La reciente selección estatalana no ha arrojado un contundente resultado a favor de la declaración
unilateral de independencia por parte de los llamados partidos soberanistas.
Sin embargo, sí han servido para que casi dos millones de catalanes mostraran su abierta
disconformidad con el encaje que actualmente tienen dentro del estado español. Y no es para menos.
El modelo de financiación de las distintas administraciones en España es un modelo verdaderamente
horroroso y con los incentivos totalmente invertidos. Es un modelo que, aunque predica
descentralización en base autonómica, en realidad es un modelo muy centralizado y además
centralizado de una manera bastante perversa. Los dos mecanismos por los cuales el modelo de
financiación administrativa territorial están en realidad centralizados son básicamente los
siguientes. El primero es que el gobierno central sigue manejando una cantidad bastante
sustancial de recursos propios. La mitad del IRPF, la mitad del IVA y el 42% de los impuestos
especiales, así como la totalidad del impuesto de sociedades, son impuestos sobre los que tiene
plena competencia y plena capacidad de disposición el gobierno central. ¿Esto qué significa? Pues
que si el gobierno central recauda por ejemplo 100 euros a los ciudadanos de Madrid y luego
simplemente devuelve en forma de gasto público 30 euros en los bienes y servicios públicos
previstos por el estado para los madrileños, eso tiene como consecuencia que 70 euros quedan
fuera de las manos de los madrileños a pesar de haber sido ellos quienes los costearan. Por
tanto, por la vía de los ingresos y los gastos centralizados que todavía siguen siendo muy
sustanciales dentro del estado español, obviamente existe la posibilidad de que algunos ciudadanos
estén pagando muchos más impuestos de los que finalmente recuperan en forma de bienes y servicios
previstos por el sector público. Pero es que luego existe otro factor por el cual las administraciones
descentralizadas, las administraciones autonómicas o municipales están tremendamente mal financiadas.
En concreto, las autonómicas se sumergen en lo que se conoce como sistema de financiación
autonómico, que es un sistema que aparentemente, como vemos, les otorga la mitad de la recaudación
del IRP en la mitad de la recaudación del IVA, el 58% de los impuestos especiales o el 100%
del incuesto sobre la electricidad, el 100% del impuesto de matriculación, patrimonio,
sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, etcétera. Es decir,
les proporciona, en principio, una sustancial capacidad para disponer sobre sus tributos o
sobre una parte de los tributos nacionales recaudados en estas autonomías, pero en la práctica
esta descentralización de la recaudación se ve completamente esterilizada por las reglas
del sistema de financiación autonómica. ¿Cuáles son esas reglas? Pues básicamente
la financiación, los recursos tributarios con los que cuenta una administración autonómica
son los siguientes. Primero, tenemos los ingresos tributarios reales, los ingresos tributarios
que verdaderamente se recaudan en función de estas partidas que hemos comentado, del
50% del IRP, del 50% del IVA, del 58% de impuestos especiales. Y luego tenemos una partida que
son ingresos tributarios normalizados, que son aquellos ingresos que si todas las autonomías
tuviesen la misma estructura impositiva, se recaudarían en esa comunidad autónoma,
en ese territorio gobernado administrativamente por esa comunidad autónoma, y de esos ingresos
tributarios normalizados, el 75% se colocan a un fondo común que posteriormente se redistribuye
entre todas las autonomías según los criterios de gasto necesarios apreciados por unas reglas
supuestamente objetivas, pero que en realidad tienden a ser fruto de la negociación política
partidista para financiar más a unas autonomías u otras. Por tanto, de los ingresos tributarios
reales, prácticamente el 75% lo pierde la comunidad autónoma que supuestamente tenía
que gestionarlos, y luego se le devuelven en forma de ingresos transferidos por ese fondo
común de ingresos autonómicos, se le devuelven aquellos ingresos que se suponen necesarios
para cubrir los gastos que supuestamente ha de tener esa autonomía. Y luego hay otra
serie de fondos, el Fondo de Suficiencia o el Fondo de Convergencia, que son fondos
nutridos con recursos propios del gobierno central supuestamente para terminar de ajustar
las diferencias de financiación entre autonomías. Pero la parte clave es esta, a un gobierno
autonómico se le cede la mitad del IRPF, la mitad del IVA, el 58% de especiales y gran
cantidad de otros impuestos, y en cambio de todos esos impuestos teridos el 75% lo tiene
que reintegrar a un fondo común y luego de ese fondo común solo regresa a aquella parte
que las reglas elaboradas por el gobierno central consideran que son ingresos suficientes
para cubrir los gastos que va a tener esa autonomía. Por tanto vemos que realmente autonomía
de ingresos y autonomía de gastos no existe, pero además el modo de financiación es
tremendamente perverso, porque como hemos dicho lo que se reintegra a ese fondo común
es el 75% de los ingresos tributarios normalizados. Normalizados, como ya hemos explicado, sería
la recaudación que supuestamente tendría una administración autonómica si tuviese
la misma estructura tributaria, la misma estructura de norma tributaria que el resto de autonomías.
