Arabia Saudí ha comprado el 9,9% de las acciones de Telefónica, convirtiéndose así en su
accionista mayoritario. ¿Puede suponer esto un problema para los españoles? ¡Veámoslo!
Arabia Saudí, su estado, ha comprado el 9,9% de las acciones de Telefónica. Y digo bien,
cuando afirmo que las ha comprado su estado, porque aunque formalmente el accionista que
ha comprado el 9,9% de los títulos de Telefónica sea Saudí Telecom, la compañía de telecomunicaciones
de Arabia Saudí, más del 60% de las acciones de Saudí Telecom están en manos del gobierno saudí.
Concretamente, el mayor accionista, y con mucha diferencia de Saudí Telecom,
es el Public Investment Fund, un fondo soberano del gobierno saudí. De hecho,
el siguiente mayor accionista de Saudí Telecom es The Vanguard Group, y solo controla el 1,4%
de todas las acciones. Por tanto, el accionista mayoritario y de control de Saudí Telecom es
el gobierno saudí. Por tanto, si Saudí Telecom compra el 10%, el 9,9% de las acciones de Telefónica,
quien en última instancia las ha comprado y las va a controlar, es el gobierno saudí. De esta manera,
Saudí Telecom, es decir, el gobierno saudí, se convierte en el accionista mayoritario de Telefónica.
Poseerá el 9,9% de todas las acciones de esta compañía. Hasta el momento, el accionista
mayoritario era el Banco Español BBVA, que poseía el 4,8% de todas las acciones. Le seguía el fondo
estadounidense BlackRock con el 4,3% y finalmente, Keisha Bank con el 3,5%. Pues bien, a partir de
ahora, Saudí Telecom, es decir, el gobierno saudí, tendrá tantas acciones de Telefónica
como los dos siguientes accionistas más importantes juntos, como el BBVA y como BlackRock, juntos.
Eso sí, aproximadamente tres cuartas partes de todas las acciones de Telefónica, algo más del
75%, seguirán en manos de pequeños accionistas. Es decir, no están en manos de ningún gran
accionista que las controle. Pues bien, esta operación financiera ha espoleado críticas tanto
desde la izquierda como desde la derecha a que Saudí Telecom compre el 10% de las acciones de
Telefónica. Por ejemplo, la vicepresidenta segunda del gobierno y líder de la coalición
de izquierdas, Sumar Yolanda Díaz, ha escrito en Twitter,
Preservar nuestra autonomía estratégica es esencial. España debe asegurar la toma
de decisiones en empresas como Telefónica, guardianas de datos sensibles. Es necesaria
una mejor regulación y una protección para evitar OPAS. Debemos proteger nuestro futuro digital.
Asimismo, Joan Ebelarra, secretaria general de Podemos, ha escrito lo siguiente en Twitter,
El control público de empresas estratégicas es una urgencia desde el punto de vista democrático
y de la seguridad. Además de reducir al 5% el control de compra, la SEPI debería lograr una
participación pública del 10% en Telefónica en próximos años para liderar la digitalización.
Y por último, Solidaridad, el sindicato de Vox, ha escrito el siguiente tuit que ha sido retuiteado
por el propio Vox. Es decir, que aquí no hay duda de que Vox comparte lo que su sindicato
está diciendo al respecto. Telefónica, fundada en 1924, fue una empresa nacional que ya en 1960
era la primera empresa de España, generando grandes beneficios al conjunto de los españoles.
