Pedro Sánchez ya ha anunciado cuál será su plan económico para hacer frente a la
crisis económica que se avecina a raíz de la pandemia que estamos experimentando.
Recordemos que en las diversas casas de análisis desde el Deutsche Bank a Bank of America estiman
que el PIPE occidental, el PIPE europeo, el PIPE estadounidense podría contraerse en
el segundo trimestre de este año entre el 20 y el 30%, la mayor caída trimestral de
la historia.
Por tanto, estamos ante una circunstancia extraordinaria que requiere de medidas audaces.
¿Y cuáles son esas medidas audaces que ha propuesto Pedro Sánchez?
Pues en esencia, y según sus propias palabras, destinar 200.000 millones de euros a contrarrestar
los daños que el coronavirus va a generar previsiblemente en la economía española.
De acuerdo con el presidente del Gobierno, se trata de la mayor movilización de recursos
de la historia reciente de España.
Podemos de hecho escucharle al hacer esta declaración.
Dijimos que haríamos lo que hiciera falta, cuando hiciera falta y donde hiciera falta.
Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas y por
eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros cerca de un 20%
de nuestra capacidad de producción de riqueza anual.
Pero realmente es así.
Realmente el Gobierno va a movilizar 200.000 millones de euros el 16% del PIB de España
para hacer frente a la crisis económica que se avecina.
En realidad no, desgranemos brevemente en qué consisten estos 200.000 millones de euros.
Los podemos dividir en tres categorías.
Una primera categoría son 100.000 millones de euros en avales que el Estado otorgará
a las empresas, a la deuda de las empresas para facilitar que el sector financiero refinance
la deuda que vaya venciendo de las empresas o que les extienda nuevos créditos que puedan
necesitar para hacer frente al pago de sus deudas a corto plazo.
Fijémonos que a vales de 100.000 millones de euros no suponen al menos en el corto plazo
de desembolsos de 100.000 millones de euros.
El Estado se compromete a que si las empresas que han emitido deuda, que se han endeudado
y cuyos pasivos han sido avalados, que si esas empresas no pagan a los bancos será el
gobierno quien en última instancia terminará pagando a la banca, pero si las empresas siguen
pagando, el gobierno no desembolsará nada, por tanto de momento no son 100.000 millones
de euros que vayan a fluir a la economía.
Estamos ante un pasivo contingente futuro de las administraciones públicas y esto por
cierto tiene dos implicaciones que conviene desentrañar también brevemente.
Por un lado, a quien se ha rescatado realmente, a quien se ha reflotado realmente, a las empresas
cuya deuda va a recibir el aval del gobierno o a los bancos cuyos créditos a estas empresas
se están protegiendo frente al impago.
Bueno, no podría decir que ambos, pero sobre todo, claramente, a quien se está protegiendo,
a quien se le está creando un escudo financiero para evitar que sufra quebrantos futuros,
es a la banca.
Si las empresas no pueden pagar la deuda, las empresas quebrarán y el gobierno no
va a evitar que quiebren si no son capaces de pagar esa deuda, pero el gobierno con ese
aval sí va a impedir que esas pérdidas se trasladen como deberían trasladarse a los
bancos.
Por lo tanto, estamos ante un segundo rescate a la banca, pero en este caso de manera un
tanto oculto, de manera poco transparente, no se inyectan varias decenas de miles de
millones a los bancos, pero se adquiere el compromiso de inyectarlos si las empresas no
son capaces de pagar.
Ese es el primer comentario sobre la primera medida.
Segundo comentario sobre esta primera medida, que aun cuando de momento esos 100.000 millones
de euros no supongan desembolsos que tenga que efectuar el estado, porque a corto plazo
las empresas obtendrán refinanciación y por tanto no se ejecutarán los avales, pero
en algún momento futuro, como decimos, si la crisis persiste y si por tanto una parte
importante significativa del tejido productivo español no es capaz de hacer frente a sus
deudas, entonces sí que tendrá que ser el estado por esos avales que acaba de asumir
quién desembolse las cuantías de esa deuda a los bancos y esto en el futuro podría costarnos
una mil millonada de euros al conjunto de los contribuyentes.
Por consiguiente, aunque hoy no tenga implicación presupuestaria, aunque hoy no supongan inyectar
100.000 millones de euros en la economía, en el futuro quizá si supongan inyectar 10.000,
20.000, 30.000, 40.000 o 50.000 millones de euros a los bancos y ese es un sobrecoste
con el que cargarán los contribuyentes y que sobrecargará la solvencia de las administraciones
públicas.
Por consiguiente, cuidado con los compromisos que se están asumiendo porque en el futuro
pueden dinamitar la solvencia de las administraciones públicas si esta crisis no se soluciona
de manera muy rápida.
