El gobierno de PSOE podemos querer poner en marcha un ingreso mínimo vital,
pero en qué consiste exactamente el ingreso mínimo vital
y cómo se diferencia de otros programas redistributivos como por ejemplo la
renta básica universal.
Bueno, la renta básica universal, como su propio nombre indica, es una
transferencia de renta del gobierno a los ciudadanos
que tiene dos características. La primera
es que es universal.
Todo el mundo cobra la renta básica,
absolutamente todos los ciudadanos. De hecho, algunos autores lo plantean como
un derecho de ciudadanía,
como un derecho de existencia,
solo por el hecho de existir, ya tienes
el derecho frente al gobierno, que en realidad es frente a todo el resto de
personas, frente a todo el resto de ciudadanos,
frente a los contribuyentes,
de que te paguen una renta, insisto, por existir.
Segunda característica es incondicional.
Ese derecho a recibir ingresos lo tienes
con independencia de cuáles sean todas tus otras condiciones.
Lo tienes aunque, por ejemplo, no quieras trabajar,
no quieras generar riqueza,
no quieras cooperar activamente con el resto de las personas.
Todo el mundo cobra la renta básica
y sin ningún tipo de
condicionalidad.
La forma más sencilla de entender esto es con un ejemplo que nos puso
uno de sus principales defensores, el filósofo belga Philippe Van Paguis.
Este filósofo dijo que la renta básica universal
debía cobrarla todo el mundo y sin condiciones, incluso
los surfistas que están en la playa de Malibu surfeando todo el día
y que no prestan ningún tipo de valor a la sociedad.
Incluso estas personas que se niegan a trabajar para producir bienes y
servicios
que demanden el resto de conciedadanos,
tendrían derecho a cobrar a costa del resto de conciedadanos,
que si están trabajando en cooperar socialmente con otros, en general, riqueza
para los demás,
tendrían derecho a cobrar la renta básica a costa de los demás.
Por tanto, renta básica universal la cobran ricos, la cobran pobres,
la cobran personas que quieran trabajar, personas que no quieran trabajar,
personas que quieran cooperar con los demás, personas que no quieran cooperar
con los demás. Absolutamente todos.
Precisamente por esto se trata de un programa extraordinariamente caro,
algunas estimaciones para España,
hablan de que el coste se ubicaría en torno al 18%
del PIB y también se trata de un sistema redistributivo profundamente
injusto y descoordinador.
¿Por qué es injusto? Porque otorgar un derecho incondicional a una persona
frente a las demás
supone imponer en los demás una obligación incondicional frente a
esa persona.
Es decir, la renta básica universal
desde el punto de vista del receptor, evidentemente todo es maravilloso,
desde el punto de vista del pagador, equivale a convertirlo en un siervo
incondicional
del receptor.
Esto es la renta básica universal. ¿Pero qué es el ingreso mínimo vital o la
renta mínima de inserción?
Bueno, si hemos dicho que la renta básica era una transferencia del gobierno
de los ciudadanos que se caracterizaba por dos rasgos,
primero la universalidad y segunda la incondicionalidad,
el ingreso mínimo vital se caracteriza por todo lo opuesto.
No es universal, no es un programa que vaya dirigido a toda la población, sino
sólo a colectivos específicos de personas, por ejemplo,
aquellos que están en una situación de precariedad económica extrema, y
segundo, no es incondicional.
Tiene una condicionalidad muy estricta.
Se les transfiere renta a estos colectivos en situación económica
precaria,
a cambio de qué intenten buscar empleo, a cambio de que se esfuercen por
adquirir nuevos conocimientos que mejoren su empleabilidad,
a cambio de que corrijan o rectifiquen ciertos comportamientos
incívicos
que les dificultan cooperar con los demás, etcétera. Por tanto, es una
transferencia mucho más acotada, mucho más restringida y que,
en consecuencia, ni tiene un coste absolutamente desproporcionado para las
arcas públicas.
La estimación en España es que podría costar,
en tiempos normales, fuera de la actual crisis sanitaria,
alrededor del 0,2% del PIB.