Fue pionera en la contratación de mujeres en el mundo laboral, además de llevar el servicio
telefónico a cada rincón de España, priorizando la función social y el servicio público. En 1995,
Felipe González comenzó su venta y privatización, como la de otras tantas empresas nacionales,
y lo culminó José María Aznar en 1999. Ahora, la que fuera una empresa propiedad de todos los
españoles pasa a estar en manos, entre otros, del gobierno saudí. Expuestas las críticas desde
la izquierda y desde la derecha a esta adquisición por parte del gobierno saudí de casi el 10% de
las acciones de Telefónica, vamos a analizar, tanto desde un punto de vista económico como
desde un punto de vista moral, el fondo de esta operación, para tratar de separar el grano de
la paja. Es decir, aquello que no es problemático y no deberíamos ver como problemático, y aquello
que, en cambio, sí puede ser problemático. Primero, en efecto, como recuerda el sindicato
Solidaridad de Vox, Telefónica se privatizó entre el año 95 y el año 99. Muchas veces,
y el propio sindicato de Vox lo hace, cuando se explica el proceso de privatización de una
empresa pública, se sugiere que antes de la privatización era propiedad de todos los españoles,
y como después de la privatización deja de ser propiedad de todos los españoles,
entonces parecería que nos han robado lo que era nuestro. Esta narrativa es incorrecta en dos
sentidos. Primero, aunque Telefónica fuera formalmente propiedad de todos los españoles,
en realidad, quien controlaba Telefónica y, por tanto, quien hacía suya la propiedad de
Telefónica para aprovecharse como quisiera, quien mangoneaba en definitiva en la empresa
pública telefónica, era el gobierno español. Hoy podemos decir que paradores o correos son
propiedad de todos los españoles, pero sabemos perfectamente que quien se beneficia, quien se
lucra, quien maneja políticamente en su interés esas empresas públicas, es el gobierno español
de turno. Pues lo mismo sucedía con Telefónica. Por tanto, si formalmente era propiedad de todos
los españoles, pero no teníamos absolutamente ningún control sobre ella, el control efectivo lo
ejercían las oligarquías políticas españolas en su propio beneficio. Y de la misma manera,
cuando se privatiza esa empresa pública, que en teoría era propiedad de todos,
pero en la práctica era propiedad de los que mandaban, no es que quienes compren Telefónica
nos la roben, es decir, se la queden sin darnos nada a cambio. Telefónica y el resto de empresas
públicas se privatizan a cambio de una determinada cantidad de dinero. ¿Y quién recibe esa cantidad
de dinero? El gobierno español. Nuevamente aquí comprobamos que en realidad Telefónica era propiedad
del gobierno español. La habíamos pagado todos con nuestros impuestos, pero quien ejercía realmente
de propietario era el gobierno español. Y quien se cobra su venta no somos todos los españoles,
sino que es el gobierno español. Y luego ese gobierno español gasta en lo que quiere el dinero
que ha recibido por la privatización de Telefónica. Personalmente prefiero otro tipo de modelo de
privatizaciones de empresas públicas. Como poco, si se vende una empresa pública a cambio de una
cantidad de dinero, preferiría que ese dinero cobrado se repartiera como dividendo entre todos
los españoles, en lugar de que se lo queden los políticos para gastarlo, supuestamente en beneficio
de los españoles, como ellos consideren oportuno. Pero incluso considero que hay una forma mejor de
privatizar las empresas públicas, que es el modelo que siguió la República Checa. Básicamente y por
simplificar mucho, la República Checa privatiza a sus grandes empresas públicas entregando acciones
a los ciudadanos checos. Y son esos ciudadanos checos, una vez de verdad se han convertido en
propietarios de las empresas públicas, no como dicen los de Podemos o los de Vox, que por el
mero hecho de que una empresa sea pública, es decir, del Estado, ya es propiedad de todos. No,
no, no es propiedad de todos. Sino cuando de verdad es propiedad de todos, cuando todos somos
accionistas de esa empresa y podemos disponer cada uno a título individual de nuestro paquete de
acciones, es en ese momento cuando cada español decide si quiere vender ese paquete de acciones,
