Aprobada en el Senado la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Eso sí, con importantes modificaciones o, más bien, mutilaciones. Veámoslo.
Javier Milei se anota su primera gran victoria política desde que accedió a la presidencia
de la República Argentina. La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los
Argentinos fue aprobada por la mínima en el Senado. Y cuando digo por la mínima es por
la mínima. La aprobación general de este texto legislativo tuvo 36 votos a favor y 36 votos
en contra. Y si pudo salir adelante tanto en general como en la mayoría de capítulos en
particular fue por el voto de calidad de la presidenta del Senado, Victoria Villarroel.
Por tanto, se trató de una votación muy apretada en la que el gobierno de Javier Milei tuvo que
hacer, además, importantes cesiones. No en vano, el texto que había sido aprobado en
la Cámara de Diputados y que llegó para su votación al Senado ya era un texto tremendamente
recortado, capitidisminuido, jibarizado con respecto al proyecto de ley original de la Ley
de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Y a pesar de ello, a pesar
de que se trataba de una versión mucho menos ambiciosa que la original, el Senado argentino
la ha considerado demasiado liberalizadora, demasiado radical y todavía ha introducido
una poda, una mutilación mayor a esa versión ya de por sí rebajada de la Ley de Bases que
venía desde la Cámara de Diputados. Y siendo así, ¿qué queda en pie de la Ley de Bases?
Pues fundamentalmente cuatro grandes apartados. El primero es la aprobación de facultades delegadas,
al presidente de la República, a Javier Milei, durante el plazo de un año. Facultades delegadas
que se extenderán en materias administrativas, económicas, financieras y energéticas. Esto
significa que durante el plazo de un año, Javier Milei, como presidente de la República,
podrá legislar directamente en asuntos referidos a estas cuatro áreas competenciales,
administración, finanzas, economía y energía. Y lo hará a través de los llamados decretos
de delegación, lo cual no significa, cuidado, que esos decretos de delegación no vayan a estar
tutelados por el Poder Legislativo. Al igual que ocurre con los decretos de necesidad y urgencia,
los decretos de delegación pueden ser rechazados por las Cámaras. Si bien es necesario que ambas
Cámaras voten en contra de un determinado decreto de delegación para que éste decaiga.
Si tiene el apoyo de al menos una de las dos Cámaras, de la Cámara de Diputados o del Senado,
el decreto de delegación conservaría su vigencia. Segunda novedad que trae la ley de bases,
el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI. Aquellas inversiones extranjeras que
lleguen a la Argentina por un monto superior a los 200 millones de dólares disfrutarán de
ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias, así como de estabilidad normativa durante un plazo de 30 años.
Dada la falta de credibilidad que tiene Argentina en los mercados internacionales, se trata de un
marco institucional que proporciona importantes incentivos a las grandes inversiones extranjeras
para que se decidan a acudir a la Argentina. Sin embargo, en esta materia el Senado ha impuesto
importantes recortes. Por un lado, la redacción original, que fue aprobada además por la Cámara
de Diputados de la Ley de Bases, contemplaba que el RIGI era aplicable a cualquier sector económico
de Argentina. Es decir, que cualquier inversión superior a 200 millones de dólares que llegara
a la Argentina se podía beneficiar de este régimen especial. El Senado, sin embargo, ha limitado los
sectores que se pueden acoger al RIGI. Finalmente, sólo serán la industria forestal, la minería, la
energía, las infraestructuras y la tecnología. Todos los demás sectores, según la versión del Senado,
no se podrán acoger al RIGI por mucho dinero que los capitales extranjeros inviertan en la Argentina.
Y la segunda limitación que introduce el Senado es que cualquier gran inversión que se quiera acoger
al RIGI tendrá que destinar, como mínimo, el 20% de toda la inversión a contratar a proveedores
locales, siempre y cuando eso sí se encuentren disponibles y su oferta sea competitiva, sea de
mercado, en términos de precio y calidad. En tercer lugar, privatizaciones. Este ha sido,
sin duda, el apartado donde la mutilación de la ley de bases ha sido más intensa. Originalmente,
Javier Milei planteaba privatizar más de 40 empresas públicas. Pues bien, finalmente el Senado sólo ha
dado luz verde a privatizar dos empresas públicas. Dos de 40. ¿Cuáles son esas dos empresas? Pues por un
lado Intercargo, que presta servicios en los aeropuertos argentinos. Y Energía Argentina,
que se encarga de la exploración y explotación de los yacimientos de energía dentro de la Argentina.
