¿Qué sabemos sobre el caso de corrupción que el diario.es denuncia que rodea a la presidenta
de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso? Veámoslo.
Asediado por el caso de corrupción, que de momento tiene su epicentro en Coldo García,
el Partido Socialista Obrero Español ha optado por pasar al ataque en lugar de defenderse.
Es decir, ha optado por tratar de demostrar a los españoles que todos los políticos son corruptos
y que, por tanto, su trama de corrupción es un caso más dentro del océano de corrupción que constituye la política.
Y, desde luego, la política es un piélago de corrupción. De eso no hay demasiadas dudas.
Los políticos son corruptos y corruptores en todos los partidos, no sólo en el Partido Socialista,
porque lo que atrae a la mayoría de políticos es el poder, y el poder instrumentalizado en su propio beneficio.
Así las cosas, como decía, el Partido Socialista ha optado no por defenderse,
no por argumentar que ellos no son corruptos, sino por atacar al Partido Popular por ser igualmente corrupto,
y más, en concreto, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En los últimos días, uno de los altavoces mediáticos de este gobierno, el diario Punto Es,
ha destapado un posible caso de corrupción que rodearía a Isabel Díaz Ayuso.
Y en este vídeo vamos a hablar sobre ese posible caso de corrupción destapado por el diario Punto Es,
que es exactamente lo que sabemos hasta el momento.
El diario Punto Es coloca el foco mediático en la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González.
Alberto González es un asesor del sector sanitario desde hace 20 años,
y empezó a salir con Isabel Díaz Ayuso en el primer semestre del año 2021.
Pues bien, el diario Punto Es informa, destapa dos posibles irregularidades de Alberto González durante los últimos años.
La primera es que está siendo investigado por fraude fiscal.
La agencia tributaria le acusa de haber defraudado 350.000 euros al erario público.
¿Y cómo supuestamente los habría defraudado?
Pues por un lado facturando lo que deberían ser sus ingresos personales a través de una sociedad
para beneficiarse del menor tipo impositivo del impuesto sobre sociedades
con respecto a los tipos marginales más altos del IRPF,
que en su caso serían del 45 o del 47% frente al 25% del impuesto sobre sociedades.
Y por otro lado, también le acusa de inventarse facturas falsas
para inflar los gastos de esa sociedad y, por tanto, reducir la base imponible
sobre la que debía pagar impuestos.
A través de estas dos tácticas, Alberto González habría evitado pagar a la Hacienda Pública
350.000 euros durante los ejercicios fiscales de 2020 y de 2021.
Aquellas personas que consideren que estamos obligados a pagar la mayor cantidad de impuestos
posibles a la Hacienda Pública y que, por tanto, nuestra propiedad, nuestros ingresos,
en realidad no son nuestros o no son nuestros en su totalidad,
sino que ya de origen una parte le corresponden al erario público,
pues entiendo que consideren estas prácticas, estas tácticas, estas maniobras de Alberto González
para minimizar el pago de impuestos a la agencia tributaria como un delito casi de lesa humanidad.
Desde ese punto de vista, que Alberto González haya recurrido a la ingeniería fiscal
para tratar de evitar que el Estado le arrebate 350.000 euros que él considera suyos,
como digo, desde ese punto de vista se interpretará esa maniobra como un robo al resto de la sociedad.
Porque en realidad no son suyos, sino que ese dinero que lo ha ganado él es del resto de la sociedad.
Y, por tanto, si lo retiene y no se lo entrega al Estado, que es el representante del resto de la sociedad,
pues está robando al resto de la sociedad.
Personalmente, he de decir que, desde un punto de vista moral, esta me parece la acusación más endeble.
Porque si los impuestos son un robo, y lo son,
entonces que un ciudadano intente utilizar la ley para minimizar el pago de impuestos
me parece perfectamente legítimo y razonable.
Que, por supuesto, si luego el Estado, como monopolio de la violencia,
legítima o más bien ilegítima en muchos casos que es,
si luego el Estado es capaz de reinterpretar esas leyes que él mismo ha aprobado
para acusarte de que no has utilizado bien la ley para minimizar tu factura tributaria,
pues entonces te monta una inspección y te sanciona.
Y como contribuyente barra siervo del Estado,
no vas a tener, en ese caso, más remedio que agachar la cabeza y pagar.
Y esa es la fase en la que ahora mismo se encuentra Alberto González.
Intentó pagar menos impuestos.
Hacienda ahora mismo le está diciendo que los argumentos que ha utilizado
para pagar menos impuestos considera que no sirven
y va a intentar sancionarlo para quitarle un porcentaje mayor de la propiedad de este señor.
