Entre 2017 y 2020, los diversos gobiernos de España, el gobierno del Partido Popular,
el gobierno en solitario del Partido Socialista y, sobre todo, el gobierno de coalición Peso
e Podemos, espiaron ilegalmente, sin orden judicial, a más de 60 líderes políticos y sociales
del independentismo catalán. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quienes fueron las víctimas de este espionaje
ilegal? ¿O qué nos dice todo esto sobre el estado de salud del estado de derecho en España? Veámoslo.
Esta semana, y tras una investigación que ha durado años por parte de Citizen Lab de la
Universidad de Toronto, hemos descubierto que el gobierno de España espía ilegalmente a la
oposición política. En concreto, hemos descubierto que los servicios de inteligencia españoles,
que dependen directamente del gobierno de España y más en particular de su Ministerio de Defensa,
han estado espiando a líderes políticos y sociales del independentismo catalán desde el año 2017
hasta el año 2020 y los han estado espiando sin orden judicial y sin estar inmersos en una
investigación. Para ello, los servicios de inteligencia españoles se sirvieron del software Pegasus,
desarrollado por la compañía Israel y NSO, que solo lo vende, que solo lo comercializa a gobiernos.
Este software permite infectar el teléfono móvil de la persona a la que se desea espiar y una vez
infectado, los servicios de inteligencia cuentan con acceso y control pleno a ese teléfono móvil,
no sólo para descargar toda la información que pueda contener ese teléfono móvil en forma de
fotografías, en forma de vídeos, en forma de mensajes de texto, sino también para activar y
desactivar el audio y el vídeo de ese teléfono móvil pudiendo, por tanto, grabar conversaciones
privadas entre la persona espiada y cualquier otra persona de su entorno. Más en particular,
el espionaje ilegal o el intento de espionaje ilegal, porque no todos los intentos de espionaje tuvieron
finalmente éxito, se ha perpetrado, en primer lugar, contra tres presidentes o expresidentes de la
generalidad de Cataluña. Artur Mas, Kim Torra, a quien se le infectó el teléfono móvil en ocho
ocasiones, y el actual presidente Pere Aragonés. También se ha espiado ilegalmente a Jordi Sánchez,
actual secretario general de Junts per Cataluña, en su etapa como presidente de la Asamblea
Nacional Catalana, en el año 2017. Se le intentó infectar el teléfono en 25 ocasiones, y al menos
4 de ellas tuvieron éxito. A su vez, y si bien no consta ningún intento de espionaje exitoso al
expresidente Carlos Puigdemont, sí se ha espiado ilegalmente con éxito a personas de su entorno.
Por ejemplo, en 2019 y 2020 se infectó exitosamente en dos ocasiones el móvil de la esposa de
Carlos Puigdemont, Marcel Atopor. También se ha intentado infectar hasta en 18 ocasiones el móvil
del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, comprometiendo, por tanto, la confidencialidad de las conversaciones
entre el abogado y su cliente, porque recordemos que, con la infección del software Pegasus,
los teléfonos móvil se pueden utilizar como dispositivos de escucha remotos. A finales de
2019 también se infectó exitosamente el móvil del Eurodiputado de Junes per Catalunya, Toni Comín,
que convive en la misma residencia en Bélgica con Carlos Puigdemont. Incluso se ha intentado
infectar en 15 ocasiones al hermano de un colaborador de Carlos Puigdemont, en particular de
Joan Matamala, presidente de la Fundación Gibrería Les Voltes, que es el hermano de
Jami Matamala. No es que Joan Matamala sea un colaborador estrecho de Carlos Puigdemont,
no, es la familia de un colaborador estrecho del expresidente de la Generalitat catalana.
