Nuevo registro centralizado de viajeros: riesgos y privacidad

Registro de viajeros y obligaciones legales

La reciente entrada en vigor del Real Decreto 933-2021 impone a los establecimientos de hospedaje y alquiler de vehículos la obligación de recopilar y transmitir al Ministerio del Interior una vasta cantidad de información sobre sus clientes.

Datos recopilados

Las empresas están obligadas a gestionar hasta 30 datos personales por usuario, que deben conservarse durante tres años, incluyendo:

• Datos personales: Nombre, apellidos, DNI/pasaporte, dirección y contacto.
• Información financiera: Detalles de tarjetas de crédito, cuentas bancarias e IBAN.
• Detalles del servicio: Fechas, horas, número de habitaciones y métodos de pago utilizados.

"Estamos normalizando que el Estado invada nuestra privacidad. Si lo dice una ley, habrá que hacerlo."

Críticas al sistema

El análisis señala tres problemas fundamentales derivados de esta normativa:

1. Burocracia asfixiante: Incremento de los costes administrativos para las empresas del sector turístico.
2. Ataque a la privacidad: Se normaliza la vigilancia estatal, obligando a los particulares a desnudarse informativamente ante la administración.
3. Vulnerabilidad y usos ilegítimos: Los riesgos de filtraciones políticas o ataques informáticos por parte de ciberdelincuentes son elevados debido a la centralización de datos, agravados por una infraestructura técnica (la web oficial) que ha demostrado ser ineficiente desde su lanzamiento.