Pedro Sánchez ha acabado de ofrecer su discurso de investidura, y entre todas las palabras
que ha desplegado, permítanme destacar este fragmento donde el candidato a presidente
de gobierno resume cuál pretende que sea la forma, la línea, el método de actuación
de su coalición de gobierno, porque más allá de valores y de objetivos que todos,
en general, podemos más o menos compartir, más riqueza, más generación de empleo,
de mejor calidad, vivienda más barata, más allá ya digo de estos objetivos generales,
lo que importa es cómo conseguir que esos objetivos se materialicen, y aquí Pedro Sánchez
resume, en este fragmento Pedro Sánchez resume cómo pretende conseguirlos.
En cuanto al método, permítanme que lo resumen en pocas palabras, será un gobierno activo,
ejecutivo y en consecuencia resuelto. Necesitamos un gobierno que dialogue y que decida. Nos
han tratado de convencer, señorías, desde las posturas conservadoras de que el Estado
forma parte del problema y no de la solución, que el mejor gobierno es aquel que se esté
indolente y se inhibe de los problemas del país, hemos tenido bastante durante estos
últimos ocho años, ya hemos visto que no es así, en la crisis por ejemplo de Cataluña,
en las pensiones, en la investigación, en la proyección internacional, ya hemos visto
que cuando no se abordan los problemas rara vez mejoran, a menudo empeoran, y a veces
en Ponzoña. Claro que los gobiernos a veces cometen errores en sus acciones, señorías,
también se equivocan las empresas, también se equivocan los mercados, no son infaribles,
pero el peor error de un gobierno es precisamente no actuar, es cruzarse de brazos.
Dos comentarios sobre este fragmento. El primero es que existe una diferencia fundamental
entre que se equivoque el Estado y que se equivoque una empresa. Si una empresa se equivoca, esa
empresa paga las consecuencias, son aquellos que han tomado decisiones equivocadas, quienes
concentran el coste de su error, hasta el punto de que la empresa, si se equivoca recurrentemente,
si se equivoca sistemáticamente, termina quebrando, termina desapareciendo y por tanto ya no tiene
capacidad para seguir equivocándose porque ya no existe. Sin embargo, cuando se equivoca
el Estado, el Estado nos hace equivocar a todos porque el Estado nos obliga a seguir sus mandatos
que pueden ser equivocados y por tanto cuando se equivoca el Estado, cuando hierra el Estado,
no es en sí mismo el Estado quien sufre las consecuencias, sino el resto de la sociedad
a la que le ha aplicado, a la que le ha impuesto sus mandatos. Por consiguiente, existe un
incentivo muy perverso a que el Estado se siga equivocando, si el Estado sistemáticamente
se equivoca, los costes los soportan otros, si una empresa sistemáticamente se equivoca,
los costes los soporta la empresa. Por no hablar claro de que la empresa tiene un conocimiento
mucho más directo de la realidad que le atañe porque la vive día a día y en cambio el
Estado no controla absolutamente todos los espacios de la sociedad, todos los espacios
de la vida social que pretende regular y por tanto será mucho más propenso a que se equivoque
el Estado, a que a que se equivoque una empresa, un individuo o una familia pudiéndose evidentemente
equivocar todos. Y segundo comentario, precisamente porque el Estado se puede equivocar y nos puede
hacer equivocar muy gravemente a todos, no es verdad que siempre el mayor error que pueda
cometer un político sea no actuar, en ocasiones el mayor error será actuar de manera desnortada,
de manera desorientada, de manera suicida para el conjunto de la población.
