En su reciente intervención en el foro económico de Davos, Pedro Sánchez afirmó lo siguiente.
Usted ha mencionado la desigualdad, y en particular en nuestros países, en el mío en concreto en España,
los que más sufren son los jóvenes, y esto es porque diseñamos un estado de bienestar
que está mucho más centrado en las personas mayores que en los jóvenes, y no se trata de enfrentar una generación con otra.
De lo que se trata es de re-inventar, re-diseñar todas estas políticas sociales para que se centren,
para que sean no sólo mucho más eficaces, sino para que sean también mucho más positivas.
Lo que está diciendo Sánchez es en gran parte verdad, aunque se nos ha afirmado que el estado de bienestar
se ha constituido para ocuparse de las personas más necesitadas dentro de una sociedad,
en realidad los estados de bienestar modernos lo que hacen es redistribuir la renta desde la clase media a la clase media.
Es una redistribución horizontal, yo meto la mano en el bolsillo a mi vecino para que mi vecino meta la mano en mi bolsillo,
y no tanto una redistribución desde los muy muy muy ricos a los muy muy muy pobres,
con el objetivo en todo caso de proporcionar una red de seguridad de última instancia
para que esas personas tan pobres no queden descolgadas de la sociedad.
Es más bien una maquinaria de provisión de servicios a un conjunto de personas, a unos ciudadanos, a las clases medias,
que en realidad si no pagaran tantísimos impuestos podrían acceder a esos mismos servicios
desde el mercado y sin necesidad de comprárselos, sin necesidad de pasar por las orcas caudinas de un proveedor monopolístico,
como es el sector público.
Y en este sentido los jóvenes son uno de los colectivos más vulnerables de nuestras sociedades.
La tasa de paro juvenil supera al 30%, también concentran la mayor parte de los empleos temporales,
no cuentan con un patrimonio previo que les sirva de colchón para hacer frente a imprevistos,
se les dificulta enormemente constituir ese patrimonio en la medida en que los precios de la vivienda están en aumento continuado,
y en definitiva lo que vemos es que la tasa de pobreza y exclusión social entre los jóvenes es del 28,5%.
El 7 punto superior a la del resto de colectivos, o dicho de otra manera, si el estado de bienestar
de verdad tratara de contribuir a favorecer, a impulsar, a facilitar las condiciones de vida de los más desfavorecidos,
sería lógico que tuviera entre los jóvenes, al menos entre algunos jóvenes, una de sus prioridades.
Pero hasta la fecha esto no ha sido así, y si Sánchez reconoce la realidad uno podría pensar que ya está dando el primer paso para modificarla,
es decir, para reorientar, para reenfocar el estado de bienestar desde las clases medias a las clases más desfavorecidas.
Pero ¿es esto realmente lo que está haciendo Sánchez? Es lo que dice, lo acabamos de escuchar, pero ¿es realmente lo que hace?
Bueno, el movimiento se demuestra andando y este gobierno ya ha tomado dos grandes decisiones en materia presupuestaria.
Por un lado, ha revalorizado las pensiones un 0,9%, una décima por encima de la inflación.
Por otro lado, ha incrementado el salario de los empleados públicos en un 2%, apreciablemente por encima de la inflación.
Creo que es bastante obvio que entre estos dos colectivos, los pensionistas y los empleados públicos, los jóvenes no se encuentran precisamente sobrerepresentados.
Los jóvenes son una pequeñísima fracción en ambos colectivos.
En particular, en el colectivo de pensionistas y debido a las pensiones de orphanedad, los jóvenes no alcanzan el 2% de todos los pensionistas.
Y en el colectivo de empleados públicos, el porcentaje de jóvenes que ya ha accedido a un empleo público no necesariamente una plaza de funcionarios, sino un empleo público apenas supera el 2%.
Ni si extendiéramos la definición de joven hasta los 29 años, este porcentaje apenas ascendería al 7,6%.
Por tanto, estamos hablando de que los jóvenes están contenidos en un porcentaje ridículo, en un porcentaje bajísimo, dentro de estos dos grandes colectivos, pensionistas y empleados públicos que han sido agraciados hasta la fecha con los mayores volúmenes de gasto que ha aprobado este gobierno.
En particular, el coste de valorizar las pensiones ha ascendido a 1.400 millones de euros, y el coste de incrementar el salario de los empleados públicos ha totalizado un coste de 3.450 millones de euros.
En conjunto, por tanto, estamos hablando de un volumen adicional de gasto, sólo para 2020, de 4.650 millones de euros. ¿Cuánto es 4.650 millones de euros?
Bueno, creo que conviene dimensionar esta cifra para que veamos en qué medida de verdad el gobierno se está preocupando por los jóvenes o, en cambio, se está olvidando totalmente de ellos.
Como sabemos, este gobierno para financiar los incrementos del gasto público que pretende aprobar a lo largo del presente ejercicio y, en teoría, a lo largo de toda la legislatura, porque en el acuerdo de gobierno que sobrepodemos no hay ninguna subida impositiva adicional a las que voy a mencionar,
como digo, este gobierno para financiar este incremento de gasto público ha planteado una batería de aumentos de incrementos impositivos, más, en particular, la subida del impuesto sobresociado, la subida efectiva del impuesto sobresociado para las grandes empresas,
la subida del IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros, la tasa Tobin sobre transacciones financieras, la tasa Google sobre actividades digitales, que ya veremos si finalmente se termina aprobando, y también diversos impuestos medioambientales.