Además, también se ha intentado espiar aparentemente sin éxito a otros miembros del entorno de Junes
per Catalunya, por ejemplo, a Laura Borràs, actual presidenta del Parlamento de Catalunya,
o a el Sartadi, ex consellera de presidencia del gobierno catalán. Pero no pensemos que
el espionaje o el intento de espionaje ilegal se limita a ser restringe a Junes per Catalunya,
uno de los partidos políticos catalanes, también afecta a otras formaciones políticas
que incluso están dando apoyo parlamentario al gobierno de España, me refiero a Esquerra
Republicana de Catalunya. Ya hemos mencionado que uno de sus intentos de espionaje afecta
al actual presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, que es miembro
de Esquerra Republicana de Catalunya. Pero, asimismo, el expresidente del Parlamento de
Catalunya, Roger Torrent, que es miembro de Esquerra Republicana de Catalunya, también
sufrió un intento de espionaje a lo largo de 2020. A su vez, la secretaria general de
Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, que reside en Suiza, también sufrió intentos
de espionaje en 2019 y en 2020. Ernest Maragall, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya
y también candidato de esta formación política a la alcaldía de Barcelona, también sufrió
un intento de espionaje. Sergi Sabria, quien fue diputado de Esquerra Republicana de Catalunya
hasta el año 2021, también sufrió 17 intentos de infección de su teléfono móvil. A su
vez, Andréu Vandereinde, quien fue abogado de varios miembros de Esquerra Republicana
de Catalunya en el juicio del proceso, también sufrió un intento de espionaje en mayo del
año 2020. Y tampoco pensemos que el espionaje ilegal
se limita a Junts per Catalunya o a Esquerra Republicana de Catalunya o transformaciones
políticas catalanas, incluso de carácter no independentista, como el PDCAT, también
han sido espiadas. En concreto, Marta Rovira, su secretaria general, o el diputado nacional
Ferran Bel. Y, por supuesto, las CUP también han sido objeto de espionaje ilegal por parte
del Gobierno de España. Y seamos conscientes de que este listado
que he proporcionado en los minutos anteriores de personas espiadas ilegalmente o a las que
se ha intentado espiar ilegalmente no es un listado exhaustivo. La Universidad de Toronto,
a través de Citizen Lab, ha proporcionado 63 nombres del catalanismo político y social
que han sido espiados o a los que se ha intentado espiar ilegalmente. Y el propio Citizen Lab
reconoce que esto solo es la punta del iceberg, que, a buen seguro, existen muchísimos más
espiados ilegalmente en España, que ellos han podido detectar la infección de los teléfonos
móviles de aquellas personas del catalanismo político, del independentismo político y
social catalán que han querido colaborar en esta investigación de la Universidad de
Toronto, que han puesto sus móviles a disposición de la Universidad de Toronto para detectar
los virus con los que el software Pegasus pretendía infectar o de hecho infectó esos
dispositivos a través de los cuales espiar a estas personas. Por consiguiente, ni siquiera
sabemos si el espionaje ilegal masivo que ha perpetrado el gobierno de España se limita
al catalanismo y al independentismo político. Perfectamente ese espionaje podría extenderse
más allá de Cataluña y más allá incluso de la esfera estrictamente política.
Y este espionaje ilegal afecta de lleno al gobierno de España, porque aunque tenemos
constancia de que el espionaje ilegal comienza en el año 2017 dentro de un gobierno del
Partido Popular, ese espionaje ilegal se extiende al menos hasta finales del año 2020. Recordemos
que desde mediados del año 2018 en España gobierna Pedro Sánchez. Entre mediados de
2018 y finales de 2019, gobierno en solitario del Partido Socialista Obrero Español de
Pedro Sánchez. Desde enero del año 2020, gobierno en coalición del Partido Socialista
Obrero Español y de Unidas Podemos. De hecho, según desvela el propio diario
del país, no sospechoso de ser un diario antiguvernamental, la mayoría de los casos
de espionaje ilegal se perpetraron después de la sentencia del proces. Y la sentencia
del proces está fechada en octubre del año 2019, es decir, que la mayoría de casos de
espionaje ilegal con el software Pegasus se perpetraron bajo el gobierno de coalición
de PSOE y Podemos. Por supuesto, el gobierno de coalición de PSOE y Podemos ha intentado
desvincularse de este escándalo absoluto, de este Watergate Español. El PSOE dice
