Los economistas solemos decir que el desarrollo económico de una sociedad depende de la calidad de sus instituciones formales y de sus instituciones informales.
Las instituciones formales son, en esencia, las reglas de juego que estructura en una sociedad.
Es decir, aquel conjunto de normas, escrito o no escrito, pero aquel conjunto de normas,
que los propios individuos que conforman una sociedad reconocen que son las que limitan, las que restringen,
las que articulan los términos, las fronteras de sus comportamientos, de sus acciones legítimas.
Las instituciones formales pueden ser de tipo inclusivo o de tipo extractivo.
Las de tipo inclusivo son aquellas que permiten incluir a todos los individuos dentro del proceso de cooperación social.
Es decir, el respeto y la defensa de la libertad individual, de la propiedad privada, de los contratos voluntariamente suscritos,
la libertad de competencia, todo aquel conjunto de normas que facilitan que toda persona, cualquier persona,
y además, en términos de igualdad ante la ley, pueda perseguir su propio proyecto, pueda proponer su propio proyecto de cooperación personal y económica con otros individuos.
La calidad de las instituciones formales, en definitiva, depende en gran medida de cuán extendido esté el estado de derecho, el imperio de la ley,
y un imperio de la ley compatible con la propiedad privada y con el capitalismo.
En cambio, las instituciones formales extractivas son aquel conjunto de normas que han sido elaboradas de manera privilegiada por una facción de la sociedad,
sea esta mayoritaria o minoritaria, con el propósito de ser impuestas sobre el resto de la población para, acto seguido, proceder a extraerle recursos, renta y esfuerzos,
es decir, para proceder a parasitarlos y explotarlos. Ejemplos de instituciones extractivas pueden ser la esclavitud, la servidumbre, los gremios, las restricciones legales de la competencia,
la fiscalización de carácter parasitario, todo este conjunto normativo que no facilita, que no favorece, que no permite siquiera que cualquier persona pueda cooperar libremente
y con otras serían esas instituciones formales de carácter extractivo que terminan destruyendo la posibilidad de un progreso económico generalizado dentro de la sociedad.
Pero no creamos que las instituciones formales inclusivas son suficientes para lograr el desarrollo.
Imaginemos una sociedad donde la libertad individual, la propiedad privada, los contratos estuvieran absolutamente protegidos, absolutamente garantizados,
y donde, por tanto, tuviéramos un estado de derecho o un marco de imperio de la ley ejemplar desde un punto de vista liberal.
Pues bien, en estas sociedades, aún cuando tuviéramos este estado de derecho ejemplar desde un punto de vista liberal, podría seguir fracasando la cooperación en caso de que no haya buenas instituciones informales.
¿Qué son las instituciones informales? Aquel conjunto de valores, de costumbres, de ideas, de marcos ideológicos que estructuran los términos espontáneos de la cooperación dentro de una sociedad.
Imaginemos en esa sociedad ejemplar desde el punto de vista de las instituciones formales, donde la gente fuera reacia a cooperar entre sí porque creyera que el vecino es un explotador o un aprovechado en potencia,
donde desconfiará del tendero de la esquina porque cree que ese tendero le va a estafar a las primeras de cambio, donde no pudiese suscribir un acuerdo a largo plazo que no contemplara absolutamente todos los aspectos de una posible relación de colaboración,
porque creyera que a las primeras de cambio su contraparte intentaría forzar el contrato para perjudicarlo y aprovecharse a su costa, donde incluso la gente está dispuesta a cumplir los contratos,
pero solo una vez se ha producido denuncia y se está dilucidando el caso en el juzgado. En esta sociedad donde, ya digo, las normas generales podrían ser espectaculares, podrían ser absolutamente respetuosas y garantistas,
con la libertad individual faltaría la esencia, el espíritu, si queremos decirlo, para que la gente cooperara de buena fe y cooperara con bajos costes de transacción reales a la hora de generar riqueza dentro de la sociedad.