Procedimentalmente todo en orden y todo muy esperable,
aun cuando se trate de un procedimiento extorsivo.
Pero salvo que este señor sea un hipócrita y un incoherente
que defienda públicamente que debemos todos pagar muchos más impuestos
que el Estado ha de subir impuestos,
que hay que recaudar hasta el último euro de los ingresos o de las propiedades de cada ciudadano particular,
salvo que eso fuera así, en cuyo caso, claro, habría una obvia hipocresía entre sus actos y sus palabras,
por mi parte ni este ni ningún otro ciudadano que no sea un hipócrita en materia fiscal
encontrará ningún reproche por haber intentado legalmente pagar menos impuestos.
Pero la otra acusación que ha destapado el diario Punto Es
y que pesa sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, sobre Alberto González,
sí podría tener mucha más enjundia,
sí podría ser infinitamente más reprobable desde un punto de vista moral,
y sí es algo que hay que dilucidar.
¿Y cuál es ese segundo supuesto escándalo que ha destapado el diario Punto Es
y que, como digo, sí podría tener mucha más enjundia?
Pues que el origen de los ingresos sobre los cuales Alberto González
dejó de pagar supuestamente 350.000 euros a Hacienda,
el origen de esos ingresos son comisiones por la venta de mascarillas,
en última instancia, a las administraciones públicas.
Concretamente, en el año 2020, la empresa de Alberto González
tuvo unos ingresos de 2,3 millones de euros,
de los cuales casi 2 millones de euros se corresponden
con la comisión cobrada a otra empresa
por la intermediación en una única operación.
Concretamente, la empresa de Alberto González
facturó casi 2 millones de euros a otra compañía privada,
FCS Select Products,
que el propio PP de Madrid ha denunciado
como una de las compañías que se podría haber beneficiado
de contratos irregulares con el gobierno de España.
Por tanto, claro, si como sucede en la trama Coldo-Pesoe,
se demostrara que Isabel Díaz Ayuso intermedió,
favoreció de alguna manera a la empresa
de la que su actual pareja Alberto González es comisionista,
incluso si se demostrara que Alberto González
se convirtió en comisionista de esta empresa,
FCS Select Products,
a cambio de que Isabel Díaz Ayuso intercediera de alguna manera
en los contratos públicos que esta compañía,
directa o indirectamente,
suscribiera con las administraciones públicas españolas,
pues sí estaríamos ante un escándalo de primer nivel.
Porque estaríamos ante un caso de corrupción,
de apropiación del dinero ajeno,
no de retención del dinero propio,
sino de apropiación del dinero ajeno
a través de la estructura tentacular del Estado.
Algo muy similar, como digo,
a lo que ha sucedido con la trama Coldo-Pesoe
que ya explicamos, que ya desgranamos en un vídeo anterior.
Así pues, por supuesto que aquí hay que dilucidar
si existe un enriquecimiento ilícito de Alberto González
merced al tráfico de influencias
de su actual pareja Isabel Díaz Ayuso.
Y eso puede requerir mucha más luz y taquígrafos
de los que se han aportado hasta el momento.
Sin embargo, también hay que decir
que en función de lo que sabemos hasta ahora,
cuestión distinta es que en el futuro
aparezca nueva información,
pero en función de lo que sabemos hasta ahora,
los indicios de corrupción en este caso
son bastante más débiles
que en el caso Coldo-Pesoe.
De entrada, porque los indicios de corrupción
en el caso Coldo-Pesoe
los hemos obtenido
de una investigación judicial en curso.
Es decir, que la propia justicia
aprecia que hay indicios de corrupción
de una trama criminal
alrededor de Coldo-Pesoe.
Pero la operación comercial
de la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso
de Alberto González
ni siquiera está siendo investigada
por la justicia, al menos de momento.
Por tanto, como digo,
al menos de momento
y en función de lo que sabemos,
los tribunales no aprecian
indicios de corrupción.
¿Y por qué pueden no apreciar
indicios de corrupción?
Pues porque las conexiones
de tráfico de influencias,
si bien no imposibles,
de momento y en función de lo que sabemos,
son bastante conjeturales.
Primero, Alberto González firma
el contrato de comisionista
por intermediación comercial
con la compañía
FCS Select Products
el 25 de enero del año 2020.
Según este acuerdo,
este contrato privado
entre Alberto González
y la empresa
FCS Select Products,
como digo,
firmado el 25 de enero del año 2020,
Alberto González
percibirá una comisión
del 4,5%
sobre cualquier operación comercial
que haya intermediado.
