Este pasado 16 de enero entró en vigor la famosa TASA Google, que realmente ni es una TASA ni afecta únicamente a Google.
Es un impuesto, porque no es la contrapartida por ningún servicio que ofrece el Estado,
y afecta a todas las compañías con un volumen de facturación global de más de 750 millones de euros
y que ingresen en España al menos más de 3 millones de euros, al prestar 3 tipos de servicios.
Servicios de publicidad online, servicios de venta de datos y servicios de intermediación online.
Es decir, es un impuesto que pretende grabar los ingresos que tengan en España las grandes tecnológicas estadounidenses.
La lógica de este tipo de impuestos es exactamente la misma que ha inspirado el resto de subidas fiscales de este gobierno,
que lo pagarán los ricos, que esto es un impuesto que va a perjudicar únicamente a esas grandes empresas
que ganan tantísimos miles de millones de dólares en todo el mundo y que no tributan en España pese a que tengan su negocio en España.
Por tanto, las vamos a perseguir y por fin conseguiremos que tributen en nuestro país.
El problema de este tipo de impuestos es que en la ley establezcas que el sujeto pasivo del tributo es una determinada persona o una determinada empresa,
pero quien finalmente termine soportando el coste económico de ese impuesto y, por tanto, quien termine pagándolo sea otra persona muy distinta.
Esto es algo que sucede en la práctica totalidad de impuestos.
Hay muy pocos impuestos, si es que hay alguno, en el que la totalidad del coste económico del impuesto
sea soportado por el sujeto pasivo del mismo.
Los agentes económicos, cuando se les carga un impuesto, intentan trasladarlo a otros agentes económicos,
intentan no soportar plenamente y, si pueden, en ninguna medida el coste de ese impuesto.
Es lo que se llama traslación impositiva.
Por ejemplo, cuando el gobierno decretó que el impuesto sobre actos jurídicos documentados no lo pagara el hipotecado, sino que pasara a pagarlo el banco,
lo que hizo el banco fue trasladar parte o la totalidad de ese impuesto de vuelta al hipotecado, subiendo los tipos de interés a los que se ofrecían las hipotecas.
Y, por tanto, el impuesto no lo ha terminado pagando, al menos no en su totalidad, el banco.
Como digo, esto es algo que sucede en todos los impuestos y, por tanto, también era previsible que sucediera en este impuesto.
Sin embargo, desde el gobierno se nos aseguró que no, que este impuesto sí o sí lo iban a pagar las grandes tecnológicas estadounidenses
y que en ningún caso repercutiría sobre las familias o sobre las pymes de la economía española,
que sería un impuesto, insisto, que soportarían los ingresos de las grandes tecnológicas estadounidenses.
Escuchemos las palabras de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, no cualquier persona, sino la que ha impulsado este impuesto,
defendiéndolo en la tribuna del Congreso de los Diputados el pasado 4 de junio.
Por cierto, fijaos también en el tuit en el que el Ministerio de Hacienda resumía la maravillosa intervención de María Jesús Montero.
Que este impuesto favorece a nuestras clases medias y lo repetiré en esta cámara tantas veces como sea necesario.
Esta crisis no la va a pagar ni las familias de trabajadores, ni las clases medias, ni los autónomos, ni la pequeña ni la mediana empresa.
Pero ellos sí, conjuntamente con las clases medias de nuestro país, necesitan unos servicios públicos fuertes, necesitan una sanidad de calidad,
una universidad que permita también que sus hijos, que sus hijas puedan acudir a ese ascensor social.
Por eso, este nuevo proyecto de ley sobre determinados impuestos digitales, hace y abre el camino hacia una nueva fiscalidad del siglo XXI.
Algunos, sin embargo, nunca estuvimos demasiado convencidos de que este impuesto realmente lo terminarán pagando las grandes tecnológicas estadounidenses
y no fuera en cambio repercutido a pymes y autónomos, y así lo hicimos saber de hecho en diversas ocasiones,
tanto a finales de 2019 como a principios de 2020, cuando se estaba debatiendo si había que implantar o no implantar este impuesto.
Veamos las reflexiones que algunos efectuamos en esos momentos y comparemoslas con la previsión que efectuó María Jesús Montero
para justificar la implantación de esta tasa Google en la economía española.
Y muchas personas, desde luego, se pueden plantear que son 1.200 millones de euros para unas empresas que globalmente pueden estar ganando más de 50.000 millones de euros al año.