Los valores, las actitudes culturales, las tradiciones, la ideología cuenta enormemente a la hora de determinar el respeto hacia la iniciativa empresarial, la dignificación del ahorro y, por tanto, el horizonte largoplacista de los ciudadanos,
los sujetos económicos, la suscripción de contratos de largo plazo sin necesidad de tratar de estructurarlos de una manera compleja y absolutamente ultradetallada y, por tanto, costosa, los términos en los que una persona se lanza a innovar,
porque considera que esa innovación va a traer prosperidad y va a traer progreso para su sociedad. Todas esas actitudes mentales, morales, ideológicas, culturales, todas esas tradiciones influyen también a la hora de determinar cuán lejos puede prosperar una sociedad,
es decir, hasta qué punto, hasta qué grado son los individuos capaces de cooperar espontáneamente entre sí dentro de un marco legal que habilita, que posibilita esa cooperación, pero que no la requiere, que no la exige, que no la impone.
Pues bien, en España ya sabemos que la calidad de las instituciones formales no es especialmente buena, por supuesto podría ser muchísimo peor y hay países en vías de desarrollo que tienen unas instituciones formales, un estado de derecho calamitosamente peor que el español,
pero también es cierto que en términos de corrupción, de abuso de poder, de separación, de poderes, España no es precisamente un ejemplo en ninguna de estas rúbricas. ¿Qué decir, entonces, de las instituciones informales?
¿Cuáles son los valores subyacentes que hay en la sociedad española? ¿Son valores que promueven la cooperación, que promueven la iniciativa empresarial, que promueven la innovación, que recompensan el esfuerzo?
¿O son valores que castigan socialmente, que generan una tacha, uno propio, social hacia aquel que consigue ingresos más elevados que otras personas justamente porque se ha esforzado más en generar valor para el resto de la sociedad,
que reprueba que un individuo gane más que otro o que intente lanzarse a innovar en áreas que supuestamente han de quedar monopolizadas por parte del estado y que en consecuencia quedan vetadas para la iniciativa empresarial del resto de las personas?
¿Dónde se ubica España? ¿En actitudes pro-mercado y pro-capitalistas o en actitudes anti-mercado y anti-capitalistas?
Pues, por desgracia, si atendemos a la reciente encuesta internacional de valores de la fundación BBVA, España se ubica entre los países más anti-capitalistas de Europa.
No es que Europa sea un continente enormemente capitalista, al contrario, sabemos que en Europa, en la vieja Europa, predomina un modelo de estado bienestar bastante grande, gigantesco, incluso a juicio de algunos, en la medida en que absorbe aproximadamente el 50% de la riqueza que genera una sociedad,
y, por tanto, el referente con el que nos estamos comparando ya es un referente bastante escorado hacia el estatismo y alejado del libre mercado.
Pues bien, incluso dentro de estas coordenadas, incluso en las coordenadas europeas, donde ya no hay una actitud especialmente pro-mercado y pro-capitalista, España destaca como uno de los países más anti-capitalistas y más anti-mercado.
Basta para ello leer algunas de las preguntas que se han dirigido a los encuestados y observar cuál es la respuesta que ofrecen a esas preguntas.
Por ejemplo, el 76% de los españoles considera que el Estado debe tener la responsabilidad principal en asegurar que todos los ciudadanos puedan gozar de un nivel de vida digno.
76% solo el 20% de los españoles suscribe que cada persona debe ser el responsable principal que no único, sino principal de asegurar su propio nivel de vida digno.
Este porcentaje de personas de ciudadanos españoles que atribuyen al Estado la responsabilidad principal de asegurar un nivel de vida digno al resto de la sociedad es el más alto de todos los países encuestados.
En Italia es el 64%, en Francia el 54%, en Reino Unido el 44% y en Alemania el 41%.
Por tanto, España destaca con mucha diferencia como el país más estatista en materia de asegurar una calidad de vida digna a los ciudadanos.
De hecho, si desagregamos por niveles de responsabilidad, también vemos que los españoles atribuyen predominantemente responsabilidades al Estado en áreas como la sanidad o como las pensiones en mayor medida que otros países europeos.
Por ejemplo, el 87% de los españoles cree que el Estado debe tener mucha responsabilidad a la hora de proporcionar cobertura sanitaria a todos los ciudadanos.
El mismo porcentaje cree que tener mucha responsabilidad para asegurar una pensión suficiente para las personas jubiladas.
Este porcentaje en los otros cuatro países que hemos mencionado, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, es significativamente menor. El 70% de los ciudadanos de esos cuatro países cree que tener mucha responsabilidad en cobertura sanitaria y el 67% en materia de pensiones.
