Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Vildo, han presentado una enmienda a los
presupuestos generales del Estado para prohibir, hasta el año 2023, los desahucios en España.
Prohibir los desahucios por impago de la letra de la hipoteca o por impago del alquiler ha
sido una medida que desde hace muchos años resulta especialmente popular entre muchos
sectores de la sociedad. Parece que si estás a favor de que se permita el desahucio contra
aquellas personas que están ocupando un inmueble y que no hacen frente a los compromisos que
han asumido voluntariamente para ocupar ese inmueble, ya sea compromisos hipotecarios o ya
sea un contrato del alquiler, eres una persona desalmada y totalmente despreocupada por
las necesidades de esos ciudadanos en algo tan crucial como es el lugar en el que encuentran
cobijo y forman un hogar. Sin embargo, cuando una persona dice que está a favor de los desahucios,
¿exactamente qué quiere decir? Porque aquí cabe interpretar dos significados distintos
que normalmente se entremezclan de manera tramposa para imputarle a la persona que dice
que está a favor de los desahucios posiciones que desde luego no mantiene. Estar a favor
de los desahucios podría significar y muchos así lo interpretan, insisto, tramposamente,
que uno disfruta con que se desauce a aquellas personas que no pueden pagar el alquiler
o que no pueden pagar la hipoteca, que aún no le gustaría que en nuestra sociedad hubiesen
muchísimos más desahucios porque eso es algo positivo para su visión de la buena sociedad.
Creo que esta es una posición que nadie o prácticamente nadie sostiene, creo que todos
lamentamos profundamente que haya personas que hayan visto deteriorada su posición y
su situación económica tanto, que se vuelvan incapaces de hacer frente al pago de la vivienda
en concepto de hipoteca o en concepto de alquiler. Ojalá no hubiese ningún desahucio en el país
porque todo el mundo pudiese pagar holgadamente la hipoteca o el alquiler y por tanto todo
el mundo pudiese conformar un hogar en condiciones de estabilidad y de previsibilidad económica.
Pero estar a favor de los desahucios tiene otra interpretación que creo que es la correcta
y que es la que yo, por ejemplo, sostengo. Estar a favor de los desahucios también significa
que sea posible desahuciar a aquellas personas que impagan el alquiler o la hipoteca, no
que sea algo positivo para la sociedad, que haya muchas personas que impaguen el alquiler
o la hipoteca y que en consecuencia sea positivo, que haya muchos desahucios para el país.
No, si hay casos de impago, de alquiler o de hipoteca y que además no puedan llegarse
a una renegociación de las condiciones contractuales entre el acreedor, por ejemplo, el banco
o entre el propietario de la vivienda y el inquilino, si hay un conflicto irresoluble
y hay una violación contractual irresoluble, entonces algunos defendemos que exista la posibilidad
de desahuciar a aquellos que incumple en su parte del contrato, ya sea pagar la hipoteca
o ya sea pagar el alquiler. O dicho de otra manera, más que a favor de
los desahucios, estamos a favor de la posibilidad de los desahucios o estamos en contra de que
se prohiban los desahucios, no porque nos gusten los desahucios, sino porque prohibirlos
trae peores consecuencias que permitirlos. ¿Y cuáles son esas consecuencias?
Bueno, desde el punto de vista de aquellos a los que se pretende beneficiar con la prohibición
de los desahucios, tengamos muy presente que si se instituye y se extiende temporalmente
la norma de que está prohibido desahuciar en este país, ni los bancos van a dar hipotecas
a aquellas personas que consideren que tienen un riesgo de impago alto, porque hasta la fecha
les pueden dar una hipoteca, ¿por qué? Porque aunque luego no paguen, está la vivienda como
garantía hipotecaria. Por tanto, el banco es consciente de que, aunque una persona tenga
un trabajo precario o tenga un trabajo estable pero con un sueldo muy bajo, puede llegar
a darle una hipoteca para que esa persona llegue a devenir propietario de la vivienda
porque el banco es consciente de que si deja de pagar la hipoteca se podrá apropiar del
inmueble y lo podrá vender para recuperar el capital que ha prestado. De la misma manera,
el propietario de un inmueble que lo saca en alquiler puede estar dispuesto a alquilarselo
a personas con un trabajo precario, con un sueldo bajo, siempre y cuando sepa, sea consciente
de que si impagan puede recuperar la vivienda para sacarla de nuevo al mercado del alquiler
y alquilarsela a otras personas o simplemente tenerla disponible para sus usos y sus necesidades.