que en España no se espía ilegalmente a nadie y Podemos admite que se ha espiado ilegalmente
a políticos independentistas, pero sostiene que ellos no sabían absolutamente nada. Que
todo esto es una campaña perpetrada al margen del gobierno, del gobierno del que ellos forman
parte, por parte de los servicios de inteligencia españoles, del estado profundo español con
absoluto desconocimiento de Pedro Sánchez y del resto del gobierno. Es más, le están
implorando a Esquerra Republicana de Cataluña, cuyos miembros han sido víctimas de ese espionaje
ilegal perpetrado por el gobierno de coalición. PSOE y Podemos, que por favor, que no dejen
de prestarles apoyo parlamentario en Madrid, porque eso supondría el fin del gobierno
de coalición. Y eso es lo que supuestamente querría ese estado profundo, que ha espiado
a Esquerra Republicana de Cataluña y a otros líderes políticos y sociales del nacionalismo
catalán con supuesto desconocimiento absoluto por parte del gobierno de España de PSOE
y de Podemos. Es verosímil pensar que el gobierno de España no sabía absolutamente nada del
espionaje ilegal que se estaba perpetrando contra los líderes políticos y sociales
del independentismo catalán. En el caso de Podemos, quizá no sabían nada. Ahora que nadie
del Partido Socialista Obrero Español, que el Ministerio de Defensa, que presidencia
del gobierno no supiera nada, es absolutamente inverosímil, sobre todo porque el espionaje
político a miembros del independentismo catalán iba en gran medida tutelado por los intereses
políticos del gobierno de España. Por ejemplo, si intentó espiar al actual presidente de
la Generalitat catalana Pere Aragonés durante las negociaciones de investidura de Pedro
Sánchez, es decir, que los indicios que tenemos disponibles apuntan a que este espionaje ilegal
perpetrado por parte del gobierno de España de PSOE y Podemos contra líderes políticos
y sociales del independentismo catalán se realizó para mayor aprovechamiento político
y electoral de los miembros de ese gobierno. Y, por tanto, aunque nadie de Unidas podamos
supiese absolutamente nada de este espionaje ilegal, que habría que verlo, cada día que
pasan sentados en el mismo Consejo de Ministros con personas que eran perfectamente conscientes
de este espionaje ilegal, que probablemente promovieron, ordenaron ese espionaje ilegal,
cada día que pasan en el mismo Consejo de Ministros, son cómplices del blanqueamiento
de ese espionaje ilegal. El espionaje político a través del software de Pegasus es una actividad
ilegal que coloca al Estado español en una lista de deshonor dentro de la que figuran
estados de derecho tan poco ejemplares como Rwanda, Arabia Saudí, El Salvador o México.
Son estos otros países que han utilizado en algún momento el software de Pegasus
para espiar ilegalmente a su oposición, pero ninguno de ellos lo ha hecho de una manera
tan masiva, tan agresiva como el Estado español bajo el gobierno de Pedro Sánchez, bajo el
gobierno de coalición de Pesoé y Podemos. Los estados en todas partes son una amenaza
para la libertad individual. Los estados poseen el monopolio de la violencia y no instrumentalizan
ese monopolio de la violencia para defender las libertades de los ciudadanos, sino que
lo instrumentalizan para promover la agenda, para promover los intereses, para consolidar
el poder de aquellas élites, de aquellas oligarquías que en un determinado momento
se encuentran, se ubican al frente de ese Estado. Por eso históricamente los ciudadanos
se han organizado para poner límites a los abusos del poder político, a los abusos del
Estado. Esos límites se llaman genéricamente Estado de derecho. Es decir, el Estado, a pesar
de tener el monopolio de la violencia, se tiene que someter a las mismas normas que
el resto de ciudadanos. El Estado no puede disfrutar de una excepcionalidad jurídica
que le permita conculcar las libertades de sus ciudadanos. Los derechos de los ciudadanos
son derechos frente al Estado, derechos para poner coto a los abusos del poder estatal.
Y si un gobierno se salta las normas que constriñen la actividad del Estado para evitar que abuse
de su poder, para evitar que conculque los derechos, las libertades de los ciudadanos,
entonces es absolutamente imprescindible no solo que rueden cabezas desde un punto de
vista político, es absolutamente imprescindible que se proceda judicialmente a depurar responsabilidad
de esos políticos que han abusado de su poder a través del Estado. Y este Watergate
Español no debería ser una excepción.