Ley de Montes: ¿Un factor en el aumento de incendios?
La paradoja de la prevención de incendios
El debate sobre los incendios en la Península Ibérica suele centrarse en la falta de recursos, pero existe un problema estructural de fondo relacionado con la gestión del monte. El exceso de biomasa acumulada actúa como combustible, facilitando la propagación descontrolada del fuego.
El problema de los incentivos
Aunque la Ley de Montes 43/2003 establece obligaciones formales para los propietarios —como la creación de cortafuegos o la limpieza de vegetación—, la realidad operativa es muy distinta:
- Desincentivos económicos: La ley burocratiza excesivamente los aprovechamientos forestales, convirtiendo el mantenimiento del monte en un activo que genera costes sin permitir beneficios económicos.
- Penalización de actividades tradicionales: Prácticas históricas, como la recogida de leña o el pastoreo, ahora están sujetas a sanciones administrativas estrictas, lo que provoca el abandono de los bosques.
- Burocracia paralizante: Para realizar labores de limpieza o crear vías de acceso, el propietario debe obtener autorizaciones complejas, convirtiendo el cumplimiento de una «obligación» en un proceso administrativamente sancionable si no sigue estrictos cauces.
El efecto contraproducente de la normativa
La normativa crea un círculo vicioso de abandono. Como señala el análisis:
"Si un activo me genera costes pero no ganancias, entonces el resultado de ese activo tiende a ser el abandono."
Lo más crítico es que, ante situaciones de alto riesgo, la propia administración suspende las autorizaciones de poda o limpieza, impidiendo las labores preventivas justo cuando son más necesarias. En conclusión, aunque la ley no prohíba técnicamente la limpieza, su diseño desincentiva la gestión activa, elevando sustancialmente el riesgo de incendios masivos.