2020 fue el año en el que España emitió más deuda pública en toda su historia,
122.000 millones de euros solo en el año 2020, lo que dejó el stock total de
endeudamiento estatal en más de 1,3 billones de euros. ¿Cuánto es 1,3 billones de euros?
Bueno, de entrada equivale al 117% del producto interior bruto, es decir, a más de todo lo
que la economía española genera durante un año, deberíamos dedicar más de toda la riqueza que
generamos cada año para poder amortizarla. Otra forma de dimensionar cuánto representa
esta magnitud de deuda pública, es decir, que cada español como media, a deuda por el exceso
de gasto que han cometido las administraciones públicas con respecto a sus ingresos hasta
el momento, a deuda cada español al de media 27.700 euros. O sí, ponemos en relación este
endeudamiento público en relación con el número de hogares de familias que hay en España,
cada familia en términos medios debe, en función de la deuda pública acumulada en el conjunto
de España, más de 70.000 euros. Una hipoteca derivada de la deuda pública acumulada hasta
la fecha de la que muchos ciudadanos, la inmensa mayoría de ciudadanos, no son conscientes.
¿Y por qué la inmensa mayoría de ciudadanos no son conscientes de que deben, familiarmente,
una media de 70.000 euros más allá de las deudas privadas que ellos puedan tener? ¿O
que cada español como media debe casi 28.000 euros en función de lo que los políticos
españoles han endeudado hasta el momento? Pues porque es una deuda que a diferencia
de las deudas privadas parece que no se tiene que pagar. Es una deuda que parece que los
ciudadanos no tienen que devolver. Y este planteamiento tiene cierto sentido, tiene cierta
lógica, porque es verdad que la deuda pública de estados solventes, y en un momento explicaré
porque es importante calificar al estado como solvente, es verdad que la deuda pública
de estados solventes en general nunca se amortiza, simplemente se refinancia. Es decir, que cuando
la deuda pública llega a vencimiento, cuando hay que devolver la totalidad o parte de la
deuda pública que hemos acumulado, no es que nos rasquemos el bolsillo para devolvérsela
a quienes nos han prestado previamente ese dinero, sino que simplemente nos limitamos
a hacer otra nueva emisión de deuda pública y con lo que recaudamos a través de esa nueva
emisión amortizamos la emisión antigua que ha llegado a vencimiento. En general, en los
estados solventes lo único que se paga por los títulos de deuda pública emitidos son
los intereses. Los intereses de la deuda sí que salen de los impuestos que pagan los ciudadanos,
y ahora mismo los intereses que se pagan por la deuda pública española no son realmente
extraordinarios, el tipo de interés medio que estamos pagando por toda la deuda pública
que hemos emitido el conjunto de administraciones públicas españolas no alcanza el 2,4%. Por
tanto, se trata de un tipo de interés relativamente moderado sobre una montaña de deuda pública
cuya expectativa es que no tengamos que devolver en ningún momento porque a vencimiento la
seguiremos refinanciando. Sin embargo, recordemos lo que he dicho, la deuda pública de estados
solventes no se suele pagar sino que se suele refinanciar, pero evidentemente para que los
inversores estén dispuestos a refinanciar recurrentemente la deuda pública que llega
a vencimiento, esa deuda pública como enfatizado tiene que generar la percepción de ser solvente.
Si los inversores consideran que el estado que está emitiendo deuda ya sea para efectuar
nuevos gastos o para refinanciar la deuda previa que llega a vencimiento, no es solvente,
es decir, no tiene capacidad real para devolver esos pasivos, lo que tenderá suceder es que
los inversores no quieran exponerse al riesgo de refinanciar una emisión de deuda pública
que en algún momento puede terminar impagándose. Y por eso, los inversores si perciben que
la solvencia de los estados no es tan buena como la que desearían, pueden abstenerse
de refinanciar la deuda pública. Y si los inversores se abstienen de refinanciar una
deuda pública que llega a vencimiento, la única forma que tiene un estado para persuadirles,
para incentivarles a que sigan refinanciando la deuda pública es pagando tipos de interés
más altos por esa deuda pública, de tal manera que los inversores digan, aunque este estado
no es extraordinariamente solvente, como paga tipos de interés suficientemente altos,
me interesa refinanciarle su deuda a esos tipos de interés.
