El PSOE de Pedro Sánchez ya está muy cerca de amarrar la investidura a cambio de la aprobación
de una ley de amnistía.
Pero ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas y, sobre todo, políticas de la aprobación
de esta ley de amnistía?
Veámoslo.
El número 3 del Partido Socialista Obrero Español, Santos Cerdán, se ha reunido en
Waterloo con Carles Puigdemont, encarrilando así la investidura de Pedro Sánchez a cambio
de la aprobación de una ley de amnistía, es decir, que la transacción que se está
estudiando y que parece que está muy cerca de cerrarse es el intercambio de los votos
en el Congreso de Junts per Catalunya en la investidura de Pedro Sánchez a cambio de
los votos del PSOE para la aprobación de la ley de amnistía que borre los delitos
cometidos en 2017 durante la Declaración Unilateral de Independencia.
Y dado que la probable aprobación de esta ley de amnistía va a suponer un hecho muy
relevante dentro de la historia de la democracia española, conviene reflexionar brevemente
sobre esta cuestión.
Y ya de entrada me gustaría aclarar que, si bien en los próximos minutos voy a criticar
por diversas razones la aprobación de la ley de amnistía, no la voy a criticar, como
están haciendo muchas personas, por suponer una cesión al independentismo catalán o
por poner en riesgo la unidad de España.
Como liberal y, por tanto, como defensor del respeto irrestricto a los proyectos de vida
de cada persona, creo, y así lo he venido defendiendo durante muchos años, que los
individuos y las agrupaciones voluntarias de individuos tienen derecho a separarse políticamente
de otros individuos, tienen derecho a conformar sus propias comunidades políticas autónomas
o independientes sin estar forzosamente integradas en otras comunidades políticas.
Por tanto, creo que todo estado debería reconocer el derecho de separación política a los
individuos o, al menos, a ciertas agrupaciones voluntarias de individuos que tengan un tamaño
mínimo suficiente como para autoorganizarse políticamente.
Sin embargo, ese derecho de separación política, ese derecho de salida tan consustancial
al liberalismo, no puede ejercitarse por las bravas, dado que necesariamente afecta
a terceros.
Si yo ahora mismo formo parte de una comunidad política y me segrego de ella tomando ciertos
activos y rechazando ciertas obligaciones que hasta el momento tenía hacia esa comunidad
política, estoy alterando el statu quo y, por tanto, estoy alterando la situación de
terceros.
Reconocemos el derecho a divorciarse, pero no a divorciarse de cualquier manera. Uno
de los dos conyuges no puede decir, sin someterse a ningún procedimiento reglado, me voy a
divorciar de ti y me voy a quedar con la casa, me voy a quedar con la custodia de los hijos
y a ti te voy a dejar la hipoteca. Obviamente esa no es una decisión que unilateralmente
pueda adoptar una persona.
Por eso disponemos de procedimientos reglados, garantistas para ambas partes, que regulan
el derecho a divorciarse. Y eso es lo que creo que deberían habilitar todos los estados,
incluyendo por supuesto el estado español, el derecho de separación política. Pero
a falta de esa regulación, que es exigible desde un punto de vista liberal, lo que no
puede hacer alguien es ponerse el mundo por montera y separarse políticamente quedándose
con aquellos activos y aquellos pasivos que unilateralmente decida. No solo eso, el problema
del derecho de separación política que reclama el independentismo catalán es que es un derecho
basado en el nacionalismo. Es decir, se considera que la nación catalana, y no ciertos individuos
dentro de lo que algunos llaman la nación catalana, sino el conjunto orgánico de la
nación catalana, es el que tiene el derecho a separarse políticamente. Y por tanto, aunque
haya catalanes que no se quieran separar de España, si se vota mayoritariamente la independencia
dentro de esa nación catalana, esos catalanes que no se quieran separar de España deberán
ser separados forzosamente de España e integrados forzosamente en el nuevo estado catalán.
