El Gobierno de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes está preparando una nueva ley de universidades donde esencialmente se pretende liquidar, se pretende eliminar por entero la libertad de creación de nuevos centros docentes.
Recordemos que la libertad de creación de centros docentes también de centros docentes superiores es un derecho fundamental de las personas que entronca claramente con la libertad educativa en una sociedad donde los individuos, donde los ciudadanos no pueden promover sus propios proyectos educativos,
donde el proyecto educativo monopolístico es aquel que apadreina el Estado, es una sociedad donde de facto la libertad de elección educativa no existe y donde por tanto sólo existe el adoctiramiento de los poderes públicos.
Esto es algo que no hace falta ni remitir ni demostrar recurriendo a autores liberales, la propia Constitución española reconoce que la libertad de creación de centros docentes es un derecho fundamental,
también la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,
es decir, incluso instituciones puramente socialdemócratas reconocen que la libertad de creación de centros docentes es fundamental.
Pues bien, esta fundamental libertad es aquella que Cristina Cifuentes pretende destruir en la nueva ley de universidades.
No es que hasta la fecha esta libertad estuviera muy respetada por los poderes públicos, pero el paso que pretende dar Cifuentes va más allá,
incluso de lo que ya estábamos padeciendo, de lo que ya estábamos experimentando en España.
¿Y en qué consiste esta nueva ley? Pues bueno, de entrada consolida un modelo de creación de universidades que coloca totalmente bajo la bota
de los políticos y de los burocrátas la libertad de crear una universidad en cualquier parte de la Comunidad de Madrid.
En concreto, la nueva ley del Espacio Madrileño de Educación Superior pretende en línea con lo que teníamos hasta la fecha,
esto no es novedoso, pero Cifuentes si lo refuerza, si lo consolida, si lo considera una bandera de su nueva ley de reforma universitaria.
Pues bien, esta ley obliga a que cualquier nueva universidad que quiera crearse en España,
deba ser aprobada expresamente por el Parlamento Autonómico, por la Asamblea de Madrid.
Nos estamos hablando de que sea necesario crear una ley general para que las universidades que cumplan ciertos requisitos,
objetivos puedan iniciar sus actividades en Madrid. No, no, cualquier universidad que quiera empezar a operar en la Comunidad de Madrid
tendrá que contar con una ley exprofeso, con una ley específica de la Asamblea de Madrid,
donde diga autorizamos a esta universidad a iniciar sus actividades. Fijémonos que los políticos que votan en la Asamblea de Madrid
ni siquiera tienen por qué motivar la razón por la que aceptan o rechazan que una universidad empiece a operar en Madrid.
Es decir, los diputados regionales de Podemos, que pueden ser ideológicamente contrarios a que haya más universidades privadas,
podrían votar que no y podrían cercenar ese derecho fundamental simplemente porque lo consideran ideológicamente así.
Fijémonos, el grado de disparate que supone esto sería como si para abrir un periódico tuviésemos que pedirle permiso expresamente
a la Asamblea de Madrid y que si algunos diputados creen que ese periódico no es ideológicamente de su agrado,
pudieran votar en contra y en caso de que la Asamblea de Madrid no apruebe la apertura del periódico,
nadie tuviese derecho o una persona o un grupo empresarial no tuvieran derecho a abrir el periódico.
Pues ese es el grado de censura, el grado de liberticidio que está vigente en toda España pero que la Comunidad de Madrid
refuerza absolutamente, solo con una ley específica de la Asamblea de Madrid se puede crear una universidad
y además, por si queremos seguir viendo lo disparatado de este proceso,
esa ley solo podrá ser promovida por el Gobierno de Madrid, es decir, que si el Gobierno de Madrid
ni siquiera quiere llevar a votación la creación de una determinada universidad, no tiene por qué hacerlo,
sería una especie de censura sin demasiada publicidad, sin que los diputados llegaran siquiera a manifestar su opinión
y además esa ley que llegue a la Asamblea de Madrid tiene que contar atención con el visto bueno del Consejo Universitario
de la Comunidad de Madrid, que es el Consejo Universitario de la Universidad de Madrid,
pues una burocracia más como tantas otras, pero que está integrada por evidentemente el consejero, el vice-consejero, etc.
