Javier Milei aspira a reducir el tamaño del Estado argentino desde el 38% del PIB
hasta el 25% del PIB. ¿Se trata de un objetivo política y económicamente realista? Veámoslo.
En el vídeo de ayer ya explicamos que Javier Milei le acaba de proponer a la clase política
argentina refundar el país, refundar Argentina, sobre unos presupuestos, sobre unas bases mucho
más liberales que las actuales. Es lo que el propio Javier Milei ha denominado el Pacto de Mayo,
dentro del cual aparecerían 10 acuerdos o 10 mandamientos que serían los que estructurarían
esa Argentina mucho más liberal. Pues bien, uno de esos 10 acuerdos que Javier Milei le quiere
plantear a la oposición es el de una drástica reducción del gasto público hasta alcanzar un
peso del Estado equivalente al 25% del PIB. Escuchémoslo de la propia voz de Javier Milei.
Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra Administración, quiero convocar tanto a gobernadores
como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros
intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma
de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios
del nuevo orden económico argentino.
Tres, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB.
Actualmente, el Estado argentino pesa alrededor del 37-38% del PIB. De tal manera que lo que
estaría planteando Javier Milei en esta propuesta es reducir el gasto público de manera estructural
en la Argentina entre 12 y 13 puntos del PIB, para dejarlo, como digo, en el 25% del PIB. Y justo
después de efectuar su propuesta han sido muchos los que han criticado a Javier Milei por decir que
ese objetivo, la reducción del tamaño del Estado hasta el 25% del PIB, es imposible que todos los
países ricos tienen Estados mucho mayores de ese 25% del PIB. Que más bien, los países que tienen
Estados tan pequeños son países muy pobres y que, por tanto, Javier Milei estaría tratando de
acercar a Argentina al modelo estatal de países muy pobres y no al modelo de Estado de países ricos.
En este vídeo voy a intentar explicaros por qué esto no es así. Y vamos a comenzar analizando esa
correlación, que es verdad que existe, entre riqueza y tamaño del Estado. Dicho de otra manera,
los países ricos suelen tener un Estado grande y los países pobres suelen tener un Estado pequeño.
¿Y por qué esto es así? Pues dicho de manera muy sencilla, y ahora lo voy a desarrollar,
porque los países pobres no se pueden permitir tener un Estado grande y, en cambio,
los países ricos sí se lo pueden permitir. Primero, en los países pobres los ingresos de
la mayor parte de la población son muy reducidos y, precisamente por eso, el Estado no puede cobrar
un porcentaje muy alto de impuestos sobre sus ingresos porque los estaría pauperizando de manera
exagerada. Si una familia apenas recibe ingresos monetarios y en especie como para sobrevivir,
como para sobrevivir a duras penas, si tú le impones un tributo sobre esos ingresos gigantesco,
30, 40 o 50% de esos ingresos, pues entonces ese hogar ya no puede subsistir. De ahí que la
presión fiscal en los países pobres tienda a ser reducida porque el Estado no tiene mucho
margen para saquear a su población. Y como, además, no tiene mucho margen para saquear a su
población, el Estado, en los países pobres, suele tener una escasa capacidad para actuar con eficacia.
Es decir, los Estados pobres suelen tener una burocracia muy precaria. ¿Y eso qué significa?
