Enésimo ataque del Estado español contra las libertades de los ciudadanos.
La justicia española ordena bloquear la aplicación de Telegram en todo el país.
Veámoslo.
El juez de la Audiencia Nacional Española, Santiago Pedraz,
acaba de ordenar el bloqueo de la aplicación de Telegram en todo el país.
De esta manera, España se uniría a la liga de esos países
que mantienen bloqueado el acceso a esta aplicación de mensajería instantánea
entre sus ciudadanos, por ejemplo, Cuba, China, Rusia, Oman o Pakistán.
La razón detrás de este bloqueo en principio temporal de la accesibilidad a Telegram
reside en una denuncia interpuesta por los grandes grupos de cadenas de televisión españolas,
Mediaset y A3 Media, debido a que, según protestaban en esta denuncia,
la aplicación de Telegram se está utilizando para compartir contenido audiovisual
que es propiedad intelectual de estos grupos de comunicación.
El juez Santiago Pedraz ha pedido a Telegram que supervise las transferencias de archivos
que puedan contener propiedad intelectual de estos grupos de comunicación españoles
para, una vez detectada esa transferencia de propiedad intelectual entre usuarios de Telegram,
que proceda a bloquear esa transferencia y, presumiblemente, también a banear a los usuarios
que estuviesen cometiendo esa ilegalidad, y como Telegram se ha negado a colaborar con
el juez Pedraz, ni siquiera, al parecer, le ha dado una respuesta, porque considera que
su petición está fuera de toda lógica y de todo sentido común, pues entonces el juez
Santiago Pedraz ha dado un golpe encima de la mesa y ha ordenado caciquilmente el bloqueo
de Telegram a todos los españoles. De momento, Telegram sigue en activo porque esta orden judicial
está pendiente de aplicación, pero el objetivo de la justicia española, del Estado español,
en su conjunto, sí es cerrar, bloquear, al menos temporalmente, el acceso a Telegram.
La razón por la que Telegram se ha negado a acatar las órdenes del juez Santiago Pedraz
es que, precisamente, Telegram es una aplicación de mensajería instantánea entre partes con
muy altos estándares de privacidad. El objetivo declarado de la aplicación es que nadie externo
pueda acceder a las conversaciones privadas entre partes ni tampoco a los datos personales
de esas partes. Si la propia aplicación metiera sus narices en las conversaciones entre partes
o en los archivos que se están transfiriendo las partes, entonces es evidente que los estándares
de privacidad saltarían por los aires. Es decir, que el juez Santiago Pedraz pretende
que Telegram haga, justamente, lo contrario de aquello por lo que nació, de aquello por lo
que fue creada. Y, por supuesto, la muy alta privacidad puede ser un arma de doble filo. La
privacidad tanto sirve para proteger nuestras libertades frente a aquellos que quieren conculcarlas
como para proteger, para camuflar, a aquellos que están conculcando nuestras libertades. Pero
lo que pretende el juez Santiago Pedraz es que las personas inocentes renunciemos a nuestra
privacidad para que a él le resulte más sencillo perseguir a las personas no inocentes. También hay
que decir que, en este caso, estamos hablando de personas no inocentes según el muy discutible
régimen regulatorio de la propiedad intelectual española. Aquellos que nos posicionamos radicalmente
en contra de la propiedad intelectual no vemos ningún tipo de delito en que se transfieran
ficheros entre partes. Pero, bueno, esa sería otra cuestión. El caso es que el juez Santiago
Pedraz pretende que las personas inocentes carezcamos de privacidad para que los no inocentes dispongan
de menores resquicios donde esconderse. Y si Telegram no colabora en esto, es decir, si Telegram no se
hace el harakiri eliminando sus muy exigentes estándares de privacidad, entonces lo que dice el
juez Santiago Pedraz es que va a bloquear el acceso de Telegram dentro de España.
Para que nos hagamos una idea del desproporcionado y aberrante ataque a las libertades individuales
que constituye esto, imaginemos que antes de la irrupción de Internet las grandes cadenas
de televisión detectan que algunos ciudadanos están grabando en sus cintas de vídeo particulares
series y películas emitidas en Telecinco o en Antena 3. Y que posteriormente a grabar esas
series o esas películas en las cintas de vídeo, lo que hacen es intercambiarlas entre sí.
