Rebellión del Poder Judicial Español, de jueces, de abogados, de fiscales, del propio
gobierno de los jueces, en contra de algunos apartados del acuerdo de investidura entre
PSOE y Junts per Catalunya.
Veámoslo.
PSOE y Junts per Catalunya han alcanzado un acuerdo de investidura que, entre otros puntos,
contiene el compromiso por parte del PSOE de aprobar una ley de amnistía que convalide
jurídicamente el comportamiento del independentismo catalán entre el año 2012 y el 2023.
En un vídeo anterior ya explicamos por qué esta ley de amnistía es jurídicamente problemática,
por qué esta ley de amnistía supone una intromisión del Poder Legislativo o del Poder
Ejecutivo a través del Legislativo en la independencia del Poder Judicial y por qué,
por tanto, supone una vulneración de la separación de poderes y, en última instancia,
del propio Estado de Derecho.
Si el Poder Legislativo puede aprobar una ley por la cual se prohíbe a los tribunales
que juzguen y sancionen determinados actos potencialmente delictivos, pero que el Legislativo
no quiere que sean perseguidos, pues entonces es bastante obvio que el Legislativo se está
entrometiendo en la autonomía de los tribunales.
Y si se concede carta blanca al Poder Legislativo para hacer esto, pues entonces, a partir de
ahora, serán los políticos y no los jueces los que decidan qué persona puede ser castigada
por incumplir la ley y qué personas no pueden ser castigadas a pesar de incumplir la ley
o, expresado de otra manera, se destruye el imperio de la ley.
Dejamos de estar gobernados por leyes que son iguales para todos, incluyendo para los
políticos, y pasamos a estar gobernados por el capricho de los políticos que son aquellos
que pueden decidir a quienes se les aplica la ley y a quienes no.
Pero bueno, imaginemos que el Poder Legislativo solo recurre a la ley de amnistía en una
ocasión.
Es decir, que de manera excepcional, de manera extraordinaria, decidimos perdonar los delitos
que cometió el independentismo catalán entre 2012 y 2023 para favorecer una cierta reconciliación
nacional.
En ese caso, sí, tendríamos una intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial,
se socavaría por tanto la independencia del Poder Judicial, pero solo se haría en una
ocasión y, en consecuencia, con posterioridad a la aprobación de la ley de amnistía, volvería
a prevalecer el imperio de la ley.
¿Estaríamos poniendo en suspenso el Estado de Derecho?
Sí, pero solo de manera temporal y acotada, sin que ello significara que a partir de entonces
el Poder Legislativo estaría legitimado para entrometerse siempre que quisiera en las decisiones
que tome el Poder Judicial.
Si eso fuera así, la ley de amnistía sería grave, porque saltarse el Estado de Derecho
siempre es grave, pero restableceríamos ese Estado de Derecho y ese imperio de la ley
A continuación.
El problema es que el acuerdo de Pessoe y de Junts per Catalunya va incluso más allá
de esta interferencia excepcional y extraordinaria del Poder Legislativo, o del Poder Ejecutivo
a través del Legislativo, en el Poder Judicial.
Lo que hace el acuerdo entre Pessoe y Junts per Catalunya es normalizar la revisión legislativa
de las sentencias de los tribunales.
Durante el proceso de negociación de este acuerdo de investidura entre Pessoe y Junts
per Catalunya, Junts per Catalunya quería incluir bajo el paraguas de la ley de amnistía
otros procedimientos judiciales en contra del independentismo catalán que no guardan
relación con el proceso de independencia que tuvo lugar en Cataluña entre 2012 y 2023.
Los procesos judiciales que Junts per Catalunya interpreta que son procesos judiciales politizados,
lofer en contra del independentismo catalán por ser independentismo y que por tanto también
deberían ser amnistiados dentro de este perdón general a los delitos cometidos según el
ordenamiento jurídico español por el independentismo catalán.
Sin embargo, el Pessoe se ha resistido hasta el momento a incluir esos casos de supuesto
lofer dentro del ámbito de la amnistía y por tanto el acuerdo al que han llegado Pessoe
y Junts per Catalunya es que en el futuro veremos si se incluyen o no se incluyen.