Bien, de los 200.000 millones 100.000 son avales, es decir, que no suponen una inyección
de capital a corto plazo en la economía.
Otros 83.000 millones de euros, es decir, 100.000 más 83.000, 183.000, suponen aplazamientos
de pagos que el sector privado se espera que otorge o se le va a imponer que otorge a
sus deudores, es decir, esos 83.000 millones de euros es el monto estimado del aplazamiento
de las letras de la hipoteca, del aplazamiento de los recibos de gas, de electricidad y otros
suministros que el gobierno incluye en su decreto para obligar a las compañías a que
retrasen, a que aplacen esos pagos.
Se trata de una medida que muy probablemente aún sin la imposición gubernamental, aún
sin estar incluida en el decreto, las propias empresas habrían otorgado de manera voluntaria.
¿Por qué?
Pues porque las propias empresas saben que estamos ante circunstancias extraordinarias
y no tienen ningún sentido comenzar a ejecutar garantías hipotecarias o comenzar a cortar
suministros a clientes con los que mantienen una larga relación.
Las compañías, los bancos saben que durante un mes, dos meses, tres meses habrá personas
en una situación de liquidez tensionada y, por tanto, ellos son los primeros interesados
en no cargarse financiamente a sus clientes para que les puedan pagar en el futuro, para
que puedan tener solvencia suficiente como para hacer frente a sus pagos futuros.
En todo caso, en el decreto si se contempla esos aplazamientos, aplazamientos que en
muchos casos son forzados y al gobierno estima que el monto total de los aplazamientos sean
83.000 millones de euros, pero de nuevo no estamos hablando de dinero que se inyecta
en la economía, estamos hablando de que se posponen pagos.
Son pagos que no llegan a realizarse hoy cuando estaba previsto que se realizaran hoy, pero
ni siquiera son pagos que no vayan a tener que realizarse en el día de mañana.
Como digo, se pospone el pago, no se condona el pago, estamos ante un aplazamiento.
Por tanto, repito, 183.000 millones de euros de los 200.000 millones en los que Sánchez
ha cifrado la mayor movilización de recursos de la historia reciente de España son aplazamientos
de pagos o avales, no son inyección alguna, no suponen inyección alguna de recursos en
la economía.
Más del 90% del plan no supone movilización efectiva alguna de recursos dentro de la
economía.
Nos quedan esos 17.000 millones de euros hasta llegar a los 200.000 millones, y esos 17.000
millones si son dinero que el gobierno va a inyectar en la economía, de qué manera,
es esencialmente pagando prestaciones de desempleo a aquellas personas afectadas por un expediente
de regulación de empleo temporal o a aquellos autónomos que cesen de su actividad o que
vean reducir sus ingresos en más de un 75%.
Esos 17.000 millones es endeudamiento que va a asumir hoy el Estado y que habrá que
pagar mañana con impuestos extraordinarios o con recortes del gasto público y que sí,
si no, supone una movilización efectiva de recursos. Pero desde 200.000 millones, 16%
del PIB español, a 17.000 millones de euros de movilización real de recursos, aproximadamente
el 1,4% del PIB español, me dio una diferencia de más de 10 veces.
El plan de Sánchez es, en todo caso, muy criticable, ya no por los recursos que movilice o que
deje de movilizar. Es criticable porque no se está enfocando adecuadamente en cómo
salir de la crisis reflotando, reforzando aquellos sectores que son rentables o que
van a seguir siendo rentables en el futuro en lugar de rescatar a aquellos que han dejado
de serlo y que no van a volver a serlo en el futuro.
En próximos vídeos explicaremos las carencias que tienen planes de estímulo, similares a
los que está planteando Pedro Sánchez en España o Donald Trump en Estados Unidos y
que, en cierto modo, buscan una especie de rescate total de la economía, reflotamiento
total de la demanda del gasto en la economía.
Y también, en próximos vídeos, expondremos planes alternativos que no consisten en quitarle
los recursos a unas personas para dárselo a otras que no van a volver a generar valor
en sociedad, sino en tratar de facilitar que la economía se reactive lo antes posible
y a evitar que aquellas empresas generadoras de valor que hoy tienen que parar, tienen
que frenarse, tienen que detenerse para combatir la epidemia sean desarticuladas, sean desmembradas.
Pero como digo, esto será en próximos vídeos. En este, simplemente, permitidme recordar
la conclusión fundamental. Nos han vendido algo que no es, nos han vendido una inyección
de 200.000 millones de euros en la economía y nada parecido, por fortuna, también hay
que decirlo, se ha producido. Estamos ante una nueva guerra de propaganda que, sin embargo,
trata de buscar soluciones eficaces para los ciudadanos y para las empresas.