en este caso en Telefónica, o no. Pero por desgracia, ni Felipe González ni José María Aznar
siguieron este procedimiento porque en realidad no veían, no trataban, no consideraban a Telefónica
como propiedad de todos los españoles, sino como su propiedad. Y lo mismo todos los otros gobiernos,
incluyendo el franquismo, que antecedieron a los de Felipe González y José María Aznar. Jamás
Telefónica fue de todos los españoles más allá de nominalmente. Pues bien, una vez el gobierno ha
privatizado su empresa pública, no la empresa pública de todos los españoles, sí pagada por
todos los españoles, pero no propiedad de todos los españoles, una vez el gobierno español privatiza
su empresa pública, son los nuevos dueños de Telefónica quienes deciden qué hacer con su
título de propiedad. Y como ya hemos explicado antes, la inmensa mayoría de propietarios de
Telefónica, hasta ahora más del 85% de las acciones de todo el capital social eran pequeños
accionistas, no grandes accionistas. Pues bien, cada uno de esos pequeños accionistas, que tiene
un pequeño paquete de acciones de Telefónica, decide cada día en el mercado qué hacer. Si
comprar más acciones de Telefónica, si mantener sus acciones de Telefónica o si vender sus acciones
de Telefónica. Y lo cierto es que durante los últimos años el precio de las acciones de
Telefónica se ha hundido. Entre 2007 y 2010 el precio de una acción de Telefónica se ubicaba
alrededor de los 17-18 euros. Y desde entonces no ha dejado de caer y caer y caer hasta los menos
de 4 euros de la actualidad. Pero es que en 2019, hace apenas 4 años, el precio de una acción de
Telefónica estaba a 7,5 euros. Es decir, que en 4 años ha perdido el 50% de su valor. ¿Y por qué
lo ha hecho? Pues porque Telefónica, en general las grandes operadoras de telecomunicaciones,
se están convirtiendo en un mal negocio. No solo han perdido sus monopolios y su posición
dominante en el mercado, sino que el mercado del que se nutrían cada vez es más pequeño o tiene
otras alternativas tecnológicas a las de ese mercado en concreto. La telefonía fija ya
prácticamente desaparecido, la telefonía móvil cada vez cuenta con más alternativas, Telefónica
ha intentado convertirse en un proveedor de contenidos digitales, pero ahí está compitiendo,
por ejemplo, con Netflix o con HBO o con Disney. Y por tanto, no tiene un modelo de negocio
sostenible claro a largo plazo. Y como no lo tiene, cada vez más accionistas, pequeños accionistas,
están decidiendo vender antes que mantener o comprar. Y si hay una presión vendedora muy fuerte,
casi a cualquier precio, porque se quieren salir de ese mal negocio que es Telefónica,
pues los precios bajan. Y si los precios de las acciones bajan mucho, puede aparecer algún
gran inversor que compre muchas acciones de esa compañía para tomar una posición de control e
intentar reorientar económicamente e empresarialmente el modelo de negocio de esa empresa en decadencia.
Por eso, claro, cuando Ione Belarra dice el SEPI debería comprar el 10% de las acciones de
Telefónica, señora ministra, si esto lo hubiésemos hecho, por ejemplo, en 2019,
no digamos ya en 2007 o 2010, en 2019, hace apenas cuatro años, cuando su socio de gobierno,
el PSOE, ya estaba al frente del poder ejecutivo español, si esta propuesta la hubiésemos aplicado
en 2019, los españoles, los contribuyentes españoles, ya habrían perdido la mitad de
toda su inversión del dinero que hubiesen invertido, porque desde 2019 el valor de
las acciones de Telefónica ha caído un 50%. Pues bien, que nos garantiza que si ahora metemos
2.000 millones, 2.500 millones de euros en Telefónica de dinero público, de dinero de
todos los contribuyentes para adquirir el 10% del capital de Telefónica, en cuatro o cinco años
no hayamos perdido la mitad de ese dinero público. Además, ¿para qué quiere este gobierno tener
una posición de control en Telefónica, para hacer como en Indra, para colocar a sus consejeros,
a sus amigos en el consejo de administración y controlarlo desde dentro en función de los
intereses políticos de ese gobierno? Pues creo que mejor abandonamos esa idea. Económicamente no
tiene por qué ser la mejor inversión del mundo, más bien mirando la trayectoria histórica es una
inversión bastante mala y políticamente todo lo que pueda salir de ahí no es demasiado bonito.
