Doble toque de atención de la Comisión Europea contra los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de asaltar el Poder Judicial en España.
¿Servirá para algo?
Veámoslo.
Doble toque de atención de la Comisión Europea contra Pedro Sánchez
acuenta de sus planes por asaltar el Poder Judicial en España.
Y aunque es verdad que ha habido a cuenta de los antecedentes, es dudoso que este doble toque de atención termine sirviendo para algo.
No obstante, es de celebrar que al menos se afea un poquito la deliberada estrategia de erosión del Estado de Derecho en España a manos del Gobierno de Pedro Sánchez.
Así las cosas y por un lado, ayer la Comisión Europea dio un espalda razo a la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la tramitación legislativa de dos enmiendas que modificaban dos leyes orgánicas cruciales en España.
La ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica del Tribunal Constitucional.
Y es que la modificación de estas dos leyes orgánicas a través de dos enmiendas a una proposición de ley cuyo contenido nada tenía que ver con estas dos leyes orgánicas lo que significaba es que se secuestraba la capacidad de las cortes para fiscalizar efectivamente el contenido de estas reformas.
Ni había debate específico sobre estos temas en el Parlamento ni tampoco informes previos dirigidos a evaluar el contenido, la calidad, las consecuencias de estas reformas legislativas.
Este fue el motivo, como ya explicamos en el vídeo de ayer, por el cual el Tribunal Constitucional decidió suspender la tramitación legislativa de estas dos enmiendas.
Pues bien, ayer la Comisión Europea sin mojarse demasiado, porque evitó pronunciarse explícitamente sobre el fallo del Tribunal Constitucional, lo que dijo es que los estándares europeos a la hora de reformar las normas de justicia nucleares de un país como pueden ser la ley orgánica del Tribunal Constitucional o la ley orgánica del Poder Judicial
esos estándares europeos requieren que antes de empezar con un proceso de reforma de estas leyes se consulte, se pidan informes a las partes implicadas, y esto es desde luego lo que el gobierno de España no hizo ni quiso hacer.
Lo que ha tratado el gobierno de España, o mejor dicho, los grupos parlamentarios que dan apoyo al gobierno de España, porque estamos hablando de una proposición de ley, lo que han intentado es aprobar de prisa y corriendo sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de fiscalización estas dos reformas nucleares.
Y repito, por eso suspende su tramitación el Tribunal Constitucional y por eso la Comisión Europea respalda, aunque no sea de manera muy explícita al Tribunal Constitucional cuando dice que lo ideal dentro de Europa es que las normas que afecten a la justicia se modifiquen con consultas, con informes previos, que es lo que no hizo Sánchez y por lo que el Tribunal Constitucional ha paralizado la tramitación de estas reformas.
Vamos, que la Comisión Europea poco más que está diciendo que el gobierno o los grupos parlamentarios que dan apoyo al gobierno no han tramitado correctamente, según los estándares europeos, esta reforma de estas dos leyes que afectan crucialmente a la justicia en España, y por tanto está dejando entre ver que no es tan absurdo, al menos, que el Tribunal Constitucional haya decidido paralizar la tramitación legislativa de estas dos enmiendas.
Las que secuestraban la fiscalización parlamentaria de estas dos reformas, pero por otro lado la Comisión Europea ha dado un segundo toque de atención al gobierno de Pedro Sánchez más claro que el anterior, hoy mismo se ha pronunciado el comisario europeo de justicia para decir lo siguiente.
Ha escrito Didier Rienders en su cuenta de Twitter, lamento escuchar que en España se han suspendido las negociaciones sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ha venido actuando en funciones, en situación de interinidad, desde diciembre del año 2018.
La posición de la Comisión Europea al respecto ya es bien conocida, y remite al informe de 2022 del rule of law referido a España, bueno, hasta aquí parece que tampoco hay ninguna crítica demasiado explícita al gobierno de Pedro Sánchez, pero atención a continuación.
La Comisión Europea ha recomendado, según el informe al que me he remitido con anterioridad, la Comisión Europea ha recomendado a España que proceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario, hasta aquí está dando un toque de atención a todos los partidos políticos, que son los que no llegan a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero
e iniciar inmediatamente, después de la renovación, un proceso con vistas a adecuar el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial a las normas, a los estándares europeos.
¿Y qué dicen estas normas y estos estándares europeos? Pues claro, así narrado tampoco parece que esté criticando demasiado al gobierno de Sánchez. Bueno, pues si acudimos al informe del rule of law referido a España en el año 2022, lo que leemos en este informe las recomendaciones explícitas que la Comisión Europea está haciendo a España para que reforme el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial es lo siguiente.
En el contexto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial se han reiterado los llamamientos para que se modifique el proceso de nombramiento de los vocales elegidos entre jueces y magistrados, de forma que sean sus homólogos, otros jueces y magistrados, no los políticos, quienes los elijan.
También han reiterado las partes interesadas sus llamamientos para que se modifique el sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial en consonancia con las normas europeas, de modo que al menos la mitad de ellos, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, sean jueces y magistrados elegidos por sus homólogos.
