El gobierno socialista de Petro Sánchez continúa empeñado en aprobar la llamada tasa Google,
aunque en realidad ni es una tasa, dado que se trata de un impuesto, ni es específicamente
sobre Google, dado que va a grabar a muchas más empresas. ¿Qué es este tributo que el
gobierno socialista quiere sacarse de la manga? Bueno, pues se trata de un impuesto que va
a afectar a aquellas compañías tecnológicas que facturan más de 750 millones de euros en
España y que va a grabar esencialmente dos tipos de servicios, por un lado, la intermediación
digital y por otro, la publicidad online. El argumento que utiliza al gobierno socialista
para justificar este tributo es que compañías como Google, como Amazon o como Facebook desarrollan
servicios en España, pero no tributan en España por las ganancias que obtienen en nuestro país.
El argumento, sin duda, es discutible, dado que una cosa es ofrecer un servicio en nuestro país y
otra que el beneficio vinculado a ese servicio se genere en nuestro país. Por ejemplo, si BMW
produce un coche en Alemania y lo vende en España, en España tributará no por el valor total o por
la ganancia total vinculada al proceso de producción del automóvil, sino, en todo caso, por el valor
añadido que se genera específicamente en España. Por ejemplo, la distribución del vehículo en
nuestro país. Las exportaciones de bienes en Alemania, en definitiva, las ganancias vinculadas
a esas exportaciones no pagan impuestos en España. Por tanto, ¿por qué deberían pagarlo los servicios
que exportan las tecnológicas estadounidenses a nuestro país, prestando ese servicio y, por
tanto, generando el valor añadido en sus centros remotos, ya sea desde Irlanda o principalmente
desde Estados Unidos? Dejando de lado la cuestión más específicamente jurídica o fiscalista,
el gobierno justifica que, de esta manera, con este impuesto del 3% sobre la facturación en
España por servicios digitales, como la intermediación digital o la publicidad online, se van a
recaudar unos 1.200 millones de euros y considera que estos 1.200 millones de euros son motivo
suficiente para dar una justificación económica a este impuesto. Y muchas personas, desde luego,
se pueden plantear que son 1.200 millones de euros para unas empresas que globalmente pueden
estar ganando más de 50.000 millones de euros al año. No van a notar mucha diferencia por el
hecho de que contribuyan un poquitín a la hacienda pública española y a nosotros, a los españoles,
a los contribuyentes españoles, bien nos vendrán esos 1.200 millones de euros. La realidad, sin
embargo, es que este impuesto va a generar enormes distorsiones y enormes perjuicios a la economía
española, en esencia porque resulta tremendamente ingenuo pensar que este tributo lo van a terminar
pagando estas empresas tecnológicas con cargo a sus beneficios. Amazon y Google, por ejemplo,
ya han anunciado que van a repercutir este tributo del 3% a sus usuarios, a sus clientes. Es decir,
que van a ser aquellos empresarios o aquellos autónomos españoles que contraten publicidad
online o que contraten servicios de intermediación online los que tendrán que pagar un 3% más por
esos servicios. Y este encarecimiento de los servicios online, de los servicios digitales que
proporcionan estas empresas, como decía, va a ser muy dañino para nuestra economía. Pensemos que
las economías modernas y la española no va a ser una excepción necesitan digitalizarse y además
digitalizarse para dar el salto al exterior. Es decir, un profesional que proporciona servicios
o una empresa que manufacture bienes ha de tener la capacidad de vender esos servicios o de vender
esos bienes a cualquier parte del planeta y el escaparate que hoy disponen, del que hoy disponen
la mayoría de empresas, el escaparate global, no es tener un establecimiento permanente fuera de
nuestras fronteras, que en muchos casos sigue siendo así, pero el escaparate claramente más
barato, más asequible y más horizontal para todo modelo de negocio es la red. Por tanto,
estar en la red, estar digitalizado, poder ofrecer tus bienes o servicios a través de la red en
cualquier parte del planeta va a ser esencial para que no perdamos competitividad, para poder seguir
generando riqueza. Ahora bien, para estar en la red hay que asumir unos costes, llamámosles
logísticos, que no son precisamente menores. Para estar en la red tienes que crear un portal al
que puedan acudir los potenciales compradores de tus bienes o servicios y que encuentren en ese
portal la información que necesitan sobre el bien que estás ofreciendo. Tiene que ser además un
portal adaptado al lenguaje y adaptado también al enfoque cultural de los clientes a los que
les quieres vender un determinado bien o servicio. También has de tener la capacidad de cobrarles a
esos clientes y de asegurarles a esos clientes que el cobro va a ser seguro y que van a recibir el
bien y además tú tienes que tener también la seguridad de que efectuado el cobro lo vas a
recibir. A su vez has de ser capaz de enviar la mercancía en tiempo y forma para que el cliente
final la reciba cuando espera obtenerla. También has de ser capaz de gestionar las posibles devoluciones
o las posibles reclamaciones por los bienes o servicios defectuosos o que no encajen con
las preferencias de los clientes que hayas podido vender. No sólo eso, has de tener también la
capacidad de publicitarte muy específicamente buscando el nicho específico de tus clientes en
mercados de los que conoces relativamente poco. Por tanto, todos estos costes de desarrollar tu
actividad en la red y de internacionalizar a través de la red tu actividad son costes que
muchas pymes y muchos autónomos no tienen ninguna capacidad de asumir. Las grandes empresas sí,
las grandes empresas pueden dedicar enormes cantidades de recursos internos a desarrollar y
a canalizar adecuadamente todos estos costes logísticos, pero una pequeña empresa, ese
coste de estar en la red y de internacionalizarse, puede constituir una barrera infranquiable para
decidir dar el salto a internet y para decidir dar el salto desde internet al resto del mundo.
