El aval público al alquiler: Un análisis crítico
El impacto del aval público en el alquiler
El Gobierno, con el respaldo del Partido Popular, ha impulsado la creación de una línea de avales públicos para el mercado del alquiler. Esta medida, lejos de solucionar el problema de acceso a la vivienda, es calificada como un disparate económico debido a su potencial para generar un elevado riesgo moral.
Puntos clave del análisis:
- Socialización de pérdidas: La medida desplaza el riesgo de impago desde el propietario hacia el conjunto de los contribuyentes españoles.
- Incentivos perversos:
- El inquilino pierde el incentivo de pago al saber que el Estado responde por sus deudas, pudiendo permanecer en la vivienda sin abonar las rentas.
- El propietario reduce su diligencia en la selección del inquilino, pues tiene garantizado el cobro a través del Estado.
- Riesgo de fraude: Existe la posibilidad de que propietarios e inquilinos pacten pagos en negro mientras el Estado abona la renta oficial impagada, generando un fraude sistémico.
"Si Feijoo no quiere un país donde alquilar una vivienda sea una operación de alto riesgo, lo que tendría que hacer es facilitar y acelerar, por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el desahucio de viviendas."
Consecuencias para el mercado
Esta normativa no solo ignora la raíz del problema —la falta de oferta y la inseguridad jurídica—, sino que compite de manera desleal con las empresas aseguradoras privadas que ya operan en el sector. En lugar de liberalizar el suelo para aumentar la oferta, el Estado opta por subsidiar el impago, perpetuando la fragilidad del mercado inmobiliario bajo el pretexto de ayudar a jóvenes y colectivos vulnerables.