Esto que significa que si un gobierno autonómico sube impuestos con respecto al resto de autonomías
la diferencia si se la queda íntegra. Imaginemos que la recaudación normalizada es 100 y que
los ingresos reales son 100. Por tanto un gobierno autonómico se quedaría 100-75 igual
a 25. Y a eso habría que sumar el resto de ingresos procedentes del fondo de garantía
según los gastos que se suponen tiene que tener esa autonomía. Pero ahora imaginemos
que esta autonomía sube impuestos y que por tanto los ingresos tributarios reales aumentan
a 120. Entonces lo que se queda es 120-75, es decir, 45 de ingresos tributarios. Por
tanto toda subida de impuestos es apropiada íntegramente por el gobierno autonómico.
Pero ahora imaginemos que la autonomía en lugar de subir impuestos lo que hace es bajar
impuestos, es decir, seguimos partiendo de una situación de 100 de ingresos y por tanto
a la autonomía le corresponderían 25. Pero ahora supongamos que baja impuestos a 50.
Es un gobierno verdaderamente liberalizador que quiere devolver una gran cantidad de recursos
a los ciudadanos. Bueno, pues esta autonomía, si nos fijamos, tendría unos ingresos tributarios
reales de 50, pero tendría que contribuir al fondo con 75. Por tanto tendría unos ingresos
reales de menos 25. Es decir, tendría que cobrar 25 de impuestos a sus ciudadanos no
para que los disfruten en bienes y servicios provistos por ese gobierno autonómico, sino
para reintegrar esos 25 a un fondo que en su mayor parte se ha redistribuido entre el
resto de autonomías. Comprobamos, por tanto, que ya no es solo que esté muy centralizado
el número y la cantidad y la modalidad de los ingresos, sino que también los incentivos
que contiene el sistema para configurar el reparto de esos ingresos son tremendamente
perversos a la hora de incentivar la competencia fiscal, la rebaja de impuestos, etc. Al contrario,
por favor, es todo lo contrario, subidas de impuestos, porque las subidas de impuestos
sí se las apropia integramente el gobierno autónomo. Pero bien, esto es simplemente
el esquema normativo de cómo se distribuyen los ingresos y los gastos entre los ciudadanos
que residen en los distintos territorios y que reciben distintos bienes y servicios
públicos por parte de las diferentes administraciones territoriales. Pero, en principio, este modelo
o estas normas de reparto nos indican que comunidades salen beneficiadas y cuales salen
perjudicadas de esta modalidad de financiación autonómica y, en general, del modelo de financiación
administrativa de España. Habrá autonomías donde sus ciudadanos reciban más ingresos,
más gastos que los ingresos que estos ciudadanos han aportado, y habrá otras que saldrán
perjudicadas, que contribuirán con muchos más ingresos al fondo común y recibirán
muchos menos gastos de los que les responderían según los ingresos por los que han tributado.
Justamente, una de las reivindicaciones de los independentistas catalanes es que cataluña
el gobierno catalán y, en general, los ciudadanos catalanes que reciben bienes y servicios, tanto
de la administración catalana como de la administración central en el tramo, en el
territorio catalán, es decir, en aquel en el que más directamente pueden disfrutar de
esos bienes y servicios públicos, pues la reivindicación de los independentistas catalanes
es que cataluña está muy mal financiada y que hay que avanzar hacia la independencia
para modificar este modelo de financiación y gestionar una mayor cantidad de recursos
propios, ya sea en forma de menores impuestos para los catalanes, o al menos en forma de
más bienes y servicios públicos que disfruten esos catalanes que pagan los impuestos. Es
así, ¿realmente cataluña está mal financiada? Sí, lo está, no sólo cataluña, pero sí
cataluña. En esta tabla vemos los saldos fiscales relativos, es decir, vemos cuántos
impuestos pagan de menos los ciudadanos de una determinada autonomía, por ejemplo, Andalucía
paga 12 mil millones, casi 13 mil millones menos de impuestos que la media nacional.