Pero bueno, el caso, la noticia, es que quien sí ha entrado a comprar aproximadamente el 10% del
capital de Telefónica a estos precios mucho más bajos que los de hace cuatro años, no digamos ya
que los de hace 15 años, ha sido, como ya hemos expuesto, Saudi Telecom, es decir, el gobierno
saudí. Y aquí pues se presentan varios miedos, varias inquietudes, varias dudas morales y
económicas que conviene atender. Primero, para algunos, que un fondo saudí se convierta en
el accionista mayoritario de Telefónica significa casi casi que Telefónica deja de ser española,
ni mucho menos. Telefónica sigue teniendo su sede social en España y el fondo saudí del
gobierno saudí ha comprado el 9,9% de las acciones de Telefónica. No el 40, no el 50,
no el 60 o el 70%, sino el 9,9% de las acciones de Telefónica. O dicho de otra manera, el 90%
de todas las acciones de Telefónica no están en manos del gobierno saudí. Es verdad que el
gobierno saudí es el accionista mayoritario, pero es una mayoría muy minoritaria. Y es que,
además, hasta el momento ya había accionistas extranjeros en el capital de Telefónica. El
segundo mayor accionista hasta el momento era BlackRock. Y dentro de ese 85, 86% de las acciones
que estaba en manos de pequeños accionistas, también habría muchos pequeños accionistas
no españoles. Por tanto, si por el hecho de que el gobierno saudí compre el 10% de las acciones de
Telefónica, Telefónica ya deja de ser española, ya había dejado de ser española mucho antes.
Porque el capital social de Telefónica lleva décadas sin estar al 100% en manos de españoles.
Una segunda inquietud que puede surgir por el hecho de que el gobierno saudí compre el 10%
de las acciones de Telefónica es que el gobierno español va a dejar de controlar Telefónica. A
ver, formalmente el gobierno español no controlaba Telefónica. El gobierno español no era accionista
de Telefónica y, ya digo, formalmente no la dirigía, no la controlaba. Otra cosa es que,
obviamente, el poder directivo de Telefónica se entendiera con el poder político español. El
gobierno español puede amenazar a Telefónica con perjudicarla regulatoriamente si Telefónica
no se pliega a sus intereses y Telefónica también puede ofrecerle algunas cuestiones que le interesen
al gobierno español. Por ejemplo, Telefónica es accionista del grupo Prisa, de un grupo de
comunicación afín al gobierno español. Telefónica también puede ofrecerle algunas
cuestiones al gobierno para que éste la trate bien. A su vez, el gobierno también puede,
de alguna manera, presionar, también puede entenderse con dos de los tres accionistas
más importantes de Telefónica, con el BBVA y con CaixaBank, dos bancos españoles nuevamente muy
afectados por la regulación que pueda sacar el gobierno español o por los beneficios que les
pueda trasladar el gobierno español. Por tanto, aunque formalmente el gobierno español no
controlaba Telefónica, sí influía sobre ella, ya sea directamente sobre su cúpula directiva o ya
sea indirectamente a través de algunos accionistas relevantes. Y, además, también cabe añadir una
tercera forma, una tercera vía en la que el gobierno español controlaba indirectamente
Telefónica, y es a través de la regulación. El gobierno español, a través del BOE, prohíbe
a Telefónica a comportarse de determinadas maneras u obliga a Telefónica y al resto de
operadoras a comportarse de determinadas maneras. Y esa es otra vía a través de la cual el gobierno
español, sin ser accionista de Telefónica, puede controlar al menos algunas de las actividades que
desarrolla Telefónica. ¿Esto va a cambiar a partir de ahora? Pues, bueno, el gobierno podrá seguir
influyendo sobre la cúpula directiva de Telefónica, el gobierno podrá seguir influyendo sobre el BBVA,
que es su segundo mayor accionista, el gobierno podrá seguir influyendo sobre Keisha Bank,
que es su cuarto mayor accionista, el gobierno podrá empezar a encamarse con el gobierno saudí
para, a través del gobierno saudí, como accionista mayoritario, influir sobre Telefónica en favor de
los intereses, en ocasiones, del gobierno español, y el gobierno español seguirá teniendo la
regulación a su mano para imponerle obligaciones o prohibiciones a Telefónica, como hasta ahora.
