El PSOE subsidiará, con nuestro dinero, no con el suyo, las entradas al cine de los mayores
de 65 años para que todos los martes puedan acudir a las salas a un precio de 2 euros.
¿Tiene algún sentido? ¿Tiene alguna lógica esta medida? Veámoslo.
Comprar votos es ilegal, pero solo cuando lo haces con tu propio dinero, no cuando lo haces
con dinero del contribuyente. Escuchemos, si no, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Quiero anunciaros que en el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, vamos a
hacer un nuevo avance social y es bonificar a los mayores de 65 años para que todos los
martes vayan al cine y solamente paguen 2 euros. Cada martes los mayores de 65 años
paguen 2 euros para poder ir al cine y disfrutar del cine español y del cine internacional.
Y como esto no deja de ser una subasta por el voto del ciudadano, acto seguido ha salido
Podemos y ha dicho, veo tu propuesta y la doblo. Atención a este tuit de Joan Belarra.
Vamos a proponer al PSOE ampliar las entradas de cine por 2 euros a las personas desempleadas y
sus familias, los hogares que reciben el ingreso mínimo vital, las personas con discapacidad y
los y las jóvenes entre 15 y 29 años. Por una cultura para todos y para todas. Parece bastante
claro que la medida que ha anunciado Sánchez tiene poco que ver con la equidad o con la
redistribución de la renta hacia aquellos grupos sociales más vulnerables. No solo porque en el
año 2022 los jubilados ya recibieron una enorme transferencia de 14.000 millones de euros a costa
de las generaciones futuras para mantener el poder adquisitivo de sus pensiones. O no solo
porque la propuesta de Sánchez no discrimine, no distinga entre niveles de renta, de modo que
jóvenes desempleados o supe empleados le estarán pagando su entrada al cine a pensionistas que
estén percibiendo la pensión máxima. No solo por todo esto, sino porque los principales
beneficiarios de esta medida, no lo perdamos de vista, son las propias salas de cine,
que verán incrementados sus ingresos en un día de la semana donde la taquilla flojea, los martes,
verán incrementados sus ingresos a costa del contribuyente. El contribuyente va a pagar la
mayor parte de la entrada al cine y esa mayor parte de la entrada al cine son ingresos,
subsidiados para las salas de cine y, en general, por tanto, para la industria del cine.
El coste de la medida, claro, dependerá de cuánto vayan al cine los mayores de 65 años,
pero en todo caso es probable que no termine siendo desproporcionado. Por ejemplo,
si todos los mayores de 65 años fueran todos los martes del año al cine, la medida tendría un
coste de 2.500 millones de euros. Para que hagamos una comparativa, el ingreso mínimo vital,
esa política tan social que se dirige a transferir 560 euros mensuales a personas o a colectivos que
han caído en el desamparo y que no tienen ninguna otra fuente de ingresos, ese pilar del estado de
bienestar que supuestamente justificaría la misma existencia del estado de bienestar porque lo que
pretende es luchar contra bolsas de pobreza, el ingreso mínimo vital tiene un coste aproximado
de unos 3.000 millones de euros anuales. Por tanto, si todos los mayores de 65 años fueran todos los
martes al cine, nos gastaríamos en entradas al cine, en subsidios a entradas al cine,
en transferencias de dinero a las salas de cine, una cuantía que se aproximaría a lo que nos
gastamos en el ingreso mínimo vital, en evitar que haya bolsas de pobreza en España, para que
luego te digan que el estado de bienestar existe para luchar contra la pobreza y para evitar que
haya pobres. No, el estado de bienestar existe para alimentar a políticos, burócratas, clientes y
lobbies. No obstante, como digo, como no es en absoluto probable que todos los mayores de 65
años vayan todas las semanas al cine, el coste efectivo de la medida probablemente se ubique en
un 10% o menos de la estimación máxima anterior, de ahí que no vaya a terminar siendo una cuantía
presupuestaria absolutamente inasumible ni mucho menos. Pero eso no significa que no sea tirar el
dinero público, tirar el dinero de los contribuyentes, o más bien, y como señalaba al principio,
instrumentalizar el dinero de los contribuyentes para comprar votos. La aritmética aquí es muy
clara. Más de 9 millones de personas por encima de 65 años son potencialmente más de 9 millones
de votos. 9 millones de votos que, a menos de dos semanas de unas decisivas elecciones autonómicas
y municipales en las que se va a repartir gran parte del poder estatal en España,
9 millones de votos que pueden terminar inclinando la balanza hacia aquel partido que reparte
dádivas entre los votantes a costa del dinero del contribuyente. Porque esta medida no se aprobó
en los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año 2023. No es que el PSOE dijera
consideramos que es muy importante que las personas con más de 65 años tengan un acceso
subsidiado al cine los martes de cada semana. Por tanto, incluyamos una partida específica
en la tramitación de los presupuestos de este año para sufragar este gasto. No, es que menos
de dos semanas antes de las elecciones autonómicas y municipales de España, el gobierno aprueba este
aguinaldo en Consejo de Ministros para más de 9 millones de votantes. Por tanto, esto es lo que es,
comprar votos. Y no debería sorprenderle a nadie que sea esto, que sea pura compra de votos. Porque
es verdad que hay muchas personas que tienen una visión muy idealizada del Estado, como si el
Estado persiguiera el interés general o el bien común. En realidad, el primer objetivo que persigue
cualquier Estado, incluso para poder perseguir otros objetivos posteriormente, el primer objetivo
que persigue cualquier Estado es su supervivencia. Y para que un Estado sobreviva, necesita generar
una amplia legitimación social sobre la importancia de la labor que desempeña. ¿Y cómo haces eso?
Pues generando afección y dependencia. Es decir, que cada vez más gente te tenga supuestamente
cosas que agradecer y que cada vez más gente no sea nada si no es por ti y por lo que tú le das.
Si todos dependemos de algún modo del Estado, si todos tenemos algo que agradecerle al Estado,
quienes vamos a querer acabar con el Estado o al menos reformularlo radicalmente. Y esa
misma estrategia, generación de afección y dependencia, de redes clientelares en última
instancia, es la misma que puede desarrollar un partido político o un grupo social, un colectivo,
para mantenerse al frente de ese Estado que parasita a la sociedad y, por tanto,
para aprovechar en su propio beneficio, en el beneficio del partido, del grupo, del colectivo
que dirige el Estado, para aprovechar en su propio beneficio ese parasitismo social tan
extendido que se desarrolla con los tentáculos estatales. No nos engañemos. Esto no es una
degeneración de la política. Esto no es una perversión de la política. Esto, la compra de
votos, es la política. Que la mayoría de la sociedad consienta, tolere, que robe a unas
personas porque parte del botín que les estoy arrebatando en mi beneficio se lo termino
repartiendo a esa mayoría social cómplice. Porque todos sabemos que Pedro Sánchez está
comprando votos con nuestro dinero, pero pocos serán quienes quieran cobrarle esa factura.