¿Por qué los políticos en general no deberían rescatar empresas privadas en dificultades?
Pues por tres razones. En primer lugar, razones éticas. No es de recibo que se extraiga coactivamente
dinero de los contribuyentes y que ese dinero les sea entregado a un empresario privado
que no ha sido capaz de generar suficiente valor en el mercado para los consumidores.
El capitalismo se funda en privatizar ganancias y en privatizar pérdidas, no en privatizar
ganancias y socializar pérdidas. Los capitalistas tienen derecho a retener los beneficios que
obtienen porque al mismo tiempo se exponen al riesgo de perder el capital que han invertido
si no generan suficiente valor para los consumidores. No es de recibo, por consiguiente, que se
mantenga la privatización de las ganancias, es decir, si me sale bien mi operación empresarial,
gano mucho dinero al tiempo que se les protege contra los riesgos consustanciales a esa operación
empresarial, si me sale mal son otros los que cargan con mis pérdidas.
La segunda razón por la que no habría que rescatar empresas privadas desde el sector
público es que los políticos carecen de la información adecuada para distinguir entre
empresas que hoy tienen pérdidas, entre empresas que hoy sufren dificultades financieras
muy serias, pero que serán viables a largo plazo de aquellas otras empresas que hoy
tienen pérdidas y no serán viables en el largo plazo. Los políticos no cuentan con
la información necesaria para discriminar entre empresas en dificultades viables y
empresas en dificultades no viables, y por tanto si se dedican a rescatar de manera indiscriminada
empresas es muy probable que terminen reflotando temporalmente empresas que no van a ser igualmente
viables en el futuro, por tanto supondrá un absoluto despilfarro de dinero de los contribuyentes.
Ya hay en los mercados financieros especialistas en detectar empresas que hoy sufren dificultades
financieras pero que tienen buenas perspectivas de futuro a largo plazo y son esos especialistas,
son esos agentes financieros especializados los que arriesgan o su dinero o al menos su
empleo a la hora de seleccionar empresas que hoy pierden dinero pero que en el futuro
se espera que lo ganen. Si se equivocan, esas personas pierden o su dinero o pierden su
empleo. Los políticos si se equivocan seleccionando entre unas y otras no sufren ningún tipo
de consecuencia negativa porque esas consecuencias negativas son traspasadas a los ciudadanos,
a los contribuyentes. Y en tercer lugar, ¿por qué nuestros gobernantes no deberían rescatar
empresas privadas en dificultades? Pues por motivos políticos. Imaginemos que nuestros
gobernantes sí poseen una perfecta información para discriminar entre empresas en dificultades
pero viables a largo plazo y empresas en dificultades pero no viables a largo plazo. ¿Qué nos asegura
que esos gobernantes utilizarán la perfectísima información de que disponen para rescatar
únicamente a aquellas empresas que tiene sentido financiero rescatar? Que impide que
nuestros gobernantes no utilicen esa potestad extraordinaria que tienen, coger el dinero
del contribuyente para inyectarlo en alguna empresa privada que ellos escogan, que les
impide utilizar esa potestad extraordinaria para rescatar a empresarios que sean a fines,
que sean amigos de su régimen político. Absolutamente nada. Existe un riesgo más que evidente de
que esta potestad extraordinaria sea abusada políticamente en beneficio de los gobernantes
y en beneficio de aquellos empresarios que están lobisticamente alrededor de esos gobernantes.
Y eso es justamente lo que parece que está sucediendo en España. En julio del año 2020
el gobierno constituyó un fondo de 10.000 millones de euros para que la SEPI rescatara
a empresas por un lado estratégicas y por otro afectadas por la pandemia para evitar
que estas empresas que pueden generar valor a largo plazo dentro de nuestra economía
quebraran. Como digo, esta iniciativa tiene los dos problemas que he mencionado antes,
el problema ético y el problema económico. Pero a su vez también se enfrenta al problema
político que estoy destacando, es decir, que nos asegura que la SEPI efectivamente
utilice esos 10.000 millones de euros no para rescatar a los empresarios afectos al régimen
socialista o al régimen de Podemos, sino para rescatar única y exclusivamente a aquellos
empresarios que, por un lado, posean una compañía verdaderamente estratégica y por
otro sea una empresa estratégica afectada por la pandemia. Pues nada nos lo asegura.
De hecho, de momento este fondo solo ha sido utilizado en tres ocasiones, se han entregado
en forma de préstamo 475 millones de euros a Europa, se han entregado 120 millones de
euros a Duro-Felguera y se han entregado 53 millones de euros a la aerolínea Plus-Ultra.
