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Juan Ramón Rallo

Laissez faire, laissez passer. Laissez faire, laissez passer.

Transcribed podcasts: 2280
Time transcribed: 38d 6h 22m 10s

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Este pasado 30 de junio del año 2017, la Asociación Universitaria Liberal, Students
for Liberty España, organizó una protesta en frente del Ministerio de Hacienda, una
protesta al grito de defiende tu bolsillo, que lo que tú ganas no lo gaste en ellos,
es decir, los políticos. La fecha de organización de esta protesta no fue casualidad. El 30
de junio, por un lado, terminaba el plazo de presentación de la declaración del impuesto
sobre la renta de las personas físicas, ese tributo donde tenemos que rendir al poder
político parte, una parte muy importante del fruto de nuestro trabajo anual. Y, por otro
lado, también en torno al 30 de junio, esa misma semana, se había alcanzado el llamado
Día de la Liberación Fiscal. El día de la Liberación Fiscal es simple y llanamente
la fecha de cada año, el día de cada año, en el que dejamos de trabajar exclusivamente
para el Gobierno y, por tanto, el día en el que empezamos a trabajar ya para nosotros
mismos. El día de la Liberación Fiscal siempre cae en España alrededor de la mitad
del ejercicio, alrededor de la mitad del año. Es decir, estamos trabajando prácticamente
seis meses para el poder político y solo los otros seis meses podemos trabajarlos íntegramente
para nosotros, lo cual no significa, por cierto, que los trabajemos en libertad, dado que hay
que soportar en esos otros seis meses de trabajo libre, entre comillas, una serie de regulaciones
verdaderamente grabosas, verdaderamente ingentes, que al final también maniatan nuestra autonomía
a la hora de desarrollar nuestros proyectos vitales y destrozan muchos de los proyectos
que podríamos llevar a cabo. Por tanto, la mitad del año lo estamos trabajando para
el poder político. Si queremos ponerle cifras a este dato, podemos decir que un salario español
medio de 29.600 euros anuales, sé que para muchos este no será el salario medio, pero
sí lo es, dado que esos 29.600 euros contienen una parte del salario que normal, que siempre
se deduce, incluso antes de ver la reflejada en nuestras nóminas, que son las cotizaciones
empresariales a la seguridad social, cotizaciones empresariales que se abonan en nombre del
trabajador y que, por tanto, son una extracción del salario del trabajador, pues bien, incluyendo
computando las cotizaciones sociales que ingresa al empresario en nombre del trabajador, el
salario medio anual de los españoles es de casi 30.000 euros. De esos casi 30.000 euros
alrededor de 7.000 euros van a parar o se los apropia al Estado en forma de las cotizaciones
que paga al empresario en nombre del trabajador. De ahí que el salario medio anual que vean
los españoles en sus nóminas no sea de 30.000 euros, sino de apenas 23.000 euros. Sobre
estos 23.000 euros, que muchos, repito, erroneamente consideran que su salario base, cuando su salario
base debería ser 30.000, no deducidas las cotizaciones sociales que ingresa al empresario
en nombre del trabajador, pues bien, sobre estos 23.000 euros hay que pagar como mínimo
IRPF, el cual cada año supone algo más de 3.000 euros el IVA y los impuestos especiales
sobre el gasto en consumo que se efectúe sobre esos 23.000 euros, que ronda alrededor
de los 2.000 euros y a su vez también hay que pagar las cotizaciones sociales que ingresa
el trabajador en nombre del trabajador, que son unos 1.500 euros. En total, por tanto,
estamos hablando de entre 13.500 y 14.000 euros de impuestos sobre un salario cercano
a los 30.000 euros anuales, salario que, insisto, es el salario medio, si incluimos las cotizaciones
que ingresa el empresario a cargo y en nombre del trabajador. Por tanto, 14.000 euros de
impuestos que paga el español medio todos los años a hacienda y que en virtud de eso
ha de estar trabajando casi medio año a las órdenes y a la servidumbre, bajo la servidumbre,
del poder político al que le tiene que entregar ese enjente suma. Es verdad que el poder