Cuando Sánchez tilda de conservador el que el Estado no actúe, en realidad lo que está
queriendo decir es que lo prudente es que el Estado no actúe. Hemos de ser escépticos
sobre el comportamiento de aquellas personas que tienen incentivos a equivocarse sistemáticamente
sin rectificar y que carecen de la información necesaria para actuar con buen criterio. Y
los políticos, los burocratas precisamente porque pretenden sobre regular todos los aspectos
de la sociedad suelen tener esos incentivos perversos a equivocarse sistemáticamente
sin rectificar y suelen carecer de la información suficiente y necesaria para poder actuar
con buen criterio. Por tanto lo prudente, no lo conservador, lo prudente es que en muchas
ocasiones un político que no sabe cómo actuar no actúe. Y de hecho vamos a demostrar esta
premisa con otras partes del discurso de investidura de Pedro Sánchez donde claramente está
incurriendo en contradicciones flagrantes precisamente por ese deseo, por esa ambición,
por esa obsesión con actuar en todos los frentes con planificarlo absolutamente todo
aún cuando no tenemos toda la información necesaria para actuar con buen criterio o
aún cuando se están entremezclando intereses perversos que nada tienen que ver con el objetivo
que presuntamente se está especificando que se pretende alcanzar. Empecemos escuchando
los objetivos que Sánchez dice que pretende alcanzar en materia de crecimiento económico
y de creación de empleo. En primer lugar señorías, el primer capítulo
se refiere a la consolidación del crecimiento, a la creación del empleo digno. En España
señorías necesita consolidar su crecimiento económico, seguimos creciendo por encima
de la media europea, esto es una evidencia, pero debemos mejorar las condiciones de competitividad,
de productividad y de cohesión para hacer de nuestro crecimiento un crecimiento más
sostenible. Esta triada competitividad, productividad y cohesión serán los pilares que justifiquen
las transformaciones económicas que abordaremos. De ahí, por ejemplo, que propugnemos un crecimiento
que se traduce en empleo, de ahí que propugnemos un crecimiento que combata la precariedad,
de ahí que propugnemos un crecimiento que garantice el trabajo digno, estable y de calidad.
Vengamos los tres objetivos de Sánchez de materia de crecimiento económico, productividad,
competitividad y cohesión. Y como forma de expresar esta productividad, esta competitividad
y esta cohesión, Sánchez pretende que el crecimiento económico se traduzca en más
empleo, más estable y de mayor calidad. Por consiguiente, lo que cabría esperar que
se está buscando es un país con industrias más productivas, es decir, que sean capaces
de producir más con menos, más competitivas, que precisamente porque son más productivas,
puedan colocar más fácilmente esas mercancías en los mercados extranjeros y, por último,
cohesión en el sentido de calidad de vida derivado de ese crecimiento económico, un
crecimiento económico más inclusivo que beneficie a un mayor número de personas.
Bien, esos son los objetivos. Vayamos ahora a examinar cuáles son las medidas que Sánchez
está defendiendo para lograr esos objetivos. En esencia, Sánchez está proponiendo volver
al marco laboral previo a la reforma del mercado de trabajo de 2012, es decir, al marco laboral
que tuvimos entre el año 1980 y el año 2012. Ese marco laboral, no lo olvidemos, es responsable
por un lado de consolidar una tasa de paro estructural en nuestro país del 17% y de
haber elevado la temporalidad hasta tasas tan sumamente elevadas como el 35% de todos
los asalariados. Difícilmente, por tanto, con la propuesta de Sánchez de cargarse la
reforma laboral del año 2012, conseguiremos más empleo y más estabilidad. Lo que tuvimos
con el régimen laboral previo a 2012 fue tasa de paro altísima, 17% de media y temporalidad
altísima de hasta el 35% en numerosos años, incluso en medio de la supuesta prosperidad
de la burbuja inmobiliaria entre el año 2002 y el año 2007. Por supuesto, cabría decir
que, si bien la medida que estaba proponiendo Sánchez volver al marco laboral previo a
la reforma laboral de 2012 no va a conseguir solventar los problemas de empleo de este
país, que son problemas que arrastramos en los últimos 40 años, al menos la derogación
de la reforma de 2012 si contribuirá a mejorarlos en el margen, es decir, que contribuirá a
crear algo más de empleo y contribuirá a reducir la temporalidad. Pero la evidencia
que tenemos es toda la opuesta. La reforma laboral del año 2012, sin haber sido la panacea
porque España sigue teniendo una tasa de paro altísima y una tasa de temporalidad
muy alta, pero la reforma laboral de 2012 contribuyó a crear empleo, contribuyó de
hecho a evitar la destrucción de empleo. Según el BBVA Research, la reforma laboral
de 2012 salvó un millón de empleos de la destrucción entre el año 2012 y el año 2014
y habría salvado casi dos millones de empleos de la destrucción si se hubiese aprobado entre
el año 2008 y el año 2011. Por tanto, en general, habría evitado, evitó o habría
evitado la destrucción de tres millones de empleos y el marco laboral que pretende
reinstaurar Sánchez es un marco laboral que habría destruido tres millones de empleos.