y por los rectores del resto de universidades de la Comunidad de Madrid, es decir,
se está pidiendo a la competencia de una nueva universidad que se quiere instalar en Madrid, a los competidores,
al resto de universidades a las que les puede quitar los estudiantes si el nuevo proyecto universitario es mejor que los existentes,
pues se les está pidiendo a esos señores, a los competidores, que den el visto bueno para abrir una universidad,
es decir, como si se preguntara al resto de periodistas o al resto de academías de inglés,
que hay un nuevo periódico o una nueva academia de inglés que haga la competencia,
es absolutamente absurdo el grado de reglamentación y de trabas que se colocan para la apertura de una universidad,
pero no creamos que las restricciones empiezan aquí.
La nueva ley de Cifuentes incorpora una novedad frente al cercenamiento de esta libertad fundamental que es compartida en el resto de España
y es que incluso limita en términos personales quién tiene derecho a promover un proyecto universitario en la Comunidad de Madrid.
El artículo 7 de la nueva ley del Espacio Superior de Educación Madrileño,
básicamente lo que exige a los promotores, a los que pretenden crear una nueva universidad,
es que tengan una trayectoria universitaria contrastada.
Primero, o dejemos de lado la cuestión de la arbitrariedad absoluta que supone valorar si alguien tiene una trayectoria universitaria contrastada o no.
Es decir, el burocrata de turno o llegado al caso de la Asamblea de Madrid podrían alegar que un determinado empresario
no tiene una trayectoria universitaria contrastada, porque a lo mejor no se ha dedicado a dar clase o a gestionar universidades,
sino a otros negocios y ahora quiere crear una universidad,
y alegando esto podrían tumbarle y podrían pisotearle su derecho de creación de nuevos centros docentes.
Pero ni siquiera vayamos con el grado de arbitrariedad que esto supone, sino que al final,
la Asamblea de Madrid con esta nueva ley, el Gobierno de Cifuentes,
lo que pretende es crear ciudadanos de primera y de segunda en cuanto al ejercicio de su derecho de creación
y promoción de nuevos centros docentes, en este caso centros de enseñanza superior universitaria.
Solo si vienes del mundo universitario, es decir, solo si vienes esencialmente de la pública o de algunos de los proyectos de la privada
y existentes que cuentan con el plazo del poder político,
solo en esos casos te dejan ejercer la competencia contra los que ya están establecidos.
Es decir, de nuevo sería tan disparatado como exigir que sólo una persona
que haya tenido relación con los periódicos actualmente existentes pudiera crear un nuevo periódico
y por qué diantre no pueden crear periódicos, o en este caso universidades, personas que no vengan de ese endogami
como mundo universitario, que evidentemente está viciado por las prácticas habituales
que se vienen desarrollando en este sector. Es decir, si queremos traer ideas frescas, ideas innovadoras, ideas disruptivas,
¿por qué exigimos que todos los que creen en una universidad hayan de venir del mundo universitario?
Pues esencialmente porque se trata de eso, de proteger a una determinada casta que ya está bien colocada en estos sectores
y de lo que se trata, de lo que se intenta, es que unos no se pisoteen con otros.
O dicho de otra manera, esta restricción personal a la libertad de creación de centros docentes
impediría que personas que no vienen del ámbito universitario, pero que puedan ser excelentes gestores empresariales
en cualquier negocio que se propongan. Imaginemos Elon Musk, Peter Thiel o Jeff Bezos.
Imaginemos que quisieran crear una universidad en Madrid, ¿no? Podrían.
O no hace falta irnos tan lejos. En la comunidad valenciana, por ejemplo, Juan Roche ha creado una universidad.
Bueno, Juan Roche no viene del mundo universitario.
Por tanto, en la comunidad de Madrid tendría prohibido, salvo que evidentemente llegue a algún tipo de acuerdo,
político con el Gobierno y ya es grave que para abrir una universidad haya que llegar a un acuerdo político
y que no sea un ejercicio de un derecho individual frente al poder político,
pues Juan Roche no llegara a un acuerdo político con el Gobierno de la comunidad de Madrid,
no podría abrir una universidad en Madrid.
Pero, de nuevo, las trabas, los obstáculos no terminan en absoluto aquí.