Y en cambio también recibe 4 mil millones de euros de gasto menos que la media nacional,
que aquel que le tocaría según la población que está manejando. Por tanto, que en la columna
de ingresos la cifra sea positiva, indica que se pagan menos impuestos que la media, que
en la columna del gasto sea negativa, significa que se recibe menos gasto que la media. En
la columna total vemos cuál es el saldo neto, es decir, si una autonomía recibe transferencias
netas del resto de españoles, será saldo positivo, o si esa autonomía aporta transferencias
netas hacia el resto de españoles, los ciudadanos de esa autonomía y no los disfrutan ellos.
Pues bien, vemos que hay básicamente cuatro comunidades que están mal financiadas, es
decir, que reciben bastante menos de lo que aportan. Valeares, Cataluña, Comunidad Valenciana
y muy significativamente la Comunidad de Madrid. Esas cuatro autonomías, fundamentalmente
esas cuatro autonomías son las que soportan sobre sus hombros al resto de ciudadanos del
resto de autonomías españolas, porque el resto de ciudadanos del resto de España opagan
muchos menos impuestos de los que les tocaría para recibir el nivel de gastos que reciben
o reciben muchos más gastos que aquellos que les tocarían por el nivel de impuestos
que están pagando. En estas columnas lo que apreciamos son las cifras absolutas, es decir,
no ponderadas por población, pero en estas otras columnas tenemos los saldos per cápita,
es decir, cuál es el esfuerzo o la carga tributaria extraordinaria que soportan los ciudadanos
de cada una de estas autonomías para costear los fastos del resto de burocracias autonómicas
y del gobierno central cuando gasta no en esta autonomía sino en el resto de autonomías.
Y lo que vemos es que aproximadamente estas cifras equivalen a unos 1.200 euros por habitante
en las islas Baleares, a casi 1.000 euros por habitante en Cataluña, a unos 300 euros por
habitante en Valencia y a 3.000 euros por habitante en la comunidad autónoma de Madrid. Por tanto,
dicho de otra manera, los catalanes de media están pagando 1.000 euros más de impuestos
que los que pagarían si no estuviesen integrados en la estructura del estado español. Estos
son las cifras que presenta el Ministerio de Hacienda, otros cálculos elaborados evidentemente
por economistas más del lado soberanista, inflan todavía, inflan o incrementan todavía
más estas cifras hasta llevarlas a prácticamente 2.000, 2.500 euros por habitante. En cualquier
caso sean 1.000 o sean 2.500, este es un tema metodológico y realmente difícil de medir
de manera muy concreta y muy precisa, pero sean 1.000 o sean 2.500, estamos hablando
de cifras muy considerables que desde luego justifican que los ciudadanos catalanes quieran
otro tipo de organización política, ya sea con la independencia, es decir, con el estado
propio o con otro modelo de financiación encajado dentro del estado español, pero que les permita
gestionar muchos más recursos por su cuenta. Y esta es una reivindicación creo razonablemente
legítima que, sin embargo, evidentemente perjudicará a las bulocracias del resto de
autonomías. ¿Por qué? Porque son los impuestos extraordinarios que están pagando los ciudadanos
catalanes, los ciudadanos madrileños, los ciudadanos valencianos, los ciudadanos de las islas
baleares, los que permiten engrosar enormemente el gasto público del resto de autonomías.
Y, por tanto, si estas autonomías dejan de contribuir tanto o no contribuyen nada al
sostenimiento de las burocracias del resto de autonomías, esas burocracias tendrán
que aplicar políticas de austeridad, es decir, tendrán que recortar los gastos, tendrán
que reducir el número de empleados públicos, tendrán que reducir el número de transferencias
de renta a sus ciudadanos, etcétera. O, si no optan por estabilidad, tendrán que
aumentar ingresos. Y para aumentar ingresos hay solo dos fórmulas. O subes los tipos
impositivos, es decir, los ciudadanos de esas autonomías, si quieren administraciones
autonómicas tan enormes tendrán que pagar muchos más impuestos y no tendrán que esperar
que sean los ciudadanos del resto de autonomías, como la de Madrid o la de Cataluña, las
que les paguen los impuestos que les correspondería pagar a ellos si quieren ese nivel de administración
autonómica o tendrán que, de alguna manera, facilitar que se genere riqueza en sus autonomías.
