El Gobierno de España quiere controlar y registrar el acceso de ciudadanos españoles
a páginas web de contenido pornográfico. Veámoslo.
El Gobierno de España, peso de sumar, quiere crear una especie de pasaporte digital para
verificar que las personas que están entrando a una determinada página web pornográfica sean
mayores de edad y no menores de edad. De esta manera, el Gobierno de España elaboraría un
listado negro de sitios web pornográficos a los cuales sólo se podría acceder a través de un
ticket otorgado expedido por el propio Gobierno. Cada ciudadano, mensualmente, debería utilizar su
DNI electrónico o su certificado digital para recibir, cada mes, 30 tickets, 30 pases con los
que poder entrar a las distintas webs de adultos contenidas en esta lista negra elaborada por el
Gobierno. Escuchemos la explicación que nos ofrece el ministro de Transformación Digital, José Luis
Escriba. Y en ese contexto hemos llegado a la conclusión de que algo que se puede hacer ya y que
es útil y eficaz es simplemente un procedimiento de verificación de la edad que protege completamente
el anonimato de aquel que se está identificando, pero que tiene como resultado, con la colaboración
de todos, que solamente aquellos que son adultos accedan a determinadas páginas etiquetadas como
pornográficas. Lo único que estamos pidiendo a los adultos es un pequeñín esfuerzo de que se
identifiquen con un sistema que es muy cómodo, muy fácil y que no va a generar ningún problema.
Como todo en la vida, hay que equilibrar distintos principios y el principio superior de protección
del menor en un contexto extraordinariamente preocupante es el que debe primar y buscar soluciones
que además, al mismo tiempo, aseguren completamente la privacidad de las personas y sus decisiones sobre
qué quieren ver o no ver. Aunque este pueda parecer un asunto menor, especialmente para
aquellas personas que no consuman contenido pornográfico, estamos ante uno de los mayores ataques efectivos
y potenciales a la libertad individual que ha perpetrado este gobierno. Y si no, reflexionemos
brevemente sobre los riesgos que conlleva esta medida. Por un lado, aunque el gobierno asegura
que la privacidad está absolutamente garantizada, esto es falso. De entrada, va a quedar perfecta
constancia de aquellas personas que utilizan su DNI electrónico o su certificado digital para solicitar
estos 30 pases mensuales que habilitan a entrar a las webs contenidas en el listado negro del
gobierno. Por tanto, el gobierno va a tener datos muy inmediatos de qué personas españolas son
consumidoras de contenido pornográfico y con qué regularidad. La única información a la que en
principio no tendría acceso el gobierno es a las páginas web pornográficas concretas que cada uno de los
solicitantes de estos 30 pases mensuales, contenidas en el listado negro elaborado por el Ejecutivo,
a las que entrara cada uno de los solicitantes de estos 30 pases mensuales. Pero el gobierno,
repito, sí sabría quién solicita estos pases y con qué regularidad. Es decir, el gobierno sí sabría
quién consume contenido pornográfico y con qué frecuencia. Y, por tanto, en la medida en que tenga
esta información y la almacene, el gobierno estaría elaborando un fichero, un listado,
un archivo de ciudadanos españoles que son consumidores de contenido pornográfico. Y este
archivo, este fichero que podrá elaborar el gobierno a través de este sistema, luego, desde luego, puede ser
empleado políticamente. Los gobernantes que tengan acceso a él podrían chantajear a periodistas,
a empresarios, a otros rivales políticos, con filtrar a los medios de comunicación o a sus
familiares esa información si no agachan la cabeza y pasan por el aro. Es decir, que en el fondo no deja
de ser una forma reglada y transparente de espionaje contra la población. No sólo eso, aún en el caso de
que pensemos que nuestros gobernantes son seres benevolentes, que jamás utilizarían esa información
sobre la vida privada de los ciudadanos en contra de esos ciudadanos, no perdamos de vista que todo
archivo centralizado de información puede ser robado. Todo archivo centralizado de información es
potencialmente accesible por delincuentes o ciberdelincuentes, los cuales sí pueden sustraer
esa información y luego utilizarla para chantajear a los ciudadanos. Sin ir demasiado lejos, hace un mes,
la Dirección General de Tráfico Española, un organismo dependiente del gobierno, sufrió un
hackeo a su sistema y los hackers sustrajeron los datos de 34 millones de conductores españoles que
luego colocaron a la venta. Pues bien, de la misma manera que han robado los datos del archivo de
