Seguro que en más de una ocasión hemos escuchado aquello de que la reforma de las pensiones
que aprobó el Partido Popular en el año 2013 desindexó las pensiones del IPC
y las vinculó al índice de revalorización de las pensiones, el cual impone
que las pensiones solo aumenten un 0,25% cada año con independencia de cuántos
encarezca el coste de la vida, es decir, con independencia de cuántos suban los precios
de aquellos productos que han de adquirir los pensionistas.
De ser así, si esto fuera cierto, claramente las pensiones estarían condenadas
a perder poder adquisitivo, a menos que algún partido con mucha inquietud,
con mucha preocupación social, con mucha preocupación por los pensionistas,
derogara la reforma de las pensiones del año 2013, derogara el índice de
revalorización de las pensiones y volviera a vincular las pensiones a la evolución del IPC.
Si eso fuera así, por tanto, aquellos partidos que proponen esto último,
que proponen regresar a la indexación de las pensiones al IPC,
serían partidos que verdaderamente están interesados en la calidad de vida de los pensionistas
y que están interesados, por tanto, en que estos no pierdan poder adquisitivo
al vincular sus pensiones al IPC y al desvincularlas, al desindexarlas
de un índice de revalorización de las pensiones que impone
que ésta solo aumente un 0,25%. Es decir, que prohíbe que aumenten más de un 0,25% cada año.
Este argumento, sin embargo, es deliberadamente falso, deliberadamente tramposo.
El índice de revalorización de las pensiones, el índice al que actualmente están indexadas las pensiones
a partir de la reforma del año 2013, no prohíbe que las pensiones aumenten más de un 0,25%.
No impone que las pensiones solo se revaloricen un 0,25%.
Lo que dice el índice de revalorización de las pensiones es lo siguiente.
Mientras los gastos de la seguridad social, mientras el conjunto de pensiones que ha de abonar la seguridad social
superen los ingresos de la seguridad social, superen todas aquellas fuentes de recursos
que afluyen a la seguridad social, las pensiones no se podrán aumentar más de un 0,25% al año.
Cuando, en cambio, los ingresos de la seguridad social superen sus gastos,
entonces las pensiones podrán aumentar más de un 0,25% al año.
Y si los ingresos son súper abundantes, si la seguridad social tiene un súper hábit gigantesco,
las pensiones podrán aumentar y aumentarán automáticamente muchísimo más de un 0,25%
e incluso muchísimo más que el IPC.
Por tanto, lo que establece el índice de revalorización de las pensiones no es una obligación a perpetuidad
de que los ingresos de los pensionistas no crezcan más de un 0,25%.
Lo que establece es una restricción presupuestaria.
Mientras la seguridad social tenga déficit, mientras la seguridad social no sea capaz de costear con sus ingresos
los gastos del sistema, los gastos no podrán aumentar.
Es decir, las pensiones no se podrán revalorizar más de un 0,25% al año.
Por tanto, aquellos partidos políticos que estén genuinamente preocupados por la calidad de vida de los pensionistas
y no por captar su voto de cara a las próximas elecciones,
lo que deberían hacer no es tanto derogar el índice de revalorización de las pensiones,
que, insisto, no impide que las pensiones crezcan más de un 0,25% al año,
siempre y cuando la seguridad social tenga suficiencia financiera como para costear ese sobregasto,
sino que lo que deberían hacer es preocuparse por proponer y por ejecutar medidas fiscales
que incrementen los ingresos de la seguridad social.
Por ejemplo, en Francia existe un tributo que se denomina Contribución Social Generalizada,
por el cual, aparte de las continuaciones sociales, todos los trabajadores, absolutamente todos,
han de pagar un impuesto extraordinario equivalente al 10% de sus nóminas
para complementar los gastos del sistema público de pensiones.
Pues bien, si ese es el modelo que algunos tienen en la cabeza para evitar que los pensionistas
pierdan poder adquisitivo, que lo digan, que lo planteen, que lo defiendan,
pero que no lo oculten a la ciudadanía, que les digan a los trabajadores,
vais a cobrar mucho menos a fin de mes, porque consideramos que la prioridad
es que los pensionistas no vean reducido su poder adquisitivo con respecto a los niveles actuales,
aun cuando ello suponga destinar todavía más recursos de los contribuyentes
a sufragarle el sistema público de pensiones.