El problema que tiene esto es que las subidas de tipos de interés se pueden convertir en
profecías autocumplidas de degeneración de la solvencia estatal. Si los inversores temen
que un estado no es especialmente solvente y sólo aceptan prestarle a tipos de interés
más altos, la solvencia de ese estado a esos tipos de interés tan altos, se sigue resintiendo,
con lo cual, adicionalmente, los inversores tendrán menos incentivos a prestarle y sólo
aceptarán prestarle de nuevo a tipos de interés que cada vez sean mayores y que seguirán
estrangulando la solvencia financiera de ese estado.
Por ejemplo, ahora mismo, en el caso de España, por cada punto de deuda pública que pagamos
en intereses, tenemos que destinar el 1,17% del producto interior bruto. ¿Esto qué significa?
Pues que, aproximadamente, si pagáramos un tipo de interés medio, no del 2,3%, 2,4%
que estamos pagando en la actualidad, sino del 5% que es un tipo de interés medio que
hemos pagado muchas veces en nuestra historia, tendríamos que dedicar aproximadamente el
6% del PIB a pagar los intereses de la deuda. ¿Cuánto es el 6% del PIB? Pues, por ejemplo,
pues más o menos todo lo que gastamos en sanidad pública durante un año o casi tanto como
lo que recaudamos por IVA en un año, sólo eso en los intereses de la deuda. Por tanto,
claro, si los tipos de interés que tiene que abonar a España suben mientras nos encontramos
tan endeudados como en la actualidad, la solvencia de España se va a resentir muchísimo. Y cuando
la solvencia se resiente, la única alternativa que tenemos a seguir pagando tipos de interés
más altos para poder refinanciarnos, lo cual es una carrera con un recorrido bastante escaso,
porque esa carrera nos lleva al default, al impago completo, no podemos pagar tipos de
interés que haciendemente altos. La única alternativa que existe en ese momento para
intentar estabilizar la situación para tratar de evitar ese ascenso progresivo de los tipos
de interés que nos arrastre al impago definitivo de la deuda es cuadrar el presupuesto, es
cuadrar ingresos y gastos. Y cuando se trata de cuadrar ingresos y gastos, es en ese momento
cuando los ciudadanos si comienzan a ser conscientes de que esa deuda pública que deben, porque
son contribuyentes, y quien debe la deuda pública, ese de Estado, pero el Estado no
tiene recursos propios, por tanto, es el contribuyente, es cuando empiezan a ser conscientes
de que esa deuda pública de 28.000 euros por ciudadano de media, de 70.000 euros por
familia de media, en realidad sí que puede haber que pagarla. Que no es una cuestión
solamente de refinanciar indefinida e ilimitadamente, y que apenas lo único que nos cuesta son unos
poquitos intereses cada año. Cuando la desconfianza empieza a emerger, es en ese momento cuando
el coste de la deuda pública, cuando el coste de todo el exceso de deuda pública que hemos
emitido hasta el momento, empieza a sentirse en las carnes de los ciudadanos de una manera
más agresiva. ¿Por qué razón? Pues porque para cuadrar las cuentas hay que o subir ingresos
o bajar gastos. Subir ingresos implica normalmente, salvo que la economía esté creciendo mucho,
etcétera, implica normalmente subir impuestos. Y si hay que subir impuestos para fortalecer
la solvencia de España ante los inversores, evidentemente los contribuyentes se tienen
que rascar mucho más el bolsillo de lo que se lo rascaban antes. Pero lo mismo con el
recorte de gastos, dejando de lado el llamado gasto político que supuestamente se podría
erradicar sin que el ciudadano percibiera ningún tipo de reducción en la calidad de
los servicios públicos que recibe, una parte muy importante del gasto público que inevitablemente
se ve afectada en cualquier proceso de ajuste importante del gasto público estatal, es
el gasto de aquellos servicios que presta el Estado a la ciudadanía, que a lo mejor
esos servicios se prestarían mejor en el sector privado, es otro debate en el que
no quiero entrar ahora mismo. Pero lo cierto es que los ciudadanos pagan una serie de impuestos
esperando recibir otra serie de servicios públicos. Si los ciudadanos pagan los mismos
o más impuestos y el flujo de servicios públicos se reduce, peor sanidad, peores pensiones,
peor educación, peor dependencia, peores infraestructuras, evidentemente eso también
lo perciben los ciudadanos en sus carnes que ven, insisto, como son expoliados en la misma
medida o más que antes, sin al mismo tiempo recibir una contraprestación significativa
que si quieren terminar recibiendo en las mismas magnitudes que recibían antes, pues
pueden tener que contratarla adicionalmente, volviendo a pagar por ello en el sector privado,
por ejemplo contratar un seguro de sanidad privada o un colegio privado o ahorrando para
complementar la exigua pensión pública que puede terminar quedándonos si los recortes
son muy intensos para cuadrar las cuentas. En definitiva, la deuda pública no es gratis,
que durante algunos años caigamos en la ilusión en el espejismo de que nos podemos endeudar
sin aparente límite y que tampoco pasa nada porque cuando venza esa deuda simplemente
la refinanciaremos y por tanto nunca habrá que pagarla, es un error. Es verdad, insisto
que la deuda pública de estados solventes no se suele pagar sino que se suele refinanciar,
pero para poderla refinanciar, como he dicho, has de estar en capacidad de pagarla, has
de poder pagarla si los inversores en algún momento no se fían de ti. Y lo cierto es
que España lleva años sin capacidad para pagar su deuda pública, ¿por qué razón?