Si en cambio la norma que instituimos es si usted da una hipoteca y el hipotecado le impaga
las letras de la hipoteca, usted no puede quedarse con el inmueble para recuperar el
capital que ha prestado, o si usted alquila una vivienda y el inquilino no le paga lo
que han acordado, usted no puede echar al inquilino, evidentemente la consecuencia será
que se darán muchas menos hipotecas a las personas vulnerables y se alquilarán muchas
menos viviendas a las personas vulnerables. Y esta restricción de acceso a la vivienda
ya sea en propiedad o un alquiler de las personas vulnerables se puede articular de muchas formas,
por ejemplo exigiéndoles tipos de interés más altos o exigiéndoles un alquiler más
elevado o exigiéndoles mayores garantías personales o exigiéndoles en el caso del
alquiler avales bancarios mucho más cuantiosos, de tal manera que el propietario sepa que
si no paga el inquilino paga el banco, pero el aval es caro especialmente para personas
con baja renta que no pueden permitirse contratar ese producto bancario, etcétera. Es decir,
si las personas vulnerables no pueden ofrecer a sus acreedores o a sus arrendadores la garantía
de que si ellos no cumplen con su parte del contrato, la vivienda vuelve a estar disponible
para acreedores y para arrendadores, entonces ni a acreedores ni a arrendadores pondrán
viviendas a disposición de las personas más vulnerables y no lo harán o cerrándoles
totalmente la puerta a mantener relaciones contractuales con ellos, siendo conscientes
del enorme riesgo que acarre a que estas personas pierdan su empleo, de que estas personas
dejen de pagar la hipoteca o el alquiler o no lo harán porque formalmente si les dejarán
la puerta abierta pero exigiéndoles unas condiciones que les excluirán totalmente
de la posibilidad de llegar a un acuerdo. Por tanto, este tipo de medidas lo que hacen
es restar posibilidades a las personas más vulnerables, a las personas con renta más
baja para que puedan encontrar una vivienda digna en la que habitar, pero es que además
también tengamos en cuenta otra cuestión fundamental. El gobierno no debería hacer
política social a costa de prestamistas y a costa de propietarios de vivienda. Si el
gobierno quiere hacer política social en materia de vivienda, lo que podría hacer desde una
perspectiva social demócrata es construir mucha más vivienda pública para las personas
especialmente vulnerables, pero no expropiar de facto la vivienda de los prestamistas
o la vivienda de los arrendadores porque ese gobierno ha sido incapaz de construir vivienda
pública para estas personas. Por supuesto, se podrá objetar que ahora mismo no hay tiempo,
que ahora mismo hay muchas personas en situación de vulnerabilidad, en situación de riesgo
de desahucio y que por tanto si el gobierno no prohíbe los desahucios durante algunos
años hasta que construya vivienda pública, entonces esas personas quedarán en una situación
de desamparo. Pero existen otras soluciones mucho más justas para los prestamistas hipotecarios
o para los arrendadores y es que si el gobierno considera que es absolutamente urgente, absolutamente
necesario que estas personas no sean desahuciadas, el gobierno podría hacerse cargo, en el caso
de aquellas personas que sean incapaces de pagar la hipoteca o de pagar el alquiler, podría
hacerse cargo de esa cuota hipotecaria o de ese alquiler hasta que las personas salgan
de su situación de vulnerabilidad social. Pero expropiar, aunque sea temporalmente el
inmueble a arrendadores y a prestamistas, diciéndoles, ustedes no pueden desahuciar
ni al inquilino ni al hipotecado que está incumpliendo su contrato, no van a cobrar
y no van a recuperar el inmueble, es imponerles una carga social totalmente desproporcionada
a estas personas. Es como crear un impuesto tremendamente extraordinario que sólo va
dirigido contra estas personas y no contra el conjunto de la sociedad, lo cual insisto
incluso desde una perspectiva social-democrata no tiene mucho sentido y no es una medida