conductores de la DGT, si el gobierno elabora un archivo centralizado de consumidores españoles de
contenido pornográfico, los datos de ese archivo también son susceptibles de ser robados y de ser
utilizados para chantajear a esos españoles que se hayan identificado con su DNI digital o con su
certificado digital como consumidores de contenido para adultos. Pero, por otro lado, este nuevo sistema
de acceso filtrado a páginas pornográficas que está planteando, que está proponiendo, que está
promoviendo en este debate el gobierno es un nuevo sistema que, obviamente, se podría terminar
extendiendo a limitar el acceso a cualquier otro contenido digital. De momento, el gobierno lo está
testando con las páginas web pornográficas a ver cómo responde cuánto protesta la población. Pero este
mismo sistema es escalable para restringir el acceso a otro tipo de contenido digital de carácter no
pornográfico. Por ejemplo, este mismo gobierno también dice estar muy preocupado con la difusión
de desinformación o de bulos a través de Internet. ¿Qué sucedería si el gobierno no sólo restringe el
acceso a páginas web pornográficas a través de este sistema de pases digitales, sino que también
extiende este sistema de pases digitales a ciertos medios de comunicación, a los que el gobierno califica
de pseudomedios? Pues sucedería que, por un lado, esos medios o pseudomedios no podrían informar a los
ciudadanos y, por otro, que el gobierno también estaría creando un archivo digital de ciudadanos
españoles a los que les gusta informarse a través de medios de comunicación derechistas o de
pseudomedios de comunicación de extrema derecha. Por consiguiente, en el fondo, lo que está haciendo el
gobierno no es proteger a la infancia del acceso temprano a la pornografía. Lo que en realidad está
haciendo el gobierno, sea consciente o no lo sea, muy probablemente sí, pero incluso aunque no sea
consciente de ello, lo que en el fondo, lo que en realidad, lo que de verdad está haciendo el gobierno
con este sistema, es colocar el primer ladrillo en España para el control estatal del acceso a
Internet. Eso que hacen muchas dictaduras y que ingenuamente muchos españoles pensaban que jamás
sucedería en nuestro país. ¿Cómo va a tolerar la población? ¿Que sus gobernantes limiten el uso libre
que quieran hacer de Internet? Esto aquí es inconcebible. Bueno, pues ya lo tenemos a las
puertas del BOE. Solo es necesario buscar el relato político adecuado, en este caso, claro, la protección
de la infancia. ¿Quién se va a oponer a que nuestros jóvenes estén protegidos de un acceso demasiado
temprano a la pornografía? Sobre todo si, como le gusta repetir al gobierno, existe una creciente
evidencia de que ese acceso temprano e inmaduro a la pornografía luego puede estar vinculado con
comportamientos sexuales violentos por parte de esos menores. Solo hace falta construir este relato
político adecuado para que mucha población termine tragando lo que jamás tragaría de entrada. Es decir,
que el gobierno le diga qué páginas web puede visitar o no puede visitar. O qué páginas
web puede visitar pero solo pidiéndole permiso al gobierno y después de que el gobierno esté
recopilando la información de que ese ciudadano tiene interés en entrar en esas páginas web
pornográficas o en el futuro no pornográficas que están incluidas en el listado negro del gobierno.
Y sí, es bastante evidente que este sistema innovador, como dice el gobierno de control político
de internet, es un sistema que todavía tiene muchísimos agujeros. Basta con contratar y
utilizar un VPN para saltarse todos estos controles y que no quede ningún rastro de
aquellas páginas web a las que se accede. Pero aquí el paso decisivo no es tanto el diseño técnico de
un sistema, de un mecanismo de control político de internet. El verdadero obstáculo es la falta de
legitimidad social que hoy por hoy tiene el gobierno para establecer ese tipo de controles. O al menos la
falta de legitimidad social que tenía hasta hoy. Porque el verdadero riesgo de esta medida no es tanto
que se esté experimentando y, por tanto, diseñando un prototipo de mecanismo técnico de control de
internet. El verdadero peligro de esta medida es que el gobierno abre el debate sobre si en ciertas
circunstancias es conveniente que ese gobierno controle lo que hacemos en internet y que una
parte significativa de la población española apoye la censura, la inquisición, el control estatal sobre
internet. En definitiva, que esta propuesta del gobierno peso de sumar ya constituye una gran
amenaza presente para nuestras libertades, pero sobre todo representa un enorme peligro futuro para las mismas.