Este lunes, 25 de mayo de 2020, los españoles nos hemos desayunado con esta
vergonzosa estampa de los principales periódicos del país. Como podemos
observar, las mayores cabeceras de la prensa escrita española han recogido un
mismo mensaje pagado, costeado por el gobierno de España.
Salimos más fuertes. Se trata, por tanto, de una campaña de publicidad, en
realidad de propaganda política, que debería suscitar una serie de reflexión
acerca de qué está haciendo el gobierno con el dinero de los contribuyentes y
también una serie de reflexión acerca de qué está haciendo la prensa
presuntamente libre e independiente, recibiendo el dinero que le entrega,
supuestamente de manera desinteresada, el gobierno. Empecemos por el primero de
estos apartados. Empecemos por el primero de estos puntos. ¿Debería un gobierno
costear con el dinero del contribuyente campañas de publicidad institucional? La
respuesta, en general, es que no. Evidentemente, puede haber contextos donde
sea recomendable que el gobierno promueva ciertas campañas de
información que alcancen al mayor número de personas. Y en ese sentido puede
ser recomendable, o en todo caso inevitable, que el gobierno acceda a las
principales cabeceras mediáticas de la prensa escrita, de la radio o de la
televisión y coloque información de interés general, información que
considere que es muy importante que todo el mundo conozca. Por ejemplo, cómo
deben utilizarse las mascarillas, cuáles son las medidas de distanciamiento social
que ha habido que mantener durante esta pandemia, etcétera. De hecho, esta
campaña institucional que ahora mismo estamos analizando contiene, a parte del
mensaje que hemos leído, una serie de instrucciones acerca de cómo deben
comportarse los ciudadanos durante la fase 1. Sin embargo, una cosa es la
información de interés general, la información de contenido más objetivo
que de prescripciones sobre cómo deben comportarse los ciudadanos en un
contexto complicado como el actual, y otra muy distinta es que nos cuelen una
consigna propagandística política. Esa consigna propagandística es salimos
más fuertes. El gobierno, desde luego, tiene un interés muy directo en trasladar
a la opinión pública el mensaje, la idea de que debemos olvidarnos de la
tragedia que hemos experimentado durante los últimos meses, porque esa tragedia
ya ha sido superada y no sólo ha sido superada, no sólo es que haya terminado,
es que hoy estamos más fuertes que antes de empezar esa tragedia.
Evidentemente, este mensaje es una falacia absoluta, tanto desde un punto de
vista social como desde un punto de vista económico, los españoles estamos
muchísimo más debilitados. Por un lado, hay más de 30.000 personas que han muerto
durante los últimos meses como consecuencia del coronavirus, es decir, como
consecuencia de un patógeno que el gobierno de España fue incapaz de
contener a finales de febrero y principios de marzo por negarse a adoptar
medidas de distanciamiento social hasta pasado el 8 de marzo. Y por otro, las
medidas de confinamiento domiciliario que ha habido que tomar a partir del 9 de
marzo para contener la expansión de ese virus que no se quiso frenar, cuyo avance
no se quiso frenar antes del 8 de marzo, han terminado destrozando enteramente la
economía, nos abocamos a la mayor caída, al mayor hundimiento del PIB
desde la guerra civil española, la destrucción de empleo se cuenta por
centenares de miles, las quiebras de empresas por decenas de miles, el
incremento de la deuda pública se va a disparar por encima del 120% del PIB,
lo que va a implicar en el futuro fuertes subidas de impuestos para todos
los ciudadanos e intensos recortes del gasto público, es decir, programas duros
de austeridad. No es verdad que estemos mucho más fuertes ahora que antes de
entrar en esta crisis, es todo lo contrario. El coronavirus ha destrozado
el tejido social y económico de España y que el gobierno nos quiera
convencer, nos quiera persuadir, nos quiera manipular, diciéndonos que salimos
más fuertes, es sólo una forma de intentar salvar políticamente los
muebles de su pésima gestión durante los últimos meses. Es legítimo,
evidentemente, que un partido político con su dinero intente convencer a los
ciudadanos de que el negro es blanco y de que por tanto un gobierno que ha sido
abiertamente negligente a la hora de frenar, de contener la expansión del
virus, es un gobierno que ha actuado en todo momento de una manera acertada y
que ha conseguido que salgamos más fuertes de cómo entramos en esta crisis.
