El Gobierno de Peso de Podemos ha concedido un préstamo de 53 millones de euros a la
aerolínea Plus Ultra, una cantidad que equivale a 150.000 euros por trabajador y a 10 veces
el patrimonio neto de esta compañía. Han sido unos 53 millones de euros extraídos
del fondo, constituidos expresamente por la CEPI, para rescatar específicamente a empresas
que cumplieran dos características, la primera ser empresas estratégicas, la segunda ser
empresas cuya viabilidad haya sido negativamente afectada por la pandemia. Sin embargo, Plus
Ultra no parece que cumpla ninguna de estas dos condiciones. Por un lado, la viabilidad
de Plus Ultra estaba en hacke desde su misma fundación. La compañía fue creada en el
año 2011 y, desde entonces, en ningún ejercicio, en ningún año, ha obtenido beneficios, pérdida,
tras pérdida, tras pérdida. Por tanto, aunque es verdad, obviamente que como a todas las
aerolíneas la pandemia las ha afectado muy gravemente, los problemas financieros de
Plus Ultra ya venían de antes. Es un modelo de negocio no viable, que no tiene mucho sentido
reflotar por mucho que la pandemia lo haya apuntillado. En segundo lugar, Plus Ultra
tampoco califica en absoluto como empresa estratégica. En el año 2019, antes de la
pandemia, en todo ese ejercicio, Plus Ultra apenas operó 833 vuelos, lo que equivale al
0,03% de todo el tráfico aéreo español. En el ranking de aerolíneas que operan en
España, ocupa la posición 166 y eso en el año 2019, cuando estaba operando a plena capacidad.
A comienzos de 2021, apenas ha operado dos vuelos en enero y ninguno en febrero. Ahora
mismo, la aerolínea solo tiene un avión en funcionamiento. En qué sentido, por tanto,
cabe calificar una empresa que únicamente está operando con un avión de empresa estratégica.
Es una compañía que resulta muy fácil de sustituir por cualquier otra aerolínea que
opera en España y, repito, por tanto, no tiene ningún sentido calificarla como estratégica,
como irreemplazable, como insustituible, como una empresa que tenga que ser sí o sí rescatada a
través de inversiones o a través de préstamos por parte del Estado. Tan mala es, en definitiva,
la situación de la empresa que antes de acudir al gobierno a pedirle un rescate, Plus Ultra
había acudido al ICO para pedir un préstamo de esta entidad, un préstamo que tiene que ser
otorgado conjuntamente por otras entidades financieras privadas que sí asumen en parte el riesgo de la
operación. Y acabamos de enterarnos de que tanto BBVA como Santander o Bankinter rehechazaron
extender un crédito ICO a Plus Ultra porque consideraban que la operación implicaba un
altísimo riesgo de impago. Es normal, se estaba pidiendo un crédito 10 veces superior al patrimonio
neto de la entidad. Por tanto, un enorme apalancamiento en una empresa que jamás ha tenido beneficios y
cuya perspectiva de negocio futura está menguada por la pandemia no es precisamente la inversión
más segura que pueda efectuar alguna entidad financiera. Pero el escándalo del préstamo a
Plus Ultra no termina aquí. Los fundadores de esta compañía son dos empresarios españoles,
Fernando González en Fedaque y Julio Miguel Martínez Sola, que fueron los empresarios que
quebraron en el año 2006 el Madrid. Por tanto, los antecedentes de inversión de estos dos señores
tampoco son especialmente alagüeños como para considerar que tienen una gran visión empresarial y
que por tanto Plus Ultra será reflotada. Es más, en el caso particular de Fernando González en
Fedaque fue condenado el pasado mes de febrero a casi un año de cárcel por delito fiscal. Por
tanto, ni siquiera el currículum personal de uno de los fundadores de la compañía de cara al
cumplimiento de las obligaciones que el Estado dice que los ciudadanos tienen en su favor es
especialmente ejemplar como para ser agraciado, aunque sea indirectamente por ayudas del Estado.