Precisamente por esto, las grandes empresas tecnológicas como Amazon, como Google o como
Facebook proporcionan un servicio de intermediación que es fundamental para muchas pequeñas empresas.
A través, por ejemplo, de Amazon Marketplace, una pequeña empresa española puede vender
su mercancía producida en España al resto del mundo y es Amazon la que gestiona todo
el procedimiento de colocar la mercancía dentro del portal de Amazon, en un formato
estandarizado que todo el mundo conoce y entiende a asegurar adecuadamente el pago y la posible
reclamación de ese pago, encargarse de la distribución y en su caso de la devolución
de los bienes que se han vendido.
Por tanto, Amazon, a través de una comisión de un precio que cobra a la PIME española,
permite que esa PIME salte a la red.
Lo mismo con Google o Facebook a través de su publicidad online, en lugar de encargar
motu propio, una campaña de publicidad en países de los que conocemos muy poco y que
nos es muy complicado segmentar exactamente qué porción de la clientela va a estar interesada
en el producto o en el servicio que ofrecemos, Google o Facebook, con sus anuncios, ya nos
segmentan en determinados mercados el tipo de población que va a estar interesada o que
puede estar interesada en nuestros bienes o servicios.
De nuevo, una PIME no tiene capacidad para emprender una mega campaña publicitaria que
además sea eficiente a la hora de alcanzar clientes potenciales, Google o Facebook, con
sus anuncios sí.
Por tanto, la intermediación digital y la publicidad online que ofrecen estas grandes
empresas a las PIMES españolas o a las PIMES de cualquier otro país y a los autónomos
españoles o a los autónomos de cualquier otro país, es fundamental para dar el salto
digital.
Pues bien, son esos servicios fundamentales para digitalizarnos y para internacionalizarnos
los que ahora el Partido Socialista va a encarecer con un impuesto del 3%.
Porque, insisto, aunque el impuesto graba la facturación de estas grandes empresas, estas
grandes empresas ya han dicho que van a repercutir al cliente final este sobrecoste impositivo.
Y un 3% de sobrecoste en determinados negocios puede consumir gran parte del margen de beneficio
con el que están trabajando muchas empresas.
Una empresa de distribución interna o externa, típicamente puede tener un margen del 1%,
del 2%, del 3% o del 4% por cada unidad vendida.
En consecuencia, encarecer un 3% el coste de estos servicios puede consumir gran parte
de este margen por unidad vendida.
De modo que la PIME española, el autónomo español que decida digitalizarse e internacionalizarse
utilizando estos servicios va a sufrir una merma de competitividad extraordinaria frente
a las PIMES o los autónomos de otros países que no soporten esta injusta y esta ineficiente
tasa Google.
De hecho, además, fijémonos cómo este tipo de tributación lo que va a hacer es, aparte
de mermar la capacidad de digitalización del conjunto de nuestra economía, va a establecer
una digitalización de dos velocidades.
Las grandes empresas, como hemos dicho, tienen la capacidad de desarrollar internamente sus
propias plataformas para digitalizarse, para estar en la red y para vender en el exterior.
No necesitan muchas de ellas si no tienen necesidad pasar a través de Facebook, pasar a través
de Google o pasar a través de Amazon.
Las pequeñas empresas, en cambio, que sí tienen que utilizar estos intermediarios,
van a ser las que no tendrán capacidad para dar el salto digital o el salto internacional
y, por tanto, van a ser las que se van a ver constreñidas a la hora de seguir creciendo
y desarrollándose internamente.
En definitiva, estamos ante un impuesto que va a frenar la digitalización y la internacionalización
de nuestra economía, estamos ante un impuesto que va a perjudicar especialmente a las pequeñas
empresas y a los autónomos y estamos, por tanto, ante un impuesto que, como todos, pero
este, muy en particular, no contribuye a generar riqueza sino a generar pobreza.
Lo más hipócrita de todo, sin embargo, es que si leemos la medida 301 del programa que
acaba de presentar el Partido Socialista para alcanzar un acuerdo de gobierno, un acuerdo
programático, compodemos esta medida 301, reza lo siguiente, apoyaremos la transformación
digital de las PIMES, centralizando y proporcionando una ventana de acceso único a los distintos
programas públicos de apoyo, a través de la aprobación del marco estratégico PIMES
2030.
Es decir, mientras que el Partido Socialista, por un lado, está aprobando un impuesto que
va a frenar enormemente la capacidad de digitalización y de internacionalización de nuestras PIMES,
por otro lado, está prometiendo a nuestras PIMES impulsar su digitalización.
En absoluto, el hecho de que el Partido Socialista se ponga a repartir ayudas desnortadas para
que alguna empresa, después de haberle encarecido los costes, incluyendo los costes impositivos,
se lance de manera imprudente, de manera irreflexiva, de manera no capacitada al salto
digital o al salto exterior, no va a contribuir a que nuestra economía de verdad, de manera
sostenible, de manera saludable, se digitalice.
Por un lado, están colocando barreras que impiden que aquellas PIMES que quieren digitalizarse
puedan hacerlo, y por otro, están repartiendo ayudas para que PIMES que no tienen interés
–por quizá no le vean ningún provecho en digitalizarse– sean arrastradas a digitalizarse.
Con esto, no estamos consiguiendo ni la digitalización de la economía, ni mucho menos la digitalización
sana.
Lo único que estamos consiguiendo es, como siempre, empobrecer a aquellos que generan
valor y convertir, independientes de las dádivas gubernamentales, a aquellos a los que se les
está impidiendo generar ese valor.