Y eso es algo que también choca de frente con el liberalismo. Aquellas personas que
voluntariamente se quieran separar y que conformen una unidad territorial capaz de
autoorganizarse políticamente se pueden separar o deberían poder separarse, lo que no deberían
poder hacer es separar a otros que no se han adherido a ellos de manera obligatoria e integrarlos
forzosamente en esa comunidad política nueva de la que no quieren formar parte. De ahí, nuevamente,
que ese derecho de separación política que debería existir en todo estado y que debería
estar adecuadamente reglado en todo estado no pueda ejercerse por las bravas y privando
de la ciudadanía española e imponiendo a la ciudadanía catalana sobre ciudadanos que
no quieren ser únicamente catalanes y sí quieren seguir siendo españoles. En todo caso,
con esta introducción en la que reitero mi tradicional posición respecto al derecho a
la separación política, quiero dejar muy claro que las críticas que voy a efectuar a continuación
contra la ley de amnistía no se hallan en absoluto condicionadas por una querencia hacia el
nacionalismo español o hacia la unidad del estado español. Lo que me molesta o lo que me preocupa
de la ley de amnistía no es que eventualmente pueda llegar a romperse o a separarse el estado
español. Lo que me preocupa gravemente de la ley de amnistía, como voy a explicar a continuación,
es la voladura descontrolada de la separación de poderes dentro del estado y la subordinación de
todos los poderes del estado al arbitrio caprichoso del gobernante arribista que está dispuesto a todo
con tal de mantenerse en el poder. Así pues, ¿por qué la previsible aprobación de una ley
de amnistía es tan preocupante? En primer lugar, porque toda intromisión del poder ejecutivo sobre
el poder judicial debería preocuparnos. Como decía uno de los padres fundadores de Estados Unidos,
James Madison, si una sola persona llega a concentrar en sus manos el poder ejecutivo,
el poder legislativo y el poder judicial, esa persona merecería ser llamada tirano.
¿Y por qué merecería ser llamada tirano? Porque esa persona tendría el poder absoluto del estado
en sus solas manos. Esa persona podría decretar qué acciones deben ser castigadas y qué acciones
deben quedar impunes. Y el único criterio para castigar unas acciones y para no castigar unas
sería su propio arbitrio, su propio capricho. Por tanto, que el poder ejecutivo se entrometa en el
poder judicial, que le obligue a hacer ciertas cosas o que le prohíba hacer otras cosas dentro
del ejercicio de la autonomía de ese poder judicial, es algo que debería preocuparnos.
Y en este sentido, instituciones como el indulto son intromisiones preocupantes del poder ejecutivo
sobre el poder judicial. Cuando esas intromisiones son menores, es decir, cuando el poder ejecutivo
concede un indulto a una persona o a dos personas en concreto de manera muy fundamentada, se podría
incluso llegar a justificar la institución del indulto como una forma en la que el ejecutivo
impide que un poder judicial absolutamente autónomo establezca sanciones dentro de la
ley exageradamente gravosas. De esa manera, el poder ejecutivo tendría una cierta capacidad,
un cierto margen de maniobra, de anular algunos de los efectos más dañinos de alguna sentencia
concreta que sea especialmente dura. Pero más allá de eso, evidentemente, que el poder ejecutivo
se pueda convertir en una última instancia de revisión de las sentencias judiciales,
sin someterse además a ninguna limitación, más allá de su propia voluntad, lo que supone es vaciar
casi de contenido el poder judicial. El poder judicial podría juzgar, podría condenar,
pero la efectividad de esas condenas quedaría al arbitrio, al capricho del poder ejecutivo.
Por eso, la Constitución española prohíbe los indultos generales, porque un indulto general
equivaldría a vaciar en gran medida de contenido al poder judicial. Pues bien,
si un indulto general ya sería suficientemente problemático, o hasta el punto de que la
Constitución española, para respetar una cierta separación de poderes, los prohíbe,
que no será una amnistía. La amnistía también es un derecho de gracia del poder ejecutivo de
carácter colectivo, es decir, que afecta a una multitud de personas, pero que no se limita a
borrar los efectos de las sentencias condenatorias, como sucede con el indulto, sino que incluso borra
la existencia misma de delito antes de que haya sido juzgado. O expresado de otro modo,
el poder ejecutivo le impide coactivamente al poder judicial que desarrolle su labor,
que es juzgar a las personas en función de si han cumplido o han incumplido las leyes,
las normas, dentro de la comunidad política. No es que se haya modificado la ley para
despenalizar conductas que anteriormente eran delitos y que ahora dejan de serlo y que,
por tanto, por el principio de retroactividad de la ley penal más favorable ya no tiene sentido
juzgar. Es que esas conductas siguen siendo delictivas, pero el poder ejecutivo dictamina
que para un determinado colectivo de personas no ha habido delito, no porque el poder judicial
haya dictaminado que no ha habido delito, sino porque lo ha decidido el poder ejecutivo
pisoteando el poder judicial. Por eso, las amnistías suelen estar relacionadas con cambios
de regímenes políticos. En un cambio de régimen político queda en suspenso tanto el poder ejecutivo
como el poder judicial como el poder legislativo porque estamos ante una novación, ante una
alteración de raíz de la comunidad política. Y si la comunidad política no está establecida,
si la comunidad política no está consolidada, sino que está transitando a otra cosa, está mutando,
entonces, antes de volver a pactar y a establecer las nuevas normas que a partir de ese momento
regirán el comportamiento de todos los miembros de esa comunidad política, en ese periodo
prácticamente preconstituyente de la comunidad política, pues se hace borrón y cuenta nueva.