De hecho, el propio gobierno en la actualización del programa de estabilidad que remite regularmente
a Bruselas reconoce en ese documento que desde el año 2012 la tasa de paro estructural
de España ha bajado. Por tanto, la reforma laboral ha sido positiva para, con un determinado
crecimiento, ser capaces de crear más empleo o de destruir menos empleo, y Sánchez prometiendo
que va a fomentar más generación de empleo a partir del crecimiento económico lo que
hace es regresar a un marco laboral que destruía más empleo o que generaba menos empleo según
la coyuntura. Pero además, la reforma laboral también ha facilitado una reducción de la
temporalidad. Actualmente la tasa de temporalidad es del 27%, la más alta de Europa, es un
problemón que tiene nuestra economía, es una diélogo cuestiona, pero es que antes
de la reforma laboral del año 2012, con tasas de paro similares al actual, en torno al
14%, la tasa de temporalidad no era del 27%, era del 32% o del 35%. Por tanto, por consiguiente,
la reforma laboral siendo insuficiente para solventar los problemas de fondo de nuestro
mercado de trabajo ha supuesto un paso adelante tanto en términos de generar empleo o de
evitar destruir empleo, según ya digo la coyuntura creciendo o contrayéndonos, y de
reducir la temporalidad. Que Sánchez pretenda cargársela solo va a significar menos empleo
y más temporalidad. Aquí tenemos un buen ejemplo de que muchas veces es mejor que un
gobierno no actúe a que actúe de manera irresponsable y sin criterio. Pero escuchemos
algunas propuestas más del candidato a la presidencia del gobierno para presuntamente
lograr esa economía española más productiva y más competitiva.
España necesita, señorías, también aumentar el peso de su industria en el conjunto del
producto interior ruto y para ello se va a crear un plan de desarrollo industrial que
sirva para mejorar la competitividad y crear empleo de calidad. El gobierno, señorías,
activerá los recursos del Estado para garantizar la continuidad que es importante en aquellas
empresas que sean una fuente fundamental de empleo en sus comarcas. Es decir, vamos a
luchar, como hemos luchado durante estos últimos meses, decididamente contra las deslocalizaciones
industriales.
Atención, después de haber dicho que quiere una economía más productiva y más competitiva,
nos está diciendo que pretende subvencionar a aquellas empresas que han dejado de ser
competitivas en nuestro país y que pretenden trasladarse, deslocalizarse a otros entornos
jurídicos y económicos donde las condiciones de productividad y competitividad son más
favorables que en nuestro. En lugar de haber dicho que pretende reformar el marco institucional
para que las empresas que no son productivas ni competitivas vuelvan a serlo, lo que nos
está diciendo es que va a mantener esa improductividad y esa anticompetitividad de las empresas,
pero para evitar que cierren o para evitar que se marchen, las va a subvencionar con
el dinero de todos los contribuyentes. Por tanto, lo que está haciendo es consolidar
un entramado empresarial anticompetitivo e improductivo, no lo contrario. Y de hecho,
fijémonos en el siguiente ejemplo que da a este respecto.
No puede quedar nadie atrás, no puede haber herdedores, y para ello señorías les anuncio
que crearemos el Instituto de Transición Justa, que será la evolución del Instituto
de las Cuencas Mineras para desarrollar planes de acción urgente para las comarcas afectadas
por el cierre de centrales de carbón, los centrales nucleares, con el calendario conocido,
de manera que se aseguren nuevas oportunidades de empleo en las comarcas afectadas.
Asturias será una de las regiones más prosperas de España antes de la reconversión industrial,
y después de esa reconversión industrial manejada, planificada, subvencionada por nuestros
políticos, Asturias se ha convertido en una región donde los jóvenes se están marchando
en masa porque no existen oportunidades para desarrollar su vida en ella.
¿Qué hizo el gobierno para facilitar la reconversión industrial de Asturias? Regarla masivamente
con dinero para generar redes clientelares autoalimentadas que no eran productivas, sino
que estaban especializadas en seguir viviendo, en seguir pastando del presupuesto. Por tanto,
lo que se ha quedado es una región que depende totalmente de las transferencias del resto
de España y que ha sido absolutamente vaciada de industria, en un sentido amplio, es decir,
de actividad económica, en lugar de haber facilitado, de haber bajado masivamente impuestos
en la región, de haber liberalizado las normas que dificultaban que encarecían la inversión,
no solo en Asturias, sino en el conjunto de España, pero también en Asturias para atraer
empresas, para atraer inversiones, lo que se hizo fue subvencionar con dinero público
ocupaciones que no generaban valor y que como no lo generaban, lo siguen sin generar y la
única forma de que sigan manteniéndose vivas esas ocupaciones, esas redes clientelares
es manteniendo las subvenciones, la lluvia de dinero hacia las mismas. Podremos pensar
que esto está justificado por evitar, como decía Sánchez, que no haya perdedores, que
nadie se quede descolgado por ayudar a todo el mundo, pero por favor, que no nos vendan
esto como un ejercicio de economía productiva y competitiva. Lo que se está proponiendo
aquí en definitiva es subsidiar nuevamente la improductividad y la anticompetitividad.
