
En conclusión, aunque algunas propuestas técnicas parecen inofensivas, el diseño estructural sugiere que el Gobierno pretende establecer un control estatal sobre la narrativa, dejando la puerta abierta a futuras restricciones mayores.