No van a notar mucha diferencia por el hecho de que contribuyan un poquitín a la hacienda pública española,
y a nosotros, a los españoles, a los contribuyentes españoles, bien nos vendrán esos 1.200 millones de euros.
La realidad, sin embargo, es que este impuesto va a generar enormes distorsiones y enormes perjuicios a la economía española,
en esencia porque resulta tremendamente ingenuo pensar que este tributo lo van a terminar pagando estas empresas tecnológicas con cargo a sus beneficios.
Amazon y Google, por ejemplo, ya han anunciado que van a repercutir este tributo del 3% a sus usuarios, a sus clientes.
Es decir, que van a ser aquellos empresarios o aquellos autónomos españoles que contraten publicidad online
o que contraten servicios de intermediación online los que tendrán que pagar un 3% más por esos servicios.
Y este encarecimiento de los servicios online, de los servicios digitales que proporcionan estas empresas, como decía,
va a ser muy dañino para nuestra economía.
Recordemos que uno de los objetivos que dice tener el presidente del gobierno, Pedro Sánchez,
con respecto a la economía española, que repite cada vez que le preguntan al respecto, que lo proclamó,
también en el discurso de investidura, es digitalizar la economía española, promover la digitalización de la economía española.
Bueno, la primera medida que estamos adoptando para promover la digitalización de la economía española es un impuesto a las transacciones digitales.
Es decir, un impuesto que va a hacer que se efectúen menos transacciones digitales.
Es verdad que es un impuesto que supuestamente solo se dirige a que lo paguen las grandes tecnológicas estadounidenses.
Pero es que acaso no creemos como ya han anunciado que van a hacer que las grandes tecnológicas estadounidenses
van a repercutir ese impuesto a los consumidores y a las pequeñas empresas españolas que lo utilicen.
Los vídeos completos con estas intervenciones, por cierto, los podéis consultar en la sección de arriba en pestañas.
Pues bien, al final, ¿quién ha tenido razón?
María Jesús Montero, la encargada de diseñar y defender en el Congreso este tributo,
u otros que pensábamos que efectivamente Amazon, Google y las otras grandes tecnológicas
iban a repercutir este impuesto a los usuarios.
Pues al final, y por desgracia, hemos tenido razón, quienes augurábamos lo obvio,
que es lo que estas empresas ya habían dicho que iban a hacer,
es decir, quienes anticipamos que iban a repercutir el tributo a pequeñas empresas y autónomos.
Amazon acaba de comunicar a sus partners que a partir del 1 de abril
les subirá el precio de sus servicios en un 3%.
Por consiguiente, quienes pagarán este tributo sean las pequeñas empresas españolas, no Amazon.
Hay algunos apologistas de este gobierno que ahora, cuando se han dado cuenta de que el impuesto
lo terminará pagando la pequeña empresa y no Amazon,
intentan defender al gobierno diciendo que al final no son tantas las pequeñas empresas
que terminarán pagando este tributo, porque los servicios digitales de estos gigantes tecnológicos
al final no los usan tantas empresas y, en todo caso, si los usaban,
como ahora les subirán el precio de los servicios, dejarán de utilizarlos y santas Pascuas.
Bueno, si esto fuera así, si es verdad que las pymes y los autónomos
van a dejar de utilizar los servicios de Amazon, de Facebook, de Google,
para publicidad o como escaparate digital, entonces este impuesto no va a recaudar prácticamente nada.
Así que una de dos, o nos mentieron cuando nos dijeron
que este impuesto va a recaudar varios cientos de millones de euros,
o nos mentieron cuando nos dijeron que lo recaudarían a costa de las grandes tecnológicas estadounidenses.
Lo que no puede ser es que, si las grandes tecnológicas lo repercuten a las pymes,
se sigan recaudando varios cientos de millones de euros, pero a costa no de las pymes,
sino de Amazon, de Facebook o de Google.
Las dos, a la vez, no se dan o no se va a recaudar nada, o quienes pagarán esto, serán las pymes.
Y esto, por cierto, me lleva a una reflexión más de fondo.
¿Quién ha sido el iluminado de este gobierno que ha pensado
que, después de que las pequeñas y medianas empresas españolas
hayan sido absolutamente devastadas durante el año 2020, durante el año de la pandemia?
Un ejercicio durante el cual muchas de ellas solo han sido capaces de sobrevivir yéndose al canal online,
es decir, no a través del trato presencial interrumpido, fundamentalmente por la pandemia,
sino tratando de ofrecer servicios digitales.
