Javier Milei cierra el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo. ¿Significa eso, tal como aseguran muchos de sus críticos, que Javier Milei está
a favor de la discriminación, de la Xenofobia y del Racismo? Veámoslo.
El gobierno de Javier Milei disuelve definitivamente el INADI, el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, un organismo público que en España lo tildaríamos
con toda la razón de ser de chiringuito.
Hoy finalmente, a través de lo que lo han leído en el boletín oficial, se anunció la
muerte definitiva administrativa, que era lo que faltaba, del INADI. Solo para recordarles,
en este ya inexistente instituto se habían descubierto más de 7.000 expedientes sin resolver
desde el año 2016, de su presupuesto, el 85% era destinado al pago de sueldos, mientras
que el 15% restante era utilizado para pagar alquileres, gastos corrientes, etc.
Así que, bueno, señores, fin del INADI. Para que no, esperemos no ver este tipo de institutos
que solo se usaban para hacer política nunca, nunca, nunca más en la Argentina.
Y, por supuesto, todos aquellos que, de buena o de mala fe, defienden este tipo de organismos
que, en última instancia, se terminan convirtiendo en vehículos para hacer política a costa del
dinero del contribuyente, todos aquellos que, de buena o de mala fe, defienden este tipo
de organismos han salido a la palestra a criticar a Javier Milei con un argumento muy sencillo.
Y es que, si Javier Milei elimina un organismo supuestamente dedicado a luchar contra la discriminación,
contra la xenofobia y contra el racismo, entonces es que Javier Milei está a favor de la discriminación,
de la xenofobia y del racismo. Por ejemplo, desde España, el periodista Antonio Maestre
escribió lo siguiente.
Esto es Javier Milei. Acaba de disolver un organismo destinado a combatir la xenofobia y el racismo.
Es decir, que si Javier Milei disuelve un organismo destinado a combatir la xenofobia y el racismo,
es porque Javier Milei está a favor de la xenofobia y del racismo.
No puede ser que Javier Milei esté en contra de la xenofobia y del racismo, pero a favor de cerrar
chiringuitos políticos y politizados. Si Javier Milei cierra un chiringuito político y politizado,
que supuestamente tenía que combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo,
es porque apoya la discriminación, la xenofobia y el racismo.
Ahora bien, cuando uno se lee el decreto presidencial de disolución del INADI,
la perspectiva debería cambiar un poco. En este decreto presidencial podemos leer lo siguiente.
Artículo primero.
Disuélvese el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo,
INADI, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia.
Artículo segundo. Transfiérese la totalidad de los recursos materiales y financieros del
Instituto que se disuelve por el artículo primero del presente decreto al Ministerio de Justicia.
Artículo tercero. El personal del Instituto que se disuelve por el artículo primero del presente
decreto, alcanzado por el régimen de estabilidad, queda sujeto a las previsiones de lo dispuesto por
el artículo 11 del anexo de la ley número 25.164 y sus modificatorias. Es decir, la ley que permite
despedir a aquellos empleados públicos que no puedan ser recolocados en otros puestos de la
Administración. Y artículo cuarto. El Ministerio de Justicia tendrá a su cargo la elaboración y
puesta en ejecución de las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el
racismo. Es decir, que no se trata de que el gobierno de Javier Milei esté a favor del racismo o de la
xenofobia, sino de que las actuaciones políticas contra el racismo y la xenofobia serán ejecutadas
por parte de aquel ministerio que es competente para ello, es decir, el Ministerio de Justicia. Y lo
que se hace es prescindir de los empleados públicos excesivos y redundantes que con la excusa de estar
combatiendo el racismo y la xenofobia engordaban el tamaño del Estado a costa del contribuyente.