Pues que, aun cuando estuviesen dispuestos a cobrar muchos impuestos, no tienen realmente
capacidad para fiscalizar a la población y exigirle que pague muchos impuestos. De ahí que
la informalidad para escapar de los impuestos de los Estados pobres también sea muy elevada. Es decir,
que hasta cierto punto es una pescadilla que se muerde la cola. Los Estados no tienen mucho margen
para recaudar impuestos. Eso lleva a que su burocracia estatal esté subdesarrollada. Y ese
subdesarrollo en la burocracia estatal dificulta que, aun cuando los Estados estuviesen dispuestos
a cobrar más impuestos, no les sea nada sencillo recaudarlos. Porque la población busca escapar de la
fiscalidad acogiéndose a un mercado negro que esa precaria burocracia estatal no puede combatir,
no puede contrarrestar, no puede fiscalizar. En las sociedades desarrolladas, sin embargo,
sucede todo lo contrario. El Estado sí puede cobrar muchos más impuestos. Al poder cobrar muchos más
impuestos cuenta con una burocracia mucho mayor, que puede fiscalizar y controlar a la población de
una manera mucho más eficaz que en los países pobres. Y, por tanto, el Estado también va logrando
una mayor capacidad para ir apretándole fiscalmente las tuercas a la población y, por tanto, financiar
cada vez mayores niveles de gasto público. En los países pobres no se puede recaudar mucho y,
por tanto, el Estado tampoco puede gastar mucho. En los países ricos hay margen para recaudar más,
hay mayor y mejor infraestructura recaudatoria del Estado y, por tanto, se puede financiar un
volumen de gasto público mucho mayor. O dicho de otra manera, los países pobres no pueden escoger
entre tener Estados con un gasto público muy elevado o tener Estados con un gasto público muy
reducido. Su infraestructura institucional es tan débil, tan precaria, tan subdesarrollada,
que están forzados a tener Estados con bajo nivel de gasto público. Sin embargo, los países
desarrollados sí pueden escoger, socialmente, en teoría, entre tener Estados con un elevado volumen
de gasto público o Estados con un reducido volumen de gasto público. Y, por desgracia,
la mayoría de sociedades ricas escoge tener Estados grandes, en parte también porque la propaganda
estatal influye sobre sus valores, sobre sus percepciones, sobre su ideología y esa propaganda
estatal alimenta el estatismo, es decir, el crecimiento del Estado. Pero aquí subyace el error principal que
están cometiendo muchos. Que las sociedades pobres estén obligadas a tener un Estado pequeño no
significa que toda sociedad con un Estado pequeño esté condenada a ser pobre. Una sociedad que sea rica
o moderadamente desarrollada y que, pudiendo escoger entre un Estado grande o un Estado pequeño,
escoja un Estado pequeño, no es una sociedad rica que vaya a estar condenada a volverse pobre.
De hecho, algunas de las sociedades más ricas del planeta son, a la vez, sociedades que tienen
Estados relativamente o comparativamente pequeños. Por ejemplo, los dos países más ricos de
Hispanoamérica son Chile y Panamá. Pues bien, Chile tiene un Estado que pesa entre el 26-27% del PIB,
es decir, muy cerquita de la propuesta del 25% del PIB que plantea Javier Milei, y Panamá tiene un
Estado que pesa entre el 20 y el 21% del PIB, incluso por debajo de la propuesta que plantea Javier Milei.
Pero es que si nos vamos fuera de Hispanoamérica, también encontraremos ejemplos de sociedades
desarrolladas, muy desarrolladas, que tienen tamaños del Estado similares, cercanos, a los que propone Javier Milei.
Por ejemplo, Hong Kong. El peso del Estado en la economía de Hong Kong es del 28% del PIB.
O Singapur, una de las sociedades más ricas del planeta. El peso del Estado en Singapur es del 16%
del PIB. Casi 10 puntos menos que lo que está proponiendo Javier Milei. Pero bueno, es verdad
que tanto Hong Kong como Singapur son ciudades y, por tanto, puede que haya algunos tipos de gasto
en infraestructuras, por ejemplo, que no tengan que acometer. Y, por tanto, la comparativa no tiene
por qué ser del todo precisa. Pero también tenemos el caso de Taiwán, cuyo Estado pesa el 18% del PIB,
menos, de nuevo, de lo que está proponiendo Javier Milei, o el de Corea del Sur, cuyo Estado pesa
entre el 28 y el 29% del PIB. Algo más, pero bastante poco, que lo que está planteando Milei.
O incluso podríamos hablar del caso de Suiza, cuyo Estado pesa el 31-32% del PIB. Por encima de lo que
plantea Javier Milei, pero por debajo de lo que actualmente pesa el Estado en la Argentina, 37-38%
del PIB. Y, desde luego, muy por debajo de lo que pesa el Estado en muchos países europeos. En Francia,
el Estado llega a pesar el 60% del PIB. Y en España, el Estado pesa el 47% del PIB. Es decir,
15 puntos más de lo que pesa, por ejemplo, en Suiza, uno de los países más ricos del mundo.