Porque tiene un déficit público estructural y persistente, un déficit público que si
bien ha ido bajando, es cierto, se ha inquistado, se inquistó antes de la pandemia en torno
al 3, 2,5% y ahora tras la pandemia está inquistado en niveles apreciablemente más
altos, 4, 5% con carácter estructural. Y claro, si estructuralmente gastas más de
lo que ingresas y tienes una montaña de deuda pública, es evidente que aunque quisieras
y con tiempo no podrías devolver el dinero que a deudas, porque año tras año gastas
más de lo que ingresas, es decir, que te sigues endeudando en mayor medida. No es ni
siquiera que refinancias la deuda que te vende, es que sigues añadiendo nueva deuda al stock
precedente. Y esa es una combinación bastante explosiva. Ahora mismo estamos bajo el paraguas
de la Unión Europea, bajo el paraguas del Banco Central Europeo y por tanto no notamos
que hace frío afuera en los mercados. Pero cuando ese paraguas desaparezca, teóricamente
desaparecerá el año que viene, pero quizás se retrase a 2023, 2024 o 2025, pero en
todo caso ese paraguas desaparecerá. Cuando ese paraguas desaparezca, sí nos encontraremos
que fuera hace frío y que está lloviendo a cántaros. Y si no hemos intentado poner
en orden las finanzas públicas, nos terminaremos congelando y ahogando. Y por eso están tremendamente
responsables que un gobierno, cualquier gobierno, me da igual, siga añadiendo deuda pública
y deuda pública al stock ya preocupantemente alto de deuda pública que tiene España.
Los políticos desde luego tienen todos los incentivos a hacerlo, porque gastan hoy, sin
subir impuestos hoy, es decir, reparten favores, que luego son, en cierto modo, recompensados
mediante votos, sin trasladarles el coste de esos favores de esas transferencias de
gasto a los ciudadanos, porque no les están subiendo los impuestos. Por tanto, pueden
repartir dadivas sin que esas dadivas de momento les cuesten nada a los ciudadanos. Pero claro,
el problema de hacer esto es que les trasladas a los gobiernos futuros y a los contribuyentes
futuros todas las deudas que se están acumulando hoy. El político irresponsable y cortoplacista
está encantado con endeudarse hoy y trasladarle el problema a las generaciones futuras, pero
un político medianamente diligente debería ser suficientemente responsable como para
entender que aunque quizá a él eso no le pase factura electoral al revés, incluso
aunque pueda rentabilizar electoralmente ese endeudamiento público, en realidad está
generando un daño muy profundo a su país, a los contribuyentes e incluso la clase política
futura que va a tener que navegar en unas aguas presupuestarias mucho más prócelosas
que las aguas presupuestarias actuales. Aunque ahora mismo no estemos notando el dolor del
exceso de deuda pública que hemos acumulado en 2020 y que llevamos acumulando en realidad
desde el año 2008, ese dolor llegará. Y llegará tanto más, cuanto menos, diligentes
sean nuestros políticos para intentar reconducir la situación financiera de nuestro país.
Y por desgracia no parece que la clase política española sea especialmente diligente o responsable.