El gobierno español de PSOE Podemos comprará el 10% del capital social de Telefónica convirtiéndose
en el accionista mayoritario dentro de esta empresa privada. ¿Hace bien el gobierno en
adquirir el 10% de Telefónica? ¿Cuáles pueden ser las repercusiones de todo ello?
Veámoslo.
El gobierno de PSOE Podemos comprará el 10% de Telefónica convirtiéndose en el accionista
mayoritario de esta empresa a través de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales. El pretexto que ha ofrecido el gobierno para justificar su entrada en
el capital social de Telefónica es que ha de contrarrestar la influencia que va a tener
Saudi Telecom después de que esta compañía vinculada al estado de Arabia Saudí adquiriera
el 9,9% de Telefónica. Sin embargo, al mismo tiempo que se desliza este argumento,
también desde el gobierno adelantan que esta compra de acciones de Telefónica será únicamente
el aperitivo de un progresivo rearme de la cartera de participaciones industriales del
estado español. Es decir, que en el futuro veremos nuevas entradas del estado en el capital
social de aquellas empresas que ellos, arbitrariamente, califiquen como empresas estratégicas.
Y digo arbitrariamente porque, en potencia, toda empresa puede llegar a ser calificada
como estratégica. Recordemos que en la pandemia se nos decía que la producción de mascarillas
o de material médico era un sector estratégico. Es decir, que si con el argumento de que puede
haber una pandemia y puede haber falta de mascarillas y de material médico se justifica
la entrada del estado en una compañía que fabrique estos productos, pues entonces potencialmente
se puede justificar la entrada del estado en cualquier sector de la economía. La producción
de fertilizantes, la producción de tractores, la producción de neumáticos, la producción
de cemento… Todo esto puede ser, en determinados contextos, bajo determinadas contingencias,
sectores estratégicos desde el punto de vista del gobierno. Y por tanto, bajo ese argumento
espurio se justificaría la entrada del gobierno en el capital social de estas empresas y,
por tanto, se justificaría que el gobierno ejerza un control sobre cada una de estas
compañías. Y cuando digo el gobierno, me estoy refiriendo al gobierno. Dado que hay
algunos que están argumentando que no es el gobierno quien va a comprar el 10% de
Telefónica, sino el estado. Y que, por tanto, todos nosotros, todos los españoles, vamos a ser
copropietarios del 10% de Telefónica. Que no es que se lo compre el gobierno a título de gobierno,
sino el estado como estado. Pero este argumento, que es jurídicamente correcto, no lo es desde
luego desde un punto de vista material. Porque quien va a ejercer en la práctica como propietario
del 10% de Telefónica va a ser el gobierno, y no el conjunto de los españoles. El conjunto
de los españoles no vamos a tener ni voz ni voto en la junta de accionistas de Telefónica.
Quien va a tener voz y un voto muy significativo va a ser el gobierno después de que haya comprado,
a través del estado y a través de nuestro dinero, el 10% de Telefónica. ¿Y por qué es un problema
que el gobierno, no sólo este gobierno, no sólo este gobierno, pese a sumar, sino cualquier gobierno
que pueda venir en el futuro, controle una empresa y además una empresa tan grande como Telefónica?
Pues porque existe un conflicto de intereses clarísimo y gravísimo. El interés de todo
político es mantenerse en el poder y ampliar su poder. El interés de los ciudadanos para con una
empresa es que esa empresa les preste un buen servicio al menor precio posible. En términos
generales, los accionistas de una empresa tienen un interés que está alineado con el de los
consumidores. Si les proporcionan un mejor producto a un menor precio que la competencia,
ganarán dinero. Que eso es lo que quieren los accionistas. Pero el gobierno no tiene por qué
tener en absoluto un interés alineado con el de los consumidores. Máxime cuando además ese
gobierno también es el árbitro que marca las reglas de juego económicas dentro de un sector.
Por ejemplo, imaginemos que el gobierno, por cualquier razón, considera que si Telefónica
gana mucho dinero, eso le permite a este gobierno ampliar su poder y mantenerse en el poder. Por
ejemplo, porque puede exhibir ante su electorado que ha hecho una magnífica inversión en Telefónica,
o porque al repartir beneficios, Telefónica le proporciona más recursos al gobierno para
que este pueda gastarlos. Pues bien, si el interés instrumental del gobierno para perpetuarse en el
poder es maximizar beneficios a través de Telefónica, el gobierno puede lograr ese objetivo,
que de nuevo, repito, es un objetivo instrumental para su auténtico fin, que es perpetuarse y
ampliar su poder. El gobierno puede alcanzar ese objetivo instrumental de maximizar beneficios,
o privilegiando regulatoriamente a Telefónica, o privilegiando presupuestariamente a Telefónica.