Aquellas universidades que, milagrosamente, ya han conseguido pasar el filtro de todos los controles
y todas las arbitrariedades políticas, se tendrán que enfrentar a un grado de intervencionismo
en su gestión verdaderamente asombroso.
Primero, la nueva ley exige que toda universidad comience ofreciendo al menos diez títulos universitarios,
que sean grados o posgrados.
Y además exige que estos títulos universitarios, primero, sean complementarios entre sí
y, dos, no hagan la competencia, no sean reiterativos, dicen textualmente,
respecto a otras titulaciones que ya se ofrezcan en la comunidad de Madrid.
Es decir, ¿esto qué significa? Primero, significa que una universidad no puede empezar ofreciendo,
ofretando simplemente, por ejemplo, dos grados.
Imaginemos una universidad que está especializada en administración de empresas en derecho,
pues no, lo obligan a ofrecer derecho, administración de empresas, informática, ingeniería, bellas artes,
es decir, hasta diez titulaciones que, insisto, piden que sean complementarias
en el sentido de que no sean titulaciones muy parecidas entre sí,
no vale que sea administración de empresas, economía, dirección de empresas
o incluso el derecho y administración de empresas, no, tienen que ser asignaturas
de distintas ramas de conocimiento, grados de distintas ramas del conocimiento.
Eso, por un lado, y segundo, lo que están exigiendo es que no sean reiterativas
con respecto a titulaciones preexistentes y consolidadas en el espacio maderleño de educación superior.
Es decir, que si las universidades públicas o algunas privadas ya están dando la carrera de economía,
las nuevas universidades que entre en Madrid no pueden ofertar economía.
De nuevo, se trata de proteger, evidentemente, pues la parte del pastel
de la que ya se han apropiado las burocracias y los empresarios existentes en el mercado.
Esto sería el equivalente a que, para abrir una academia de inglés en Madrid,
no va a estar con ofertar inglés, sino que hubiese que ofertar inglés, francés, alemán, portugués, italiano, chino, ruso, árabe, japonés y coreano
y que, si no ofreces todos esos idiomas, no puedes montar una academia de inglés.
O sería equivalente a que, si ya existen otras academias de inglés en Madrid,
no te dejen abrir una porque ya se está ofertando esa formación en la comunidad de Madrid.
No, perdone, abrimos, o sea, abre una universidad de Madrid para hacer la competencia a las que ya existen
y por qué se abre para hacer la competencia porque se juzga que las que ya existen no están haciendo muy mal
y, por tanto, queremos probar nuevas formas de hacer las cosas
y, para probar nuevas formas de hacer las cosas, me tienes que dejar entrar y me tienes que dejar competir
y no me tienes que censurar para proteger a quienes ya están dentro y lo están haciendo mal.
Pero, de nuevo, las restricciones de Cifuentes o la libertad universitaria tampoco terminan aquí.
Es tal el grado de ceguera de fanatismo antiiniciativo empresarial en el ámbito universitario
y anticompetencia en el ámbito universitario que la nueva ley de Cifuentes,
incluso, atención, impide que universidades que estén operando en el resto de España,
es decir, universidades que hayan pasado el filtro de otros gobiernos autonómicos, puedan competir en Madrid
tanto que hablan al Partido Popular de Unidad de Mercado
y de que las autonomías no impongan trabas a la empresarialidad.
Bueno, aquí tenemos una traba clarísima.
Si no pasas por la burocracia madrileña, si no, digamos, pagas todas las mordidas que te impone la burocracia madrileña,
no puedes operar en la comunidad de Madrid, aunque hayas recibido la aprobación de alguna de las otras comunidades españolas.
No hay reconocimiento recíproco de universidades en España.
Pero todavía más disparatado, el artículo 34 de la nueva ley de Cifuentes
impide que universidades no autorizadas para operar en la comunidad de Madrid se anuncien en la comunidad de Madrid.
Imaginemos que Harvard, Stanford o cualquier otra gran universidad extranjera
quisiera captar alumnos en la comunidad de Madrid, no para dar clase en la comunidad de Madrid,
simplemente para que los alumnos de la comunidad de Madrid acudan a sus instalaciones en el extranjero a recibir clase.
Pues no podría hacerlo, salvo que cuenten con el visto bueno con la autorización de la comunidad de Madrid.