A su vez, y gracias al diario Expansión, también sabemos que MediaPro, la productora
audiovisual MediaPro, está negociando una ayuda pública con la SEPI de 300 millones
de euros. Y justamente me quiero centrar en estas últimas dos empresas, la Aerolínea
Plus-Ultra y la productora audiovisual MediaPro. Merecen estas empresas en función de los criterios
que la propia SEPI ha establecido para entregar estas ayudas, es decir, que sean empresas
estratégicas y que sean empresas que estén en dificultades como consecuencia de la pandemia,
que sean estas empresas recibir dinero público, aunque sea en forma de préstamo, porque si
el préstamo no lo devuelven porque las empresas quebran, el agujero lo terminarán sufriendo
los contribuyentes. Empecemos con la Aerolínea Plus-Ultra.
La Aerolínea Plus-Ultra es una compañía que mueve menos del 1% del tráfico aéreo
español y es una aerolínea que desde que fue fundada en el año 2011 no ha registrado
un solo ejercicio de beneficios. Por tanto, tenemos una empresa que no es estratégica
porque mover menos del 1% del tráfico aéreo español es una actividad que es fácilmente
reemplazable por el resto de aerolíneas, incluso a corto plazo. Si Plus-Ultra quebrara
no les costaría nada al resto de aerolíneas incrementar la cantidad de rutas que tienen
disponibles para suplir aquellas que Plus-Ultra ha dejado de atender, si es que esas rutas
son verdaderamente rentables y, por tanto, merecen ser explotadas. No es, en definitiva,
una empresa estratégica, pero tampoco es una empresa que esté atravesando dificultades
financieras, específicamente como consecuencia de la pandemia. Recordemos, desde el año
2011 no ha tenido un solo beneficio de ganancias antes y después de la pandemia. Por tanto,
se trata de una empresa que probablemente es inviable a largo plazo. Por consiguiente,
si no se cumple ninguno de los dos requisitos, no es una empresa estratégica, no es una
empresa que esté en dificultades debido a la pandemia, ¿por qué se la rescata? Pues
sin estar en la cabeza de quienes han tomado finalmente esta decisión de transferirla
en forma de préstamo 53 millones de euros a Plus-Ultra, una sospecha es inevitable.
El capital social de Plus-Ultra está controlado esencialmente por empresarios venezolanos
a fines al régimen chavista. Por ejemplo, el 47% del capital de la empresa está en manos
del empresario Rodolfo José Reyes Rojas. Repito, a fin al régimen chavista, régimen
bolivariano de Venezuela. En consecuencia, cabe pensar que estas ayudas le han sido
entregadas a Plus-Ultra no porque sea una empresa estratégica, que no lo es, no porque
sea una empresa que esté afectada por la pandemia, que no lo está, sino porque los
miembros de este gobierno, tanto desde el lado de PSOE como desde el lado de Podemos,
tienen una relación muy estrecha con el régimen de Maduro, pues desde luego es una de las
sospechas más que razonables que existen en este caso.
Pero vayamos al segundo ejemplo que quería comentar, el ejemplo de la productora audiovisual
Mediapro, propiedad del empresario catalán Jaume Roures. Como he dicho, sabemos que Mediapro
está negociando con las EPI una ayuda pública de 300 millones de euros. ¿Es Mediapro una
empresa estratégica? No veo cómo cabe calificar de empresa estratégica a una productora audiovisual,
es decir, a una empresa que confecciona programas de entretenimiento, programas de información
para diversos medios de comunicación españoles. Por un lado, otras productoras audiovisuales
pueden fácilmente rápidamente suplir la actividad de esta empresa, pero es que además, aunque
no lo hicieran, tampoco hay un desmoronamiento ni mucho menos del funcionamiento de la economía
española si, durante un tiempo, esas actividades no son suplidas por nadie. Por tanto, desde
luego no es una actividad estratégica. Pero es que, además, tampoco Mediapro está
atravesando en estos momentos dificultades financieras debidas específicamente a la
pandemia. Mediapro es una empresa que ha utilizado intensamente el endeudamiento para crecer,
pero cuando te endeudas mucho con el propósito de crecer, te enfrentas a un riesgo evidente
y es que tu empresa se convierte en una empresa muy frágil. Si acumulas pérdidas durante
varios ejercicios, tus fondos propios se van reduciendo y te expones al riesgo de bancarrota.