En una declaración conjunta de 13 de septiembre de 2021, las cuatro asociaciones judiciales principales coincidieron en la necesidad de reformar el sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de modo que la mayoría de ellos sea elegida por sus homólogos, aunque discreparon en cuanto al calendario de dicha reforma.
La proposición de ley sobre la reforma del sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, en la que se proponía que sus vocales, jueces y magistrados fueran elegidos directamente por sus homólogos, no obtuvo en las cortes el apoyo suficiente para iniciar la andadura legislativa.
Es decir, la Comisión Europea le está diciendo al Gobierno de Sánchez, renueve el Consejo General del Poder Judicial y después modifique ya el sistema de elección de los vocales para que sean los propios jueces quienes voten directamente a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial,
que es una reivindicación bastante parecida a la que ahora mismo sostiene el Partido Popular. El Partido Popular dice que está dispuesto a pactar la renovación del Consejo siempre y cuando el Gobierno se comprometa a acto seguido modificar el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Es verdad que el Partido Popular puede estar mareando la pérdida, el Partido Popular ha estado en esta estrategia artera de controlar el Consejo General del Poder Judicial tanto tiempo como el PSOE, de hecho el actual Consejo General del Poder Judicial fue nombrado directamente por el Partido Popular.
El Partido Popular tuvo durante muchos años, especialmente en la legislatura que comenzó en 2012, la oportunidad de modificar la ley para que efectivamente sean jueces y magistrados quienes escogan a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial y no lo hizo.
Cuando tenía la capacidad de hacerlo, prefirió colocar a sus vocales en el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, es verdad que puede que el PP ahora mismo esté mareando la pérdida y esté utilizando esto como una excusa para no renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Ahora bien, la posición oficial del PP es aproximadamente esa. Yo pacto la renovación si usted se compromete a modificar el método de elección de los jueces.
Si el PP está lanzando eso como un farol, lo que tendría que hacer el gobierno, en consonancia con lo que le está pidiendo la Comisión Europea, es decir, de acuerdo, yo me comprometo a reformar la ley para que sean los jueces quienes escogan a la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
Si yo estoy dispuesto a pactar la ley, usted ahora debería estar dispuesto a renovar el Consejo. Si el PP, en ese momento, sigue sin querer renovar el Consejo de ninguna manera, pues se destaparía que está yendo de farol y el gobierno estaría actuando en consonancia con lo que le pide Bruselas que haga.
¿Cuál es el problema? Que el gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos no quieren de ninguna manera que sean los jueces quienes escogan a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial, y esto lo dijo con mucha claridad, ya hace un año, el actual ministro de presidencia, Félix Bolaños.
En un estado de derecho, en una democracia con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos, a todos nos eligen los ciudadanos, porque son poderes del Estado, tan importantes el Poder Judicial como el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, y todos derivan del voto libre de 47 millones de ciudadanos, no podemos hacer distintas compartimentos estancos entre los poderes, todos han de tener base democrática.
Por tanto, quien ahora mismo se está manifestando de un modo más claro en contra de lo que reclama la Comisión Europea, es el gobierno, es el gobierno quien se opone a que sean los jueces quienes escogan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, tal como le reclama Europa que ocurra.
Es más, lo que quiere hacer el gobierno es modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que ya ni siquiera sea necesaria una mayoría reforzada de tres quintos en el Congreso y en el Senado, sino para que baste con mayoría absoluta en Congreso y Senado, para nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
Es decir, para que la mayoría parlamentaria que da ahora apoyo al gobierno pueda nombrar en exclusión total de la oposición a todos los representantes del Consejo General del Poder Judicial, controlando ya de manera definitiva ahí completa el órgano de gobierno de los jueces, y fusionando por tanto los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial en las manos del jefe de aquel partido que gobierna el país, en este caso en las manos de Pedro Sánchez.
Como digo, es bastante dudoso que estos dos toques de atención sirvan para algo, salvo para poner públicamente de manifiesto que la estrategia que está desarrollando el gobierno de Pedro Sánchez no es una estrategia homologable con nada de lo que ocurra o haya ocurrido en Europa.
Es una estrategia que colisiona con los estándares de calidad democrática de la Unión Europea, es una estrategia que busca dinamitar desde abajo la independencia del Poder Judicial, es una estrategia dirigida a controlar politizadamente el Poder Judicial en contra, repito, de los estándares que la Comisión Europea le reclama que como país europeo prevalezcan en España.
De ahí que sea absolutamente disparatado que los atláteres del gobierno acusen a todos aquellos que no tragan con una mayor erosión del Estado de Derecho en España, que acusen a esas personas que no tragan con la erosión del Estado de Derecho, de golpistas.
Tratar de salvaguardar la independencia del Poder Judicial, tratar de despolitizar al menos un poco el Poder Judicial en España es golpismo para algunos porque nos negamos a someternos a la voluntad suprema de Pedro Sánchez de querer controlar todos los poderes del Estado.
Para esto quizás si sirvan las admoniciones de la Comisión Europea, para darnos cuenta de que quienes están haciendo algo totalmente anómalo y contrario al Estado de Derecho, son ellos.