Lo que es bastante más excepcional es que sin que haya, supuestamente, un cambio de
régimen político en marcha, es decir, una suspensión de la legitimidad de todos los
poderes del Estado actualmente existente, sin que estemos transitando hacia un nuevo
régimen político, en ese contexto el poder ejecutivo establecido, aunque sea a través del
poder legislativo establecido, porque en España ya sabemos que la separación entre el ejecutivo y
el legislativo es muy tenue en la medida en que el jefe del ejecutivo es aquel que controla al
partido político que es capaz de armar una mayoría en el Congreso, en cualquier caso,
lo que es excepcional es que el poder ejecutivo establecido o el poder legislativo establecido
le diga al poder judicial establecido, tú no tienes autonomía para juzgar estas conductas
presuntamente delictivas porque te lo digo yo, porque te lo ordeno yo. Por tanto,
el primer problema de la ley de amnistía es este, es la anulación, aunque sea solo por una vez,
de la separación de poderes y como digo, ¿por qué solo por una vez? Sentado este precedente,
si el poder ejecutivo o el poder legislativo pueden controlar, maniatar, silenciar, anular al poder
judicial, ¿por qué no hacerlo más veces en el futuro? Si es consustancial a nuestro régimen
constitucional que se puedan aprobar leyes de amnistía que borren la existencia de delitos,
pues entonces estamos dotando al legislativo o al ejecutivo a través del legislativo a que
arbitrariamente decida si las conductas de un individuo o de un grupo de individuos son delito
o no lo son, no a partir de una regla general aplicable a todas las personas en términos de
igualdad, sino meramente a partir de su capricho de a ti te aplico esta ley y a ti no te la aplico.
Segunda causa por la que la previsible aprobación de la ley de amnistía es muy grave. ¿Cuál es el
motivo de fondo que justifica someter al Estado de derecho, a la separación de poderes, a esta enorme
tensión interna por la cual unos poderes del Estado interfieren absolutamente sobre el poder
judicial y lo anulan? ¿Cuál es la ratio última? ¿Cuál es el motivo último que justifica todo esto?
Pues meramente la ambición desmedida de una persona y de toda su corte por mantenerse en el
poder al precio que sea. Porque, claro, ahora mismo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno,
uno de los artífices de esta ley de amnistía nos está vendiendo que aprueban la ley de amnistía por
el bien superior de España para afianzar una especie de reconciliación nacional entre los
españoles y los catalanes independentistas. Escuchemos a Pedro Sánchez justificar la ley
de amnistía este pasado fin de semana.
Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes
respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España,
en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los
hechos aquí en el cibo.
Si el objetivo fuera verdaderamente este, podríamos criticar los medios empleados,
el tensionamiento o la voladura de la separación de poderes, pero aún así podríamos llegar a
compartir el fin. Sería un razonamiento maquiavélico, el fin justifica a los medios desde el punto de
vista de Sánchez, pero al menos el fin sería un buen fin. Pero es que no es así. La opinión
de Sánchez no es esa. Si Sánchez está haciendo ahora mismo esto, si Sánchez está tensionando
el estado de derecho en España, no es por el bien de España, no es por el reencuentro entre españoles
y catalanes independentistas. Es única y exclusivamente por su propio bien y por el de
su corte dentro del Partido Socialista Obrero Español. Y sabemos que eso es así porque dos días
antes de las elecciones generales, es decir, hace apenas tres meses, Pedro Sánchez dijo esto.
¿Usted es que les daría cambio? ¿Les daría cambio un referéndum o una amnistía?
No, aparte que es que no es algo futurible. Es que ya llevo cinco años gobernando. Es que
el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido.
Y previamente, en noviembre de 2022, es decir, hace justo un año, dijo esto.
En segundo lugar, antes al contrario. El independentismo no pide una reforma del Código
Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los espectadores,
es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la
legislación ni en la Constitución española. A Sánchez le gusta decir que él no miente,
que solo cambia de opinión. Y en ocasiones eso podría llegar a ser verdad. Uno puede tener una
opinión en 2015, 2016, en 2017, y con el paso de los años y tras confrontar los hechos, terminar
llegando a la conclusión de que estabas equivocado y, por tanto, que tienes que rectificar y que
tienes que adoptar una postura a lo mejor opuesta a la que adoptaste en un pasado. Lo que no cabe
en ninguna cabeza es que cambies tan radicalmente de opinión en apenas tres meses y simplemente,
porque te convenga políticamente para mantenerte en el poder, cambiar de opinión. De hecho,
los mismos cortesanos que hoy aplauden a Sánchez por decir que va a aprobar una ley de amnistía,
hace dos tardes rechazaban frontalmente la ley de amnistía como inconstitucional.
