El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz lleva meses bloqueando el acceso de los ciudadanos
a informes sobre los efectos del salario mínimo en la creación de empleo que no le gustan
a ese ministerio de trabajo, pero hace unos días les ha filtrado esos informes a los
medios de comunicación a fines para que nos cuenten y nos resuman de manera tergiversada
y manipulada el contenido de esos informes.
Para los ciudadanos todo, para los medios de comunicación, barra propaganda que le
sean a fines e instrumentales al gobierno de turno.
Veámoslo.
Escándalo en el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz por el uso y abuso de informes
técnicos que se instrumentalizan no para evaluar la calidad de las políticas públicas
aplicadas por ese ministerio, sino para validarlas con respecto a la ideología predominante dentro
del mismo.
Póngamonos en antecedentes.
En el año 2019 el gobierno, en aquel entonces del PSOE, pero con la presión parlamentaria
de Unidas Podemos, subió el salario mínimo interprofesional en España hasta 900 euros
mensuales en 14 pagas.
Se trató de una subida del salario mínimo superior al 20% que hacía temer que pudiese
conllevar una destrucción de empleo.
A la hora de decidir si subes o no subes el salario mínimo, hay que poner sobre la mesa
no solo los beneficios de la medida, por ejemplo los mayores salarios para quienes perciben
el salario mínimo, sino también sus costes sociales, por ejemplo la destrucción de empleo,
por ejemplo la caída de horas trabajadas, etc.
Si la medida tiene muchos beneficios y pocos costes, o si tiene no muchos beneficios,
o tampoco demasiados costes y el saldo aparentemente es positivo, pues entonces podría haber justificación
desde el lado de la eficiencia económica, desde el lado de la ética es otra cuestión,
pero sí desde el lado de la eficiencia económica para subir el salario mínimo.
Ahora, si los costes son mucho mayores que los beneficios, entonces no parece haber justificación
para adoptar esa medida, pero en cualquier caso hay que medir los beneficios y los costes
si no estamos legislando a ciegas.
El gobierno, sin embargo, no evaluó nada en el año 2020 y en el año 2021 siguió subiendo
el salario mínimo interprofesional sin siquiera haber tratado de medir cuál había sido el
efecto en la creación de empleo de la subida del salario mínimo de 2019.
Quien sí evaluó, sin embargo, los efectos de la subida del salario mínimo en 2019 fue
el Banco de España.
A mediados de 2021, el Banco de España publicó un informe de alta calidad técnica en el que
indicaba que la pérdida de empleo, tanto por destrucción, cuanto por empleo no creado
en España como consecuencia de la subida del salario mínimo, había sido, solo en
el año 2019, no sabemos si en 2020 se corrigió este efecto o se agravó, había sido de hasta
170.000 personas, es decir, que había en España 170.000 personas empleadas menos en
2019 de las que habría habido como consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional.
Esta cifra es una cifra bastante alta que en gran medida contrarresta las supuestas
bondades de subir el salario mínimo.
Si subes el salario mínimo a mucha gente, pero a costa de condenar al desempleo a 170.000
personas, no está tan claro que los beneficios sociales superen los costes sociales.
Y en todo caso, el ejercicio claramente propagandístico de que subir el salario mínimo interprofesional
es un almuerzo gratuito, no conlleva ningún tipo de coste social, es un ejercicio de
propaganda que se desmorona, que se hace añicos.
Y justamente por eso, en los meses siguientes a la publicación de este informe del Banco
de España, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz encargo un contrainforme a la Fundación
ISEAC bajo la dirección de la economista Sara de la Rica.
La economista Sara de la Rica podrá tener su ideología, que probablemente no sea una
ideología demasiado liberal, pero es una economista honesta que intenta hacer su trabajo
también con un elevador rigor técnico.
De modo que su elección, por parte del Ministerio de Trabajo, para redactar un contrainforme
o al menos un informe complementario al del Banco de España para disponer de evidencia
empírica más variada sobre los efectos del salario mínimo en 2019, no fue, en principio,
una decisión sectaria, una decisión que aparentemente buscara instrumentalizar los
fondos del Ministerio de Trabajo para financiar la propaganda ideológica de ese ministerio.
Sin embargo, ¿qué ocurrió a partir de aquí?
Pues que la Fundación ISEAC, la economista Sara de la Rica y su equipo, entregaron el
informe que les había encargado el Ministerio de Trabajo sobre los efectos del salario mínimo
en 2019, se lo entregaron al Ministerio en enero del año 2022.
¿Y qué hizo el Ministerio con ese informe?
Pues básicamente guardarlo en un cajón.
El informe, a pesar de que había sido pagado con dinero público y que, por tanto, es un
informe de todos los españoles, o así debería serlo, no se publicó en ningún momento,
y no porque nadie le inquiriera al Ministerio para que lo publicara.