Por tanto, ¿qué cambia sustancialmente respecto al control que ejercía el gobierno español,
y que ojalá no lo ejerciera, dicho sea de paso, pero respecto al control que ejercía el gobierno
español sobre Telefónica? Simplemente que ahora el gobierno español va a tener que negociar con
un agente más para influir sobre Telefónica, y ese agente adicional es el gobierno saudí. Del
mismo modo que utilizaba el palo y la zanahoria para entenderse con el BBVA, con Keisha Bank,
con la cúpula directiva de Telefónica, pues ahora el gobierno español utilizará el palo y la
zanahoria para entenderse con el gobierno saudí. En ocasiones le dará alguna prevenda que le interese
al gobierno saudí para que este influya en Telefónica en favor de los intereses del
gobierno español, y en otras le amenazará con un palo, supongo que las menores de las veces,
pero bueno, para que el gobierno saudí también influya en favor de sus intereses. No cambia
sustancialmente demasiado, salvo que hay un nuevo agente relevante encima de la mesa con el que
negociar. Y como paréntesis, simplemente estoy describiendo lo que sucede y lo que
previsiblemente sucederá. No estoy diciendo que todo esto que sucede y que previsiblemente sucederá
está bien, ni que idealmente tendría que suceder. Obviamente todo esto es una interferencia radical
contra la libertad de mercado por parte de un gobierno, en este caso el gobierno español,
ahora de la mano del gobierno saudí. Una tercera cuestión que nos podríamos plantear es si resulta
legítimo que entre en España capital saudí. A vida cuenta de que estamos ante una dictadura
sanguinaria que ha obtenido este dinero, explotando un recurso natural, el petróleo, del que se
beneficia esencialmente una oligarquía monárquica, como es la familia real saudí. Y bueno,
la reflexión moral sobre este punto es pertinente, pero es pertinente no ahora,
sino cada vez que hemos aceptado dinero del gobierno saudí. Saudi Telecom, es decir,
el gobierno saudí ha patrocinado, por ejemplo, al Real Madrid y ahí no ha habido grandes protestas.
Asimismo, si Saudi Telecom hubiese comprado deuda, bonos de Telefónica, tampoco habría
habido ningún gran escándalo ni ninguna gran protesta en la sociedad o en el mundo político
de España. ¿Por qué no? Pues porque habría entrado dinero saudí que no habría adquirido
derechos políticos sobre Telefónica. Por tanto, lo que ahora mismo genera una cierta inquietud,
una cierta duda moral sobre este asunto es que el gobierno saudí está adquiriendo derechos
políticos sobre el gobierno de una empresa, Telefónica, que algunos desde el mundo político
y periodístico español califican de empresa estratégica en la medida en que posee una
infraestructura muy importante de telecomunicaciones y en la medida en que posee muchos datos privados
de los españoles. Y esa preocupación, desde luego, es muy legítima. El gobierno saudí podría
instrumentalizar Telefónica en contra de las libertades de los ciudadanos españoles y el
gobierno español supuestamente existe para proteger las libertades de los españoles.
Con lo cual, ¿cuál debería ser la actitud del gobierno español frente a esta operación
financiera? Una opción, que es aquella por la que parece que abogan algunos políticos españoles,
es directamente prohibirla. Es decir, que el gobierno saudí o algún testaferro del
gobierno saudí no pueda comprar acciones españolas con derechos políticos. Desde luego,
esa podría ser una opción. El gobierno español limita la libertad de los ciudadanos españoles
para venderle sus acciones, su propiedad, al gobierno saudí. El problema de seguir este camino,
más allá incluso de limitar la libertad de los españoles para venderles sus acciones a
quien consideren oportuno, el problema de seguir este camino es donde ponemos la frontera.
Rechazamos totalmente el capital del gobierno saudí para comprar acciones españolas con
derechos políticos. Bien, ¿y de cuántos más países hemos de rechazar su capital?