Pues bien, ya en el año 2019, Mediapro soportó unas pérdidas de casi 40 millones de euros,
pero es que en los próximos ejercicios se enfrenta a pérdidas de hasta 560 millones
de euros, que evidentemente volverían inviable esta compañía. Ahora bien, ¿a qué se deben
estas pérdidas extraordinarias de 560 millones de euros que ponen en riesgo la viabilidad
de Mediapro por su estrategia de excesivo endeudamiento, de excesivo apalancamiento?
Pues esencialmente a las compensaciones, a las indemnizaciones que puede tener que pagar
a la Liga de Fútbol francesa y a la Liga de Fútbol italiana después de que ambas
ligas hayan rescindido los contratos que mantenían con Mediapro para la distribución
en exclusiva de su contenido audiovisual, del contenido audiovisual de sus partidos
de fútbol. Es decir, Mediapro está experimentando dificultades financieras muy ciertas, eso
es verdad, pero no son dificultades imputables en absoluto a la pandemia. El problema de
la rescisión de los contratos de distribución exclusiva de esos derechos audiovisuales
trae causa del incumplimiento que las ligas de fútbol italiana y francesa consideran
que ha efectuado Mediapro de sus obligaciones contractuales y, por tanto, es un problema
ajeno a la pandemia. ¿Por qué entonces las EPI están negociando nada con Mediapro cuando
repito no es una empresa estratégica y no es una empresa que estén dificultades por
la pandemia? Pues, de nuevo, no estamos en la cabeza de los miembros del gobierno ni
de los burocratas de las EPI que están en estas negociaciones, pero, nuevamente, las
sospechas son muy obvias. El propietario de Mediapro es Jaume Roures, y Jaume Roures
también es uno de los principales accionistas del Diario Público, que tiene una orientación
claramente de izquierdas o de extrema izquierda, y con el que algunos miembros de este gobierno
han tenido una relación profesional tremendamente estrecha. Por ejemplo, Pablo Iglesias, vicepresidente
segundo del gobierno, hasta ser nombrado vicepresidente segundo, el pasado enero del año 2020, seguía
manteniendo un programa semanal en público televisión, en concreto, la famosa Otra Vuelta
de Tuerca, donde Pablo Iglesias efectuaba entrevistas. Es muy conocida, por tanto, la afinidad ideológica,
la afinidad estratégica que Podemos tiene con Roures y con el emporio mediático de
Roures. Por consiguiente, uno no puede más que sospechar que esta negociación de una
ayuda pública de 300 millones de euros no tiene nada que ver en realidad con que Mediapro
sea una empresa estratégica afectada por la pandemia, sino que tiene que ver con la amistad,
con la sintonía ideológica que tiene el propietario de Mediapro con los miembros de este gobierno.
Sintonía ideológica que además también cabe pensar en un futuro se podría haber recompensada
con mucho más incienso y mucha más propaganda de los medios que controla o sobre los que
influye Roures a favor de este gobierno. Por tanto, te doy 300 millones de euros y luego
tú me lo repagas a través de propaganda, a través de incienso, desde tus medios de
comunicación. En definitiva, estamos asistiendo aún más que posible saqueo del dinero del
contribuyente de 10.000 millones de euros de dinero del contribuyente por parte de una
nueva oligarquía empresarial a fin al gobierno de turno. En general, no existen buenas justificaciones
ni éticas ni económicas ni políticas para utilizar el dinero del contribuyente en rescatar
a empresarios que están en dificultades. Y aún cuando, en la situación extraordinaria
que estamos viviendo, uno pudiese pensar que sí existen justificaciones extraordinarias
para proporcionar ayudas públicas a empresarios con problemas, no concurren desde luego las
circunstancias que podrían llegar a justificarlo en el caso de las ayudas que ya se han transferido
a Plus Ultra o en el caso de las ayudas que se pretende transferir a Mediapro. Pero no
esperen que nuestra izquierda, que siempre se ha opuesto, en gran medida con razón,
a los rescates estatales de empresas privadas alce en esta ocasión la voz. Y no la va
a alzar porque es nuestra izquierda la que está perpetrando este saqueo del contribuyente
para beneficiar a empresarios particulares con nombres y apellidos a fines al régimen
político de PSOE y Podemos. En el fondo, lo que se criticaba en el pasado cuando se
denunciaban los rescates estatales no era tanto que se practicaran esos rescates estatales,
sino que no fueran ellos quienes controlaran esos rescates estatales para poder reflotar,
para poder beneficiar a aquellas oligarquías empresariales que les son cercanas. Estamos,
por tanto, ante una nueva patrimonialización de la administración pública en beneficio,
por un lado del gobierno de turno y por otro de los empresarios lobísticos cercanos a
ese gobierno de turno. Y, como siempre, el principal perjudicado es el contribuyente.