Esto se trata claramente de una censura de comunicación de información educativa
y ese grado de censura llega a Cifuentes porque su obsesión, como decimos,
es cercenar completamente la libertad de enseñanza superior en Madrid.
Habría muchos más puntos que comentar de la ley.
Por ejemplo, se exige que las nuevas universidades que inicien sus actividades en la comunidad de Madrid,
incluidas las universidades online, cuenten atención con instalaciones deportivas.
Es decir, una universidad online que ofrezca grados de derecho
tiene que tener instalaciones deportivas para poder empezar.
Eso, desde luego, es un ejemplo de tratar de facilitar la creación de nuevos proyectos universitarios
que innoven y que hagan la competencia de los existentes.
Si no empiezas con un capital gigantesco, no puedes empezar a operar en la comunidad de Madrid.
Y además también se crea muchísima más burocracia fiscalizadora
con respecto a la que ya existe, justamente para, digamos, incordiar continuamente,
meterse continuamente en la vida y en la gestión empresarial de estos centros de enseñanza.
Y la ley, además, frente a todas estas disposiciones,
tiene un grado o destila un grado de autoritarismo verdaderamente inquietante.
Ya no se trata solo de que la ley imponga ciertas obligaciones,
sino que el grado y la intensidad de las sanciones
que el incumplimiento de estas obligaciones lleva aparejado es, como digo, del todo preocupante.
Las sanciones llegan económicamente hasta los 300.000 euros
y son sanciones que pueden poner la Consejería de Educación,
la Biciconsejería de Educación, la Dirección General de Universidades.
No estamos hablando de sanciones de los tribunales,
sino de sanciones administrativas,
que básicamente puede promover cualquier alto funcionario sin apenas motivación,
sin apenas motivación legal, evidentemente, con mucha motivación política.
Pero peor todavía no se trata ya solo de las sanciones monetarias.
El artículo 39.2 de la nueva Ley de Cifuentes permite que la comunidad de Madrid cierre
una universidad existente en caso de que considere
que incumple alguna de las obligaciones de esta ley.
De nuevo, imaginemos que un Gobierno autonómico tuviese la potestad de cerrar un periódico
si considera que ciertas obligaciones, por ejemplo, de buena fe,
de veracidad de sus informaciones, no se cumplieran.
Estaríamos colocando absolutamente el grito en el cielo,
estaríamos protestando contra una vulneración
más que clara de una libertad fundamental como es la libertad de expresión.
Pues bien, aquí la señora Cifuentes pretende cargarse la libertad de creación de centros docentes
otorgando al Gobierno y a los burócratas de la comunidad de Madrid
el derecho a cerrar caprichosamente una universidad.
Si no cumplen algunos de los muchos puntos absurdos que recoge su nueva ley.
A lo mejor algunos estén confiados o estén a gusto
con que una autoritaria como Cifuentes sea la que vele por su libertad educativa
y crean que Cifuentes es una política profesional
que no va a aplicar arbitrariamente este enorme poder
o que va a adquirir la Administración autonómica
para perseguir a universidades y a profesores dísculos
que le molesten o que le lleven la contraria o que le critiquen.
Tal vez, no lo sé, desde luego deberíamos sospechar muchísimo
de un político que se quiere arrogar este poder,
nadie se quiere arrogar un poder para no usarlo en cuanto considere necesario.
Pero imaginemos que es así, imaginemos que Cifuentes y su Gobierno
son un conjunto de tecnócratas que no pretenden abusar del poder.
¿Y qué pasará cuando lleguen otros políticos, por ejemplo, de Podemos,
por ejemplo del Partido Socialista, que quizá sean menos amigables
con la libertad personal o con la discrepancia intelectual en el ámbito universitario
que utilizarán esta ley de Cifuentes para cercenar, para cerrar
aquellas universidades que les sean incómodas?
Pues bien, esta es la ley de Cifuentes, esta es la ley de la superliberal Cifuentes
con la que pretende reformar el espacio de educación superior madrileño.
En realidad, lo que quiere hacer es cargárselo para proteger a los burocratas
instalados en la administración y para cercenar esta libertad fundamental
que deberíamos tener todos los españoles y por supuesto todos los madrileños.