En el mes de marzo, por ejemplo, la diputada de Ciudadanos María Muñoz reclamó a la
Ministra de Trabajo que publicara ya ese informe, que lo sacara del cajón en el que estaba metido.
Más adelante, el Instituto Ostrom de Cataluña llegó a pedir al Ministerio formalmente que
le entregará ese documento que obraba en su poder.
Y todos estos intentos fueron absolutamente infructuosos.
El Ministerio no soltaba ese informe que ya había sido entregado, ya había sido pagado
y que constituía una relevante evidencia empírica complementaria a la que había presentado
el Banco de España sobre los efectos de la subida del salario mínimo en el año 2019.
Concretamente, atención, el Ministerio de Trabajo alegó lo siguiente para denegarle
el acceso a este informe sobre los efectos de la subida del salario mínimo interprofesional,
que recordemos el propio Ministerio había encargado y pagado.
El Ministerio alegó lo siguiente al Instituto Ostrom para denegarles el acceso a este informe.
Decía el Ministerio que el documento tiene la consideración de informe interno de carácter
auxiliar y el acceso podría suponer un perjuicio para los intereses económicos y comerciales
o afectar a la propiedad intelectual.
Cuando, por cierto, la economista Sara de la Rica, la autora del informe o la directora
del equipo que ha elaborado el informe, decía públicamente que por favor lo publicaran
ya.
Por tanto, la propiedad intelectual no era, desde luego, un obstáculo para publicar
este informe que un cintán liberal como el Instituto Ostrom estaba reclamando al Ministerio
de Trabajo que publicara.
Por bien, el Instituto Ostrom no se quedó aquí, sino que interpuso una reclamación
en el Consejo de Transparencia para exigir al Ministerio de Trabajo que dejara de bloquear
el acceso público a ese informe.
Esa reclamación se interpuso en abril del año 2022.
Pues bien, en septiembre de 2022 el Consejo de Transparencia le dio la razón al Instituto
Ostrom.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le dio al Ministerio de Trabajo 10 días
a contar desde el 24 de septiembre para que publicara de una vez ese informe que, repito,
había encargado el propio Ministerio y había pagado el Gobierno con el dinero de todos
los contribuyentes.
Pues bien, a fecha de hoy, 8 de noviembre del año 2022, es decir, transcurridos algo
más de 10 días desde el 24 de septiembre del año 2022, el Ministerio sigue sin publicar
ese informe.
El Ministerio, por tanto, no solo se está burlando de los ciudadanos, sino también de
los propios organismos que crea el Estado para velar por el buen Gobierno y por la transparencia
de la que hacía gala este Gobierno.
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, publicen el informe en 10 días, Ministerio
de Trabajo, tururu.
Y si todo esto ya resultara poco escandaloso, atención, ayer nos desayunamos con que el
Ministerio de Trabajo ha filtrado ese informe, cuyo acceso está bloqueando a todos los ciudadanos,
ese informe se lo ha filtrado a la prensa a fin, se lo ha filtrado a la cadena SER y
se lo ha filtrado al diario.es.
Pero atención, no les ha filtrado únicamente ese informe, sino que, sorprendentemente,
porque no teníamos ninguna noticia sobre ello, ese informe ha sido filtrado junto con otros
dos informes, otros dos informes que fueron encargados con posterioridad a la fecha de
entrega del primer informe, como no gusto mucho el resultado del primero, vamos a encargar
otros a ver si refutan el informe que tenía a su vez que refutar el informe del Banco
de España.
Por tanto, el Gobierno, a día de hoy, sigue bloqueando el acceso a un informe, que el Consejo
de Transparencia le ha dicho que haga disponible para todos los ciudadanos, pero en cambio
se lo filtra a la prensa a fin, eso sí, junto con dos otros informes que en parte le enmiendan
la plana al primero que había sido encargado por el propio Ministerio de Trabajo.
¿Qué nos resume la prensa a final gobierno que cuentan estos informes a los que no tenemos
acceso público a nadie más?
Y por tanto, tenemos que creer esos resúmenes interesados y sesgados de la prensa a final
gobierno.
Pues lo que nos dice la prensa a final gobierno es que el primer informe, el informe de la
Fundación ISEA aquí de Sara de la Rica, si bien encuentra muchas ventajas por la subida
del salario mínimo interprofesional, también detecta que se dejaron de crear en el año
2019 hasta 29.000 empleos como consecuencia de la subida del salario mínimo.
Que cuidado, si solo se hubiesen dejado de crear 29.000 empleos por la subida del salario
mínimo de 2019, aparentemente el efecto no habría sido tan graboso, no estamos hablando
de los 170.000 hasta 170.000 que llega a detectar el Banco de España, sino de una cuantía
apreciablemente menor.
Por tanto, el Ministerio de Trabajo en principio no debería tener ningún problema con publicar
ese informe y defender la subida del salario mínimo interprofesional.