Quizá con objetivos nobles, pero desde luego buscar la productividad y la competitividad
es incompatible con regar, con dinero público, actividades social y económicamente improductivas,
que es lo que se ha venido haciendo en Asturias en los últimos 30 años y es lo que pretende
seguir haciendo Sánchez con su plan de transición ecológica para todas aquellas regiones,
para todas aquellas comarcas que inevitablemente se verán afectadas de manera muy negativa
por los planes del gobierno de reconversión ecológica.
Vayamos ahora con otro conjunto de propuestas que Sánchez se saca de la manga para supuestamente
impulsar la productividad y la competitividad de la economía española y muy en concreto
la obsesión que tiene Sánchez con la digitalización de la economía. Escuchemosle.
Y vamos a apoyar también la transformación digital de las PIMES a través de la aprobación
de un marco estratégico PIMES 2030. Hoy en día ya estamos actualizando, lo saben ustedes,
el catálogo para incorporar 80 nuevas titulaciones y cursos de especialización asociados, sobre
todo y ante todo con uno de los objetivos que he dicho antes, la digitalización de nuestra
economía. Pero es necesario ir mucho más allá. Vamos a actualizar los contenidos de
los 172 títulos y existentes para que en todos ellos se incorpore un nuevo módulo de digitalización
aplicada a cada sector productivo. El comercio, cambiando de tercio, señorías, no debe estar
ausente de la ola de modernización que necesita nuestro país y presentaremos un plan de modernización
haciendo el comercio minorista que impulse la digitalización y la adaptación a las
nuevas tecnologías. No es que la digitalización no sea importante. Es absolutamente fundamental.
No vamos a poder competir a lo largo de las próximas décadas en un mercado globalizado
si no estamos en la red. Eso es evidente. El problema es que Sánchez, al mismo tiempo
que nos vende muchos planes muy exhaustivos para desde el Estado promover la digitalización,
al mismo tiempo que hace todo esto, fijémonos qué propone fiscalmente.
Es decir, que al mismo tiempo que nos está vendiendo, que pretende impulsar la digitalización
con planes muy exhaustivos, muy complejos, muy detallados desde las administraciones públicas,
nos está diciendo que va a crear un impuesto sobre las transacciones digitales, que va a
dificultar que las empresas den el salto digital, que va a implantar la denominada tasa Google.
Y aunque es verdad que esta tasa Google supuestamente sólo afecta a grandes empresas digitales,
no olvidemos que los servicios que prestan estas grandes plataformas digitales a las
pequeñas y medianas empresas van a haber repercutido este impuesto, que en definitiva
va a ser pagado por las pequeñas empresas que intenten digitalizarse. Por ejemplo, cuando
una empresa se intenta anunciar a través de Google o a través de Facebook para dar
a conocer sus productos en la red, ese ingreso por anuncios de Google estará sometido a
un impuesto y ese impuesto Google se lo trasladará a la PIME a la que le saldrá más caro anunciarse
en la red. Cuando una empresa pretenda vender su producto a través de Amazon y Amazon le
cobre un canón a esa empresa por el producto que está comercializando a través de su
portal en internet, ese canón que le cobre Amazon a la PIME llevará un impuesto que le
será trasladado a la PIME y a la que por tanto le saldrá menos a cuenta sacar sus
productos a la red porque parte de su margen de beneficio se lo estará comiendo la tasa
Google. Por consiguiente, existe una clarísima esquizofrenia entre es fundamental incorporarse
en la era digital y, por otro lado, vamos a crear un impuesto sobre la digitalización.
Los impuestos retraen la actividad. Si tú quieres menos de algo, grábalo con un impuesto.
