Los concejales del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Anchezmato y Celia Mayer, acaban de
ser imputados por malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario.
Se trata de una imputación que ataca directamente el código ético de la coalición Ahora Madrid,
donde se contiene el compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos
ante la imputación por la adjudicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación
con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos
o privados, cohecho malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés
propio o para favorecer a terceras personas. Por consiguiente, del hecho, la imputación
por malversación y del compromiso, el cese en caso de malversación, se sigue necesariamente
que ambos cargos públicos tienen que cesar de forma inmediata de sus responsabilidades.
Es verdad que, según ellos mismos están tratando de justificar, esta malversación
de fondos públicos no tenía como finalidad el enriquecimiento personal, sino de estapar
una presunta trama corrupta que giraba alrededor del torneo Open de Tennis. El problema es
que para destapar esta trama corrupta utilizaron medios ilícitos, es decir, malversaron fondos
de una empresa municipal llamada Madrid Destino. El caso es bastante similar, así estos concejales
hubiesen ordenado escuchas ilegales contra algún político de la oposición sobre el
que pesaran sospechas de corrupción. Por muy noble que pudiera aparecer el objetivo
de la lucha contra la corrupción, desde luego, la utilización ilegal de medios ilícitos
de la vulneración de los derechos de una persona o la malversación de los fondos públicos
constituye atendiendo a la textualidad del código ético de ahora Madrid una causa tan
relevante como la corrupción para el enriquecimiento personal para motivar el CS de ambos concejales.
El caso, por tanto, no debería admitir mucha más discusión, ya digo, de la textualidad
tanto de los hechos como de los compromisos. Se sigue la necesidad de una única conclusión
que es el CS, pero sí permite reflexionar sobre cuatro aspectos sobre los que normalmente
no se piensa, no se razona con la suficiente profundidad o con el suficiente detenimiento
como sería necesario. Primero, a mayor tamaño de las administraciones
públicas, mayores opciones para que los políticos se corrompan. No significa necesariamente
que toda administración pública sea más corrupta, toda administración pública de
mayor tamaño sea más corrupta que otras administraciones públicas de menor tamaño.
Esta norma o esta ley es una ley Cetilis Paribus, es decir, suponiendo que todo lo
demás se mantiene constante. Simplemente significa que a mayor tamaño de la administración
mayores medios para que los políticos puedan canalizar su corrupción o a mayor poder político
mayores opciones de abusar de ese poder político. En el caso que nos ocupa, sin la existencia
de una empresa pública, Madrid Destino, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer habrían tenido
más difícil malversar caudales públicos porque, en última instancia, utilizaron esta
empresa porque era la forma más sencilla de conseguir sus fines que era elaborar informes
que detectaran la corrupción en el torneo Open de Tennis. Por tanto, una forma de luchar
contra la corrupción es, sin duda, poner coto, restringir el poder que tienen los políticos
para hacer y deshacer dentro de nuestras sociedades como ellos arbitrariamente gusten.
Todo punto importante a tratar. Corrupción no es únicamente buscar el enriquecimiento
personal. Hay políticos que, desde luego, entran en la política para forrarse utilizando
de una manera inapropiada el poder político que adquieren una vez acceden a un determinado
cargo público. Sin embargo, el único abuso de poder posible, la única corrupción posible
en es ésta, puede haber políticos a los que el poder económico, el estatus económico,
no les seduzcan absoluto y que, por tanto, no entren en política para forrarse. Pero
esos mismos políticos, quizá, si se vean enormemente seducidos por retener y conservar
el poder político, no por el poder económico, no por el estatus económico, pero sí por
el estatus político o social. De tal manera que instrumentar el Estado, no para incrementar
el saldo de mi cuenta corriente, sino para incrementar mis opciones de reelección electoral
a través de la utilización de mecanismos ilícitos, como puede ser las escuchas ilegales
o la malversación de fondos públicos, también es una corrupción que debe ser combatida
frontalmente y es una corrupción tan peligrosa como la que únicamente se dirija el enriquecimiento
personal. No es menos malo el corrupto que contrae un voto de pobreza para asentarse
en el poder, para utilizar las administraciones públicas, no con el propósito de enriquecerse,
sino de perseguir a la oposición mediante medios ilícitos, que el político que entra
fugazmente en política solo para rapiñar la hacienda pública e incrementar su patrimonio.
Tercer aspecto a considerar, la lucha contra todas las modalidades de corrupción, no solo
la corrupción dirigida al enriquecimiento personal, sino también la corrupción como
abuso de poder para consolidarse en el poder, se ha convertido en España en un arma esencialmente
política. Nuestros gobernantes no asumen públicamente un compromiso muy firme de luchar contra la corrupción,
porque estén convencidos de que la corrupción es un mal que hay que erradicar. Asumen ese
compromiso porque de esa manera son capaces de atraer una mayor cantidad de votos y lo
que aspiran es a maximizar votos adoptando aquellos mensajes que consideren que maximizan
esas opciones de obtener sufragios. Y desde luego el mensaje duro contra la corrupción
es ahora mismo un mensaje que a los votantes les gusta escuchar y es un mensaje, por tanto,
que lanzan los políticos tanto los de Podemos o izquierda unida como los de Pepe o Ciudadanos,
en el que no necesariamente creen, pero al que sí se ascriben para captar esos votos.