Pues bien, como digo, con la recaudación derivada de este conjunto de subidas tributarias supuestamente dirigidas a los ricos, el gobierno pretende financiar sus programas sociales, pretende obtener fondos para desplegar su artillería de propuestas de gasto público.
¿Cuál es la recaudación que, según este gobierno, se conseguirá en 2020 con todas estas subidas de impuestos? 4.800 millones de euros.
Recordemos, la subida de las pensiones y de los salarios públicos cuesta 4.650 millones de euros. Toda la recaudación que espera conseguir el gobierno con todas las subidas fiscales, que al menos ha anunciado que va a aprobar hasta la fecha, son 4.800 millones de euros.
O dicho de otra manera, el gobierno ya se ha fundido prácticamente todo el margen fiscal que tenía para este año en subir las pensiones y en subir el sueldo a los empleados públicos, dos colectivos donde los jóvenes ni están ni se les espera.
Por tanto, esto de decir que la prioridad del gobierno son los jóvenes cuando casi el 100% de todo el nuevo gasto público que puedes dotar sin déficit público lo destinas a dos colectivos, pensionistas y empleados públicos, donde los jóvenes pesan el 2% es pura hipocresía.
Y además, recordemos lo que he mencionado, los jóvenes tienen una tasa de riesgo de pobreza especialmente alta, desde luego mucho más alta que la de los empleados públicos o la de los pensionistas.
La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de los pensionistas es del 15% y la de los empleados con contrato indefinido, dentro de los cuales en general están los empleados públicos, es del 7%.
Recordad, jóvenes 28,5, pensionistas 15%, empleados con contrato indefinido 7%, la prioridad deberían ser, efectivamente, si uno es un social demócrata que cree que hay que utilizar el estado para redistribuir la renta hacia los colectivos más desfavorecidos,
la prioridad deberían ser los jóvenes, no los pensionistas o los empleados públicos, que tienen tasas de riesgo de pobreza de la mitad o de una cuarta parte de la de los jóvenes.
Porque además conviene tener presente que hay una política que se nos ha dicho desde este gobierno que se quiere aprobar, que se quiere implementar y que además es defendida por el actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá,
porque cuando estuvo al frente del AIREF, encargó un informe donde analizaba una propuesta de ingreso mínimo vital.
Un ingreso mínimo vital no es lo mismo que una renta básica, la renta básica es que todo el mundo cobra una determinada cantidad de dinero con independencia de su predisposición o no a trabajar, con independencia de su situación económica,
un ingreso mínimo vital es más bien una asistencia de última instancia, aquellas personas que no ingresan una cantidad de dinero ultra mínima y que además no pueden encontrar empleo, reciben una transferencia pequeña del estado para subsistir.
Según José Luis Escribá, este ingreso mínimo vital tendría un coste de 3.500 millones de euros al año y permitiría reducir la tasa de pobreza severa, es decir, dentro de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, aquel subgrupo de personas que están en una situación peor, que ni siquiera alcanzan el 30% de la renta mediana del país,
permitiría reducir esa tasa de pobreza severa en un 60%, es decir, a más de la mitad de sus niveles actuales. Repito, con 3.500 millones de euros se podría reducir a más de la mitad la tasa de pobreza severa que evidentemente afecta especialmente a los más jóvenes, 3.500 millones de euros.
Y sin embargo, ¿a dónde van a parar esos 3.500, en realidad 4.650 millones de euros? Que son la recaudación adicional que espera obtener el gobierno de subir impuestos a prácticamente toda la economía productiva, a pensionistas y a empleados públicos.
Es de una tremenda hipocresía, repito, que se nos esté diciendo desde Davos, que este gobierno se va a preocupar por los jóvenes que va a reorientar las políticas del estado de bienestar para enfocarse en los jóvenes y que las dos primeras medidas presupuestarias que tomen,
las dos primeras medidas de gasto que tomen se dirijan a pensionistas y empleados públicos y que no sean además las dos únicas primeras medidas, sino que sean las dos medidas que agoten todo el margen de gasto público adicional que tiene este gobierno.
Y no se puede plantear, ¿y por qué esto es así? Porque si los jóvenes están en una situación más precaria que pensionistas o empleados públicos, ¿por qué las políticas públicas se orientan hacia pensionistas y empleados públicos? La respuesta es muy sencilla.
Y pensionistas y empleados públicos suman 12 millones de personas, es decir, 12 millones de votos, 12 millones de votantes que hay que cuidar, que hay que mimar para perpetuarse en el poder.
Y este es, en última instancia, el auténtico objetivo de cualquier político más allá de las alocuciones públicas grandilocuentes que efectúe. Todo político quiere atornillarse en el sillón, todo político quiere conservar el poder, y para conservar el poder hay que maximizar votos.
Y una fórmula para maximizar votos es comprar votos, y eso es justamente lo que ha venido haciendo y lo que sigue haciendo este gobierno con el dinero de todos los contribuyentes. No ayudar a las personas más desfavorecidas de la sociedad, que es algo que muchos de nosotros querríamos hacer con el dinero que se nos quita a través de impuestos, sino comprar el voto de aquellos que pueden mantenerlo en la Moncloa.