Cristín Lagar, presidenta del Banco Central Europeo, nos adelanta que el futuro euro digital
no contará con una privacidad absoluta. Es decir, que al menos en determinados casos
las autoridades estatales podrán conocer quién posee una determinada cantidad de euros
digitales y bloqueárselos. ¿Cuáles serán las consecuencias políticas, económicas
y sociales de esta ausencia de privacidad absoluta en el euro digital? Veámoslo.
El euro digital conlleva fundamentalmente dos riesgos frente al euro de papel. Por un
lado, el Banco Central Europeo tendría mucho más fácil establecer tipos de interés negativos,
es decir, cobrarnos a todos los tenedores de euros digitales una especie de comisión meramente
por tener ese euro digital. Los bancos centrales han expresado en numerosas ocasiones la potencial
conveniencia de que en momentos de recesión se establezcan tipos de interés negativos
sobre el dinero para que la gente no esté incentivada a atesorarlo, sino que se vea empujada
por la penalización que suponen esos tipos de interés negativos a gastar el dinero, ya
sea consumiéndolo o ya sea invirtiéndolo, de tal manera que superemos las recesiones
de manera más acelerada. Si la gente no atesora, si la gente gasta su dinero presionada por
los tipos de interés negativos, el gasto agregado volverá a crecer y al crecer saldríamos
supuestamente de la recesión. Los tipos de interés negativos, por tanto, serían a todos
los efectos un impuesto sobre la tenencia de dinero, algo que no es fácil articular con
el dinero de papel, pero que resultaría mucho más sencillo implementar con el dinero digital.
El Banco Central Europeo únicamente tendría que pulsar una tecla y automáticamente nuestros
saldos en euros digitales se irían reduciendo en función del tipo de interés negativo
que haya fijado el Banco Central Europeo. El segundo gran riesgo que comporta el euro
digital frente al euro de papel es la pérdida de privacidad. No es que no puedan diseñarse
euros digitales que sean absolutamente privados e irrastreables por parte de sus emisores.
La opción tecnológica existe y en ese caso el euro digital no se distinguiría demasiado
del euro de papel. Ambos serían irrastreables o muy difícilmente irrastreables, es decir,
una persona podría disponer de sus euros digitales como dispone hoy de sus euros de
papel sin revelarle a nadie dónde y en qué o para quién está gastando una determinada
cantidad de dinero. Sin embargo, existe el riesgo de que a la hora de diseñar el euro
digital las autoridades monetarias no obten por estos modelos o por estas versiones de
privacidad reforzada del euro digital, sino que creen, diseñen euros digitales que sí
sean potencialmente irrastreables por parte de sus emisores, con lo cual quienes utilizaran
estos euros digitales irrastreables por el Banco Central Europeo experimentarían una
pérdida cierta de privacidad frente a las autoridades estatales de turno. Como digo,
esta pérdida de privacidad es una opción política, no es una necesidad tecnológica,
puede haber euros digitales tan privados como los euros de papel, pero si nuestros políticos,
si nuestros gobernantes, si nuestros banqueros centrales no quieren, se niegan a emitir
euros digitales de privacidad ultra reforzada, lo que tendremos son euros digitales de privacidad
controlable y esa parece ser la hoja de ruta del Banco Central Europeo. Escuchemos unas
recientes declaraciones a este respecto de su presidenta, Christine Lagarde.
Hasta aquí Lagarde está diciendo algo bastante razonable. Cuando se pregunta a los ciudadanos
europeos cuál es su principal preocupación a la hora de aceptar o rechazar el uso del
euro digital, la mayoría de los europeos responde que su principal preocupación es la privacidad
y por tanto, siendo esto así, el Banco Central Europeo nos dice Lagarde tendrá que diseñar
un euro digital de privacidad reforzada, pero ¿cuán reforzada será esa privacidad? Escuchemos
lo que viene a continuación.
Dicho de otra manera, Lagarde nos asegura que el euro digital tendrá una privacidad reforzada
pero no será una privacidad absoluta como la que hoy proporciona el dinero en efectivo.