Sí, señores, se han perdido algunos puestos de trabajo 30.000, pero el efecto de subir
el salario mínimo a cientos de miles de trabajadores más que compensa esas potenciales
perdidas de empleo de 30.000 personas sería un argumento no irrazonable, sería un argumento
relativamente sensato, basado en buena evidencia empírica, distinta de la del Banco de España,
pero en todo caso complementaria y aceptable.
Por supuesto estoy evaluando la calidad del trabajo sin haber tenido acceso a él, simplemente
porque la trayectoria avala a la autora y, por tanto, previsiblemente ese informe estará
bien hecho.
De nuevo, deberíamos al menos poder verlo para comprobar qué problemas o limitaciones
puede tener.
Y eso, el Ministerio lo sigue bloqueando.
Pues bien, por un lado, filtra los resultados de este informe que desde enero está bloqueando
en el Ministerio, y por otro, filtra los resultados de otros dos informes que fueron encargados
con posterioridad a la entrega del primer informe.
El Ministerio recibió el informe y dijo, Uy, 29.000 empleos perdidos, no me gusta este
resultado.
El resultado ha de ser cero empleos perdidos, porque si no no puedo utilizar la propaganda
más descarnada, voy a encargar otros dos informes que no detecten ningún efecto sobre
la destrucción de empleo.
Y efectivamente, según nos cuenta la prensa fin al gobierno, a la que se le han filtrado
los informes bloqueando su acceso al mismo al resto de los ciudadanos, que son los que
los han pagado, no la prensa fin, o no especialmente la prensa fin, sino el conjunto de los contribuyentes,
según nos cuenta la prensa fin, esos otros dos informes no detectan ningún efecto adverso
de la subida del salario mínimo sobre el empleo.
Ahora bien, la pregunta que habría que efectuarse, y que no podemos responder, porque no tenemos
acceso a esos otros dos informes, y porque la prensa fin al gobierno tampoco quiere responderla,
es una muy sencilla.
¿Osotros dos informes que evaluan los efectos del salario mínimo, se han dedicado siquiera
a buscar, a evaluar, los efectos que tiene el salario mínimo sobre el empleo?
Porque todo apunta a que no lo han hecho.
Es decir, que la prensa fin al gobierno, precisamente porque no tenemos acceso a esos informes y
no podemos verificarlos con nuestros propios ojos, nos está transmitiendo una información
deliberadamente errónea.
No es lo mismo no haber encontrado efectos sobre el empleo, porque no se han buscado
a haber encontrado que no hay efectos sobre el empleo, porque se han buscado y se han
descartado.
Y ya digo, aunque no tenemos acceso a esos otros dos informes, porque están siendo igualmente
bloqueados por el Ministerio de Trabajo para que no podamos verificar qué dicen y qué
no dicen, todo apunta a que, a pesar de no tener acceso a esos otros dos informes, estos
no se han dedicado a evaluar los efectos que tiene el salario mínimo sobre la creación
o sobre la destrucción de empleo.
Por tanto, no hayan efectos, no porque hayan no efectos, no hayan efectos porque no los
buscan.
Y así es, por tanto, como el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, de espilfarra
el dinero de los contribuyentes españoles, no en encargar informes que evalúen las políticas
públicas que adopta ese Ministerio, en cuyo caso estaríamos ante un uso muy razonable
de ese dinero público, dado que, con bienes a ver, si determinadas políticas públicas
dan buenos o malos resultados, si dan buenos resultados aplicarlas, si dan malos resultados
no aplicarlas.
No se está gastando el dinero realmente en eso, se lo está gastando en recopilar informes
que le permitan plantear una guerra propagandística a través de los medios de comunicación.
Como los informes del Banco de España sí son públicos y sus mensajes también no son,
necesito tener un arsenal de informes cuyos titulares convenientemente manipulados pueda
filtrar a la prensa a fin para que ésta, cuando me interese, los haga públicos y desactive
las conclusiones de otros informes como el del Banco de España que sí son públicos.
Eso sí, sin que los demás podamos tener acceso a esos informes para que no podamos
evaluar su calidad o, como sucede con el informe de Sara de la Rica, para que no tengamos
acceso a conclusiones que no le resultan convenientes al Ministerio de Trabajo.
Por tanto, ya no es que el Ministerio de Trabajo haga caso omiso a la evidencia empírica,
es que echa mano de la evidencia empírica para retorcerla, para distorsionarla, para
deformarla, y a través de ese engendro informe en el que ha transformado la evidencia empírica
poder librar una guerra propagandística a costa del contribuyente.
Es peor por tanto que hacer caso omiso a la evidencia empírica, es entender que la evidencia
solo me vale cuando valida mis dogmas y por tanto cuando me permite entablar una guerra
propagandística a través de los medios de comunicación que me son a fines.
En definitiva, la ciencia no como herramienta para evaluar la calidad y los resultados de
las políticas públicas, sino como arma arrojadiza para la propaganda política.