Actualmente ya más de 1 de cada 4 euros en impuestos que pagan los contribuyentes
va a parar a nutrir las arcas de la seguridad social, va a parar a pagar pensiones,
si algunos políticos consideran que ha de ser 1 de cada 3 o 1 de cada 2,
es decir, que hay que recortar los gastos de otras partidas del Estado
para concentrar ese gasto en pensiones, o que no hay que recortar ninguna partida de gasto
y que hay que subir masivamente los impuestos, pues que lo digan,
y que sean claros en su discurso y que mantenga en el poder adquisitivo de las pensiones
subiendo machaconamente impuestos al conjunto de la población.
No estoy diciendo, claro, que se sea el camino, que haya que seguir necesariamente,
estoy diciendo que si hay partidos que consideran que revalorizar las pensiones al IPC
es una absoluta prioridad nacional, lo que deberían hacer es tratar de financiar
con nuevos impuestos esa prioridad nacional, y no derogar una regla,
el índice de revalorización de las pensiones, que no les impide,
que no les constriñe a la hora de aumentar las pensiones al IPC o por encima del IPC,
sino que es una regla que les dice, podéis hacerlo,
siempre que haya ingresos suficientes en la seguridad social.
El problema, claro, es que los políticos son conscientes de que aumentar,
revalorizar las pensiones al IPC a largo plazo es financieramente insostenible.
El Banco de España, hace unos días, estimaba que solo revalorizar las pensiones al IPC
únicamente esta medida implicaría que el gasto en pensiones en el año 2030,
apenas en una década, sería dos puntos del PIB superior al que es actualmente,
y en el año 2050 sería más de tres puntos del PIB superior al que es actualmente.
Como los políticos saben que subir la presión fiscal sobre los ciudadanos
en dos o tres puntos del PIB es una absoluta salvajada
que tendrían que costear no los ultrarricos, que siempre parece que sea una bolsa
de la que se pueda sacar una cantidad infinita de recursos
sin que ese gravamen termine recayendo sobre el conjunto de la población.
Digo entre dos y tres puntos del PIB es tal cantidad de dinero, tal cantidad de recursos,
aproximadamente la mitad de lo que recaudamos por IVA cada año,
que evidentemente ese coste tendría que recaer sobre el conjunto de la población.
Y los políticos, por un lado, quieren captar el voto de los pensionistas
prometiéndoles que sus pensiones se van a revalorizar al IPC de todos los años,
pero por otro no quieren asumir el coste que tiene hacer frente a esa promesa,
que es básicamente perder el voto de muchos ciudadanos que verían como sus escasos ingresos a fin de mes
se ven todavía más saqueados por los impuestos de los políticos.
Por tanto, el índice de revalorización de las pensiones es, en última instancia,
una restricción presupuestaria contra el populismo político,
contra el populismo que, por un lado, promete que las pensiones se van a revalorizar al IPC a largo plazo,
sin ningún tipo de problema en cuanto a sostenibilidad financiera del sistema,
pero, por otro lado, no dota con recursos suficientes al sistema de la Seguridad Social
como para que pueda hacer frente a esos gastos.
Repito, desde cierto punto de vista legítimo que un político quiera captar el voto de los pensionistas
prometiéndoles que las pensiones van a revalorizarse cada año según el IPC,
lo que no es legítimo es que lo prometa sin que explique y sin que apruebe medidas
que, garantizando la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social a largo plazo,
permitan hacer frente a esa promesa.
Quienes quieren derogar el índice de revalorización de las pensiones
no son aquellos que se preocupan realmente por los pensionistas,
son aquellos que se preocupan por su propio interés para seguir desarrollando populismo político,
para seguir prometiendo aquello que saben que no pueden o que no quieren cumplir,
al tiempo que captan, al tiempo que cazan, al tiempo que atraen, al tiempo que seducen,
el voto de los pensionistas que les permita encaramarse al poder.
Si quieren revalorizar las pensiones al IPC, que nos expliquen cómo y quién lo va a pagar,
pero que no derogen la restricción presupuestaria, que lo único, lo único que les exige es
si usted quiere hacer esto, ponga el dinero encima de la mesa.
Y si usted no pone el dinero de la mesa, o mientras usted no ponga el dinero de la mesa,
no puede hacer esto.
Esa es la fortísima restricción presupuestaria que constriñe tantísimo a nuestros generosísimos
políticos, que estarían encantados de revalorizar las pensiones al IPC, pero que la reforma del
año 2013 de Rajoy les impide hacerlo y les impone una revalorización del 0,25% en contra
de su voluntad, nada más lejos de la realidad, lo que impone el índice de revalorización
de las pensiones es realismo financiero, el realismo financiero del que muchos políticos
y del que muchos programas electorales no quieren saber absolutamente nada.