El ministro de Transportes, Óscar Puente, insulta y amenaza a ciudadanos particulares.
Veámoslo.
Mensaje del ministro de Transportes del Gobierno de España, de Óscar Puente,
de la misma persona que llamó drogadicto al presidente de Argentina, Javier Milei,
mensaje de Óscar Puente a un ciudadano particular, Vito Quiles.
Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda.
Ese no es mi coche, ni oficial ni particular.
Y te añado más, estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial.
Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro.
Este zafio y barriobajero mensaje proveniente de un ministro del Gobierno de España
es inaceptable e intolerable por tres razones.
Primero, porque este señor, Óscar Puente, supuestamente es un servidor público,
un servidor de los ciudadanos,
que son no sólo quienes le pagan coactivamente el sueldo a través de los impuestos,
sino también quienes supuestamente le han delegado de manera temporal
el ejercicio del poder político cuya legitimidad reside en el conjunto del pueblo,
entre ellos ese ciudadano al que el ministro del Gobierno de España está insultando.
Por consiguiente, la cuestión ni siquiera es que un político en el ejercicio de su cargo
debería guardar las formas y no insultar,
y no recurrir al insulto como forma de participar en el debate público
y de ejercer sus funciones políticas.
La cuestión ni siquiera es esa.
La cuestión es que un político no ha de insultar a los ciudadanos,
a aquellos a los que supuestamente está sirviendo,
porque es, en todo caso, la sujeción a esa servidumbre
la que legitima el ejercicio de su cargo.
O expresado de otra manera,
que los políticos se insulten entre sí,
nos podrá parecer degradante
de la vida pública,
del debate público,
de los términos de la convivencia
entre personas que actúan como representantes,
de nuevo, supuestamente,
de los intereses de los ciudadanos.
Pero que un político insulte a otro y viceversa
es algo infinitamente menos grave
que el hecho de que un político insulte a un ciudadano.
Cuando un político insulta a un ciudadano,
está socavando la base misma
de su legitimidad política.
Porque el puesto, el cargo que ocupa,
supuestamente, de nuevo,
existe para servir al ciudadano.
Y con sus acciones,
con su comportamiento,
no está sirviendo a los ciudadanos,
sino que los está atacando.
Y si atacas a los ciudadanos
desde un cargo público
que existe para servir a los ciudadanos,
¿quién sobra eres tú,
el cargo público o los dos?
Segundo motivo por el que
estas palabras del ministro Oscar Puente
son muy graves.
Porque no sólo contienen un insulto,
sino también una amenaza.
Voy a encargarme, personalmente,
de que lo pagues caro.
Un político no sólo no debería insultar,
sino que cuando, además,
disfruta de un enorme poder político,
cuando tiene detrás de sí,
a su servicio,
la maquinaria del poder estatal,
del monopolio social de la violencia,
ese político, desde luego,
no debería amenazar a ningún ciudadano.
En general,
que un ciudadano amenace a otro
ya es algo grave.
Pero que el ciudadano que amenaza
sea, además, un político
que tiene a su servicio
la maquinaria de poder estatal,
es algo muchísimo más grave.
Porque, de nuevo,
una condición necesaria,
que no es suficiente,
para legitimar la existencia
y la actividad del Estado,
es la contención
del poder de ese Estado.
Una condición necesaria,
repito,
no suficiente,
para legitimar un monopolio
de la violencia,
es que ese monopolio de la violencia
no se instrumentalice,
por aquellos que lo administran
para destrozar la vida
de los ciudadanos.
Porque ese aparato estatal,
ese enorme monopolio
de la violencia,
desde luego,
cuenta con la capacidad
para destrozarle la vida
a los ciudadanos.
Y por eso,
la contención
del ejercicio
del poder estatal
a aquellas
que son
estrictamente
sus funciones,
es una condición,
repito,
absolutamente necesaria
para legitimar
su misma existencia.
Pero aquí,
Óscar Puente,
ministro de Transportes
del Gobierno de España,
no olvidemos esto,
no se contiene
en absoluto
a la hora de amenazar
a un ciudadano particular.
Ni siquiera es una amenaza
genérica,
impersonal.
Lo pagarás caro.