Recordemos, renta básica 18% del PIB,
ingreso mínimo vital 0,2% del PIB,
y además no es tan profundamente injusta y, desde luego, no es tan
descoordinadora
como la renta básica universal. ¿Por qué?
Porque no se está transfiriendo una renta a las personas para que dejen
de cooperar activamente con el resto de la sociedad.
Se les está transfiriendo una renta, digamoslo así, puente,
para que las personas que en un momento determinado
se encuentran en una situación de absoluto de Samparo
puedan sobrevivir, puedan salir adelante
durante el tiempo en el que están en esa situación de Samparo,
pero que, al mismo tiempo,
ellas se esfuercen en salir de esa situación de dependencia.
De ahí la importancia de la condicionalidad.
No te doy esto para que te quedes de brazos cruzados viviendo a expensas de los demás,
te doy esto para que te pongas las pilas, para que te reconviertas,
para que salgas adelante y empieces a cooperar con los demás.
Por tanto, se trata de dos enfoques radicalmente distintos.
Como ya expliqué en mi libro Contra la Renta Básica,
la renta básica universal creo que es de raíz incompatible
con cualquier filosofía política liberal,
la renta mínima de inserción, el ingreso mínimo vital
no tendría por qué serlo y, de hecho, algunos autores como Fiedi Hayek
defendieron en su momento el ingreso mínimo vital
para aquellas personas que quedaban excluidas de la sociedad,
eso sí, con el propósito de que pudieran regresar a la sociedad,
entendida como un gran marco de cooperación social y económica.
Ahora bien, una cosa es la teoría abstracta y general
y otra muy distinta supuesta en práctica real.
Y en este sentido hay diversas cautelas que hay que tener muy presentes
mientras el gobierno de España, el gobierno de PSOE y de Podemos
está diseñando y tramitando su ingreso mínimo vital.
Primera cautela, primera precaución que hemos de tener
frente a este ingreso mínimo vital.
La condicionalidad es del todo indispensable.
Si el ingreso mínimo vital tiene una condicionalidad muy relajada,
muy laxa, casi inexistente, es decir, si prácticamente la cobra
a todo el mundo que está por debajo de determinados umbrales de renta,
entonces el ingreso mínimo vital por la vía de los hechos
termina asimilándose con la renta básica universal,
formalmente tiene condicionalidad en la práctica no la tiene
y esto sería desastroso para la sociedad porque, como ya hemos dicho,
rompería la cooperación social.
Estaríamos creando bolsas de pobreza permanentemente subsidiadas
que vivirían a costa del resto de la sociedad en lugar de intentar
que ese colectivo de personas que está transitoriamente
en una situación de desamparo pueda reincorporarse a la sociedad
y pueda volver a cooperar con el resto de personas.
Y, de hecho, la segunda cautela que hemos de tener presente
es justamente esta.
Centrar mucho el debate en la importancia de aplicar un ingreso mínimo vital
puede desenfocar las prioridades políticas de un gobierno
y de los medios de comunicación que reproducen los mensajes
que envía ese gobierno.
La prioridad para cualquier sociedad no es que haya un grupo de personas
subsidiadas a costa del resto de la sociedad.
La prioridad de cualquier sociedad no es consolidar la pobreza
y subsidiar esa pobreza.
La prioridad para cualquier sociedad debería ser ampliar las oportunidades
efectivas de todo el mundo para que todo el mundo pueda salir adelante
por sus propios pies sin necesidad de extraer renta del resto de ciudadanos.
O dicho de otra forma, el objetivo político que debería buscar todo gobierno
responsable que se precie no es que el ingreso mínimo vital
lo cobre el mayor número de personas posibles de una manera estable,
sino que ese ingreso mínimo vital lo necesite el mínimo número de personas posibles.
Y, por consiguiente, el gobierno debe priorizar
todas aquellas políticas de crecimiento inclusivo
que permitan que ciudadanos que hoy están en bolsas de pobreza
puedan salir de esas bolsas de pobreza y sostenerse, insisto, sobre sus propios pies.
Es decir, que puedan ganarse honradamente el pan
porque el gobierno no les mete la zancadilla con regulaciones asfixiantes
o con impuestos altísimos.