Se van a abrir comisiones de investigación en el Parlamento de Cataluña sobre distintos
asuntos que potencialmente implican lofer y en función de las conclusiones a las que lleguen
esas comisiones de investigación parlamentarias, la ley de amnistía se ampliará para incluir también
a las víctimas del lofer dentro del independentismo catalán o para no hacerlo. Así podemos leer en
el texto del acuerdo de Pessoe y Junts per Catalunya lo siguiente.
En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima
legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida en que puedan
derivarse situaciones comprendidas en el concepto de lofer o judicialización de la política,
con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o
modificaciones legislativas. Es decir, que si hay que modificar en el futuro la ley de amnistía para
que comprenda más casos de los que va a comprender la ley de amnistía que se va a aprobar en las
próximas semanas, pues entonces en el futuro se modificará la ley de amnistía atendiendo a las
conclusiones a las que lleguen estas comisiones de investigación parlamentarias. Pero claro,
démonos cuenta de que con esto estamos alargando de manera indefinida, de manera indeterminada,
el ámbito de excepcionalidad durante el cual el Poder Legislativo va a someter a revisión las
sentencias que emita el Poder Judicial. Porque ahora se va a aprobar una ley de amnistía provisional,
y en el futuro esa ley de amnistía irá engordando en función de los nuevos pactos a los que lleguen
los partidos políticos en el Congreso o en los parlamentos autonómicos. Porque las comisiones
de investigación parlamentarias son eso, son acuerdos entre las fuerzas políticas para votar
unas determinadas conclusiones u otras. No solo eso, imaginemos que en el futuro los tribunales
españoles inician nuevos procedimientos en contra de figuras del independentismo catalán y esos
procesos son reinterpretados por el Congreso o por los parlamentos autonómicos como casos del offer.
Pues entonces, perfectamente se puede volver a negociar, sobre todo si la gobernabilidad de
España depende del apoyo parlamentario del independentismo catalán, perfectamente se
puede volver a negociar una nueva ampliación de la ley de amnistía para volver a incluir esos
nuevos casos dentro de la misma. En otras palabras, estamos creando una última instancia
legislativa de apelación de las decisiones judiciales. El Poder Judicial, las sentencias
del Poder Judicial van a tener que contar, en última instancia, siempre con el pláced,
siempre con el consentimiento de los diputados en el Congreso de España. Son estos los que,
en última instancia, se convierten ya no de manera excepcional para un episodio dado,
determinado de la historia política de España, sino de manera permanente y estructural en función
de las necesidades de pactos de esas fuerzas políticas, son esos diputados los que se
convierten en los jueces últimos del sistema jurídico español. Y este es el motivo de fondo
por el cual todo el Poder Judicial de España, jueces, abogados, fiscales, el propio Gobierno
de los jueces, es decir, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, se han manifestado
frontalmente en contra de este acuerdo entre PSOE y Junts per Catalunya, porque ataca la
independencia del Poder Judicial. Primero, manifiesto conjunto de las cuatro principales
asociaciones de jueces en España, incluyendo la asociación de jueces progresistas, de jueces
de izquierdas, jueces y juezas por la democracia. ¿Qué se dice en este comunicado? Lo siguiente.
Ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura,
las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las
referencias al lofer o judicialización de la política y sus consecuencias. El texto
del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar
comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones
de judicialización de la política con las consecuencias que, en su caso, pudieran dar
lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Ello podría suponer, en la práctica,
someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales
con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes.
Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece
expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna
desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial
en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema
de garantías jurisdiccionales que aparte al riesgo que se apunta. O a su vez este comunicado
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial votado por unanimidad de
los vocales que la integran, incluyendo dos vocales propuestos, nombrados en última instancia,
por el PSOE. ¿Qué dice este comunicado? Lo siguiente, ante las inadmisibles referencias,
que lo son tanto semántica como sustantivamente al LOFER, Judicialización de la Política,
contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar
la investidura y, especialmente, frente al anuncio de la eventual Constitución de
Comisiones Parlamentarias de Investigación, que puedan llegar a determinar lo que ambigüamente
se denominan responsabilidades derivadas precisamente de advertirse situaciones del
LOFER, nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo
ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales. Tal repudio se funda, de manera muy
justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria
decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales,
que, por otro lado, entendemos, se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad
entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia
en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad
de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más
frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos. Paralelamente,
hemos de expresar nuestro apoyo real y no meramente nominal a todos los órganos del
Poder Judicial con ocasión de las futuras actuaciones que puedan llevar a cabo en el marco
de la legalidad en cada momento, vigente garantía última de los derechos y libertades de todos los
ciudadanos. Pero las críticas desde el ámbito de la justicia no terminan aquí. También el
ilustre Colegio de Letrados de la Administración de Justicia ha emitido el siguiente comunicado.
El Estado de Derecho está en serio peligro. Los letrados de la Administración de Justicia
somos garantes del cumplimiento de principios esenciales de los procesos judiciales que
tenemos bajo nuestra responsabilidad. Entre ellos destacan los que están reconocidos en
el artículo 9 de la Constitución, el de legalidad, el de seguridad jurídica y el de igualdad. Hasta
que no se ha publicado en el día de hoy el texto que contiene el acuerdo entre las fuerzas
políticas que pretenden gobernar España en los próximos años, hemos mantenido un respetuoso
silencio. Hoy resulta evidente que el principio de legalidad, unido al Estado de Derecho reconocido
ya en el artículo 1 de la Constitución, la seguridad jurídica y la igualdad de los españoles
están en serio peligro. Ello, enmarcado en un momento histórico de sucesiva erosión de la
confianza en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial o en los
Tribunales de Justicia, compromete a quienes ejercen el tercer poder del Estado, el que,
precisamente, debe ser el encargado de la salvaguarda de los principios que ahora se
ven limitados, cuestionando nuevamente su independencia con veladas amenazas.
España no es ni puede convertirse en un régimen asambleario en el que los poderes ejecutivo y
judicial están sometidos al legislativo. Por el contrario, es una democracia occidental parlamentaria
con división de poderes. El compromiso con estos principios, junto al de la indisoluble unidad de
la nación española del artículo 2 o el avance hacia una diferente organización del Estado,
pone de manifiesto que se está asumiendo una reforma constitucional encubierta sin usar la
vía que viene establecida en los artículos 166 y siguientes de la Constitución. Por ello,
entendemos que debemos manifestar públicamente la misma inquietud y el respaldo al comunicado
publicado en el día de hoy por todas las asociaciones judiciales al tiempo que exigimos
respeto al Poder Judicial y a la Administración de Justicia en general. También se han sumado a
las asociaciones de fiscales. En primer lugar, este es el comunicado de la Asociación de Fiscales.
Tras haber tenido conocimiento en el día de hoy del acuerdo de investidura pactado entre
PSOE y Junts, donde se incluye la aprobación de una ley de amnistía que contempla la posibilidad
de establecer comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales que pueden generar acciones
de responsabilidad, la Asociación de Fiscales quiere mostrar su más firme oposición a esta
medida, un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio
a nuestro estado de derecho. Es inadmisible la utilización del término guerra judicial,
LOFER, utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro
orden constitucional vigente. Pero también los fiscales de izquierdas se han manifestado en la
misma línea. Esto es lo que ha dicho la Unión Progresista de Fiscales. La Unión Progresista de
Fiscales quiere dejar claro ante la ciudadanía su confianza absoluta en nuestro poder judicial,
que es neutral, independiente y además garante de la democracia española. Por esta razón,
mostramos nuestro absoluto rechazo al respecto de las referencias al LOFER o judicialización
de la política contenidas en el documento suscrito entre PSOE y Junts con objeto de la
investidura. Entendemos inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede
parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema
constitucional de separación de poderes. Los jueces y tribunales están únicamente sometidos
al imperio de la ley y sus resoluciones tan solo deben ser revisables por medio de los recursos
jurisdiccionales legalmente previstos, sin que quepa supervisión alguna por ningún otro poder
del Estado. En una línea similar se han manifestado las asociaciones de abogados. Por ejemplo,
el Colegio de Abogados de Madrid ha emitido el siguiente comunicado.