¿Quién ha sido el iluminado que, cuando nuestro tejido empresarial está tan debilitado
y ha encontrado una válvula de escape en lo digital en las pymes que utilizan publicidad online
o que utilizan el escaparate de Amazon para comercializar sus productos?
Ha pensado, pues vamos a cargarles con un impuesto extraordinario
a las pequeñas y medianas empresas descapitalizadas
que comenzaban a levantar la cabeza asomándose en el mundo online.
Eso en el corto plazo.
En el corto plazo estamos ante un absoluto disparate.
Cuando las empresas están más débiles es cuando se les suben los impuestos,
pero es que además a largo plazo también es un disparate.
Este gobierno suele repetir que uno de sus principales objetivos es digitalizar la economía española.
Y es verdad que la economía española está poco digitalizada
y eso es un problema porque no estar digitalizado
no solo te cierra las puertas del mercado interior, sino también del mercado exterior.
Es decir, baja digitalización hoy en día va de la mano de baja internacionalización
salvo que las empresas se internalicen físicamente asumiendo costes totalmente desproporcionados.
Por tanto, sí es necesario que la economía española se digitalice y por tanto se internacionalice.
Ahora bien, si una de las primeras medidas que adoptas para fomentar la digitalización
es imponerle un tributo a la digitalización,
pues evidentemente se van a digitalizar muchas menos empresas
de las que alternativamente se habrían digitalizado.
Porque todas aquellas empresas que están utilizando a día de hoy
los servicios de Amazon, los servicios de Google, los servicios de Facebook,
los utilizan porque no conocen alternativas mejores y más baratas.
Con lo cual, si tú la mejor alternativa que conocen la encareces sustancialmente,
lo único que vas a impulsar es o a que dejen de digitalizarse
o a que se digitalicen por alternativas peores y más caras.
Ese es el gran logro del gobierno socialista.
Primero, mentirnos a todos cuando dijo que este impuesto lo iban a pagar las grandes empresas.
Falso y sabían que era falso porque las grandes empresas
ya habían dicho que no iba a ser así.
Y segundo, seguir impulsando este tributo,
aunque sabían que lo iban a pagar las pequeñas y medianas empresas,
un año después de que esas pequeñas y medianas empresas
se hayan descapitalizado brutalmente por la pandemia,
en medio de la tercera ola que está obligando también a muchas pequeñas y medianas empresas
a dejar de ofrecer presencialmente sus servicios
y únicamente tener la vía de escape online, la vía de escape digital.
Y por último, insistir en este tributo a largo plazo, cuando va a frenar la digitalización de la economía española.
Todo para recaudar unos pocos cientos de millones de euros.
Y recordemos que la innecesaria subida de pensiones y salarios públicos en este año 2021
y digo innecesaria porque en el año 2020 ya se les subió la pensión y los salarios
y en el año 2020 hubo deflación.
Es decir, aunque se les subiese congelado en el año 2020 habrían ganado poder adquisitivo,
pues bien, se les sube en el año 2020 con deflación y se les vuelve a subir en el año 2021.
Esta doble subida innecesaria de rentas ha costado la friolera de 3.000 millones de dólares.
La tasa Google, que tanto daño va a hacer a la economía productiva,
apenas va a recaudar en el mejor de los casos unos 600 millones de euros.
Una quinta parte de esta innecesaria subida del gasto.
¿No nos la habríamos podido ahorrar para así permitir un mayor desarrollo, una mayor digitalización de la economía española?
Claro que la economía española se la hubiese podido ahorrar, pero no el gobierno,
que el objetivo que tiene no es que se digitalice o que crezca la economía española.
El objetivo de este y de cualquier otro gobierno es mantenerse en el poder.
Y en el poder uno se mantiene comprando votos, creando redes clientelares.
Con lo cual, ¿qué es preferible obstaculizarles muy significativamente la vida a varios miles de pymes?
O por el contrario, tener bien contentos y bien mimados a más de 12 millones de votantes.
Unos pocos miles de votos de empresarios maltratados,
versus más de 12 millones de votos de empleados públicos y pensionistas.
Gran parte de ellos felices porque se les suben las rentas,
se les suben los ingresos a costa de sablear a la economía productiva.
La elección entre crecer o clientelizar creo que debería ser muy clara para cualquier persona con dos dedos de frente.
Y desde luego también lo es para este gobierno.
Este gobierno apuesta indudablemente por clientelizar,
aún a costa de socavar las bases de crecimiento futuro de la economía española.
Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org