Podemos escucharlo en esta recopilación efectuada por The Objective.
Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico.
Hemos dicho siempre a todos ustedes que no cabe la amnistía en nuestra Constitución.
Tenemos aquests límites, eso lo sabemos todos, que es la Constitución y no parlem de cuestiones
que estiquen fuera de la Constitución. Siempre hemos manifestado nuestra posición en
contra a la figura de la amnistía. Y esas son las bases que está sentando el gobierno.
La amnistía no cabe, el referéndum de autodeterminación no cabe. Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito
para que quede claro, ni amnistía ni nada de eso. Pero el independentismo pedía la
amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum
de autodeterminación.
Una amnistía es un procedimiento absolutamente extraordinario que se produce cuando hay
un cambio de régimen y absolutamente borra los procedimientos penales, no es el caso.
El diálogo como método y la Constitución como marco.
Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no
es planteable en un estado constitucional democrático porque sería suprimir literalmente uno de
los tres poderes del Estado que es el judicial.
Y miren, nosotros siempre hemos sido y vamos a ser claros, no habrá ni independencia ni
referéndum de autodeterminación ni amnistía ni embate.
No vamos a hacer descansar nunca la gobernabilidad de nuestro país con aquellos que quieren
romper España. No vamos a hablar con aquellos que lo que quieren es partir este país.
Es decir, que toda esta gente que está aplaudiendo a Pedro Sánchez al decir que va a aprobar
una ley de amnistía, no solo considera que la amnistía es inconstitucional, sino que
además nos decían que era indeseable. No es que crean que la amnistía sea muy buena
y ello justifique desde su punto de vista vulnerar la Constitución, sino que aun considerando
que la amnistía no es positiva, están dispuestos a vulnerar la Constitución.
Pero entonces, ¿por qué quieren aprobar una ley de amnistía vulnerando, según ellos,
incluso según ellos, la Constitución, la separación de poderes en el Estado de Derecho
Español?
Pues la única razón, evidentemente, es que ahora necesitan los votos de Junts per Catalunya
para investigar a Pedro Sánchez, para conservar el poder ejecutivo en España, y a cambio
de perpetuarse en el poder, están dispuestos a aprobar algo que nos decían que no era
deseable y que además nos decían que era inconstitucional y que atacaba la división
de poderes. Con lo cual, la propia casta política española, nuestros gobernantes y nuestros
legisladores nos están diciendo que se consideran legitimados para saltarse la Constitución,
para atacar la separación de poderes, si con todo ello consiguen perpetuarse en el
Y si esa es su perspectiva, y claramente lo es, ¿qué vendrá después? Si la Constitución,
o al menos el respeto más elemental al Estado de Derecho, a la separación de poderes, no
es el límite, no es su límite, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde están dispuestos
a llegar?
Hoy es la amnistía, pero mañana puede ser perfectamente otra cosa. ¿Y por qué deberían
frenarse en el futuro frente a otras vulneraciones del Estado de Derecho o de los derechos individuales
más fundamentales? Si ellos mismos ya están diciendo que se sienten legitimados a saltarse
la Constitución y el propio Estado de Derecho, e insisto una vez más, nos están diciendo
que están dispuestos a todo eso para perpetuarse en el poder, ni siquiera para alcanzar un
fin superior que requiera trascender de la Constitución e incluso del Estado de Derecho,
sino únicamente para conservar su propio poder, sea como sea.
Y el tercer motivo por el cual la aprobación de la Ley de Amnistía es tan preocupante
es porque si bien políticos sin escrúpulos morales siempre los puede haber, de hecho,
la mayoría de políticos suelen carecer de esos escrúpulos porque priorizan permanecer
en el poder frente a cualquier otra consideración, al menos los Estados de Derecho más o menos
sólidos más o menos garantistas poseen instituciones que actúan como contrapoderes frente a esos
políticos sin escrúpulos. Si los propios políticos no se autorrestringen a la hora
de saltarse la Constitución o a la hora de querer atacar la separación de poderes,
si existen otros poderes socialmente legitimados e independientes que ponen freno a esa intromisión.