Y, precisamente, vamos a utilizar el caso de España para ilustrar por qué sí es perfectamente viable
que un Estado moderno dentro de una sociedad desarrollada reduzca su peso dentro del PIB a
niveles de, por ejemplo, el 25% del PIB que está proponiendo justamente Javier Milei. En este gráfico
podemos observar la distribución del gasto público del Estado español en el año 2022, clasificado según
la función que desempeña ese gasto público. Démonos cuenta, por cierto, de que la suma del gasto en
defensa y del gasto en seguridad y justicia, que son las funciones que los liberales minarquistas
clásicos consideraban esenciales de cualquier Estado, apenas representan el 3% del PIB. Y el
gasto público del Estado español, el gasto público total, fue del 47,2% del PIB en 2022. Del 3%,
que serían los servicios básicos fundamentales, al 47,2% del PIB, media un trecho bastante grande.
En cuarto lugar, encontramos la partida de asuntos económicos. ¿Qué se entiende por asuntos
económicos? Pues, por un lado, todo el gasto en infraestructuras públicas y, por otro, todo el
gasto en subvenciones, transferencias de capital o subsidios que el Estado efectúa en favor,
de determinados sectores económicos, agricultura, industria, transporte, energía, etc., para fomentar
el desarrollo de esos sectores o, por ejemplo, su gasto en I más D. En quinto lugar, encontramos el
gasto en protección medioambiental, que en gran medida se refiere a la gestión de residuos. En sexto
lugar, vivienda y urbanismo, al que se destinó el equivalente al 0,5% del PIB. Construcción de
vivienda pública y, sobre todo, servicios comunitarios de los ayuntamientos, 0,5% del PIB. En séptimo
lugar, el gasto en sanidad pública, al que se destinó el 6,9% del PIB en el año 2022. En octavo
lugar, el gasto en ocio, cultura y religión, las transferencias del Estado a la Iglesia Católica,
las subvenciones, la publicidad institucional a los medios de comunicación, las subvenciones al mundo
de la cultura, el cine, el teatro, etc. A todo esto se destinó el equivalente al 1,1% del PIB. En penúltimo
lugar, el gasto público en educación, que en el año 2022 absorbió el 4,4% del PIB. Y por último,
y la mayor partida con diferencia, el gasto en protección social, fundamentalmente pensiones
públicas y prestación de desempleo, que supuso en el año 2022 el 18,8% del PIB. Javier Milei ha dicho
en muchas ocasiones que su modelo de reforma estatal, al menos en un primer momento, consiste,
de entrada, en reducir de manera significativa la burocracia estatal, así como los privilegios
que rodean a esos burócratas y políticos que integran el Estado. En segundo lugar, eliminar
todos los subsidios y subvenciones proteccionistas a todos los sectores de la economía. En tercer
lugar, pasar a financiar la obra pública no a través del presupuesto estatal, sino mediante
un sistema de concesiones a empresas privadas. En cuarto lugar, eliminar todos los subsidios,
todas las subvenciones del Estado, al mundo de la cultura, de los medios de comunicación,
etc. Y por último, y también lo reiteró en las medidas que integran este Pacto de Mayo,
pasar de un sistema público de pensiones a un sistema privado de capitalización voluntaria.
Recordemos lo que dijo al respecto.
8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte
y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación.
Pues bien, si aplicáramos al caso del Estado español, un Estado grande y rico, todas esas
propuestas que ha planteado mi ley, fijaos al tamaño del Estado al que llegaríamos. Primero,
una cierta reducción del tamaño de la burocracia estatal, que pasaría del 5,8% del PIB en la
actualidad al 4% del PIB. Segundo, mantenimiento del gasto en defensa y también del gasto en
seguridad y justicia. Tercero, reducción del gasto en asuntos económicos, recordemos, gasto en
infraestructuras y también subsidios, subvenciones a los distintos sectores de la economía, que
pasarían del actual 5,7% del PIB a un posible 1% del PIB. Y dejo un cierto presupuesto del
1% del PIB por si hubiese algún tipo de inversión de obra pública que no fuera directamente rentable
a través de la inversión privada y del pago de peajes por parte de los ciudadanos y fuese una
inversión que quisiera promover desde su presupuesto público el propio Estado. Es decir, que ni siquiera
reduzco a cero esta partida. En cuarto lugar, mantenimiento del gasto en protección medioambiental,
en vivienda y urbanismo y también en sanidad, que no cambiarían en nada. En quinto lugar,
eliminar todo el gasto en subsidios, subvenciones estatales a religiones, medios de comunicación y
mundo de la cultura, de tal manera que pasarían de costar el 1,1% del PIB a costar el 0% del PIB.