Y esto mismo, por cierto, es lo que ha señalado con mucho acierto el ministro de Justicia argentino
Mariano Cuneo Libarona. Disolvimos el INADI, Ente Ideológico de Uso Político Partidario. Despedimos a
los empleados y devolvimos el edificio. Nuestra gestión se concentra en achicar el Estado y cerrar
los organismos innecesarios. No creemos en la utopía, yo más bien diría distopía, del Estado
eficiente. Vamos por más, mucho más. De hecho, estas mismas quejas demagógicas en contra de la política de
recortes de la administración del Estado emprendida por Javier Milley, también las pudimos escuchar
cuando Milley redujo el tamaño de su gobierno, redujo el número de ministerios y, entre otros
ministerios, eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En ese momento, por ejemplo,
el Salto Diario publicó lo siguiente. Milley cierra el Ministerio de Igualdad y deja a las
mujeres sin protección frente a la violencia machista. Más de 600 trabajadores en el paro y
decenas de miles de mujeres sin red de apoyo ante la violencia machista son los primeros efectos del
cierre anunciado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad por el gobierno ultra de Javier
Milley. O también el diario El País publicó lo siguiente. Milley desmantela en seis meses de
gestión décadas de políticas feministas y de género en Argentina. El presidente ultra cierra el
Ministerio de la Mujer y la Subsecretaría contra la Violencia de Género y desfinancia los programas
de apoyo a mujeres y diversidades sexuales. En realidad, si un gobierno quiere destinar recursos
para luchar contra la violencia, en este caso específico contra la violencia que sufren las
mujeres, un gobierno puede perfectamente destinar esos recursos aun cuando no existan ministerios u
organismos públicos supuestamente creados para combatir ese tipo específico de violencia. Si los
medios policiales persiguen a los delincuentes y protegen a las víctimas, no hacen falta organismos
de excepción para ello. Y, por supuesto, también podría haber gobiernos que se desentendieran de la
violencia que sufren las mujeres. Pero lo que estoy diciendo es que no existe ninguna correlación entre
crear decenas de organismos públicos dirigidos a luchar contra la violencia que sufren las mujeres y
que efectivamente ese gobierno esté siendo eficaz a la hora de proteger a las mujeres de la violencia
que pueden sufrir. Como tampoco existe correlación entre eliminar todos esos organismos y desproteger a
las mujeres. De hecho, en estos días se está viviendo un episodio muy desagradable dentro de la
Argentina. Y es que Fabiola Yáñez, la expareja del expresidente de la República Argentina, el peronista
Alberto Fernández, y por tanto la persona que fue primera dama de la Argentina durante el gobierno de
Alberto Fernández, acaba de denunciarlo por haber sido agredida en repetidas ocasiones durante la etapa
en la que Alberto Fernández ocupaba la presidencia de la República. Un caso que resulta bastante ilustrativo
para demostrarnos, primero, que muchas veces aquellos que van de aliados de la lucha contra la
violencia que padecen las mujeres son los primeros que más tienen que tapar, que más tienen que ocultarse,
que precisamente se colocan esos ropajes para tapar los monstruos que llevan dentro. Y cuidado,
que como mucha gente no maneja bien la lógica, no querría que se me malinterpretara. No estoy diciendo
que todas las personas que, por ejemplo, estén a favor de crear este tipo de organismos tengan algo
que ocultar. Estoy diciendo que aquellos que tengan algo que ocultar a este respecto probablemente
tratarán de disimularlo colocándose la piel de cordero por encima de su cuerpo de lobos. Y,
en segundo lugar, este caso también nos demuestra hasta qué punto este tipo de organismos de excepción,
como el Ministerio de la Mujer, pueden ser absolutamente inútiles o incluso contraproducentes
a la hora de proteger a las mujeres. No a la hora de protegerlas de manera retórica y
propagandística, sino a la hora de protegerlas en la práctica frente a la violencia que pueden
padecer. Y si no, escuchemos el relato de qué le respondió el Ministerio de la Mujer,
dentro del gobierno de Alberto Fernández, la persona que supuestamente, claro, agredía
a Fabiola Yáñez, cuando ésta llamó al Ministerio de la Mujer pidiendo protección.
¿Qué tiene en su poder el juez Ercolini? ¿Y qué tiene en el teléfono Fabiola Yáñez?
Una foto escalofriante. Escalofriante. Una mujer desfigurada.
Fabiola Yáñez tiene su cara desfigurada. Yo lo digo porque ustedes dentro de un tiempo la van a ver,
esa foto. Por eso me atrevo a decirlo. Y no es una foto desfigurada. Hay más material.
Ella en el chat le dice, es la tercera vez que me pegás así. Y él le contesta en el chat,
estoy pasando un mal momento. Ella pide ayuda. Escuchen esto.
Ella pide ayuda a los canales posibles, como por ejemplo al Ministerio de la Mujer.
¿Qué pasó?
Nada. La respuesta fue, ya va a pasar. No se puede hacer nada.
Ya va a pasar. No se puede hacer nada. Entonces, si todos estos hechos son ciertos,
en este caso particular, ¿qué función desempeñaba el afamado Ministerio de la Mujer
de Argentina? Pues no proteger a una mujer de la violencia que sufría por manos de su pareja,
sino proteger la impunidad de esa pareja para seguir agrediendo a la mujer.
Lo dicho, que si hay voluntad política, y más que política, voluntad moral, de proteger,
ya no sólo a las mujeres, pero por supuesto también a las mujeres, de la violencia que pueden
sufrir, no hace falta en absoluto multiplicar los organismos de excepción dentro del Estado
para a su vez multiplicar las contrataciones públicas y el dinero del contribuyente despilfarrado
dentro de esos organismos. Y por el contrario, si no hay voluntad de hacerlo, se seguirá sin hacer
por muchísimos organismos de excepción que crees y por mucho personal y muchísimo dinero
del contribuyente que termines dilapidando dentro de esos organismos de excepción.
Por ende, muy bien cerrado el INADI.