Y Lagarde se niega a proporcionarnos este euro digital de privacidad total, de privacidad
absoluta, de privacidad equiparable a la del dinero en efectivo, no porque sea tecnológicamente
inviable, sino porque considera que hay otros objetivos de política pública, como puede
ser la lucha contra el terrorismo o contra el blanqueo de capitales que aconsejan que
las autoridades estatales tengan la posibilidad de levantar el velo del euro digital para
descubrir quién está detrás, que usuario identificable con nombres y apellidos está
utilizando o dejando de utilizar una determinada cantidad de euros digitales vinculados, por
ejemplo, con el terrorismo o sometido a blanqueo de capitales.
Y siendo esto así, ¿cuál será el grado de privacidad que se compromete Christine Lagarde
a ofrecer a los europeos con respecto al euro digital?
Siguamos escuchando.
Por ejemplo,
es decir que el nivel de privacidad del euro digital sería similar al de los medios electrónicos
actuales, al de las cuentas corrientes actuales, es decir, muy poco, básicamente en este caso
el banco sabe perfectamente quién está utilizando y para qué una determinada cantidad de dinero
y esa misma información pasaría a tener a partir de ahora las autoridades estatales
sin necesidad siquiera de solicitársela al banco.
Idealmente deberían solicitársela con una orden judicial, en la práctica ya sabemos
que ni siquiera es así, pero a partir de la adopción del euro digital en la modalidad
que propone Christine Lagarde, quien por cierto hace bien en remarcar que esto es una opción
política a partir de la adopción de este euro digital, las autoridades dispondrán
directamente de la información de quién usa y para qué el euro digital.
Coloca eso sí una salvedad.
Nos dice que están explorando la posibilidad de que para pagos pequeños, para pagos diminutos,
la privacidad sí sea mayor que la que existe ahora mismo con los medios electrónicos,
pero en todo caso para pagos que excedan un cierto umbral, la privacidad absoluta desaparecería
y las autoridades estatales tendrían pleno control a la hora de saber quién gasta en
qué y para quién una determinada suma de euros digitales.
Y uno podrá pensar que esto tampoco es tan grave.
Si no estás cometiendo ningún acto ilícito, tampoco tienes nada que ocultar y por tanto
tampoco tienes nada de lo que preocuparte.
Este argumento, sin embargo, no es válido y no solo por el hecho de que existan actividades
que son legales, pero que una persona no quiera que otros individuos conozcan que está realizando
y en la medida en que las autoridades estatales tengan información sobre en qué gastamos
nuestro dinero cada día, esas autoridades podrían filtrar, por ejemplo, esa información
a los medios de comunicación para diseñar, para programar una campaña de oprobio público
contra una determinada persona, no por hacer nada ilegal, pero quizás sí por hacer algo
vergonzoso a los ojos del resto de las personas.
Es decir, hasta cierto punto las campañas de cancelación públicas se podrían ver
reforzadas y alimentadas desde el poder político si tuviese cierta información comprometida
de determinadas personas que optará por filtrar a los medios de comunicación.
Pero ni siquiera esto es lo más preocupante.
Lo realmente preocupante es que entendemos por actividades ilícitas.
Claro, cuando la GAR nos dice que el euro digital no ha de tener una privacidad absoluta
porque así podremos combatir más eficazmente el terrorismo, pues esto no suena mal.
Todo el mundo creo que estará de acuerdo en que es bueno que los terroristas lo tengan
mucho más difícil a la hora de financiar sus actividades y, por tanto, si el euro
digital contribuye a que las autoridades estatales les puedan sustraer la financiación
a los terroristas para que no desplieguen más actividades criminales, bienvenida sea
esta opción.
Sin embargo, esta opción, es decir, la ausencia de privacidad total con la excusa de que por
esa vía será más fácil combatir el terrorismo, es una opción similar a la de la presunción
de inocencia.
Es verdad que si elimináramos la presunción de inocencia no sería mucho más fácil encarcelar
a personas que son culpables pero que, a lo mejor, en el juicio no hemos demostrado plenamente
que lo son.