Pero no sólo esto, además la lucha contra la corrupción, la investigación y la denuncia
de casos de corrupción en los partidos rivales es una forma de destruir al adversario. No
se denuncia, por tanto, la corrupción de otras formaciones políticas porque haya una voluntad
de regenerar las instituciones, sino porque en la medida en que cada político ha asumido
un compromiso tan firme contra la corrupción, cualquier sospecha que pese alrededor suyo
de corrupción le fuerza o lo empuja a dimitir y apartarse, es decir, a Rinconan, al rival
a través de la denuncia, la investigación de casos de corrupción. Por eso, el PP ahora
está reclamando el cese inmediato de estos dos concejales de ahora Madrid y, sin embargo,
por causas exactamente idénticas a estas se resistió durante semanas a que el presidente
de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, dimitiera. O por eso, ahora Madrid, que siempre ha hecho
gala de una lucha absoluta contra la corrupción, ahora mismo está tratando de echar balones
fuera con respecto a la imputación de Sánchez Mato y Celia Mayer. No creen en la corrupción
como exigencia de todo cargo político que debe mantenerse de manera total en cualquier
circunstancia, creen en la corrupción como arrojadiza contra sus rivales.
Y, en cuarto lugar, estar imputado no equivale a ser culpable. No sería ninguna sorpresa
si Sánchez Mato y Celia Mayer en el futuro fueran desimputados, es algo que perfectamente
puede ocurrir. Y por eso, es lógico, es sensato, es pertinente plantearse si los políticos
deben dimitir apenas hayan sido imputados, es decir, aún no habiendo sido declarados
culpables por ningún órgano judicial. Y existen motivos para oponerse a este criterio,
es decir, oponerse al criterio de la imputación como causa para el cese inmediato de la actividad
política. Sin embargo, han sido los propios políticos quienes, sin que nadie les haya
obligado, han asumido el compromiso de marcharse de sus cargos apenas hayan sido imputados.
Y han asumido ese compromiso, obviamente, porque, como decíamos, ese compromiso tan
duro, tan firme, contra la corrupción constituía y constituye un reclamo electoral muy atractivo.
Por tanto, han adoptado una pose para maximizar votos. Y lo lógico es que ahora asuman las
responsabilidades que se deriva de esa pose aún cuando no crean en ella por considerarla
injusta o por considerarla exagerada. Fueron ellos quienes elevaron el estándar de exigibilidad
y, por tanto, ahora hay que exigirles que sean coherentes. De hecho, en principio, no
debería pasar nada por el hecho de que un alto cargo sea imputado, dimita de su cargo,
y si luego es desimputado, regrese a él. Sería algo así como una baja por imputación,
baja temporal por imputación. El problema de esto es que los propios políticos saben
que no es en absoluto verosímil que si se marchan de sus cargos puedan regresar a ellos
cuando lo deseen en caso de haber sido desimputados. ¿Por qué? Pues porque precisamente, como
decíamos, la lucha contra la corrupción se ha convertido en un arma política, pero
no sólo en una arma política contra los partidos rivales, sino también en una arma
política por la lucha del poder interno dentro de un partido político. En el caso que nos
ocupa, por ejemplo, la imputación permite que Manuela Carmena, aparte, se cargue a dos
concejales con los que ha tenido conocidas fricciones públicas y privadas. Permitirá
Manuela Carmena que una vez, si es que finalmente se libra de estos dos concejales, una vez
sean desimputados, si es que son desimputados, vuelvan a sus cargos. Pues es muy dudoso,
porque sí, ya se ha quitado una patata caliente para que va a volver a admitir dentro de
su gobierno esa patata caliente. Además, los cargos que ahora ocupan, la concejalía
de economía y hacienda, en el caso de Sánchez Mato o la concejalía de cultura y deportes,
en el caso de Celia Mayer, habrán sido ocupados por otros compañeros políticos que, desde
luego, no tendrán ningún interés en abandonar sus cargos para devolvérselos a ambos políticos
en caso de que sean desimputados. Los que accederán, los que promocionarán a las concejalías
de hacienda y cultura, tienen tanta sed de poder como Sánchez Mato o Mayer y, por tanto,
no estarán en absoluto conformes con cesar cuando ellos puedan regresar. Y como esto
lo saben todos los políticos, por eso se resisten tanto a cesar en caso de ser imputados.
En definitiva, no hay otra salida, salvo vulnerar el código ético de ahora Madrid, no hay otra
salida para Sánchez Mato y Mayer que la dimisión. Han sido imputados por malversación de fondos
públicos y ellos habían suscrito el compromiso de cesar en sus cargos si eran imputados por
ese supuesto. Puede ser que ambos concejales sean inocentes y puede ser que no haya un
objetivo de enriquecimiento personal detrás de esta presunta corrupción, pero eso no
es excusa válida para saltarse un código ético que ellos han suscrito. Nadie les pidió
que asumieran ese compromiso, lo asumieron para acceder a los cargos públicos que ahora
ocupan y por ese mismo criterio deben abandonar los cargos públicos que ahora ocupan. Quisieron
maximizar sus votos, quisieron maximizar sus opciones electorales volviéndose tremendamente
rígidos contra la corrupción y ahora les toca apechugar con los estándares que ellos
mismos se marcaron. Al final, el saturno de la instrumentación política de la corrupción
ha terminado devorando a sus hijos.