Yo he grabado esta película, tú has grabado esta serie, yo te doy la película, tú me das
la serie grabada. Incluso que hay algunos que venden esas cintas de vídeo con series o películas
grabadas en las cadenas de televisión. Además, supongamos que el intercambio o la venta de estas
cintas con series o películas grabadas en las cadenas de televisión se efectúa transportándolas
en el maletero de vehículos particulares dentro de cajas o de paquetes donde las cintas están
escondidas o camufladas. Y claro, como esos coches particulares que transportan ilegalmente cintas de vídeo
con series o películas grabadas pueden tener que utilizar, por ejemplo, una autopista privada,
imaginemos que un juez de la Audiencia Nacional ordena a la empresa concesionaria de la autopista
privada a que detenga a cada vehículo particular que circula por su autopista, que le ordene abrir
el maletero, que le ordene abrir las cajas que transporta en el maletero, que inspeccione, que
fisgonee dentro de esas cajas, que coja las cintas de vídeo que pueda encontrar dentro, que las coloque
en un reproductor audiovisual y si finalmente esas cintas de vídeo contienen películas o series grabadas
en una cadena de televisión, que requise esas cintas de vídeo y que denuncie a la persona que las
transportaba. Que se le ordenara y se le habilitara a una empresa privada a hacer todo esto ya debería
parecernos un frontal ataque a nuestras libertades. ¿Qué legitimidad tiene alguien para, por si acaso,
no porque haya indicios fundados de que pueda estar cometiendo una ilegalidad, sino, por si acaso,
detener mi coche, abrir el maletero, abrir las cajas o los paquetes que transporte en el maletero,
fisgonear dentro de ellos? Si detectan una cinta, colocarla en un reproductor y mirar lo que hay
grabado en esa cinta, que podría ser perfectamente información muy personal y muy privada de cada
cual. ¿Qué legitimidad tiene alguien para hacer todo eso? En principio, ninguna. Pero es que, para más
INRI, si la empresa concesionaria de la autopista le dijera al juez, oye, esto es una barbaridad, no lo
voy a hacer, imaginad que a continuación el juez ordena cerrar la autopista prohibiendo que ningún
vehículo viaje a través de ella. Incluso, en algunos casos, cuando pueda ser la única infraestructura que
permita conectar dos puntos geográficos de España. Pues creo que todos entenderíamos que es una sanción
completamente desproporcionada por el hecho de que algunos ciudadanos estén transportando
ilegalmente cintas de vídeo. ¿Has de prohibir a todos los restantes ciudadanos que utilicen esa autopista
y que lleguen a destino? Pues bien, esto es exactamente lo que ha hecho el juez Pedra de la Audiencia
Nacional con Telegram. Y lo ha hecho para satisfacer al lobby privado de grandes cadenas de televisión
españolas que ejerce todavía una gran influencia dentro de la opinión pública de España. Como sus
intereses crematísticos se ven afectados por la transferencia de archivos que son supuestamente de
su propiedad intelectual, pues oye, que si hay que cerrar Telegram en España, se cierra Telegram en España.
Es que es todo tan sumamente aberrante. Imaginad que yo detecto que alguien ha escrito un libro y lo está
comercializando plagiando algunos de los capítulos o algunas de las páginas de algún libro que he escrito.
Y claro, como ese plagio perjudica mis intereses económicos, suponed que yo tuviese suficiente poder
en España como para decir, hasta que no se requise hasta el último de los libros que contiene alguna de
las páginas plagiadas de libros de Juan Ramón Rayo, se cierran absolutamente todas las librerías,
todas las bibliotecas, todos los grandes almacenes en los que se pueda estar accediendo a ese libro que
contiene algunas páginas o algunos capítulos plagiados de mis libros. Porque si no, claro, si la gente los
sigue comprando o los sigue leyendo, mis intereses económicos se van a ver perjudicados. Pues sí,
y dejando de lado nuevamente la cuestión de la propiedad intelectual, es decir, si yo tengo
realmente un interés legítimo en prohibir que otros distribuyan materiales que yo he escrito,
incluso reconociéndome la autoría, pero sin que yo obtenga un rédito económico por ello, dejando de lado
esa cuestión, lo que creo que debería estar muy claro es que se trataría de una medida absolutamente
desproporcionada de una medida absolutamente lesiva de las libertades de los españoles con tal de
proteger una fracción de mis intereses económicos. Pues bien, si sería absurdo que un juez tomara esa
decisión para proteger una fracción de mis intereses económicos, ¿por qué no lo es que la tome para
proteger una fracción de los intereses económicos de A3 Media y de Mediaset? Pero más allá de los detalles
específicos de este caso, lo que creo que muestra es un clarísimo precedente de que el Estado español
tiene, por un lado, por supuesto, la capacidad, pero también la determinación de cerrar redes sociales
sin que le tiemble en absoluto el pulso, sin que titubee lo más mínimo, cuando sea en interés del
Estado o de los lobbies que pululan alrededor de ese Estado. De ahí que esta censura supuestamente
temporal de Telegram dentro de España debería servirnos como aviso a navegantes. Si para defender
cuatro perras de A3 Media y de Mediaset están dispuestos a cerrar Telegram en España, ¿qué no estarán
dispuestos a hacer cuando, por ejemplo, esté en riesgo la existencia misma del Estado? De ahí que si el
monopolio de la violencia en España, si el Estado español no tiene el más mínimo miramiento en
respetar canales de comunicación privados como pueda ser Telegram, lo que debemos hacer los
ciudadanos es ponernos en alerta y buscar alternativas. Alternativas para burlar ese bloqueo,
por ejemplo, VPNs o alternativas en forma de redes de comunicación descentralizadas y, por tanto,
no censurables. Porque lo que está quedando muy claro es que el Estado no va a tener el más mínimo
reparo, el más mínimo miramiento a la hora de censurarnos.
Gracias.
Gracias.
Gracias.