Por ejemplo, desregulando esas autonomías para convertirlas en destinos de inversión
internacional donde se pueda invertir, crear riqueza y sobre esa riqueza cobrar impuestos
sin subir los tipos medios y recaudarlas. Pero el modelo actual que lo que hace es que
unas autonomías están siendo netamente perjudicadas en términos absolutos, con mucha diferencia,
las autonomías de Cataluña y la autonomía de Madrid, autonomías que están siendo machacadas
fiscalmente para sostener, insisto, las burocracias redistributivas, las burocracias clientelares,
las burocracias partitocráticas del resto de autonomías españolas, no tiene demasiado
sentido que esta situación se mantenga, porque lo que está haciendo es, por un lado, tensionar
la situación y la perspectiva de aquellos ciudadanos, por ejemplo, catalanes o madrileños que están
pagando muchos impuestos y no reciben servicios públicos de una calidad correspondiente,
o donde ni siquiera la administración autonómica tiene margen para bajar los impuestos, sin
que eso suponga seguir pagando prácticamente lo mismo para enviarles la misma cantidad
de dinero al resto de autonomías, y luego, por otro lado, las autonomías, que son recepturas
del sistema, y las hay que reciben muchísimo dinero del sistema, como no es en Extremadura,
donde cada habitante está recibiendo de media 2.400 euros, o en Andalucía 1.000 euros por
habitante, o Asturias 1.700 euros por habitante, o Canarias 1.650 euros por habitante, todas
estas autonomías, o los ciudadanos de todas estas autonomías, o las burocracias de todas
estas autonomías, están de alguna manera parasitando a los contribuyentes del resto
de administraciones territoriales, y, por tanto, se está generando en estas autonomías
y en estos ciudadanos el perversísimo incentivo a que nada cambie, porque para vivir mejor
lo que hay que hacer es seguir manteniendo este modelo en lugar de reformarse para tratar
de generar riqueza en sus propias comunidades. Cuanta más riqueza relativa generen estas
autonomías, menos fondos recibirán del resto de contribuyentes españoles, y, por tanto,
lo que les interesa es conservar el estatu quo. Un estatu quo, insisto, donde unos son
los que pagan y no reciben servicios públicos en correspondencia, o no pueden beneficiarse
de rebajas tributarias, manteniendo incluso la calidad de los servicios públicos que
actualmente están recibiendo, y otros están siendo beneficiados por transferencias netas
de esas autonomías. Este es un modelo que, aprovechando la coyuntura de las elecciones
catalanas, donde una mayoría clara de catalanes sí ha buscado un nuevo encaje de la autonomía
catalana dentro del estado español, habría que reformar, pero habría que reformarlo
para toda España, no solo para Cataluña, sino para el conjunto de las autonomías,
porque si no, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid será tremendamente perjudicada
por un cambio de marco donde solo se excluya a Cataluña de la mal llamada solidaridad
interterritorial. Si por así los madrileños cargaríamos con una losa fiscal, una losa
tributaria todavía mayor al actual. Por tanto, hay que cambiar todo el sistema de financiación
autonómico, también el de Cataluña, pero no solo el de Cataluña, para que así cada
autonomía sea mucho más autónoma y mucho más corresponsable fiscalmente. Lo que ahora
no existe es corresponsabilidad fiscal alguna. Las autonomías gastan a su criterio y a su
bueno o mal entender y, en cambio, quien redistribuye los fondos es, en esencia, el
ministro de Hacienda Cristóbal Montoro o el ministro de Hacienda Cocupe en ese momento
el cargo en el ministerio. Y eso es, desde luego, lo que no puede perdurar y lo que no
se puede mantener si no queremos seguir tensionando una cuerda de convivencia que además se
tensiona para castigar a los que son relativamente o a los que tienen una renta relativamente
más alta y, por tanto, están generando más riqueza para adormecer a aquellos que no lo
están generando, que no tienen esos niveles altos de renta, para que nunca los tengan,
para que siempre se mantengan subsidiados por este perverso sistema.