En España esa debería ser la función precisamente del Tribunal Constitucional, un tribunal
que está concebido para interpretar la Constitución y por tanto juzgar si determinados comportamientos
de cualquier individuo o sobre todo de las instituciones públicas son comportamientos
con arreglo o fuera de la Constitución. Y con respecto a una ley de amnistía existen
muy serios motivos para considerar que cae fuera de la Constitución. De hecho, acabamos
de escuchar a muchísimos miembros del PSOE, entre ellos juristas miembros del PSOE, que
hasta que necesitaron los votos de Junts per Catalunya nos decían que una amnistía era
inconstitucional. Por tanto, como poco existe una duda razonable sobre si es constitucional
o sobre si es inconstitucional. Sin embargo, todos tenemos bastante claro que el Tribunal
Constitucional, ahora mismo copado por miembros nombrados a dedo por el Partido Socialista
Obrero Español, terminará declarando que la amnistía tiene encaje constitucional. No porque
después de una reflexión imparcial y apolitizada haya llegado a esa conclusión, sino porque esa es
la Constitución a la que los miembros del Constitucional nombrados por el PSOE tienen
que llegar. Y para llegar a esa conclusión, compondrán el argumentario que tengan que
componer, de tal manera que el Tribunal Constitucional no es un organismo dirigido
a interpretar y a hacer cumplir la Constitución, sino que es un organismo politizado dirigido a
legitimar cualquier incumplimiento de la Constitución por parte de aquel partido político que haya
nombrado a la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional. Esto no es nuevo,
cuidado, el Tribunal Constitucional siempre ha estado copado por miembros nombrados por
partidos políticos. Y ese es un problema de diseño institucional del Estado Español muy grave. Pero
lo que cambia ahora con respecto a situaciones pasadas es que, por un lado, nos encontramos con
un poder legislativo o un poder ejecutivo a través del legislativo que quiere emprender una acción
sobre la que existen muy serias dudas de que es inconstitucional y los miembros del Tribunal
Constitucional ni siquiera tienen la voluntad de intentar guardar su apariencia de independencia
para juzgar con la máxima imparcialidad de la que sean capaces o de la que sean capaces de aparentar
la conformidad de esa ley de amnistía dentro del ordenamiento constitucional español. No están
decididos de antemano a legitimar cualquier cosa que el Partido Socialista Obrero Español les indique
que tienen que convalidar. Con lo cual, el Tribunal Constitucional, que ya era un contrapeso débil
frente al poder ejecutivo, frente al poder legislativo o frente al poder judicial,
ahora mismo se convierte en un pesado ariete fanatizado para derribar la separación de
poderes. Es decir, lo más grave de la ley de amnistía es que pone de manifiesto que
todas las instituciones políticas del Estado español están al servicio de la ambición personalista,
de la obsesión por el poder, de una única persona y de su partido. Y más allá del debate sobre la
independencia de Cataluña y sobre el derecho de separación política de unos individuos frente a
otros, lo que todos obviamente deberíamos plantearnos es ¿es deseable en cualquier
comunidad política, también en una Cataluña, en un Estado catalán independiente, sería deseable
que todas las instituciones políticas de esa comunidad estuviesen al servicio de la ambición
por el poder de una única persona? ¿Los catalanes independentistas que aspiran a tener un Estado
independiente querrían que las instituciones de ese estado estuviesen al servicio de una única
persona? Claramente no. Creo que todos o casi todos podemos coincidir en que esa es una situación
profundamente indeseable, una situación que se acerca a una tiranía material dentro de un
Estado de derecho meramente formal. Porque, repito, abierta la veda que será lo siguiente.
Si se pueden subordinar todas las instituciones del Estado a la ambición por el poder del presidente
del gobierno de turno, ¿qué será lo siguiente? Y ya no que será lo siguiente necesariamente con
el PSOE. ¿Qué puede ser lo siguiente con otros presidentes del gobierno de otros partidos? Porque
no pensemos que esta novación del régimen institucional español, que supone que una
persona, repito, puede implosionar la separación de poderes simplemente para mantenerse en el
poder. No pensemos que este nuevo Estatucó, esta nueva legitimación social a que un gobernante
haga lo que le dé la gana desde las instituciones políticas del Estado español, no pensemos que
este nuevo Estatucó no va a replicarse en el futuro con otros gobernantes de otros partidos
políticos. Y esa profunda degeneración institucional tanto formal como informal es la que estamos
experimentando. Que la desmedida ambición por el poder de nuestros gobernantes está
eliminando los límites que hasta ahora les venían impuestos por el Estado de derecho.
Y al eliminar esos límites que les venían impuestos por el Estado de derecho,
están contribuyendo a destruir el propio Estado de derecho.