Si esto es así, si todo esto discurre de esta manera, por qué entonces el gobierno a través de la
SEPI ha decidido rescatar con un préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra? Pues de nuevo,
aunque no estemos en las cabezas de los miembros de PSOE y de Podemos que han impulsado esta operación,
hay algunos elementos, hay algunos factores que mueven a la sospecha. Y los elementos que
mueven a la sospecha es que el 57% del capital de Plus Ultra está en manos de dos compañías,
SNIP Aviation y Fly Spain, que son dos empresas controladas por empresarios venezolanos a fines
al régimen bolivariano. Entre ellos Rodolfo José Reyes Rojas y Roberto Roselli. De hecho,
dos de las muy pocas rutas que operaba la compañía eran las rutas Madrid-Caracas y Tenerife-Caracas,
dos rutas que pudieron ponerse en marcha, que pudieron ponerse en funcionamiento por la ayuda
expresa que prestó el régimen Chavista a la compañía. Y si no, escuchemos al presidente de Plus
Ultra Fernando García Manso deshacerse en elogios en el año 2018 por el proyecto estratégico
conjunto que iniciaban con esas rutas el régimen Chavista y la compañía Plus Ultra que ahora
está siendo rescatada por el gobierno español. Pero sobre todo, darles las gracias por todo lo que
han hecho para conseguir que esto se esté produciendo. Creo que sin su ayuda hubiese sido casi
imposible el poder realizar el proyecto que ahora estamos iniciando. Que estamos iniciando no
solamente con este vuelo, este vuelo es lo de menos, es lo menos importante. Lo más importante es
el proyecto que va a venir, que con la ayuda de las autoridades de Venezuela vamos a ser capaces
de desarrollar. No nos vamos a quedar solamente en mover pasajeros de Madrid a Caracas, de Tenerife
a Caracas, sino que lo que vamos a hacer es desarrollar un proyecto que sea básico para
Venezuela que cumpla con todas las expectativas que ellos tienen de una nueva aerolínea y que
seamos capaces de algún día de volverles el favor. Muchísimas gracias también a todas las
amigas y amigos que hoy nos acompañan, ya que ellos van a ser también parte de este proyecto.
Muchísimas gracias y hasta pronto. En definitiva, todo, absolutamente todo lo que rodea a este rescate
estatal de la aerolínea Plus Ultra por parte del gobierno español, huele fatal. Huele fatal porque
no hay una justificación objetiva, ni siquiera en función de los parámetros, alegados por el propio
gobierno para determinar qué empresas deben ser rescatadas y cuáles no. No hay una justificación
objetiva que valide este rescate y también, obviamente, por las circunstancias que rodean a la
compañía. Circunstancias no lo podemos obviar, referidas a la participación mayoritaria dentro
del capital de la empresa por parte de empresarios afines al régimen chavista en una empresa que
ha declarado expresamente que mantiene relaciones estratégicas privilegiadas con el propio régimen
chavista. Este es uno de los motivos por los cuales el Estado no debería rescatar empresas,
porque el riesgo de malversación de fondos, incluso de malversación dentro de la legalidad,
podríamos hablar no de malversación legal, sino de malversación moral de fondos, es extremo. Los
políticos, haciendo uso de su arbitrio dentro de las fronteras muy amplias que marca la ley,
pueden decidir rescatar a sus amigos, a sus amiguetes, a sus amigotes. Pueden decidir rescatar
a los empresarios que les son leales, que les son afines ideológicamente, y dejar hundir a los
empresarios inconvenientes, a los empresarios que no les son leales o que mantienen una ideología
contraria a la predominante dentro del gobierno. Ningún gobierno debería tener el poder de determinar
qué empresas son ganadoras y qué empresas son perdedoras, porque en tal caso el riesgo de que
ganadores y perdedores sean determinados en función de criterios estrictamente políticos,
y no en función de criterios económicos es un riesgo extremo. Y si algún gobierno se arroga
esos poderes extraordinarios, deberían ser unos poderes extremadamente fiscalizados por agentes
externos al propio gobierno, de tal manera que el gobierno no tenga todo el poder arbitrario para
decidir quiénes ganan y quiénes pierden. Pero recordemos que este gobierno desde el comienzo de
la pandemia se ha obstinado a que nadie fiscalice su actividad, ni su actividad política, ni su
actividad económica. El estado de alarma es una forma de evitar la fiscalización de la labor del
gobierno, y el diseño de la gobernanza de los 80.000 millones de euros que vienen de Europa es un
diseño donde el gobierno tiene todo el poder para decidir dónde van y dónde no van esos fondos.
Es un gobierno, por tanto, con poderes extraordinarios que no quiere que sean limitados por nadie.
Y precisamente porque no quiere que sean limitados por nadie, las sospechas de abusos de poder,
especialmente en casos tan flagrantes como el de Plus Ultra, deberían ser evidentes.
Al fin y al cabo, los políticos que no quieren ser controlados es porque se quieren descontrolar.