En sexto lugar, mantenimiento del gasto público en educación, aun cuando se pueda reconvertir,
por ejemplo, en forma de cheques escolares, pero mantenimiento del presupuesto público en educación.
Y por último, privatización del sistema de pensiones y también de parte del sistema de
protección de desempleo, que pasaría de costarle al presupuesto estatal el 18,8% del PIB a, por ejemplo,
sólo el 5% del PIB. 5% del PIB que se destinaría a proporcionar protección social a todos aquellos
ciudadanos que no sean capaces de ahorrar por su cuenta dentro del mercado. Por ejemplo,
en esta partida se podría financiar un ingreso mínimo vital o pensiones no contributivas o subsidios
de desempleo también de carácter no contributivo, etc. Es decir, prestaciones públicas dirigidas a
costear la protección social no de aquellos que hoy ya están pagando cotizaciones sociales o impuestos
más que suficientes para costearse a sí mismos esa protección social, sino para costear la protección
social de aquellos que no están trabajando o que están trabajando insuficientemente y que,
por tanto, no cuentan con fuentes de renta para ahorrar y para costearse a sí mismos esa protección
social. Pues bien, si hiciéramos todos estos ajustes en el presupuesto del conjunto de las
administraciones públicas españolas, que son un desarrollo de las propuestas que plantea Javier
Milei, a lo que llegaríamos es a un tamaño del Estado, en este caso español, pero que sería también
equiparable para el Estado argentino a un tamaño del Estado del 25,8% del PIB. Bastaría con reducir
algunas décimas de alguna de las otras partidas para llegar a ese propósito, a ese objetivo, a esa
marca que tiene Javier Milei de un Estado que pese el 25% del PIB. ¿Es ese objetivo una imposibilidad? ¿Algo
absolutamente fuera del alcance de cualquier país rico y desarrollado que se precie? En absoluto.
Haciendo la pertinente transición, porque no se puede hacer, claro está, de la noche a la mañana,
pero haciendo la pertinente transición es un objetivo perfectamente al alcance de la mano de
aquellas sociedades que tengan la voluntad política mayoritaria de transitar hacia ese Estado mucho más
pequeño. Y cuidado, un Estado que pese el 25% del PIB sigue siendo un Estado muy grande, un Estado que
horrorizaría a los liberales minarquistas, porque significa que el Estado sigue deglutiendo, sigue
gestionando, administrando, controlando una cuarta parte de toda la riqueza que anualmente se genera en
un país. Pero creo que incluso los liberales minarquistas, e incluso también los liberales
libertarios anarcocapitalistas, considerarán que se trataría de un paso adelante muy importante,
pasar de un Estado que pesa, que ocupa, que fagocita cada año el 38% del PIB, a uno que pese el 25% del
PIB. No digamos ya pasar de uno que devora cada año el 60% del PIB, como el caso del Estado francés,
o el 48% del PIB, como el caso del Estado español, a uno que meramente devore el 25% del PIB. Repito,
no estamos hablando, como nos gustaría a muchos, de que el Estado, en el peor de los supuestos,
no supere el 5% o el 6% del PIB. Ya digo, en el peor de los supuestos. Idealmente, mucho menos incluso.
No, estamos hablando de un Estado del 25% del PIB y, por tanto, de un objetivo políticamente muy
realista para una sociedad que quiera llegar a ese 25% del PIB de tamaño máximo del sector público.
Y ojalá Javier Milei, de la mano de millones de argentinos, lo terminen consiguiendo, tanto porque
de esa manera la libertad y la prosperidad de los argentinos florecerá, cuanto porque de esa manera
Argentina se convertirá en un faro de libertad y de prosperidad para el resto de sociedades ricas
y desarrolladas.