Restringimos regulatoriamente la competencia en favor de Telefónica. Telefónica puede
explotar en mayor medida un poder de monopolio, y ese mayor poder de monopolio le proporciona
beneficios extraordinarios de los que participa con un 10% del capital social el gobierno.
O a la hora de repartir fondos públicos, por ejemplo, los fondos Next Generation,
no se los damos a aquellas empresas que esperamos que sean capaces de generar un
mayor valor para los ciudadanos, sino que se los damos a Telefónica, porque Telefónica es en
parte del gobierno y, por tanto, parte de ese dinero regresará al gobierno para volverlo a gastar.
Es decir, que a diferencia de los accionistas de una empresa que quieren maximizar beneficios,
y la única forma de maximizar beneficios, dentro de un mercado más o menos abierto y libre y sin
capacidad de influir en las normas, en las regulaciones, en las leyes vigentes en ese
mercado, la única forma que tienen los accionistas de maximizar sus beneficios es maximizar el
bienestar que generan para los consumidores. No así en el caso del gobierno, que puede
maximizar los beneficios de las empresas participadas a través del cambio de las
regulaciones o a través de las transferencias presupuestarias, aún cuando todo ello redunde
en perjuicio del consumidor. Como digo, existe un clarísimo y gravísimo conflicto de intereses,
y de la misma manera que no nos sentiríamos cómodos si, por ejemplo, el presidente del
gobierno fuera Juan Roch y Juan Roch se dedicara a dictar las normas y las regulaciones del sector
de la distribución de alimentos en España, tampoco deberíamos sentirnos cómodos, tampoco
deberíamos sentirnos tranquilos cuando el gobierno y los partidos que desde el Congreso
dan apoyo al gobierno, cuando el gobierno es propietario del 10% de una empresa cuyas
reglas reguladoras de la competencia y de la calidad del servicio que proporciona a los
consumidores son dictadas por ese mismo gobierno. Por eso mismo, por cierto, el argumento de que el
gobierno ha de entrar en el capital social de Telefónica para contrarrestar la influencia
saudí es un argumento tan malo. Si el Ejecutivo español está preocupado por la influencia que
el gobierno saudí puede ejercer sobre Telefónica y puede haber razones para estar preocupado,
por ejemplo, protección de datos, el gobierno ya dispone de una herramienta muy potente,
que es la regulación, para garantizar los derechos de los consumidores frente a la intromisión
libertividad que pueda querer ejercer el gobierno saudí a través de Telefónica. En el extremo,
el gobierno incluso podría optar por vetar a través de la regulación la entrada del
gobierno saudí en el capital de Telefónica a través de Saudi Telecom, que no es la opción
que yo escogería. Si el gobierno saudí, como un inversor externo sin capacidad de dictar normas
dentro de España, quiere adquirir una participación en Telefónica, que lo haga,
lo lamentaré por los contribuyentes saudíes, creeré que desde el punto de vista del contribuyente
y del ciudadano saudí es un error, pero no lo prohibiría. Ahora bien, si el gobierno español
está tan sumamente preocupado por la entrada de capital saudí en Telefónica como para tener
que buscarse la excusa de que ahora él también tiene que adquirir el 10% de Telefónica para
contrarrestar esa influencia, pues ¿por qué no veta la entrada del capital saudí? Pues porque
el objetivo de esta adquisición del 10% de Telefónica por parte del gobierno no es, desde
luego, contrarrestar en una empresa supuestamente estratégica ninguna influencia del capital saudí.
¿Y cuál es el objetivo último del gobierno entrando en el capital social de Telefónica,
o en el capital social de cualquier otra compañía? Pues, como ya he explicado,
perpetuarse y ampliar su poder. No necesariamente maximizar beneficios. Maximizar beneficios es,
en todo caso, un objetivo instrumental para alcanzar su auténtico objetivo último,
que es perpetuarse y ampliar su poder. Si ese objetivo último lo consigue maximizando beneficios
a través de Telefónica, tratará de maximizar beneficios a una costa del consumidor. Pero si
ese objetivo lo consigue por otras vías, contrarias a la maximización de beneficios, también lo hará.
Por ejemplo, Telefónica no sólo es una empresa de telecomunicaciones, sino también una compañía
productora de contenido audiovisual. A la hora de influir o de determinar el tipo de contenido
audiovisual que produce Telefónica, es obvio que el gobierno va a intentar que produzca un
contenido audiovisual alineado con su agenda ideológica. Es obvio que el gobierno va a intentar
emplear el contenido audiovisual que produce Telefónica como una herramienta más de manipulación
ciudadana para convertir a tantos españoles como les sea posible en rehenes electorales. De esta
manera, el gobierno, este o los que vengan en el futuro, no sólo va a tener ya a su disposición
como herramientas propagandísticas, los medios de comunicación públicos como Radio Televisión
Española o la publicidad institucional como herramienta para comprar y para orientar la
línea editorial de aquellos medios que se ven favorecidos por recibir publicidad institucional
o que se ven castigados y amenazados con quitarles arbitrariamente esa publicidad institucional si
no se portan bien. Además de los medios públicos y de la publicidad institucional, a partir de ahora
el gobierno de España estén en el poder los partidos que estén, también va a tener a su
disposición como herramienta propagandística el contenido audiovisual que produzca Telefónica.