Si Sánchez quiere más digitalización, no debería colocar un impuesto sobre las transacciones
digitales y es lo que está haciendo. De hecho, podemos buscar un paralismo muy fácil,
muy cercano con la llamada fiscalidad verde. Sánchez quiere que se contamine menos y como
quiere que se contamine menos, crea impuestos sobre la contaminación. Escuchémosle en
sus propias palabras.
Señorías, es el momento de apostar por un futuro verde y la fiscalidad es un instrumento
más para lograrlo. El objetivo último será desincentivar comportamientos nocivos para
el medio ambiente y tendrá una premisa clara y es evitar que cualquier cambio normativo
impacte sobre las clases medias y trabajadoras.
Dejemos de lado lo de que la fiscalidad verde no va a afectar a las clases medias y trabajadoras
cuando el día es elazo. Pero centrémonos en el razonamiento nuclear. Sánchez está
diciendo que quiero desincentivar actividades contaminadoras y, por tanto, las voy a grabar
con un impuesto. Traslademos esta misma lógica a la digitalización. Sánchez dice que quiero
que se digitalice la economía y, por tanto, voy a grabar las transacciones digitales
con un impuesto. No tiene absolutamente ningún sentido. Con la tasa Google, lo único que
pretende Sánchez es hacer caja para financiar la expansión del Estado. Y cuando Sánchez
nos está diciendo que pretende que busca digitalizar la economía, en realidad se trata
de pura propaganda, se trata de un paripé. Sánchez no quiere, no le importa, no le interesa
que se digitalice la economía. Es una excusa para justificar la expansión de las regulaciones
estatales, de las intervenciones estatales en la economía. Si de verdad le importará
la digitalización de la economía, lo primero que tendría que hacer es facilitar un marco
fiscal que impulse esa digitalización, no que la penalice. Y, justamente, Sánchez lo
que está haciendo es penalizar la digitalización de nuestras empresas a través de la tasa
Google.
Nuevamente, por tanto, comprobamos que muchas veces es mejor no actuar, es mejor no dedicarse
a multiplicar los planes estratégicos para digitalizar la economía. Al mismo tiempo que
estás grabando con impuestos la economía, que actuar, es decir, que desplegar planes
funcionariales varios, planes burocráticos varios para hacer, no sé, sabemos muy bien
el qué, y, al mismo tiempo, aquellas empresas que se digitaliten, meterles el sablazo tributario.
Pero cambiamos ahora de tercio y examinemos las contradicciones, también muy flagrantes
a este respecto, de Sánchez en materia de estabilidad presupuestaria. Comencemos escuchando
sus propias declaraciones y reafirmando sus propios compromisos en materia de estabilidad.
Lo vamos a cumplir, señorías, nuestros compromisos en materia de responsabilidad fiscal con Europa,
y lo vamos a hacer, a la vez, con sensatez en el gasto y con justicia fiscal. Una justicia
fiscal que va a exigir de progresividad y en consecuencia que nos sitúe en la media
del resto de países de la zona euro.
Por un lado, sensatez en el gasto. Vamos a ver cuánta sensatez en el gasto hay en las
promesas de Pedro Sánchez.
Por ello, vamos a incrementar los recursos públicos destinados a la educación, a las
becas, hasta situarnos en ese objetivo ambicioso, pero posible, de una inversión educativa
en un 5% del producto en el año 2025. España debe alcanzar, señorías, una inversión
sanitaria equiparable a la media de los estados de la zona euro. Y lo tenemos que hacer durante
esta legislatura, de modo que logremos ese horizonte del 7% del PIB en el año 2023.
Señorías, este será el gobierno de la garantía de pensiones dignas a través de la suficiencia
y la revolverización del sistema público. Vamos a plantear a todas las fuerzas políticas
y a los agentes sociales un nuevo pacto de toledo que garantice, mediante el blindaje
en la Constitución, la sostenibilidad y la suficiencia del sistema público de pensiones.
Vamos a actualizar mediante la ley, mejor dicho, las pensiones conforme al coste de
la vida, el IPC, y vamos a aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las
no contributivas. Vamos a aumentar la prestación por hijo a cargo para las familias vulnerables
y más adelante aplicaremos una garantía de renta para las familias sin ingresos o con
ingresos bajos. La medida en consecuencia, señorías, es acabar implantando en nuestro
país un ingreso mínimo vital que rescate de la pobreza a los sectores más vulnerables.
