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Juan Ramón Rallo

Laissez faire, laissez passer. Laissez faire, laissez passer.

Transcribed podcasts: 2280
Time transcribed: 38d 6h 22m 10s

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¿Por qué el gobierno ha retirado hoy la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante
cuando hace apenas unos meses se nos presentaba como una medida económica estrella para paliar
los efectos de la inflación en España?
No por buenas razones.
Veámoslo.
En su nuevo paquete de medidas anti-crisis, el gobierno de PSOE Podemos ha decidido poner
fin a una de sus medidas económicas estrella.
La ayuda de 20 céntimos por litro de carburante con la que se pretendía abaratar, volver
más accesible tanto la gasolina como el gasoleo, al grueso de la población.
Habiendo sido una de sus medidas económicas estrella, resulta cuando menos llamativo que
ahora el gobierno decide ponerle fin.
Si tan importante era y tan bien funcionaba, ¿por qué no mantenerla en el tiempo?
Una de las explicaciones más extendidas es que como el precio internacional del petróleo
ha bajado durante los últimos meses, los precios de los carburantes también lo han
hecho y por tanto ya no es necesaria esta ayuda.
Sin embargo, si esto fuera toda la explicación, casaría mal con que la ayuda se mantenga
para determinados colectivos sociales como los transportistas o los trabajadores del
sector primario.
El gobierno no va a eliminar la ayuda para ellos y si sigue siendo necesaria para ellos
a los precios vigentes, ¿por qué deja de ser necesaria para el resto de la población
también a estos precios vigentes?
Y para hallar una respuesta a esta cuestión debemos efectuar un análisis coste-beneficio,
pero no un análisis coste-beneficio como se suele pensar, es decir, costes para los ciudadanos
y beneficios para los ciudadanos, sino un análisis coste-beneficio para los políticos.
Al fin y al cabo es muy ingenuo pensar que las políticas públicas se adoptan pensando
en los ciudadanos, las políticas públicas se adoptan desde la perspectiva del interés
de los políticos y por tanto dejan de adoptarse cuando, desde el punto de vista del interés
de los políticos, esas políticas públicas dejan de superar el análisis coste-beneficio.
Desde entrada, desde un punto de vista social, la ayuda nunca superó realmente un análisis
coste-beneficio, el coste de la medida ha rondado los 6.000 millones de euros y la mayor
parte de ese dinero ha sido capturado por las rentas más altas de la sociedad.
Según recogía recientemente la OCDE, España tiene un sistema de ayudas públicas donde
el 20% más rico de la sociedad captura el triple de ayudas públicas que el 20% más
pobre de la sociedad.
Supuestamente, el Estado redistribuye la renta de los ricos a los pobres para ayudar a
los pobres, pero al final resulta que, derivado de esa redistribución, los ricos capturan
mucho más que los pobres, por tanto no redistribuye por eso ni para eso.
En el caso de la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante, si las personas con una
renta más elevada suelen tener y suelen utilizar el transporte privado en un mayor
porcentaje que las personas con ingresos más bajos, es lógico que la mayor parte de estas
ayudas haya ido finalmente a parar a las rentas más altas que son las que pagan impuestos
para financiar estas ayudas, lo cual es bastante desquiciante.
Si el objetivo de la política pública fuera ayudar a los ricos, desde luego la mejor
medida no sería quitarles el dinero con impuestos y luego devolvérselo, al menos en parte con
transferencias sociales, eso es totalmente ineficiente.
Si tú quisieras ayudar a los ricos, lo que tendrías que hacer es no quitarles de entrada
el dinero y se acabó.
El gobierno nos vende que no quiera ayudar a los ricos sino a los pobres, pero al final
quita el dinero a los ricos y se lo termina devolviendo a los ricos mediante ayudas públicas,
lo cual insisto es bastante ridículo e ineficiente.
Pero la razón por la cual se hace esto es que en realidad la redistribución de la renta
no busca ayudar a los más pobres, ese es en todo caso un resultado colateral de las
políticas públicas.
Como decía, las políticas públicas a quien pretenden ayudar en primer lugar, en primer
término, es a los políticos que las aprueban.
Y ayudarles no desde un punto de vista crematístico, no estoy diciendo que los políticos que
aprueban las ayudas públicas se queden con ese dinero, ni mucho menos.
Se trata de ayudarles en sus probabilidades de reelección.
El político adopta aquellas medidas que en cada momento considera que maximizan su
probabilidad de que salga reelejido.
Sean muy costosas o muy ineficientes desde un punto de vista social, basta con que sean
suficientemente eficientes desde un punto de vista electoral.
Y esa fue la razón de fondo por la que se aprobó la ayuda de 20 céntimos por litro
de carburante, una ayuda universal para todo el mundo con independencia de su nivel de
renta.
El gobierno podría haber hecho con los carburantes como ha hecho hoy con los alimentos, darles
un cheque a un determinado número de familias para compensar la subida del precio de los
carburantes.
Pero el gobierno no hizo eso.
El gobierno no dio cheques enfocados a las familias más pobres para ayudar a esas familias
más pobres a capear el impacto de la subida de los precios de los carburantes.
Lo que hizo el gobierno, insisto, fue rebajar todos los precios de los carburantes con una