Y a su vez habrá otras cuatro empresas públicas que, si bien seguirán bajo el control del Estado,
se ha autorizado que entre el capital privado e incluso que sean gestionadas por concesión
privada. Aguas y saneamientos argentinos, Belgrano Cargas y Logístico, la Sociedad Operadora Ferroviaria
y Corredores Viales. Y no podrán ser en absoluto privatizadas, YPF, Aerolíneas Argentinas y los
medios de comunicación, televisión y radio estatales. Y por último, la cuarta importante novedad que
introduce la ley de bases es una reforma de la legislación laboral argentina. Por un lado,
se introducen incentivos a regularizar la enorme cantidad de empleo informal y, por otro lado,
se eliminan las indemnizaciones especiales que, en caso de despido, recibían aquellos trabajadores
que estaban contratados de manera irregular. Y a su vez se crea una nueva categoría profesional,
la del trabajador independiente con colaboradores. Esto significa que un trabajador autónomo podrá
contratar hasta cinco personas sin que esas cinco personas sean consideradas trabajadores asalariados
cuya relación profesional esté, en consecuencia, sometida a la legislación laboral. Lo cual consigue
devolver la legislación laboral al ámbito estrictamente civil, el ámbito del que nunca debería haber salido,
e introduce mucha flexibilidad en el caso de estas pequeñas unidades empresariales que pasan a estar regidas
por contratos voluntariamente suscritos entre partes y, no repito, por la legislación laboral impuesta
arbitrariamente por los políticos argentinos. Pues esto es, fundamentalmente, la ley de bases que ha sido
aprobada por el Senado. Los mercados se han tomado con mucha euforia que, finalmente, esta pieza legislativa
clave en el programa de gobierno de Javier Milei vaya a entrar en vigor. Si bien, lo cierto es que todavía
no ha entrado en vigor. Después de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados y aprobada con modificaciones
respecto al proyecto remitido por la Cámara de Diputados, aprobada con modificaciones por el
Senado, ahora la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos ha de regresar
para una aprobación definitiva a la Cámara de Diputados. Y es aquí donde se abre una oportunidad
para mejorar de manera muy considerable esta ley de bases. Y es que Javier Milei cuenta en la Cámara de
Diputados con un bloque de apoyo algo más holgado que en el Senado. No es que cuente con mayoría en
la Cámara de Diputados, ni mucho menos, pero sí ha logrado conformar una coalición potencialmente
dispuesta a apoyar al gobierno bastante mayor que en el Senado, donde ya hemos visto que la ley de bases
ha salido adelante casi de milagro. ¿Y por qué este punto es importante? Pues porque ahora la Cámara
de Diputados ha de decidir lo siguiente. Si aprueba el texto de la ley de bases tal como ha sido
mutilado, reformado, alterado, transformado por el Senado, o si la Cámara de Diputados insiste en
aprobar el texto que fue originalmente aprobado en la Cámara de Diputados, donde, por ejemplo,
se privatizaba Aerolíneas Argentinas y que fue enviado al Senado para su aprobación. Y en este
sentido, si la Cámara de Diputados insiste en aprobar el mismo texto que aprobó originalmente
la Cámara de Diputados con una mayoría equivalente o superior a la de las enmiendas introducidas por el
Senado, entonces el texto definitivo que entrará en vigor en la Argentina no será el texto mutilado
del Senado, sino el de la Cámara de Diputados. Porque después de esta última tramitación en la
Cámara de Diputados, el texto ya no regresa en ningún caso al Senado. Por consiguiente, todavía hay
tiempo y espacio político de negociación para mejorar de manera muy considerable la ley de bases
y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Hay todavía tiempo y espacio político
para revertir todas las mutilaciones introducidas por el Senado. Y esperemos que así sea, porque de
ello depende la libertad y la prosperidad futura de los argentinos.