Si Alberto González
consigue que
FCS Select Products
le venda
un millón de euros
en material
a otra empresa,
pues Alberto González
cobrará el 4,5%
de ese millón de euros,
es decir,
45.000 euros.
¿Y por qué esta fecha,
el 25 de enero del año 2020,
en la que se firma
este acuerdo
de comisionista
por intermediación comercial
entre Alberto González
y la compañía
FCS Select Products
es relevante?
En primer lugar
porque el 25 de enero
del año 2020
Isabel Díaz Ayuso
y Alberto González
todavía no eran pareja.
Empezaron a ser pareja,
como ya hemos dicho antes,
en el primer semestre
de 2021,
es decir,
un año después.
Lo cual no significa
que no pudiesen conocerse,
que no pudiesen tener
cierta relación de amistad,
que no haya,
por tanto,
intercedido
Isabel Díaz Ayuso
en favor de Alberto González,
aunque no fuera su pareja,
pero sí debilita
la estrechez
de ese lazo
de afectividad
entre ambos.
Y en segundo lugar,
esta fecha
también es importante
porque es mes y medio
antes de que se declarara
el estado de alarma
en España
por la pandemia
y, por tanto,
mes y medio antes
de que las administraciones
públicas
empezaran a requerir
de manera masiva
de material sanitario.
Es decir,
que al menos
en principio
no parece que sea
un contrato de comisionista
por intermediación
ante la expectativa
de que Alberto González
fuera capaz
de colocar
grandes cantidades
de material sanitario
a las administraciones públicas
debido a su contacto
con Isabel Díaz Ayuso,
porque en ese momento
no había la expectativa
de que las administraciones públicas
fueran a necesitar
durante los próximos meses
enormes cantidades
de material sanitario.
Por tanto,
en principio,
en función de lo que sabemos
hasta ahora
y con respecto
a este primer contrato
de comisionista
por intermediación
suscrito
el 25 de enero
de 2020
entre Alberto González
y la empresa
FCS Select Products
no parece que sea
un contrato
ya digo,
en principio
y a falta
de que obtengamos
nueva información
que cambie la perspectiva
pero no parece que sea
un contrato
suscrito
debido al tráfico
de influencias
o la expectativa
de tráfico de influencias
o no al menos
de tráfico de influencias
respecto a la venta
de material sanitario
por la pandemia
a las administraciones públicas
que a lo mejor
podría ser un contrato
de comisionista
por intermediación
donde sí hubiese
expectativa de tráfico
de influencias
por otro tipo
de operaciones
que en esa fecha
25 de enero
de 2020
se esperaba realizar
durante los próximos meses
pero el estallido
de la pandemia
cambió radicalmente
los planes
y por tanto
se redirigieron
las operaciones comerciales
de intermediación
no es descartable
pero deberíamos tener
algo más de pruebas
algo más de evidencias
de que esto fue así
distinto podría ser
el caso
del segundo contrato
sobre el cual
Alberto González
percibe
una comisión
pactada de antemano
en enero de 2020
del 4,5%
sobre el importe
de las ventas
que él mismo
ha intermediado
y es que
entre mayo y agosto
del año 2020
Alberto González
cierra
la venta
de 42 millones
de euros
en material sanitario
mascarillas
y guantes
sanitarios
entre la empresa
de la que es comisionista
FCC Select Product
y otra empresa
privada gallega
MAPE Asesores
como MAPE Asesores
le paga
a FCC Select Products
42 millones de euros
y Alberto González
que ha intermediado
esa operación
tiene derecho
a percibir
por el contrato
suscrito
el 25 de enero
del año 2020
el 4,5%
del importe
de esa venta
pues únicamente
por esa intermediación
Alberto González
recibe
1,9 millones
de euros
como digo
en principio
se trata
de un contrato
de compraventa
de material sanitario
entre dos
empresas privadas
no es que Alberto González
haya cobrado
una comisión
sobre los ingresos
que consiguió
FCC Select Products
por venderle
a la administración
pública
FCC Select Products
le vendió
a una empresa privada
material sanitario
por 42 millones
de euros
y cobró
la comisión
por haber intermediado
esa operación
si todo
terminara aquí
no habría
ningún indicio
de tráfico
de influencias
porque se trata
de un acuerdo
privado
entre dos
empresas privadas
ahora bien
la empresa
a la que se le vende
el material sanitario
MAPE Asesores
es una compañía
que si vende
entre otros clientes
material sanitario
a las administraciones
públicas
y entre las administraciones
públicas
a las que le vende