Sánchez acaba de hacer cuatro promesas, elevar el gasto en educación hasta el 5% del PIB,
aumentar el gasto en sanidad hasta el 7% del PIB, derogar la reforma de las pensiones
del año 2013 y establecer un ingreso mínimo vital. El coste de todas estas medidas es
de 3,5 puntos del PIB, unos 40.000 millones de euros sobre la base del PIB actual. Bien,
40.000 millones de euros es duplicar más que duplicar el déficit público que tenemos
ahora mismo. Por tanto, digamos que una sensatez mayúscula en el gasto no la estamos viendo.
Sánchez está proponiendo disparar el gasto público. Y desde luego, un gobierno social
demócrata puede, dentro de su ideología, defender de manera coherente disparar el gasto
público. Pero para hacerlo tendrá que plantear medidas impositivas que incrementen el gasto
público en 3,5 puntos del PIB. Vayamos a escuchar a Sánchez con las propuestas que
está poniendo sobre la mesa para incrementar la recaudación en una magnitud supuestamente
similar a estos 3,5 puntos del PIB. En materia social, señorías, elevaremos
el tipo efectivo para las grandes corporaciones y se lo vamos a reducir a las pequeñas y
medianas empresas. También vamos a revisar algo importante y es el régimen fiscal de
las cooperativas, de las sociedades laborales, en definitiva de la economía social para
recuperar la eficiencia tributaria en el fomento de este tipo de empresas. Y en lo relativo
al impuesto de la renta de las personas físicas, evitaremos cualquier aumento de la presión
fiscal sobre las clases medias que no se van a haber afectadas y únicamente incrementaremos
los tipos sobre la base general para los contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros anuales.
Recordemos que vamos con un gasto de 3,5 puntos del PIB o unos 40.000 millones de euros. ¿Cuánto
se espera recaudar por las dos medidas que propone Sanchez en este bloque? Es decir, subir
el tipo impositivo a las grandes empresas, por cierto, luego que no nos hablen de productividad
y competitividad, si aquellas empresas que son productivas y competitivas les subimos
los impuestos y a las que son anticompetitivas y que precisamente porque lo son se quieren
más char de España, la subvencinamos. Estamos castigando a los que producen, a los que son
competitivos, a los que generan beneficios con capacidad para pagar impuestos y estamos
subvencionando a aquellos que tienen pérdidas y aquellos que no son capaces de competir
en el mercado global. Pero cerrando este paréntesis, subir los impuestos a las grandes empresas
tendrá un efecto recaudatorio de acuerdo con el propio gobierno, no son estimaciones
mías de 1.700 millones de euros, algo menos del 0,15% del PIB. ¿Cuál será el impacto
recaudatorio de subir el IRPF a las rentas más altas a partir de 130.000 euros? De acuerdo,
de nuevo, con el propio gobierno, 328 millones de euros, es decir, menos del 0,03% del PIB,
sino del 0,03% del PIB. Tenemos que llegar a 3,5 puntos para cumplir con nuestros compromisos
de estabilidad presupuestaria con Bruselas porque 3,5 puntos de PIB es lo que aumenta
el gasto y de momento llevamos 0,16, 0,17 puntos, digamos que falta un poquito, pero
sigamos. Bueno, otros países europeos son Francia e Italia, no el resto, que aquí parece
que está hablando como si casi toda Europa tuviese esta tasa a Tobin. ¿Cuánto espera
recaudar el gobierno por esta tasa a Tobin? 850 millones de euros. Por cierto, más de
lo que se recauda en Italia y aproximadamente lo mismo que se está recaudando en Francia.
Quizás sea una previsión algo optimista, pero en todo caso 850 millones de euros, algo así como el 0,07% del PIB.