Lo pagaré caro,
pero ¿quién me lo hará pagar caro?
Que eso ya sería grave,
no digo que no.
Pero es que Óscar Puente
enfatiza
que se lo hará pagar
muy caro
personalmente.
Es decir,
que él,
ministro del Gobierno
de España,
se va a implicar
personalmente
en que un ciudadano
particular
lo pague
muy caro.
Nuevamente,
el matonismo político
es inaceptable.
Si estas personas,
entre ellas
Óscar Puente,
gozan de un poder
absolutamente
extraordinario
al manejar
el aparato estatal,
el monopolio
de la violencia
del Estado,
desde luego,
lo mínimo
que se les puede
reclamar
es contención
en el ejercicio
de ese poder
extraordinario.
Y si no saben
contenerse
en el ejercicio
de ese poder
extraordinario
que detentan,
de nuevo,
o sobran ellos,
o sobra
el Estado,
o sobran
los dos.
Y, finalmente,
estas palabras
de Óscar Puente
son especialmente
graves
por el contexto
en el que
se producen.
Y ese contexto
está marcado
por la amenaza
del Gobierno
del que este señor,
Óscar Puente,
forma parte
de promover
una ley
de regeneración
democrática
mediante
mediante
la cual
se quiere
perseguir
y amordazar
a periodistas
y periódicos
concretos
a los que
el jefe
de este señor,
Pedro Sánchez,
califica
de antemano
como
pseudomedios
y contra
los cuales
está
específicamente
cocinando,
confeccionando
esa ley
contraria
a la libertad
de prensa.
a la libertad
de prensa
de esos
periodistas
y de esos
periódicos
que tanto
el Gobierno
de Pedro Sánchez
en general
como Pedro Sánchez
en particular
y también
Óscar Puente
en particular
tienen
en la mirilla.
Porque la cuestión
es esa.
¿Qué confianza
podemos tener
en que la ley
que va a promover
este Gobierno
en contra
de personas
como Vito Quiles
a los que califican
no sé si con razón
o sin ella
no forma parte
del debate
a los que el Gobierno
califica exante
de
pseudoperiodistas
qué confianza
podemos tener
en que se va a respetar
la libertad
de prensa
de estas
y de otras personas
cuando el Gobierno
que promueve esa ley
está integrado
por sujetos
como Óscar Puente
que califican
abiertamente
que dirán
en privado
a estas personas
contra las cuales
se promueve
esta nueva ley
de sacos
de mierda
y a las que
incluso
sin esa nueva ley
en vigor
ya se amenaza
personalmente
con hacérselo pagar
muy caro.
En definitiva,
uno podría entender
que los políticos
son personas
y que a los políticos
en ocasiones
se les calienta la boca
como a todas las personas
y que por tanto
en ocasiones
puede llegar
a entenderse
que se les puede
escapar un exabrupto
como el publicado
en sus redes sociales
por el Ministro
de Transportes
Óscar Puente.
Uno podría llegar
a entenderlo
siempre y cuando
una vez
enfriados los ánimos
el político
correspondiente
en este caso
el Ministro
de Transportes
se disculpara
públicamente
por ese calentón.
Las disculpas
servirían
al menos en parte
para enmendar
el triple agravio
que supone
ese mensaje.
Que un político
debería tener
más altura de miras
y no calentarse,
¿de acuerdo?
Pero como poco
sería exigible
la disculpa
pública.
Y esa disculpa
ni ha llegado
ni va a llegar
porque este
no es un mensaje
fruto de un calentón
sino de un cálculo
frío.
Es un cálculo
frío
de este gobierno
para recalentar
a los suyos
buscando apoyo
a la hora
de impulsar
un proyecto
legislativo
con el cual
se pretende
amordazar
a los periodistas
reclasificados
como
pseudo periodistas
que no estén
alineados
y que no le bailen
el agua
a este gobierno.
Se trata
de un comportamiento
que pretende
extorsionar,
amedrentar
y justificar
la mordaza.
Se trata
en última instancia
de un comportamiento
mafioso,
del comportamiento
propio de una mafia,
es decir,
del comportamiento
propio de un gobierno
que ya no se siente
limitado
y constreñido
por el Estado
de Derecho.