Lo que no es en absoluto legítimo es que el gobierno de turno se gaste, aunque sea
una pequeñísima fracción de ese dinero que extrae coercitivamente a los
ciudadanos en costearse campañas de propaganda en su propio favor para
tratar de perpetuarse en el poder. Y eso es exactamente lo que hemos visto desde el
lado gubernamental en el día de hoy. ¿Y qué decir con respecto a la prensa que
recibe esos fondos del gobierno? Pues, evidentemente, la prensa tiene todo el
derecho del mundo a recibir el dinero de sus anunciantes, sean anunciantes privados
o sean anunciantes estatales. La prensa es un negocio donde los periodistas
publican noticias de actualidad y artículos de opinión y que es remunerada,
es decir, costea sus gastos a través de, esencialmente, dos mecanismos. Uno, la
venta de los periódicos al público, el precio que pagamos y compramos un
periódico de papel, y dos, el alquiler o la venta de parte de sus páginas a
anunciantes, entre ellos anunciantes institucionales, es decir, el sector
público. Ahora bien, una sociedad libre necesita de contrapoderes que fiscalicen
al poder estatal y uno de esos contrapoderes, evidentemente, es la
prensa libre. Son los medios de comunicación, son los periodistas que
investigan, que indagan cuando los políticos están abusando de su poder
y cuando, por tanto, están instrumentando el estado en su propio beneficio y en
contra de la ciudadanía. Sin embargo, si esos contrapoderes, entre ellos la
prensa, son cooptados por el estado, son comprados, son adquiridos por el sector
público, entonces, evidentemente, esos medios de comunicación no van a ejercer
la función social que supuestamente deberían estar ejerciendo. Se van a
convertir en correas de transmisión de los mensajes, de la propaganda, de la
manipulación del poder político, en lugar de herramientas que combatan los
excesos de ese poder político. Evidentemente, que los periódicos hayan
vendido todos ellos, suportada a la propaganda institucional del gobierno, no
tendría por qué significar que todos estos periódicos, a partir de ahora, sólo
van a cantar las alabanzas del gobierno de España. De hecho, muy probablemente no
va a ser así entre los periódicos que han vendido su alma al diablo, está el
mundo o está la razón, y muy probablemente van a seguir criticando al
gobierno de Sánchez como lo habían hecho hasta la fecha. Sin embargo, como es
obvio, después de este tipo de campañas institucionales costeadas por el
gobierno para engrosar las arcas de estos medios de comunicación, lo que uno
siempre puede preguntarse es ¿están siendo todo lo críticos con el poder
político que deberían? ¿O simplemente están fingiendo, están impostando una
crítica al gobierno para que parezca que en efecto hay contestación mediática al
poder político cuando en realidad pueden tener otra información mucho más
dañina, mucho más nociva que se estén guardando como contraprestación por el
dinero recibido en esta campaña institucional? No digo que esto esté
sucediendo, pero evidentemente uno puede tener esas sospechas después de ver
que los periódicos están parcialmente a la venta y que el gobierno los está
parcialmente comprando. ¿Son realmente independientes? ¿Son realmente críticos
con el poder político o sólo fingen algunos de ellos independencia y crítica
al poder político para que la sociedad permanezca anestesiada, para que la
sociedad crea que sí se está controlando al gobierno cuando en realidad no se lo
está haciendo en toda la extensión en que debería ser controlado? De hecho
permitidme rescatar un tweet del actual vicepresidente segundo del gobierno
Pablo Iglesias del 2 de diciembre de 2019, es decir antes de que accediera a la
vicepresidencia donde criticaba a los medios de comunicación españoles por
haberse sumado a una campaña publicitaria similar a ésta, pero en
aquel caso financiada por una empresa privada por Endesa. Decía Pablo Iglesias
en este tweet de hace apenas seis meses. Estas portadas no hablan mal de Endesa,
que tiene todo el derecho a comprárselas todas para hacerse publicidad, pero creo
que hacen mucho daño al prestigio de la prensa. Y en parte de este tweet de Pablo
Iglesias es correcto, por un lado es evidente que cuando la prensa se deja
comprar de un modo tan evidente, tan impudoroso, lo menos que puede suceder es
