Registro estatal de influencers: ¿control o regulación?
El gobierno de España, bajo la coalición PSOE-SUMAR, ha implementado una nueva normativa para regular la actividad de los influencers. Esta medida obliga a ciertos creadores de contenido a inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales bajo criterios específicos de ingresos y audiencia.
Requisitos para el registro
Para ser sujeto a esta nueva obligación, los creadores deben cumplir dos condiciones simultáneas:
* Criterio económico: Obtener ingresos anuales superiores a los 300.000 euros por sus actividades audiovisuales.
* Criterio de audiencia: Poseer más de un millón de seguidores en una sola plataforma, o más de dos millones en conjunto, junto con la publicación de más de 24 vídeos al año.
Implicaciones y controversia
El gobierno justifica esta medida bajo la premisa de proteger a los menores y regular la publicidad. Sin embargo, el análisis sugiere que existen intenciones ocultas de control estatal:
"El Estado va a contar con un registro, con un listado, de todas aquellas personas, de todos aquellos individuos, que son especialmente influyentes."
- Redundancia técnica: Las plataformas actuales (como YouTube) ya cuentan con herramientas de autorregulación que controlan la publicidad y protegen a los menores.
- Riesgo de censura: Se teme que el registro sea un mecanismo para fiscalizar y limitar la libertad de expresión, etiquetando opiniones críticas como "bulos" o "discurso del odio".
En conclusión, la medida es vista como un paso para neutralizar contrapoderes y limitar la crítica política bajo el pretexto de una regulación "insípida" inicial que podría derivar en mayores restricciones.