Los liberales tendemos a oponernos a la redistribución coactiva de la renta,
no por lo que tiene de redistribución, sino por lo que tiene de coactivo,
en la medida en que se está utilizando la violencia contra una persona
se están vulnerando sus derechos fundamentales, también el derecho de propiedad.
Pero aunque en general nos opongamos a la redistribución coactiva de la renta,
uno puede entender los motivos que llevan a ciertas personas
a defender esa redistribución desde ricos a pobres.
En principio, se trataría de quitarles a aquellos a los que supuestamente les sobra
para darles a aquellos a los que les falta.
Ya digo, aún no poniéndome a esta política, en tanto sea coactiva,
en tanto vaya en contra de la libertad individual de cada persona,
puedo entender las motivaciones de quienes defienden esta medida.
Lo que, sin embargo, me parece totalmente absurdo y descabellado
es defender la redistribución coactiva de la renta desde pobres a ricos.
Y esto es justamente lo que acaba de aprobar el Ayuntamiento de Madrid,
gobernado por PP y ciudadanos a través del llamado Bono Vivienda.
¿Qué es el Bono Vivienda?
Pues una transferencia pública de hasta 900 euros mensuales
que el Ayuntamiento de Madrid entregará a aquellos hogares que, atención,
ingresen entre 32.000 y 88.000 euros anuales,
sin ingresas menos de 32.000, no tienes acceso a este Bono Vivienda,
y que lleven empadronados como mínimo 5 años en Madrid.
Obviamente se les entregará en función del nivel de renta,
en función del alquiler que están costeando, que están pagando,
pero en todo caso se trata, ya digo, de una transferencia de dinero público
a hogares que ingresan entre 32.000 y 88.000 euros anuales.
Y no podría decirte, ¿te refieres a esto cuando hablas de redistribución
desde los pobres a los ricos?
Bueno, no solamente a esto.
Evidentemente una ayuda al alquiler a familias que ingresan hasta 88.000 euros anuales,
es verdad que en función del número de miembros, pero da igual hasta 88.000 euros anuales,
desde luego no es una transferencia ni muchísimo menos que vaya
dirigida a los más necesitados de la sociedad.
Para esto, mucho mejor sería que bajaran impuestos y que no le quitarán el dinero a la gente
para que luego los políticos lo redistribuyan arbitrariamente.
Pero el objetivo del vídeo no es constatar esta obviedad,
no es constatar que se está transfiriendo dinero público a familias de clase media a clase media alta.
Sino que, en última instancia, este dinero terminará yendo al bolsillo,
la mayor parte de este dinero, terminará yendo al bolsillo de los terratenientes,
es decir, de los propietarios de vivienda que las estén sacando en alquiler.
¿Y por qué razón esta ayuda que se entregará a los inquilinos
terminará afluyendo a los propietarios de vivienda?
Bueno, los políticos pueden determinar en la ley quién ha de pagar un impuesto
o quién ha de recibir una subvención.
Lo que no pueden hacer los políticos es determinar quién dentro de la economía
terminará soportando el coste del impuesto o terminará beneficiándose de la subvención.
Esto último, ¿quién es el auténtico perjudicado de un impuesto
o quién es el auténtico beneficiario de una subvención?
Depende de lo que en economía llamamos elasticidades de la oferta y de la demanda.
Tomemos el caso de un impuesto.
Imaginemos que se establece un impuesto sobre los ingresos de una empresa,
es decir, un impuesto que, en teoría, sobre la ley, sobre el papel, tiene que pagar la empresa.
Ahora bien, si la elasticidad de la demanda de esa empresa es inferior a la elasticidad de la oferta,
es decir, si el consumidor, aunque suba el precio, no tiende a reducir demasiado la cantidad que demanda de un producto,
por ejemplo, porque es un producto de alta necesidad, porque hay pocos competidores
a los que pueda recurrir si le suben el precio, mientras que la oferta,
si le bajan el precio, si tiene relativas facilidades para dejar de ofrecer el producto,
si eso es así, si la elasticidad de la demanda es menor que la elasticidad de la oferta,
entonces, quién soportará el impuesto en realidad no será la empresa,
aunque el impuesto se cobre sobre sus ingresos, sino que quién soportará el impuesto
será el consumidor, será el comprador. ¿Por qué? Porque la empresa le repercutirá ese impuesto al comprador,
le subirá el precio y, como el consumidor es relativamente insensible al mayor precio,
precio que insisto, sube porque se ha establecido el impuesto,
pues el consumidor no tendrá otro remedio que soportar la subida fiscal a través del precio,
a través del incremento del precio de los productos que ofrece esa empresa.
Lo comentamos hace algunos días en un vídeo que podréis encontrar arriba en la sección de pestañas
en relación con la tasa Google. ¿Quién pagará, al final, la tasa Google?
No Amazon, no Google, no Facebook. ¿Quién pagará la tasa Google?
Serán las pymes españolas que contraten los servicios de estas compañías.
Por tanto, aunque la ley haya dicho la tasa Google la pagará Google, Amazon o Facebook,
la tasa Google, al final, será una tasa pyme que la pagarán las pymes porque el coste de los servicios
de estas empresas subirá para repercutirles el impuesto que ha creado el gobierno de PSOE y de Podemos.
Pues bien, de la misma manera que una administración no puede determinar quién es el contribuyente real
y efectivo, eso se determina por la interacción en el mercado de los agentes económicos,
una administración tampoco puede determinar quién es el beneficiario real y efectivo de una subvención.