¿Rechazamos el capital de todo estado que no sea una democracia, también por tanto,
por ejemplo, de China? ¿Y dentro de las democracias nos vale cualquier democracia?
Rechazaríamos, por ejemplo, el capital, si lo tuvieran claro, venezolano, argentino,
ecuatoriano, nicaragüense o colombiano. Y dentro de las democracias convalidables más o menos a la
española, aceptaríamos el capital de gobiernos democráticos extranjeros, pero con los que
pudiésemos estar enemistados. Por ejemplo, el gobierno español no mantiene excelentes
relaciones con el gobierno húngaro. ¿También rechazamos entonces el capital que pueda proceder
directa o indirectamente del gobierno húngaro? Como vemos, la frontera es muy difícil de trazar,
y al final esas fronteras son muy fáciles de manipular para que el gobierno controle
qué capitales entran en el país, que sean aquellos que al gobierno español le interese que entren,
y rechazar la entrada de aquellos capitales que al gobierno no le interesa que entren.
De ahí que una alternativa más razonable para proteger la libertad de los españoles frente al
riesgo, que ciertamente existe, de que el gobierno saudí, poseyendo el 10% de las acciones de
Telefónica, intente utilizar la compañía o la información presente en la economía para de
alguna manera dañar, perjudicar, controlar las libertades de los españoles en su propio interés,
una alternativa más razonable es la regulación. Y ya hemos dicho que el gobierno español puede
de hecho está controlando o está influyendo sobre Telefónica sin necesidad de ser accionista
de Telefónica, y esto lo hace a través del BOE. El hecho de que el 10% de Telefónica esté en manos
del gobierno saudí no le impide al gobierno español seguir utilizando el BOE. Por tanto,
si de verdad al gobierno español le interesa proteger nuestras libertades, lo que tendría
que hacer en todo caso es utilizar el BOE para poner restricciones a lo que Telefónica puede
hacer en España y con los ciudadanos españoles y con los datos, la información de los ciudadanos
españoles. Del mismo modo que una empresa española o un ciudadano español no puede hacer dentro de
España lo que le venga en gana si atenta contra los derechos de terceros, una compañía española,
cuyo capital en un 10% está en manos del gobierno saudí, tampoco debería poder hacer en España lo
que le venga en gana que atente contra los derechos de terceros. Y eso el gobierno, si quiere,
lo puede regular, lo puede seguir regulando, esté el capital saudí en Telefónica o no lo esté a
través del BOE. Que claro, cabe perfectamente la posibilidad de que al gobierno español le traiga
al paíro lo que suceda con las libertades de los españoles, pero en ese caso el menor de nuestros
problemas es que el 10% de Telefónica esté en manos del gobierno saudí. Si eso fuera así,
si al gobierno español, si al monopolio institucionalizado de la violencia con el
presunto objetivo de proteger las libertades de los españoles le dieran igual esas libertades de
los españoles, entonces es que tendríamos el enemigo en casa. En ese caso, el problema no
sería que una potencia extranjera antiliberal y antidemocrática estuviese comprando paquetes
de acciones de algunas de las empresas de España que potencialmente podrían terminar atentando
contra nuestras libertades. No, el problema sería que el gobierno español, el monopolio de la
violencia instituido para proteger nuestras libertades, estaría haciendo dejación de
sus funciones cuando no, interfiriendo activamente por conculcar nuestras libertades.
En definitiva y en resumen, si un estado como el español se comporta como debería comportarse
para proteger las libertades de los españoles, no deberíamos tener nada que temer de que el
10% de una empresa importante de España esté en manos incluso del gobierno saudí, porque la
regulación instituida dentro del territorio español por el gobierno español puede ser lo
suficientemente garantista como para que no tengamos nada que temer. Ahora bien,
si ese gobierno español que tiene el monopolio de la violencia para proteger nuestras libertades
no las protege, hace dejación de funciones o directamente ataca nuestras libertades,
desde luego tenemos un grave problema. Pero el problema fundamental no es que el gobierno
saudí compre el 10% de las acciones de Telefónica. El problema fundamental es que nuestro supuesto
pastor es en realidad el lobo.
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