Como en la inmensa mayoría de países de la Unión Europea, los servicios privados de educación y sanidad
están exentos de tributar por IVA.
Sin embargo, el Gobierno de Peso del Podemos ambiciona a cambiar esta situación en España
y pretende que los servicios privados de educación y sanidad empiecen a tributar con un IVA del 21%.
Es decir, la sanidad y la educación privada dejaría de estar exenta de pagar IVA
y empezaría a tributar al tipo general del IVA del 21%.
¿Cuál es el motivo que hay detrás de este rejonazo fiscal contra la sanidad y la educación privada?
Podría haber dos buenos motivos por los cuales se quiere impulsar este cambio impositivo.
El primer motivo es que estamos en una situación de déficit público gigantesco,
de déficit público que a medio plazo amenaza con colocar contra las cuerdas la solvencia del Reino de España
y por consiguiente hay que esforzarse en reducirlo.
Un Gobierno liberal se centraría en reducirlo por el lado de los recortes del gasto público
y un Gobierno socialdemócrata sería comprensible, al menos desde su lógica interna,
que se centraran en reducirlo a través de sus vidas impositivas.
Por tanto, un motivo que podría inspirar este incremento del IVA del 0%
hasta el 21% para los servicios privados de educación y de sanidad podría ser ese,
que se dirige a aumentar la recaudación del FISCO para así cuadrar el enorme déficit público
que amenaza con llevarnos a la bancarrota a medio plazo.
Un segundo motivo que podría justificar esta subida y que tendría bastante lógica interna
sería el de mejorar el diseño del IVA.
Actualmente, como sabemos en el IVA, hay cuatro tipos impositivos.
Uno del 0%, uno super reducido del 4%, uno reducido del 10% y uno general del 21%.
Pero ¿por qué hay cuatro tipos impositivos del 0, el 4, el 10 y el 21%
cuando podría haber un único tipo impositivo que fuera más bajo que el actual tipo general?
Por ejemplo, grabamos todos los bienes y servicios de consumo al mismo tipo único
que en lugar de ser del 21%, podría ser del 18%, del 17% o del 16%
debido a que lo que se recaudaría además de los servicios y de los bienes de consumo
que hoy están exentos o que hoy tributan al IV o que hoy tributan al X
se podría utilizar para rebajar el tipo general sin perder por ello recaudación.
¿Por qué no adoptamos esta política?
Que además evitaría discriminar entre distintos tipos de productos dentro de la cesta del consumidor.
¿Por qué, por ejemplo, la electricidad ha de tributar al 21% y, en cambio, las flores al 10%
o por qué, siguiendo el tema que ocupa este vídeo,
por qué la educación y la sanidad han de estar exentas de tributar a un tipo del 0%
y, en cambio, los ordenadores con los que podemos también, por ejemplo, educarnos
han de tributar a un tipo del 21%.
No parece haber mucha lógica en esta discriminación de tipos impositivos
que normalmente se convierte en un terreno ideal para el lobismo, para el cabildeo.
Los grupos de presión organizados intentan influir al gobierno para que su producto
en lugar de tributar al tipo general, tribute a un tipo reducido, superreducido
o esté exento en perjuicio de otros grupos menos organizados
que se tienen que contentar con que su mercancía tribute al 21%.
Si todos los bienes tributaran al mismo tipo impositivo más bajo que el actual tipo general
evitaríamos discriminaciones injustificadas dentro de la cesta de consumo del consumidor
y también en el terreno competitivo del mercado, entre las distintas empresas
que ofrecen distintos productos que hoy están grabados a distintos tipos impositivos del IVA.
Si esta unificación de los tipos impositivos no se suele plantear en la esfera pública
es porque tiende a pensarse que perjudicaría a las rentas más bajas.
Si hay consumidores de rentas bajas que consumen sobreproporcionalmente un producto, por ejemplo,
el PAN, y el PAN está grabado hoy al 4%, si subiéramos el PAN del IV al 21%,
lo que provocaríamos sería que esos consumidores de rentas bajas
experimentaran un sablazo tributario muy fuerte y mucho mayor al que experimentarían las rentas altas.
Sin embargo, esta idea, que no es del todo incorrecta, es incompleta.