ayuda de 20 céntimos.
Y por qué hizo esto si el propio gobierno sabía, evidentemente sabía, que la mayor
parte de esa ayuda pública iba a ser embolsada, iba a ir a parar a los bolsillos de las familias
más acaudaladas, que son las que pagan los impuestos para financiar esa ayuda.
Pues básicamente porque lo que pretendía hacer el gobierno con esta medida era maquillar
la inflación.
El propio Banco de España ha estimado recientemente que la ayuda de 20 céntimos por litro de
carburante ha contribuido a rebajar el IPC oficial en alrededor de 6 décimas.
Y ese era el auténtico objetivo del gobierno con esta ayuda, reducir estadísticamente
el IPC contabilizado en España, que en realidad no estamos reduciendo el IPC, simplemente
estamos cargando la subida de precios al presupuesto, pero al cargar la subida de precios
en el presupuesto y no en los precios, el Instituto Nacional de Estadística no mide
que los precios han aumentado.
Si los precios suben antes de ayudas de 1 euro a euro y medio, pero después de ayudas
los precios regresan a 1 euro, el INE contabiliza que los precios no han subido, pero en realidad
esa subida del 50% en ese precio de 1 a 1 y medio por ciento lo seguimos pagando entre
todos al haber sido socializado su coste, vía impuestos y vía ayudas públicas.
Por tanto, cuando la inflación estaba disparada en España, muy por encima de la media europea,
el gobierno tenía un objetivo propagandístico en mente, hemos de bajar la inflación oficial
en España.
Y para rebajar la inflación oficial en España, lo que vamos a hacer es tirar de déficit
público, tirar de endeudamiento público para absorber dentro del presupuesto parte
de ese exceso de inflación.
Por ejemplo, repartiendo una ayuda de 20 céntimos por litro de carburante a todos los
españoles con independencia de su nivel de renta, aún cuando se trate de una política
pública tremendamente ineficiente desde un punto de vista social, porque nuestro objetivo
no es ayudar a aquellos españoles que más lo necesitan.
Nuestro objetivo es controlar estadísticamente, que no en términos reales efectivos, controlar
estadísticamente la inflación.
¿Qué coste tendrá eso?
En el caso de los carburantes, 6.000 millones de euros.
Y el gobierno dice, bueno, pues vale la pena pagar 6.000 millones de euros para que el INE
reporte, para que el INE informe de una inflación 6 decimas menos de la que tendríamos, sino
desembolsáramos, sino echáramos mano de esos 6.000 millones de euros de endeudamiento.
¿Y por qué el gobierno no renueva ahora a la ayuda?
Pues porque como la inflación ya se haya por debajo de la media europea, y como además
los precios de los carburantes antes de ayudas ya son más o menos los mismos que los que
había en marzo de 2022, después de ayudas, ahora mismo el precio de la gasolina de 95
octanos ronda aproximadamente los 1,6 euros por litro, cuando en marzo de 2022 estaba en
alrededor algo por encima de los 1,8 euros por litro, por tanto 1,8 euros por litro menos
20 céntimos de ayudas, 1,6 euros por litro, que es más o menos el precio que tiene hoy,
pues como ya se ha dado esta circunstancia, y por tanto estadísticamente ya no es tan
necesario rebajar el precio después de ayudas de los carburantes, aunque obviamente si los
rebajas pues el impacto sobre el IPC todavía sería mayor, pero ya hemos logrado el objetivo
de bajar estadísticamente el IPC por debajo de la media europea, pues entonces en lugar
de gastar 6.000 millones de euros en financiar esta política pública, que al final solo
tiene un impacto propagandístico, tenemos una inflación que se ubica por debajo de
la media europea, es preferible destinar esos 6.000 millones de euros en repartir ayudas
generando ahora sí redes clientelares enfocadas en rascar votos de determinados colectivos
particulares y no del grueso de la población en general, porque el grueso de la población
en general no te va a votar específicamente por el hecho de que le bonifiques 20 céntimos
el litro de carburante y en eso consisten varias de las ayudas aprobadas hoy en el paquete
de medidas anticrisis, en dejar de gastar 6.000 millones de euros en rebajar estadísticamente
la inflación para poder utilizar esos 6.000 millones de euros en repartir dinero a determinados
colectivos sociales que esperas que te puedan votar en las elecciones autonómicas, municipales
y generales que se celebrarán a lo largo del año 2023.
En suma el gobierno, tanto este como los anteriores, echa mano del dinero del contribuyente para
maximizar su probabilidad de elección, en este caso se echa mano del dinero del contribuyente
para conseguir maquillar los datos de inflación y ahora se echa mano del dinero del contribuyente
para reforzar las redes clientelares y terminar comprando votos. Lo anterior no quita que
la actividad política pueda beneficiar a determinadas personas en algunos momentos, pero esos
son efectos colaterales del diseño de las políticas públicas. No se busca eso como
objetivo prioritario, como objetivo prioritario se busca aquello que en cada momento pueda
beneficiar más al político que diseña esas políticas públicas. De ahí que hoy no
se renueve la ayuda a los carburantes cuando ayer se nos vendía como una medida estrella.
Era una medida estrella para alcanzar los objetivos políticos, en ese momento rebajar
la inflación y pasa a ser ahora una medida prescindible porque los objetivos políticos
han pasado a ser otros, empezar a comprar votos para las elecciones del año que viene.