político, este es un argumento que se repite muy habitualmente, no se queda esos 14.000
euros para sus propios gastos internos, no es que esos 14.000 euros no tengan luego una
traslación en ninguna prestación de la que se pueda beneficiar el contribuyente. Sería
muy complicado que un Estado moderno consiguiera extraer prácticamente la mitad de todo lo
que generamos y no devolviera o no efectuar a ningún tipo de acción de obra en beneficio
del contribuyente que está siendo expoliado. Sin embargo, que el Estado nos devuelva, que
el Estado gaste parte de lo que nos arrebatan en proporcionarnos educación pública, sanidad
pública, pensiones públicas, infraestructuras, no significa que el expolio no se produzca.
Si cualquier empresa, pongamos por caso Apple, me sustrajera 1.000 euros todos los años y
a cambio de esos 1.000 euros me entregará un iPhone o un iPad, evidentemente protestaríamos.
¿Por qué? Pues porque primero, aunque quiera el iPhone y quiera el iPad, si lo quiero voy
a la tienda y lo compro. No tengo por qué someterme a la coacción de Apple de robarme
esos 1.000 euros para luego entregarme el iPhone y el iPad. Y segundo, porque quizá
no lo quiero y por tanto, Apple me está obligando a consumir, a comprar algo que no quiero.
Puedo querer un smartphone de otra compañía o puedo simplemente no querer el smartphone.
Pues bien, lo mismo sucede con los servicios que nos proporciona el poder político. Esos
servicios son servicios que nos proporciona a modo de contribuyentes y consumidores cautivos,
dado que la mitad de nuestra renta va a parar al poder político. No tenemos autonomía
a la hora de escoger qué educación queremos, qué sanidad queremos, qué pensiones queremos,
qué infraestructuras queremos. Simplemente el poder político nos las impone en forma
de educación pública, prestada evidentemente por la burocracia estatal, en forma de sanidad
pública, prestada evidentemente por la burocracia estatal, en forma de infraestructuras públicas
o privadas, construidas evidentemente por aquellas empresas a fines al poder político
a las que se les asignan los contratos a costa de nuestros impuestos y, en definitiva, una
gran cantidad de gastos que tienen alguna traslación sobre la vida del contribuyente, pero sobre
los cuales el contribuyente en términos individuales no puede escoger, no puede escoger si quiere
más sanidad y menos infraestructuras, si quiere más educación de un tipo y menos de
otra, no puede escoger en definitiva los colegios para sus hijos, los hospitales en los que
curarse, las infraestructuras a utilizar, las modalidades de ahorro en las que preparar
y anticipar su jubilación. Somos rehenes del poder político porque
la mitad de lo que generamos lo gestiona él, no lo gestionamos nosotros y lo gestiona evidentemente
no en nuestro beneficio, no en nuestro bienestar, esa es simplemente lema, el slogan propagandístico
para convencernos de que tenemos que seguir pagando y entregándole la mitad de lo que
generamos, lo gestiona sobre todo en su propio beneficio, en beneficio de la burocracia estatal
que presta esos servicios y sólo subsidiariamente para tratar de avanzar a los contribuyentes
y de evitar revueltas fiscales, sólo subsidiariamente esa burocracia que se nutre de nuestros ingresos
de nuestra renta de la riqueza que generamos, sólo subsidiariamente, repito, genera algún
tipo de bienestar, beneficio para el contribuyente. No somos su preferencia, somos el accesorio,
somos el elemento subordinado para seguir justificando y manteniendo la rapiña tributaria, la rapiña
tributaria igual a prácticamente la mitad de todo lo que generamos cada año, seis meses
trabajando para el poder político y no para nosotros. Por eso, los miembros de Students
for Liberty de España hacen muy bien en gritar y en que todos nos enteremos defiende tu bolsillo,
es una prioridad que todos defendamos nuestro bolsillo no por egoísmo, sino por libertad,
libertad para poder elegir qué vida queremos vivir, una vida que hoy, la mitad del año
nos está siendo determinada por el poder político.