Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, será el próximo presidente
de Brasil después de haber derrotado en las urnas y por un estrecho margen al actual
presidente Jair Bolsonaro. Lula ha expresado en numerosas ocasiones su oposición a la
política fiscal que ha venido aplicando Bolsonaro durante los últimos años, de modo que todo
hace pensar que habrá cambios significativos en esta política fiscal. ¿Pero en qué consistirá
en esos cambios? ¿Hasta qué punto afectarán a la economía brasileña? Veámoslo.
Lula da Silva será el próximo presidente de Brasil después de haber derrotado a Bolsonaro
en las elecciones presidenciales de este pasado domingo. Lula obtuvo finalmente el 50,9% de todos
los votos y Bolsonaro el 49,1%, una diferencia de menos de dos puntos que pone de manifiesto la
alta división social y electoral que existe dentro del país. Lula por consiguiente tendrá
que gobernar sobre un país no solo social y electoralmente dividido, sino también con unas
cámaras con greso y senado que en su mayoría están copadas por partidarios de Bolsonaro,
de modo que el margen de maniobra político de Lula no será ni mucho menos tan amplio como
muchos se están suponiendo. No solo tendrá enfrente a buena parte del electorado brasileño,
sino que además no tiene poder legislativo para sacar adelante muchas de sus iniciativas.
Pero desde luego una de las grandes promesas electorales, y diría más de las grandes obsesiones
ideológicas de Lula da Silva, es incrementar el tamaño del Estado brasileño y más en
particular de su administración federal. Lula como político de izquierdas y en esto es plenamente
coherente, aboga por un Estado mucho más grande que el actual a una costa de asfixiar,
a una costa de estrechar el ámbito de la sociedad civil, el ámbito del mercado. No quiere más
mercado y más sociedad a costa de reducir el Estado, sino más Estado a costa de reducir
el mercado y la sociedad civil. Sin embargo, para que Lula pueda incrementar de manera
sustancial y permanente el tamaño del Estado brasileño, necesita desembarazarse, necesita
eliminar las rígidas reglas fiscales que actualmente atenazan, para bien desde una
perspectiva liberal, que actualmente atenazan el crecimiento, el potencial crecimiento del
Estado brasileño. A día de hoy las finanzas públicas del Estado brasileño se hayan sometidas
subyugadas, controladas por tres reglas de carácter constitucional. La primera regla es la regla de
responsabilidad fiscal, que establece ciertas provisiones de transparencia presupuestaria. La
segunda regla es la llamada regla de oro, que prohíbe que el Estado brasileño se endeude para
financiar gastos corrientes. Y la tercera regla, quizá la más importante, el obstáculo más
serio a los objetivos expansionistas del Estado que tiene Lula, es la regla del tope de gasto
público, una regla constitucional que impide que el gasto público en Brasil crezca anualmente por
encima de la inflación. O dicho de otra manera, esta última regla impide que el tamaño del
Estado brasileño aumenta en términos reales. Como mucho se puede incrementar el gasto público en
el mismo porcentaje en que se hayan incrementado los precios para mantener el nivel de gasto
público real. Pero no por encima, de modo que el gasto público real en Brasil ha de mantenerse
constante. Y si el gasto público real se mantiene constante, su peso dentro de la economía,
su precio dentro del producto interior bruto, tenderá a caer. Si la economía crece en términos
reales y el gasto público se queda constante también en términos reales, el peso del gasto
público en el PIB tiende a descender. La regla no obstante tiene cierta flexibilidad. Por ejemplo,
Bolsonaro se la asaltó en 2020 y 2021 apelando a la necesidad de recurrir a gastos extraordinarios
para hacer frente a la pandemia. Lo que no se puede hacer es incrementar estructuralmente,
ordinariamente, el gasto público por encima de la inflación. De hecho, y como podemos
observar en este gráfico, a partir del año 2016, que es cuando se aprueba este techo federal del
gasto público, el peso del gasto público en Brasil ha ido descendiendo lentamente. Es verdad que
ha habido algún momento de incremento extraordinario el año 2020 por la pandemia y es verdad que,
como remarcaba hace un momento, se trata de un techo para el gasto federal, pero no para el gasto
de las regiones, de modo que, aunque el peso del gasto federal dentro del PIB caiga, se podría
compensar por un incremento del peso del gasto público regional dentro del PIB, pero incluso
con todo ello, la tendencia a la baja es clara. Se trata, por tanto, de una norma constitucional
tremendamente interesante e importante para cualquier liberal, dado que se trata de una
restricción al crecimiento del Estado. Es verdad que, en el caso de Brasil, se trata de una restricción
temporal. Solo durará dos décadas, si no se la deroga antes, claro está, entre el año 2016 y
el año 2036, pero ojalá tuviéramos en vigor esa limitación constitucional del gasto en España