Somos perfectamente conscientes de que la presunción de inocencia permite, al cabo
del año, que muchas personas objetivamente culpables terminen siendo absueltas por no
haber podido demostrar su culpabilidad en un juicio.
Sin embargo, y como suele decirse, preferimos que haya 100 culpables libres a que haya un
inocente encarcelado y, por eso, adoptamos la presunción de inocencia, no para proteger
a los delincuentes, sino para proteger a las personas honestas que, en caso de establecer
una presunción de culpabilidad, es decir, en caso de que tuviesen la obligación, la
carga de demostrar que son inocentes, podrían ser encarceladas sin haber cometido ningún
crimen.
Me traigo a colación la presunción de inocencia, porque la lógica en la que se basa es la
misma en la que debería basarse la absoluta privacidad del dinero digital.
Es verdad que no tener una absoluta privacidad en el dinero digital, en los euros digitales,
habilitaría una lucha estatal más eficaz contra crímenes que todo el mundo quiere
combatir.
El problema es que esa absoluta falta de privacidad también habilitaría al Estado
a combatir otros hechos, otros actos, que hoy quizá no sean ilícitos, que hoy quizá
no sean delictivos, pero que en el futuro podrían serlo y podrían ser castigados y
perseguidos.
Pongámonos en un supuesto extremo para que verdaderamente podamos comprender los riesgos
que acarrea que el euro digital no conlleve una privacidad absoluta.
En la última semana hemos escuchado, hemos leído en las noticias que 25 activistas de
extrema derecha preparaban un golpe de Estado en Alemania para tomar el control de las instituciones
estatales.
Y la prensa se ha mostrado muy preocupada de que este tipo de prácticas empiecen
a preponderar en la Unión Europea y en algún momento, futuro, terminemos estando en una
especie de dictadura fascista.
Bien, pues hagámosle caso a esta prensa que teme, que hay un riesgo cierto de que en
el medio largo plazo, Europa termine de generando en una especie de dictadura fascista si los
grupos de extrema derecha cada vez se vuelven más populares y más peligrosos.
Dentro de esta dictadura fascista estaríamos tranquilos utilizando el euro digital, imaginemos
que la dictadura fascista declara ilegales los sindicatos o organizaciones políticas
de ideología contraria a la ideología del régimen.
¿Cómo podríamos financiar a través de euros digitales a estas organizaciones ilegalizadas
si la dictadura fascista consideraría ilícita la actividad de financiación a estas organizaciones?
No podríamos hacerlo y no podríamos hacerlo porque estaría implantado un euro digital
que permitiría que las autoridades estatales rastrearan el uso que hacemos de esos euros
digitales.
Y, por tanto, de la misma manera que hoy las autoridades estatales esperan combatir el
terrorismo a través de un euro digital de privacidad rebajada, las autoridades estatales
en una dictadura fascista podrían combatir actividades que no consideramos socialmente
que deban ser combatidas, pero que en ese régimen sí serían combatidas, como puede
ser la financiación de think tanks o organizaciones políticas ilegalizadas por tener una ideología
contraria a la del régimen.
Creo que con este ejemplo queda muy claro los riesgos extremos a los que nos podemos
exponer con un euro digital de privacidad no reforzada.
Quizá no haya que ir tan lejos al caso de una dictadura fascista o de una dictadura comunista.
Basta con que dentro de nuestras democracias cada vez se vayan ilegalizando más actividades
que no convengan a la clase política o a determinados actores con una determinada
ideología dentro de la clase política y, a través del euro digital, podrían vigilarnos
y perseguirnos en caso de que queramos saltarnos leyes injustas que ilegalizan actividades que
no deberían estar ilegalizadas.
Me estoy refiriendo, claro, esta a actividades que no comportan daños para terceros y que
sólo están ilegalizadas por el arbitrio, por el capricho del poder estatal.