Si a esto le sumamos la previsión de recaudación por la tasa a Google, esa que va a penalizar
la digitalización con la que está tan obsesionado Sánchez, podemos llegar por tasa a Tobin y
tasa a Google según el propio gobierno, personalmente creo que será mucho menos, pero en todo caso
tomemos las previsiones del gobierno, podemos llegar a unos 0,2 puntos de PIB en el mejor
de los supuestos. Si teníamos 0,16, 0,17 y ahora tenemos 0,2, nos vamos a 0,37. Si incluimos
otros ingresos que el gobierno también ha anunciado como la fiscalidad verde o como
aquello que pretende recaudar luchando contra el fraude fiscal y tomamos de nuevo la propia
previsión del gobierno, nos vamos a una cifra de como mucho el 0,5% del PIB. Sánchez está
prometiendo gastar por año al final de la legislatura, eso sí, pero gastar por año 3,5 puntos más
de PIB al año y las medidas fiscales que plantea para tapar ese agujero y cumplir con nuestros
compromisos presupuestarios y financieros con Bruselas es del 0,5% del PIB. Por tanto sigue
habiendo un agujero de 3 puntos del PIB, unos 36.000 millones de euros en términos actuales
sobre la base del PIB actual. ¿A alguien está mintiendo Sánchez o, si no miente, no es
consciente de las barbaridades y de las incompatibilidades de lo que está prometiendo? Pero algo
me dice que sí sabe que con los impuestos que ha propuesto subir no va a haber ni muchísimo
menos para gastar tanto como quiere gastar. Y aunque ha dicho que los impuestos los van
a pagar solo las rentas altas y que no va a afectar a las clases medias y trabajadoras,
en realidad Sánchez sí ha empezado a deslizar ya, y lo que vendrá en el futuro, pero sí
ha empezado a deslizar ya algunas medidas que desde luego van a pagar las clases medias,
trabajadoras y profesionales, y muy en concreto su cambio de régimen de cotización de los
autónomos. Escuchemosle.
El Gobierno, señorías, se compromete a mejorar la cobertura y a fijar cuotas más justas
a los trabajadores autónomos. Procederemos a una equiparación gradual de los derechos
de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta jena y se establecerá un sistema
de cotizaciones por ingresos reales con mayor protección social en caso de empleo, enfermedad
o jubilación.
Cada vez que este Gobierno habla de justicia fiscal lo que en realidad está diciendo
es subir impuestos. Por tanto, cuando Sánchez habla de cuotas más justas para los autónomos,
este colectivo debería inmediatamente echarse a temblar porque lo que significa son cuotas
más altas para los autónomos. Y, de hecho, no otra cosa sucederá como consecuencia de
hacer cotizar a los autónomos en función de sus ingresos reales. Actualmente, como
sabemos, los autónomos pueden escoger su base de cotización entre un mínimo y un máximo.
La mayoría de autónomos escogen cotizar por la base mínima, a cambio también de tener
prestaciones mínimas correspondientes a esa cotización mínima con cargo a la seguridad
social, porque escogen la mínima por un lado porque prefieren administrar su propio dinero,
por otro porque no se fían de la seguridad social. La seguridad social de cara al futuro
va a sufrir enormes recortes y, por tanto, es absurdo cotizar hoy por unas prestaciones
futuras que se van a recortar sí o sí por la propia insostenibilidad del sistema.
Pues bien, Sánchez pretende quitarles esta libertad, esta potestad que tienen los trabajadores
autónomos la de escoger entre la base mínima y la máxima porque base quiere cotizar y pretende
obligarles a cotizar en función de sus ingresos reales, lo que supondrá para muchísimos
autónomos duplicar o triplicar sus cuotas de cotización a la seguridad social. Y estamos
hablando no de autónomos ultrarricos, aquellos autónomos que hoy están cotizando por la
base mínima y que ingresen 20.000 euros anuales, algo así como el salario medio de España
o que ingresen 30.000 euros anuales, algo por encima del salario medio de España, pero
desde luego no en la clase ultrarrica de la sociedad, esos colectivos autónomos con ingresos
de 20.000 o de 30.000 van a ver duplicada su cotización, su cuota mensual de autónomos
porque actualmente están pagando algo menos de 300 euros mensuales por cuota de autónomos
si escogen cotizar por la base mínima y si sus ingresos reales son de 20.000, la cuota
anual de autónomos será el 30% de 20.000, es decir 6.000 euros anuales, lo que he prorrateado
en 12 meses, son 500 euros al mes y si sus ingresos son 30.000 euros, el 30% del tipo
de cotización por 30.000 euros son 9.000 euros anuales, lo que he prorrateado en términos
mensuales son 750 euros al mes, por tanto estos dos grupos pasarán de pagar menos de 300 euros
a pagar entre 500 y 750, es decir entre duplicar y casi triplicar su cuota mensual de autónomos,
esto no tiene absolutamente nada de justo, lo que es es un saqueo en toda regla contra
el colectivo de los autónomos, lo que es es una forma de seguir exprimiendo fiscalmente
a este colectivo para financiar los programas de expansión del gasto público de Sánchez,
no es una medida para favorecer a los autónomos, no es una medida para ampliar sus derechos,
es una medida para conculcar, para restringir, para limitar, para maniatar los derechos
que actualmente tienen, que es el derecho fundamental a escoger la base de cotización,
si se quiere resolver la situación injusta, está así de los autónomos que ingresan
menos que la base mínima y que están obligados a cotizar como mínimo por la base mínima,
esto se puede solucionar tan fácilmente como permitiendo que solo los autónomos que ingresan
por debajo de la base mínima coticen en función de sus ingresos reales, pero no a todos los
demás autónomos de este país, un colectivo de 3 millones de profesionales que se seguirá
convirtiendo que se seguirá utilizando como caja registradora de nuestros políticos manirrotos.