¿El objetivo del gobierno con ese contenido audiovisual va a ser maximizar la satisfacción,
el bienestar de los consumidores de ese contenido audiovisual? Evidentemente no. El objetivo del
gobierno siempre es perpetuarse y ampliar su poder y para eso va a intentar colonizar con ese
contenido audiovisual propagandístico a través de Telefónica la mente de los votantes. O de nuevo,
imaginemos que Telefónica, como compañía privada que es, ha de tomar decisiones económico
empresariales para maximizar el bienestar de los consumidores que atentan contra la agenda
ideológica de este gobierno. Por ejemplo, hace unas semanas Telefónica anunció que va a despedir
a través de un expediente de regulación de empleo a un tercio de su plantilla. Ha de prescindir de
un tercio de su plantilla porque es incapaz de generar con ello suficiente valor en un entorno
global mucho más competitivo y mucho más digitalizado, donde los antiguos monopolios
estatales de telecomunicaciones ya no necesitan una estructura tan sobredimensionada para prestar
servicios como los que antes prestaban. Y ante situaciones como esta, la necesidad económico
empresarial de despedir a un tercio de la plantilla porque no se sabe cómo rentabilizarlos,
cómo generar valor a través de ellos, ante situaciones como esta, ¿qué va a hacer el
gobierno? ¿Se va a enfrentar con todo el entramado para gubernamental que le está dando
apoyo social e ideológico, como puedan ser los sindicatos? Si los sindicatos le reclaman al
gobierno que impida, que frene, que rebaje las cifras de este expediente de regulación de empleo
o de otros que puedan venir en el futuro, dado que el gobierno es propietario del 10% del capital
social de Telefónica, el gobierno va a ceder ante las peticiones de los sindicatos, peticiones
antieconómicas, antiempresariales de los sindicatos, ¿o se va a oponer a ellas a riesgo
de enfrentarse con los sindicatos y, por tanto, con su clientela logístico-electoral? Pues ante
situaciones como esta, lo más probable es que el Estado prefiera cargar las pérdidas de malas
decisiones económico-empresariales con respecto a una empresa privada, con respecto a Telefónica,
es más probable que prefiera cargar esas pérdidas contra los consumidores, contra el resto de
accionistas o contra el presupuesto público antes que enfrentarse a todos aquellos que
pueden contribuir en el futuro a que sigan el poder. U otro ejemplo, ¿quién creemos en el futuro que
tenderá a ser el consejero delegado de Telefónica, la persona que esté mejor preparada para ese cargo
o, en cambio, la persona que sea más leal y más servil a los intereses del gobierno? Pues como es
obvio, el gobierno tratará de colocar al frente de Telefónica a aquella persona que sea más servil
a sus intereses, ya sea un miembro de su partido o alguien muy cercano a su partido. O, aunque no
coloque a nadie nuevo, el consejero delegado de Telefónica sabe que si no se subordina a la
agenda y a los intereses del gobierno, éste va a intentar quitarlo del puesto para colocar a otro
que sea más bizcochable. Por tanto, y en definitiva, como sucede en el resto del sector público
empresarial, vamos hacia una gestión más politizada de Telefónica. No solo se trata de que el dinero
esté utilizando nuestro dinero para invertir en una empresa en la que nosotros no tenemos por qué
querer invertir. Porque si quisiéramos invertir, podemos ir al mercado bursátil y comprar acciones
de Telefónica. Si no lo hacemos, es porque no queremos ser accionistas de Telefónica porque
lo consideramos una mala inversión. Y, por tanto, no tiene mucho sentido que si nosotros a título
particular lo consideramos una mala inversión, el gobierno nos quite nuestro dinero y nos obligue
a invertir en lo que juzgamos una mala inversión. Pero aún dejando este asunto crucial de lado,
lo cierto es que el gobierno, como decía, está utilizando nuestro dinero para comprarse el
10% de una empresa y para, a través de esa participación significativa, asaltar el consejo
de administración de la empresa y subordinarla a sus intereses y a su agenda política.
El gobierno ha de ser un árbitro imparcial, no un jugador. Y si el gobierno quiere convertirse
en un jugador, primero que deje de ser árbitro y después que se pague el equipamiento con su
dinero, no con el nuestro.