especialmente equitativa. Desde una perspectiva liberal, sin embargo, hay otras soluciones
a este problema mucho más de fondo, a este problema que hunde sus raíces a mucha mayor
profundidad. ¿Por qué hay personas en situación de vulnerabilidad social que no pueden acceder
a una vivienda digna? Pues básicamente por dos razones. Primero, porque tenemos un mercado
laboral horroroso en el cual aproximadamente un tercio de la población activa está alternando
el desempleo con contratos ultra precarios. ¿Y por qué eso es así? Porque hay otra parte
del mercado laboral que está ultra protegida frente a cualquier posibilidad de despido
y, por tanto, para compensar el exceso de rigidez que supone esta parte de la fuerza
laboral con contratos indefinidos que no se pueden rescindir salvo a un coste altísimo
y salvo en circunstancias excepcionales, la legislación laboral habilita la ultra precarización
de ese tercio de la fuerza laboral. Es decir, que los empresarios obtienen flexibilidad
no del conjunto de los trabajadores, con lo cual lograríamos que en general no hubiese
trabajos precarios, aunque no hubiese tampoco trabajos tan hiperprotegidos como lo están
hoy. Lo que tenemos es que dos tercios de los trabajadores están ultra protegidos
y para compensar consiguiendo algo de flexibilidad, toda la flexibilidad precarizadora recae
sobre los hombros de ese tercio de la fuerza laboral que alterna el desempleo y los contratos
precarios. Ese es un problema. El problema de que hay una parte de los españoles que
no tiene un flujo de ingresos estable como lo podría tener en otros países de los que
ya hemos hablado en otros momentos, por ejemplo en Suiza, podréis encontrar una descripción
del mercado laboral suizo en la sección de pestañas, donde hay mucha más libertad laboral
que en España y donde los contratos son mucho más estables y los salarios mucho más altos.
Pero existe otro problema y es el problema de los altos, muy altos precios de la vivienda,
porque la vivienda se ha encarecido tanto en los últimos años. Bueno, hay muchas causas,
pero la principal, la fundamental es que la oferta de vivienda está restringida políticamente,
por tanto otra política social que se podría adoptar o más bien. La supresión de una
política antisocial que ahora mismo está en vigor sería liberalizar el mercado inmobiliario
para que los precios de compraventa y los precios de alquiler puedan bajar y combinando
mayor estabilidad laboral con sueldos más altos y precios de la vivienda más bajos
porque haya aumentado la oferta y, por tanto, haya más disponibilidad de vivienda, lograremos
una mayor accesibilidad generalizada a la vivienda y, por tanto, muchos menos desahucios
de aquellas personas que ahora mismo están logrando con muchas dificultades acceder a
una vivienda en condiciones de fragilidad y precariedad. La respuesta no puede ser mantener
las causas subyacentes que provocan esta dificultad de acceso a una vivienda a muchas
personas que están en condiciones de precariedad. La solución ha de ser solventar esos problemas
subyacentes para que desaparezca la precariedad laboral y los altos precios de la vivienda.
Sin embargo, en este país parece que la política social consiste en cargar las tintas sobre
aquellas personas que han conseguido ahorrar y han conseguido invertir y han conseguido
capitalizar el país trasladándoles toda la responsabilidad de hacerse cargo de los problemas
que genera el intervencionismo estatal en ámbitos como el laboral o el inmobiliario,
pero lo peor de todo, lo más paradójico es que, con este tipo de medidas como prohibir
los desahucios, lejos de facilitar el acceso a la vivienda a aquellas personas a las que
supuestamente se quiere ayudar, lo que se estaría haciendo es dificultándoles todavía
más a esas personas en situación de vulnerabilidad económica el acceso a una vivienda. Se trataría
de una vuelta de tuerca más en la política antisocial, tanto laboral como inmobiliaria,
que está desarrollando este gobierno.