Y de la misma manera que el contribuyente efectivo es aquel que tiene un comportamiento menos elástico
en relación con su precio de referencia, en el caso de las subvenciones sucede tres cuartos de lo mismo.
¿Quién va a recibir la subvención? Aquel que tenga un comportamiento menos elástico más inelástico
en relación con su precio de referencia. ¿Por qué? Imaginemos que el comprador recibe una subvención
para comprar un determinado producto. Si el comprador recibe una subvención, la demanda de ese producto subirá.
Y para que el precio de ese producto no se encarezca después de que haya aumentado la demanda,
la oferta tendría que incrementarse proporcional o sobreproporcionalmente a lo que ha aumentado la demanda.
Sin embargo, si la oferta es muy poco elástica, es decir, aunque aumente el precio, la oferta no tiende a aumentar,
lo que sucederá con el incremento de la demanda por la subvención, será que ese mayor gasto
será absorbido por un mayor precio de la oferta, pero no por una mayor cantidad de bienes ofertados.
Y esto es exactamente lo que va a suceder con los alquileres en Madrid. Se está subvencionando a los inquilinos,
es decir, se les está dando más poder adquisitivo a los inquilinos, para que lo gasten en pagar alquileres.
Y como la oferta de viviendas en alquiler es bastante menos elástica que la demanda de viviendas en alquiler,
porque a corto plazo, aunque aumente el precio del alquiler, la oferta de viviendas que se alquilan
no va a aumentar de manera espectacular. Entonces, lo que tenderá a suceder es que el aumento del gasto en alquileres
cebado por esta subvención municipal, se va a trasladar en un mayor precio de los alquileres,
pero no en un mayor número, al menos no en un mayor número proporcional al incremento del gasto,
de viviendas en alquiler. Resultado, ¿quiénes se van a embolsar la subvención?
Los propietarios de viviendas, aquellos que saquen viviendas en alquiler y se van a embolsar
un mayor número de estas subvenciones, aquellos que tengan un mayor número de viviendas.
De ahí que esté diciendo que la redistribución sea de pobres, de los contribuyentes, del conjunto
de contribuyentes madeleños, ricos mediopensionistas y muy pobres, a otros individuos que en general
tienden a ubicarse en la parte alta de la distribución de la renta, por tanto distribución coactiva
de pobres a ricos, un absoluto disparate. Y no podría decir, pero bueno, esto es una mera consideración
teórica, ¿qué pruebas tienes de que, en efecto, si se subvenciona la demanda de alquiler,
es decir, si se les da una ayuda a los inquilinos para que puedan pagar un mayor precio por los alquileres,
¿qué pruebas tienes de que esto se termina traduciendo en un incremento de los precios del alquiler
y no, por ejemplo, en una mayor accesibilidad de viviendas?
Bueno, aunque los estudios empíricos sobre esta cuestión no abundan, si tenemos un paper del año 2006
relativo a Francia, donde las ayudas al alquiler fueron absorbidas en un 78% por los propietarios
de un inmueble por los arrendadores. Es decir, que más de 3 de cada 4 euros que se dieron de ayuda
supuestamente para que los inquilinos tuviesen más facilidades para pagar el alquiler,
terminaron engrosando los bolsillos de los propietarios de viviendas y, no lo olvidemos,
dificultando la accesibilidad al alquiler a todos aquellos que no recibieron la ayuda,
porque el precio del alquiler aumenta, porque hay unos señores que reciben ayuda del gobierno
para pagar el alquiler. Esos inquilinos que reciben la ayuda no están especialmente mejor,
un poco mejor, porque más o menos el 20% de la ayuda, según este estudio de Francia,
sí lo conservan, pero no están apreciablemente mejor, pero en cambio, claro, todos aquellos
que no han recibido la ayuda, los precios han subido para todos y van a tener mucho más complicado
que antes alquilar, porque el alquiler se ha encarecido, pero se ha encarecido por subvenciones
públicas, es decir, por estar sobrealimentando la demanda del alquiler con cargo a dinero del
contribuyente. Si el Ayuntamiento de Madrid de verdad quiere rebajar el precio de los alquileres
y ese es un propósito tremendamente noble, porque una vivienda cara no solo es un problema social,
es también un problema económico, una vivienda cara supone que la inversión en capital humano
en formación que efectúan los trabajadores, en parte, es apropiada en forma de alquileres más
altos, con lo cual la rentabilidad de invertir en formación disminuye y, por tanto, la inversión
en formación es menor y la productividad del conjunto de la economía también. Por tanto,
sí, abaratar la vivienda, volverla más accesible es un propósito noble, es un propósito al que
habría que orientar las políticas públicas, especialmente municipales, pero la solución
no es subsidiar la demanda, no es mantener una oferta rígida de inmuebles e incrementar
artificialmente la demanda. La solución pasa por incrementar la oferta, es decir, que haya muchos
más inmuebles en alquiler porque se han construido muchos más inmuebles y si la oferta
aumenta, lograremos a la vez abaratar el precio y aumentar la accesibilidad, aumentar el número
de viviendas que están siendo alquiladas y que están siendo ocupadas por ciudadanos.
Por tanto, las políticas públicas en materia inmobiliaria han de ir dirigidas esencialmente
a aumentar la oferta, no a subsidiar la demanda. Subsidiar la demanda, que es lo que está haciendo
el Ayuntamiento de PP y Ciudadanos en Madrid, es redistribuir coactivamente la renta de pobres
arricos.
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