El término LOFER, instrumentalización de la justicia con fines políticos, referido a los
juzgados y tribunales, no tiene cabida en un Estado democrático. En consecuencia, es inaceptable la
creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación
jurisdiccional. Cuarto, la sumisión de los jueces a la ley y a la independencia judicial constituye
en un presupuesto del Estado de Derecho que debe ser respetado y acatado por todos los actores
públicos y privados, lo que exige un llamamiento a la responsabilidad. Quinto,
la Constitución española y el Tratado de la Unión Europea rigen toda actuación,
incluyendo la de los partidos políticos, debiendo ser no solo asumidos y aplicados,
sino también defendidos por todos los poderes del Estado y la sociedad civil. Por las razones
expuestas, el ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, en cumplimiento de sus fines,
ejercitará cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación
de poderes. Y por último, más de un centenar de abogados del Estado también han publicado el
siguiente manifiesto.
Y de las libertades públicas de todos los españoles queremos manifestar. Primero,
rechazamos rotundamente los acuerdos de investidura que suponen un ataque directo a la libertad,
la justicia y la igualdad con manifiesta quiebra de nuestro Estado de Derecho. Segundo,
rechazamos rotundamente la concesión de la amnistía a personas condenadas con las máximas
garantías procesales y jurídicas tras una instrucción y un enjuiciamiento impecables.
Rechazamos igualmente el acuerdo para la constitución de comisiones parlamentarias
de investigación que suponen un ataque inaceptable a la independencia del poder judicial y una
injerencia contraria al principio de separación de poderes y que buscan ampliaciones indefinidas
del ámbito subjetivo de la prevista ley de amnistía. Tercero, y aunque esto me parece
ya más discutible, pero en cualquier caso es lo que han escrito en el manifiesto. Tercero,
rechazamos rotundamente la celebración de un referéndum sobre la autodeterminación de la
Comunidad Autónoma de Cataluña que choca frontalmente con la indisoluble unidad de la
nación española, patria común e indivisible de todos los ciudadanos, como proclama el artículo
segundo de nuestra Constitución. Cuarto, rechazamos rotundamente la condonación de 15.000 millones
de euros de la deuda que la Comunidad Autónoma de Cataluña mantiene con el Estado, que no responde
al interés general de nuestra nación, sino a intereses particulares y que atenta contra
la necesaria solidaridad interterritorial y la igualdad de todos los españoles que garantiza
Este cuarto punto también me parece, por diversos motivos, cuestionable. Quinto,
mostramos nuestro completo e incondicional apoyo a todos los servidores públicos que,
con lealtad y honestidad, defendieron nuestro Estado de derecho ante la inadmisible agresión
de los partidos separatistas en 2017. De nuevo, aquí también podría haber mucho que matizar.
Y por último, reiteramos nuestra lealtad inquebrantable a la Constitución y, por ende,
a todos los españoles frente a quienes, por su condición de representantes públicos,
deberían garantizarla y, sin embargo, han pactado para incumplirla.
En definitiva, que el clamor del mundo de la justicia español contra ciertos puntos
clave nucleares del acuerdo de investidura entre PSOE y Junts es un clamor generalizado,
porque se trata de un acuerdo de investidura que, en esos aspectos clave, supone enterrar
la separación de poderes y, por tanto, el Estado de derecho. El Legislativo se arroga
con la potestad de revisar continuamente las sentencias que dicten los jueces y que afecten
a políticos o a personas cercanas a los políticos, porque parlamentariamente se puede seguir pactando,
se puede seguir negociando una ampliación de la ley de amnistía que anule, que borre,
el delito y las consecuencias de ese delito perpetrado por políticos o por amigos de
los políticos. Y eso supone finiquitar el imperio de la ley, y todo por la ambición personal de Pedro Sánchez.