¿Por qué es incompleta? Porque aunque es verdad que los consumidores de rentas bajas
tienden a destinar un mayor porcentaje de sus rentas a ciertos productos,
que idealmente son aquellos que están grabados con un menor tipo impositivo,
los consumidores de rentas altas también consumen esos mismos productos
que están grabados con bajos tipos impositivos, de tal manera que los tipos reducidos y superreducidos,
y también las exenciones, actúan como un beneficio fiscal del que se apropian tanto las rentas bajas
como las rentas altas. De acuerdo con la IREF, de hecho ese beneficio fiscal,
ese ahorro impositivo es mayor en términos absolutos para las rentas altas que para las rentas bajas.
Por ejemplo, el 30% de consumidores con mayor renta
concentran más de la mitad de la rebaja impositiva debido al tipo reducido del 10%.
En cambio, los consumidores de rentas bajas, el 30% de familias con menor renta,
apenas se quedan con menos del 15% de ese beneficio tributario.
O dicho de otra manera, sería más razonable si lo que queremos es no perjudicar fiscalmente las rentas bajas
que hubiese un único tipo de IVA, un único tipo impositivo de IVA,
y que se compensara, vía transferencias de renta, a las rentas bajas
por el exceso de tributación al que tendrían que enfrentarse debido a la subida impositiva.
En lugar de transferir renta de manera más o menos indiscriminada
a todas las familias con independencia de su nivel de renta,
que se concentre la transferencia en las rentas más bajas y no en las rentas más altas.
Por tanto, también podría haber por este lado una justificación desde el lado de la eficiencia
en el diseño del IVA para eliminar la exención en educación y sanidad.
Sin embargo, esta eliminación de la exención de tributación por IVA, de la educación y la sanidad
encaja en alguno de estos dos supuestos, contribuye o a incrementar la recaudación neta del Estado
y por tanto a reducir el déficit público, o contribuye a volver el IVA más eficiente
mejorando la distribución de los beneficios fiscales contenidos en el IVA hacia las rentas más bajas.
Pues ni lo uno ni lo otro. Es verdad que esta exención del IVA sobre la sanidad y la educación privada
le cuesta en términos brutos al Estado 3.500 millones de euros según la IRF.
Es decir, si los servicios de educación y sanidad privada tributaran a un IVA del 21%,
cabe esperar que el Estado recaudara 3.500 millones de euros más de los que recauda actualmente.
Por tanto, uno podría pensar, bueno, 3.500 millones de euros no es del todo una pequeña cantidad de dinero
y puede contribuir a reducir el déficit público.
¿Cuál es el problema? Que según la propia IRF, este incremento bruto de la recaudación
no significa que el Estado vaya a tener en términos netos más recursos. ¿Por qué?
Pues porque muchas de las familias que hoy recurren a la sanidad privada o a la educación privada
y que, por tanto, descargan a la educación y a la sanidad pública de tener que proporcionarles plazas
en escuelas o en hospitales públicos, muchas de esas familias, como digo, probablemente
opten por dejar de acudir a la sanidad o a la educación privada si experimentan una subida de precios del 21%
o cercana al 21%. ¿Por qué puede suceder que parte de esta subida del IVA sea absorbida
contra la cuenta de beneficios por los proveedores de sanidad y de educación privada?
También puede suceder, claro, que muchos de estos opten por cerrar en la medida en que tengan que absorber
un porcentaje demasiado alto de la subida y, con esa absorción, no sea rentable proporcionar ciertos servicios.
Y, claro, si estas familias dejan de demandar servicios en la escuela privada o en los hospitales privados
y empiezan a demandar servicios en la escuela pública o en los hospitales públicos,
el gobierno tendrá que incrementar el gasto en sanidad pública y en educación pública
no para mejorar la calidad de las plazas que hoy existen en educación y en sanidad pública,
sino para incrementar el número de plazas en estos servicios públicos.
Si un ciudadano ya no utiliza el hospital privado y acude al hospital público, habrá que habilitar más plazas en el hospital público.
Si un ciudadano ya no utiliza la escuela privada sino que acude a la escuela pública,
habrá que habilitar más plazas en la escuela pública.
Y todo esto supone un incremento del gasto público, insisto,
no para mejorar la calidad de las plazas existentes, sino simplemente para habilitar más plazas.
¿Cuál va a ser entonces el ahorro neto del gobierno eliminando la exención de tributación por IVA de educación y sanidad?
Pues, según la AIREF, que cifra el aumento bruto de la recaudación en 3500 millones de euros,
según la AIREF, no está claro que vaya a haber ningún tipo de ahorro neto,
porque si hay que aumentar el gasto en 3500 millones de euros, o más,
para adotar las plazas que se van a desplazar desde el sector privado al sector público,
entonces sí ingresaremos más, pero gastaremos más,
con lo cual no habrá ningún tipo de contribución a la reducción del déficit público,
o en todo caso su contribución será muy pequeña, será minúscula,
y no justifica en absoluto esta brutal subida tributaria para los servicios de educación y sanidad desde el sector privado.