o en cualquier otro país desarrollado. Se trata, por cierto, de una limitación constitucional del
gasto que no fue aprobada por Bolsonaro. Esta norma fue introducida en la Constitución
brasileña en diciembre del año 2016 bajo la presidencia de Michel Temer. Bolsonaro se encontró
con esa restricción y, más o menos, la respetó. Ya hemos dicho que, en el año 2020, disparó
extraordinariamente el gasto por la pandemia. Y, de la misma manera, Lula da Silva, en sus primeras
presidencias, tampoco se vio sometido a esta regla porque todavía no se había aprobado,
que no está claro cómo Lula pretende convivir con esta norma constitucional que limita sus
ansias expansionistas del gasto público. O, mejor dicho, si sabemos cómo Lula quiere convivir
con esa regla y es suprimiéndola y es eliminándola. El programa electoral con el que el Partido de
los Trabajadores concurrió a estas elecciones lleva, entre sus puntos principales, la supresión
de ese techo de gasto. Porque, según argumenta Lula, si no se elimina ese techo constitucional al
crecimiento del gasto público, no podrá desplegar su programa que consiste justamente en expandir
sobremanera el tamaño del sector público sobre la sociedad brasileña. Por consiguiente, es obvio
que Lula quiere desembarazarse de esa restricción constitucional. En general, los políticos que
quieren más poder no quieren estar sometidos a reglas y a restricciones. Lo que quieren es
absoluta arbitrariedad para imponer su voluntad sobre los ciudadanos. Eso está claro. Lo que no
está claro es cómo pretende eliminar esta regla constitucional, dado que Lula no tiene mayoría en
las cámaras y la enmienda constitucional tiene que ser aprobada por las cámaras. De modo que si Lula
no consigue eliminar esta regla constitucional, gran parte de su programa económico, sobre todo aquella
parte del programa económico que tenga implicaciones sobre el gasto público, quedará en papel mojado
salvo que Lula quiera saltarse la Constitución brasileña. Sin embargo, y a este respecto,
tampoco descartemos que parte de los diputados y senadores bolsonaristas terminen apoyando la
propuesta de reforma constitucional de Lula para eliminar o al menos para flexibilizar esta regla
de gasto. Y es que el propio bolsonaro, que repito no fue el que aprobó la regla, insistió
durante su campaña electoral en que esta regla fiscal debía ser, si no eliminada, si modificada
para permitir una mayor flexibilidad a la hora de expandir el gasto público. En la recta final de
las elecciones, bolsonaro necesitaba comprar votos de muchos ciudadanos de renta baja y para eso se
puso a prometer subsidios. Y para consolidar un incremento estructural de los subsidios en
Brasil, necesitas reformar la regla de gasto. De ahí que bolsonaro también fuera partidario de
alterarla, no de suprimirla, como quiere Lula, pero sí de alterarla para permitir un mayor
crecimiento del tamaño del sector público. Pues bien, ojalá la política no haga en este
campo extraños compañeros de cama, ojalá no se unan los partidarios de Lula y los partidarios
de bolsonaro para cargarse esa regla que contiene que limita el crecimiento del sector público del
estado en Brasil. Si esa crucial regla sobrevive, la presidencia de Lula no podrá hacer, al menos
desde un punto de vista presupuestario, demasiado daño a la economía brasileña, porque si quiere
incrementar unas partidas de gasto, por ejemplo, Lula dice que quiere incrementar el gasto en
infraestructuras, tendrá que recortar otras partidas de gasto. No habrá, por tanto, un argumento de
peso para subir masivamente los impuestos a la población con el objetivo de financiar un
incremento del gasto público que esa regla constitucional impide que se dé. Ahora bien,
si Lula consigue cargarse esa crucial regla constitucional, tendrá en gran medida manos libres,
tampoco ilimitadamente porque no tiene mayoría en las cámaras, pero sí tendrá mucho más
margen de maniobra para disparar el tamaño del estado a costa de sangrar tributariamente a los
brasileños. Podrá proponer incrementos muy fuertes del gasto público que si no quiere financiar
con deuda, y el propio Lula se ha manifestado en contra de financiar gran parte de ese incremento
del gasto público a través de la emisión de deuda pública, tendrá que financiar subiendo
impuestos. Y subiendo impuestos no solo a los superricos, sino al grueso de la clase media,
de la clase media alta de la sociedad brasileña. Pero si no puede incrementar el gasto público,
tan sangrantes subidas de impuestos no tendrán ninguna función, no tendrán ningún sentido, y
probablemente no se acaben produciendo, salvo quizá de manera cosmética, con el objetivo de
alimentar las ansias revanchistas de parte de su electorado. Así pues, lo fundamental para
limitar el expansionismo estatal de Lula da Silva es preservar esa regla constitucional que limita
el crecimiento del gasto público real dentro de Brasil. Si esa regla fiscal sobrevive,
la presidencia de Lula, al menos desde un punto de vista presupuestario, pasará sin pena ni gloria.