que se generen sus picacias de si la prensa está siendo verdaderamente
independiente o no, de si la prensa está criticando todo lo que puede criticar
Endesa después de que haya coseado esta campaña publicitaria o si se guarda
información en el cajón de Endesa. Lo mismo, por cierto, con respecto al
gobierno, si está publicando todo lo que sabe sobre el gobierno o si está
ocultando información que tiene del gobierno para no perjudicarle. Pero por
otro día, a diferencia de lo que decía Pablo Iglesias en este tweet, puede que
Endesa tenga todo el derecho del mundo a, con su dinero, comprar la prensa
escrita, es decir, pagarse una campaña publicitaria en su favor. Ahora bien, el
gobierno de España no tiene ningún derecho a hacerlo. El gobierno de España no
tiene derecho a, con el dinero de los contribuyentes, financiarse una campaña
publicitaria del gobierno de España comprando en el proceso a toda la prensa
española, toda la prensa escrita española. Por tanto, Pablo Iglesias tenía
parte de razón en este tweet, pero desde luego, si intentamos aplicar este tweet al
caso del gobierno de España, no la tiene en absoluto. Endesa sí tenía el
derecho a, con su dinero, con el dinero de sus accionistas financiar publicidad, el
gobierno de España no tiene derecho a, con el dinero de los contribuyentes,
costearse una campaña publicitaria. En definitiva, creo que este tipo de
experiencias, este tipo de sucesos, nos deben hacer entender dos cosas. Primero,
que el gobierno, cuando maneja el estado, no está persiguiendo nada parecido al
interés general. El gobierno, cuando instrumenta el estado, el monopolio de la
violencia territorial, lo que está haciendo es perseguir su propio beneficio,
y su beneficio no es otro que permanecer en el poder. Y, por tanto, toda la acción
estatal no se orienta, insisto, hacia abstractos conceptos del bien común, sino
a perpetuar a los políticos que están al mando, al frente de las instituciones
políticas del estado. Y, en segundo lugar, también nos tiene que hacer
comprender que los contrapoderes que existen en todo momento para controlar el
exceso, los abusos de poder del sector público, son mucho más frágiles de lo
que, en ocasión, estendemos a pensar. La prensa es uno de esos contrapoderes, y
en estos momentos estamos observando cómo la prensa puede ser al menos en parte
comprada por aquellos a los que supuestamente tendría que estar
fiscalizando. Y, por eso, también es importante que avancemos hacia nuevos
modelos de control del poder estatal. Por un lado, hay que poner muchísimas más
barreras a la acción arbitraria de los políticos. No hay que permitir que los
políticos, porque supuestamente están persiguiendo el interés general, puedan
acometer prácticamente cualquier tipo de actividades del estado, entendiendo que
esas actividades estarán persiguiendo ese interés general. No, hay que
establecer límites muchísimo más estrictos a la actuación del estado,
porque esa actuación del estado, en muchos casos, simplemente es usar la
violencia contra el ciudadano en favor del político de turno. Y, por otro, habrá
que avanzar mucho metemo hacia nuevos medios de comunicación. Medios de
comunicación que no dependan tanto de los anunciantes, especialmente si aspiramos
a que sean medios de comunicación que controlen al poder político de los
anunciantes públicos de la publicidad institucional, sino que dependan
muchísimo más, por ejemplo, de las suscripciones de sus miembros. Es decir,
medios de comunicación que vivan no del dinero que les transfiere el gobierno
para que se calle en aquello que el gobierno no quiere que digan, sino del
dinero que les pagamos, los ciudadanos, para estar informados sobre aquello que el
gobierno no quiere que se sepa. Si la ciudadanía no es en última instancia
exigente a la hora de imponerles estrictos límites a la actuación de los
poderes públicos, y si a su vez no es exigente a la hora de reclamarle a la
prensa independencia del poder político, es decir, si la ciudadanía no se
preocupa por fiscalizar y por controlar al poder político, entonces ese
poder político no dejará de avanzar, no dejará de abusar y no dejará de
sojudgar a la población en su propio beneficio. Es decir, en el beneficio de
aquellos políticos que se encuentren en cada momento al frente del Estado, al
frente del monopolio territorial de la violencia.