En este caso, de nuevo, sería muy preferible que el gobierno no actuará, que el gobierno
no cambie al régimen de cotización de los autónomos a que lo haga de esta manera para
desvalijar sus precarias finanzas.
Y quiero terminar con un tema no estrictamente económico, pero que a mi juicio ilustra como
pocos porque el principio de que el gobierno actúe siempre es preferible a que el gobierno
no actúe es un principio profundamente equivocado, dado que en la mayoría de las ocasiones es
muy preferible que el gobierno se quede quieto, es muy preferible que el gobierno no nos pisotee
con sus regulaciones y con sus impuestos.
Y es un tema referido a la desinformación.
Escuchemos qué tiene que decir Sánchez a este respecto.
Como decía antes, señorías, otro de los fenómenos más dañinos para la confianza
en la que se asienta la convivencia civil es la proliferación de fecuencias.
La mentira, la calumnia, la falsedad no son fenómenos nuevos, pero la inrucción, lógicamente
de la digitalización, ha perfeccionado su producción y facilitado su expansión.
Por eso y dentro siempre de respeto escrupuloso, mejor dicho, la libertad de expresión e información,
vamos a impulsar una estrategia nacional de lucha contra la desinformación.
Todos los políticos mienten de manera masiva y sistemática a la población y Sánchez de
hecho es un paradigma de ello.
Y mienten de manera masiva y sistemática a la población porque es así con la mentira
masiva y sistemática como los políticos consiguen alcanzar y retener el poder.
De verdad, alguien se cree que es prudente otorgar el control, aunque sea muy indirecto,
de los flujos de información de un país a los políticos que viven de manipular sistemática
y masivamente esos flujos de información, es que acaso no vemos que hay un incentivo
perversísimo, malísimo de que los políticos tratarán de instrumentar esta nueva parcela
de poder que ahora quieren conseguir, controlar la proliferación, dicen de información falsa,
para ser ellos quienes manipulen y ser ellos quienes eviten que aquellos que destapan sus
manipulaciones lleguen a la esfera pública, es que no hay un riesgo enorme de abuso de
poder en esta nueva medida de querer filtrar la información que reciben los ciudadanos.
Por supuesto que sabemos que todos los espacios de nuestra sociedad y la red no deja de ser
otro espacio distinto de la misma, son espacios donde la mentira puede acampar a sus anchas
y por supuesto que eso puede ser un problema, pero el problema es muchísimo mayor si son
los políticos que, repito, viven de la mentira masiva y sistemática quienes se encargan
de controlar que es verdad y que no es verdad, sería de una absoluta irresponsabilidad colocar
al zorro al cuidado del gallinero y esto es justamente lo que está proclamando Sánchez,
que él, uno de los principales mentirosos de la clase política, se va a convertir en
el garante de lo que es verdad y de lo que no es verdad. Un nuevo ejemplo y creo que
muy claro de por qué en la mayoría de las ocasiones es preferible que el gobierno se
quede quieto, es preferible que el gobierno no controle los flujos de información a que
actúe, es decir, a que controle los flujos de información para ajustarlos a las necesidades
y a los intereses de la casta política y de la casta empresarial que rodee a una determinada
casta política. Sánchez ha reivindicado un gobierno activista, pero en realidad lo que
necesitamos es un gobierno que desactive todas las innumerables regulaciones, todas las innumerables
restricciones, todos los innumerables rejonazos tributarios que el Estado genera, que el Estado
impone, que el Estado establece sobre nuestra economía. Necesitamos más libertad, no más
control, intervención y sometimiento a la bota estatal, pero por desgracia el sánchez
activista es un sánchez intervencionista e incluso, como estamos viendo, un sánchez
censor de todo aquello que no le gusta.