material sanitario
está la Comunidad de Madrid
no tenemos datos
desglosados
de cuánto
material sanitario
le ha vendido
MAPE Asesores
a la Comunidad de Madrid
ni mucho menos
de qué porcentaje
del material sanitario
que FCC Select Products
le vendió
a MAPE Asesores
posteriormente
fue revendido
a la Comunidad de Madrid
aunque el hecho
de que el diario .es
no haya dado
ningún tipo
de cifra
a este respecto
me hace pensar
quizá de manera equivocada
pero me hace pensar
que no será
una cantidad
muy sustancial
o no habrán encontrado
hasta el momento
una conexión
muy clara
en esa transacción
es decir
que MAPE Asesores
vende material sanitario
sí
pero a empresas privadas
y también
al conjunto
de administraciones
públicas de España
incluyendo
el gobierno central
que fue
por cierto
el principal contratista
para otro tipo
de operaciones
en las que no intervino
Alberto González
como intermediario
fue el principal contratista
de FCC Select Products
la empresa
de la que Alberto González
era comisionista
sobre las operaciones
en las que intermediara
por tanto
no es descartable
que en este caso
pueda haber habido
tráfico de influencias
si Isabel Díaz Ayuso
o su gobierno
acordaron comprarle
material sanitario
carísimo
a MAPE Asesores
a cambio
de que MAPE Asesores
le comprara
material sanitario
carísimo
a FCC Select Products
en una operación
que fuera intermediada
por Alberto González
pues entonces
tendríamos un caso
de corrupción
flagrante
que es esencialmente
lo que sucede
en la trama
con el PSOE
es el mismo procedimiento
pero de momento
lo que sabemos
es que las operaciones
comerciales
en función de las cuales
Alberto González
cobró una comisión
de 2 millones de euros
se produjeron
en el año 2020
antes de que fuera
pareja
de Isabel Díaz Ayuso
y por la venta
de material sanitario
a una empresa privada
que sí
luego vendió
ese material sanitario
a otras empresas privadas
y a administraciones públicas
entre las que estaba
la Comunidad de Madrid
pero no únicamente
ni principalmente
ni al parecer
significativamente
la Comunidad de Madrid
y a diferencia
de lo que sucede
en la trama
con el PSOE
no tenemos
ninguna evidencia adicional
que apunte
hacia el tráfico
de influencias
por ejemplo
ninguna conversación
grabada
en la que se esté diciendo
por parte de algún
funcionario
de la Comunidad de Madrid
que hay que comprar
material sanitario
a MAPE
asesores
porque a su vez
se lo ha comprado
a FCS Select Products
lo cual
repito una vez más
no significa
que no podamos sospechar
que aquí pueda haber
habido algo
y que precisamente
porque pueda haber
sospechas
debido a la magnitud
de estas operaciones
y debido a la oposición
de poder político
que detenta
Isabel Díaz Ayuso
que debido a todo esto
no sea necesaria
una mayor investigación
si bien no judicial
quizás sí periodística
y en caso
de que los tribunales
a tenor
de las revelaciones
periodísticas
consideren
que pueda haber
indicios de delito
que se sume
la investigación judicial
ahora bien
en función
de lo que se ha publicado
hasta el momento
cuestión distinta
es que en el futuro
se publique nueva información
pero en función
de lo que se ha publicado
hasta el momento
se trata de un caso
cuantitativa
y cualitativamente
muy alejado
del caso de corrupción
con el PSOE
lo cual
hace sospechar
que pueda tratarse
de un modo
de desviar mediáticamente
el foco de atención
y de debate público
del caso de corrupción
con el PSOE
una especie
de cortina de humo
alrededor de ese caso
de corrupción
lo cual no significa
que precisamente
porque la política
es corrupta
y corruptora
no haya que investigar
cualquier indicio
de sospecha
por lejano que sea
sobre las posibilidades
de corrupción
por tráfico
de influencias
dentro del mundo
de la política
sin mentir
sin tergiversar
sin manipular los hechos
pero sí investigarlos
por si pudiera haber algo
es una de las cargas
que conlleva la política
y que debe conllevarla
la transparencia
y la vigilancia
permanente
de los ciudadanos
frente al poder político
sea ese poder político
el PSOE
o sea el PP
de Isabel Díaz Ayuso
pero eso sí
que ni la casta política
ni la casta
de medios de comunicación
que actúan
como altavoces
propagandísticos
de la casta política
intente tapar
un caso de corrupción
con otro
hipotético
y posible
caso de corrupción
de iglesia
de iglesia
Gracias por ver el video.