¿Y qué decir del segundo motivo?
Hacer tributar a los servicios privados de educación y sanidad al 21%
va a contribuir a mejorar la eficiencia y el diseño del funcionamiento del IVA
va a volver el IVA más progresivo en la medida en que se va a redistribuir
más parte de los beneficios fiscales, en forma, por ejemplo, de gasto, hacia las rentas más bajas.
Pues de nuevo, tampoco, por lo que ya hemos dicho,
eliminar esta exención va a traducirse en que el Estado va a tener que gastar
lo que va a recaudar por eliminar la exención,
en dotar plazas públicas, en hospitales y en escuelas,
para aquellos ciudadanos que hacían uso de colegios privados y de hospitales privados,
y que a partir de ahora, tras la subida del IVA, ya no podrán hacerlo.
Esos ciudadanos, previsiblemente, no eran de rentas bajas,
por tanto, el gasto se va a distribuir hacia rentas que no son bajas,
sino rentas medias y rentas altas a través del sistema público.
Y en todo caso, aunque fueran rentas bajas, quienes utilizaran la sanidad y la educación privada,
esas rentas bajas, a través de la exención, ya recibían su porción del beneficio fiscal.
Por consiguiente, para poder recibir un 21% del precio que algunos ciudadanos pagan en la educación privada
o en la sanidad privada, el Gobierno va a tener que asumir un coste de la plaza del 100%
para aquellos ciudadanos que dejen de acudir a la sanidad privada o a la educación privada.
Por tanto, para recaudar el 21% del precio de una plaza,
en muchos casos, el Gobierno tendrá que costear el 100% del coste de esa plaza.
No es, por consiguiente, que vaya a quedar más recaudación disponible
para poderla redistribuir en términos netos en mayor medida a las rentas bajas.
No es así, lo que se recaude de más va a ir a parar en gran medida, si no en su totalidad,
a financiar el gasto público extra de las plazas públicas en hospitales y en escuelas
que serán recibidas por antiguos usuarios, que ahora ya no podrán costearse,
de las plazas privadas en escuelas y hospitales, antiguos usuarios de rentas medias,
medias altas o incluso de rentas altas.
No va a haber más redistribución hacia las rentas bajas, sino que la recaudación extra
irá a parar a dotar plazas para los ciudadanos de rentas medias y de rentas altas
que empiecen a utilizar los servicios públicos.
En definitiva, no hay ningún motivo razonable, ni reducción del déficit,
ni mejoría del diseño del IVA para en estos momentos, en este contexto,
suprimir la exención a la educación privada y a la sanidad privada.
Si el gobierno está intentando, si el gobierno pretende sacar adelante esta reforma de la fiscalidad,
no es por buenas razones, no es ni para aumentar netamente la recaudación,
cosa que ya hemos dicho que no sucedería, ni es tampoco para aumentar la redistribución
hacia las rentas bajas, cosa que también hemos dicho y hemos explicado que no sucedería.
¿Por qué el gobierno está intentando hacer esto?
Porque busca arrinconar, busca marginar, busca descabezar la provisión privada de educación
y de sanidad en este país.
El único objetivo es incrementar el tamaño del sector público,
es volver a porciones crecientes de la sociedad, independientes de los servicios que proporciona el Estado.
Porciones de la sociedad que hoy tienen una alternativa, que hoy escogen voluntariamente
una alternativa en el mercado, en la sanidad y en la educación privada,
pero que si se les encarece excesivamente el precio a través de los impuestos,
no tendrán otro remedio que empezar a demandar esos mismos servicios a través del sector público.
Por consiguiente, se trata de reducir las plazas en el sector privado para incrementar las plazas en el sector público
y no porque los ciudadanos quieran mayores plazas en el sector público,
porque esos ciudadanos están escogiendo plazas en el sector privado,
es simplemente para incrementar el control que el Estado tiene sobre la sociedad,
no incrementar el bienestar de los ciudadanos,
no incrementar la calidad de las plazas que hoy existen en el sector público,
simplemente incrementar la cantidad de esas plazas para que una mayor cantidad de ciudadanos
en lugar de escoger voluntaria e independientemente qué servicios quieren recibir
y de dónde quieren recibirlos, no tengan otro remedio que someterse
a los servicios públicos que no quieren en materia de educación y de sanidad.
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