Y corremos el riesgo muy cierto de que el gobierno, como ya tiene una salvaguarda
en forma de subsidio a la pobreza, no se preocupe por eliminar todas las trabas
que ese gobierno está activamente creando
y que impide que mucha gente salga adelante por sí misma.
Por tanto, aún cuando salga adelante el ingreso mínimo vital,
el mensaje, la prioridad, la insistencia debe estar en que el gobierno se cargue
todas aquellas regulaciones y todos aquellos impuestos
que impiden que la gente prospere por sí misma,
que vuelven a la gente dependiente de las pagas
que luego les tiene que ofrecer el gobierno.
La situación no puede ser que el gobierno te rompa las piernas
y que luego te entregue una muleta con aparente generosidad.
Eso no tiene nada de generoso, de lo que tiene es de creación de redes clientelares
que buscan apuntalar al gobierno en el poder.
Y tercer mensaje clave, si el gobierno cree que la renta mínima de inserción,
que el ingreso mínimo vital es un programa estatal que debe estar ahí,
que debe aplicarse para dar una cierta salida temporal transitoria
a aquellas personas que, insisto, de manera temporal transitoria
están descolgadas de la sociedad, el gobierno puede aprobar ese programa,
pero tendrá que financiarlo de algún modo sostenible.
De momento, el PSOE ha dicho que lo van a financiar con deuda.
Esto no es una solución en absoluto a largo plazo.
Los programas que implican mayor gasto público
solo pueden financiarse de dos maneras, o con más impuestos
o con recortes de otras partidas de gasto público.
Subir los impuestos para financiar el ingreso mínimo vital
supone incrementar el grado de parasitismo que ya están soportando hoy
los agentes que generan riqueza dentro de nuestras sociedades.
Es decir, sería una medida que iría encaminada, no a que el país prospere,
sino a que el país se empobrezca ya que se vuelva más dependiente del ingreso mínimo vital.
Y, por consiguiente, no es la forma adecuada de financiarlo.
La forma adecuada de financiar este programa debería ser con recorte
de otras partidas de gasto público que el gobierno juzgue menos prioritarias.
Hoy en día, el gasto público del Estado español asciende al 41% del PIB.
Hemos dicho que un ingreso mínimo vital bien diseñado,
no un ingreso mínimo vital reconvertido en renta básica universal
por la presión populista de determinados miembros del gobierno,
un ingreso mínimo vital bien diseñado costaría alrededor del 0,2% del PIB.
De verdad, nos creemos que dentro de un gasto consolidado del conjunto de administraciones públicas
que copa el 41% del PIB no existen partidas del 0,2% del PIB
que puedan recortarse para dar financiación a este programa
que el gobierno considera tan importante como es el ingreso mínimo vital
sin subir los impuestos al resto de la ciudadanía,
es decir, sin exprimir todavía más a las fuerzas productivas
que son aquellos trabajadores, aquellos empresarios, aquellos ahorradores
con cuyo esfuerzo, con cuya creatividad, con cuya austeridad
se está sosteniendo esta sociedad y está permitiendo que esta sociedad
ofrezca estándares de vida crecientes para el conjunto de la población.
De verdad, no podemos recortar otras partidas del estado parasitario en lugar de parasitar
todavía más al resto de la ciudadanía para financiar este programa
que, según el gobierno, es tan importante.
En definitiva, el ingreso mínimo vital no es la peor de las políticas
que puede aplicar un gobierno, ni mucho menos, pero para que no sea una mala política
necesita cumplir tres condiciones que ya veremos si se terminan cumpliendo.
La primera es una estricta condicionalidad para que sus receptores busquen empleo
y se reciclen formativamente y se puedan, por tanto,
reincorporar productivamente al resto de la sociedad.
La segunda es no cambiar el foco de prioridades de las políticas económicas.
Las políticas económicas tienen que ir dirigidas a maximizar el crecimiento
y no a subsidiar la pobreza y, por tanto, sigue siendo del todo indispensable,
aunque simplemente un ingreso mínimo vital que se eliminen las barreras regulatorias
al crecimiento y los impuestos elevados.
Y tercero, y precisamente por lo anterior, este programa no se tiene que financiar
con nuevos impuestos, se tiene que financiar con recortes del gasto.
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