Y, por cierto, cuanto más fácil les sea al Estado prohibir efectivamente actividades
privadas, porque puede sustraerles la financiación a través del control del euro digital, más
inclinación, más tentación tendrán los políticos a usar este poder arbitrario caprichoso
para censurar actividades que no deberían estar prohibidas.
No obstante, hay que reconocer que el euro digital no comportaría ninguno de estos riesgos
si no fuera una moneda de aceptación obligatoria.
Si el Banco Central Europeo de manera experimental lanza un euro digital para que aquellas personas
que quieran utilizarlo lo utilicen y aquellas personas que no quieran utilizarlo no lo utilicen,
pues sí, el euro digital será una opción monetaria más, una opción monetaria de privacidad
no absoluta que emplearán aquellas personas que no valoren demasiado la privacidad.
En cambio, otras personas que sí valoren la privacidad podrán seguir utilizando el
euro de papel, el euro físico, el dinero en efectivo.
Sin embargo, también parece que en los planes de lagart se incluye la posibilidad, la conveniencia
de convertir en moneda de curso legal a este euro digital.
Básicamente nos está diciendo que aunque no se ha tomado una decisión respecto a si
el euro digital deberá ser moneda de curso legal, moneda que pueda utilizarse para saldar
las deudas dentro de la zona euro nos está anticipando que una característica del dinero
que emite el Banco Central y el euro digital sería emitido por el Banco Central es ser
moneda de curso legal, por tanto, previsiblemente cabe anticipar que el euro digital sí será
una moneda de curso legal.
No obstante, y de nuevo, los problemas que podría comportar el euro digital se podrían
ver minorados si la opción del euro en efectivo sigue vigente, es decir, aunque el Banco Central
Europeo habilite un euro digital de curso legal, si podemos intercambiar inmediatamente
el euro digital con el que alguien nos pague y que nosotros estamos obligados a aceptar,
pero si podemos intercambiar inmediatamente ese euro digital que recibimos y no queremos
por euros físicos más o menos será sencillo burlar el control estatal que pueda querer
establecerse sobre el euro digital.
El problema es que todo apunta a que con el tiempo, una vez se generalice el uso del
euro digital, la decisión que adoptará el estado claramente es la de eliminar el dinero
en efectivo, y en ese caso sí, seremos rehenes del euro digital, una moneda que habrá sido
diseñada desde el comienzo con una privacidad insuficiente, con una privacidad no absoluta,
ese euro ya estará en circulación y ese euro será controlable políticamente.
Claro a quienes confíen en las autoridades políticas actuales, quizá eso no les genera
demasiada preocupación, a quienes no confiamos en las autoridades políticas actuales sí,
pero como decía, incluso aquellos que confíen en las autoridades políticas actuales deberían
plantearse qué sucedería si en algún momento futuro dejan de confiar en las autoridades
estatales porque quizá llegue al poder gente que no sea de su cuerda o gente a la que
incluso consideren un peligro público para la convivencia y la democracia.
En ese caso el euro digital de privacidad no absoluta seguiría en circulación y el
poder extraordinario para controlarnos a través del dinero caería en manos de esas
otras personas a las que quienes hoy apoyan el euro digital ya no considerarían políticos
confiables, políticos amigables, políticos respetuosos con las libertades individuales
y por tanto les estarían otorgando un poder muy notable para hacer cenar nuestras libertades.
Las monedas digitales de los bancos centrales son una innovación tecnológica que puede
tener sentido adoptar en la actualidad, pero si se adoptan debería ser con suficientes
garantías no eliminables a posteriori de que ese euro digital va a tener una privacidad
absoluta similar a la del efectivo actual.
Si creamos desde el inicio un euro digital de privacidad no absoluta, un euro digital
que además sea de curso legal y que aspire potencialmente a reemplazar al dinero en efectivo,
entonces el estado adquirirá al menos potencialmente un control absoluto sobre qué hacemos o qué
dejamos de hacer con nuestro dinero, es decir adquirirá un control potencialmente absoluto
sobre lo que hacemos o dejamos de hacer con nuestras vidas.