Pero es que además también el 60% de los españoles cree que el Estado debe tener mucha responsabilidad a la hora de controlar los precios de los bienes frente a sólo el 40% del resto de países europeos o el 57% de españoles cree que debe tener mucha responsabilidad para controlar los salarios
frente a sólo el 32% del resto de europeos o el 49% de españoles cree que debe tener mucha responsabilidad a la hora de controlar los beneficios de las empresas frente a sólo el 32% del resto de europeos.
No es la única pregunta donde encontramos muestras claras de estatismo, de anticapitalismo, de antimercado, de antindividualismo por parte de los españoles.
En concreto, el 49% de los ciudadanos españoles, el porcentaje de nuevo más alto de todos los países encuestados cree que los ingresos deberían ser más equilibrados, más igualitarios, aunque ello pueda significar que las personas más formadas y las menos formadas ganen cantidades similares.
Sólo el 43%, un porcentaje menor del 49% que suscribe la frase anterior, cree que las diferencias en los niveles de ingresos son necesarias para que quienes están más formados ganen cantidades superiores que quienes están menos formados.
El porcentaje del 49% que busca equilibrar, igualar los ingresos de todos y por tanto que no recompensa a aquellos que generan más valor debido a su mayor capacitación, a su mayor esfuerzo, a su mayor dedicación a estudiar, a formarse, a investigar, a emprender.
Ese 49% en España contrasta con el 35% de Italia, el 29% de Alemania, el 28% de Francia o el 24% de Reino Unido.
Y por último, otra frase donde podemos encontrar claramente la actitud estatista anti-mercado de los españoles es en materia de impuestos y de servicios públicos.
El 43% de los españoles prefiere que existan impuestos altos para reducir las desigualdades, frente al 40% que considera preferible que existan impuestos bajos, aunque no se reduzcan las desigualdades.
En este caso hay que decir que el porcentaje de España no es de los peores del continente. Francia suscribe que en un 50% los impuestos han de ser altos, el 49% en Reino Unido, pero en cambio el 42% en Alemania, es decir más bajo que en España o el 20% en Italia.
Es decir, vivimos en un país donde se desconfía del mercado, del comercio, del empresario, del esfuerzo y de la iniciativa individual y que por el contrario se glorifica, se idealiza en la actividad del Estado, del funcionario y de la función pública.
Paradójicamente en esta misma encuesta los españoles echan por tierra el labor de los políticos, consideran que los políticos son seres que solo se preocupan por sí mismos, totalmente prescindibles, que prácticamente la sociedad funcionaría mejor sin ellos, cuando en el fondo le están atribuyendo a esos políticos,
es decir a los gestores del Estado la responsabilidad para que se preocupe por sus vidas. Parece que en cierto modo los españoles adoptan una actitud tremendamente pesimista sobre los resultados del mercado, consideran que es un espacio donde solo pueden suceder cosas horribles y donde solo pueden entrar gente perversa y codiciosa
y en cambio adoptan una actitud absolutamente idealista sobre el Estado, como si el Estado y la gestión estatal no fuera indisociable en gran edad de la corrupción, del abuso de poder, del favoritismo.
Y no pensemos que estas actitudes anti-mercado, anticapitalistas, pro-estado, pro-impuestos altos, pro-estatalización de servicios sociales nos salen gratis. Estas actitudes erosionan la calidad de nuestras instituciones informales y por tanto terminan erosionando también,
terminan minando, terminan socavando los términos de cooperación entre los españoles. Si esperamos que el Estado, ya sean los políticos corruptos o cualquiera que ocupe supuesto, nos lo proporcione todo.
Si esperamos que ha de ser el Estado el que no solo nos proporciona sanidad, educación, pensiones, sino además el que nos garantice una buena remuneración, unos buenos precios, unos beneficios moderados desde la ley y no desde la competencia empresarial,
entonces tendremos una sociedad paralizada, una sociedad que solo mirará al poder político para recibir dadivas estatales y que no intentará salir adelante por sus propios medios. Es decir, tendremos una sociedad que no emprenderá, que no innovará,
que no buscará progresar desde sí misma, sino que se especializará en la refriega política, en el activismo político, en la propaganda política para tratar de captar rentas a través de las instituciones estatales.
Es decir, no será una sociedad que cooperará para generar riqueza para el conjunto de individuos, sino que será una sociedad que tratará de parasitar la riqueza que generan otros hasta que dejen de generarla.