Socialdemócratas y liberales se diferencian esencialmente en función de su
teoría de la justicia. La teoría de la justicia de los socialdemócratas es en
general la del filósofo John Rawls, que decía John Rawls que los recursos dentro
de una sociedad deberían distribuirse de tal manera que los grupos más
desfavorecidos salgan ganando, de tal manera que Rawls justificaba la
redistribución de la renta, la redistribución de la riqueza, siempre y
cuando está fuera netamente positiva para esos grupos más desfavorecidos. Si una
determinada redistribución de la renta y de la riqueza hundía la economía de
tal manera que, pese a la red de distribución, los grupos más desfavorecidos
salían perjudicados, John Rawls no hubiese apoyado esa redistribución, pero
si una determinada redistribución hace que los más desfavorecidos ganen más de
lo que pierden como consecuencia de los efectos nocivos de la redistribución,
entonces John Rawls sí apoyaría esa redistribución. En el otro lado los
liberales suelen escribirse la teoría de la justicia de Robert Nozick, que decía
Nozick que los recursos debían distribuirse de acuerdo al respeto a los
derechos individuales, si una persona había adquirido unos bienes de manera
pacífica y de manera justa, es decir, si no había agredido a nadie, si no había
robado a nadie, si todo el proceso social era el resultado de transferencias y de
relaciones voluntarias, entonces una determinada distribución de los
recursos era justa, aún cuando fuera desigualitaria. Si muchas personas
aceptamos darle voluntariamente nuestro dinero a una tercera, esa tercera
acumulará mucho dinero, pero ese dinero lo acumulará porque el resto
voluntariamente se lo hemos querido dar y, por tanto, no habrá motivo para decir
que es injusto que haya desigualdad en la sociedad, desigualdad en la
distribución de la renta, cada uno de nosotros hemos querido darle libremente
nuestra propiedad justamente adquirida y ahora es su propiedad justamente
adquirida y, en consecuencia, no hay que rectificar nada, no hay que usar la
violencia estatal para quitárselo y dárselo a otros. Por bien, siendo estas
las dos grandes teorías de la justicia, hay más, pero estas son dos muy
importantes teorías de la justicia que siguen, en cierto modo, definiendo en
nuestra política actual, analicemos, a partir de aquí, los movimientos que
acaba de adoptar el gobierno de Pedro Sánchez. Este pasado lunes, el gobierno
socialista remitió a Bruselas su cuadro macroeconómico y su previsión de gasto
para el año que viene, para 2020. En ese cuadro macroeconómico y en esa
previsión de gasto, hay dos partidas que claramente sobresalen sobre las demás.
Por un lado, el gobierno de Pedro Sánchez ha prometido revalorizar las
pensiones, los ingresos de los pensionistas, en un 0,9 por 100. Por otro
lado, y de manera más significativa, ha prometido revalorizar los ingresos, los
salarios de los empleados públicos en un 2 por 100. El coste conjunto de ambas
medidas son unos 4.600 millones de euros. En esencia, la subida de las
pensiones cuesta unos 1.200 millones y la de los empleados públicos unos 3.400
millones. 4.600 millones de euros es prácticamente todo lo que espera
recaudar Pedro Sánchez subiendo masivamente los impuestos dentro de
la economía, con subidas del IRPF, con subidas en el impuesto sobre
los sociedades, con la tasa Tobin, con la tasa Google, con el impuesto al diesel,
luchando contra el fraude fiscal. Con todo esto, Pedro Sánchez espera recaudar
algo más de 5.000 millones de euros. Por tanto, si se gasta 4.600 millones en
subir los ingresos, en revalorizar los ingresos de pensionistas y de empleados
públicos, está, como decía, fundiéndose, gastándose casi toda la
recaudación tributaria que él espera conseguir con sus subidas impositivas
para favorecer a estos dos grupos, los pensionistas y los empleados públicos.
Pero, ¿por qué Pedro Sánchez decide centrarse en favorecer a estos dos
empleados públicos? ¿Por qué decide redistribuir la renta desde los
contribuyentes a los pensionistas y a los empleados públicos? Bueno, el PSOE es un
partido que dice ser social demócrata. Si fuera así, deberías seguir las
directrices de John Rawls, es decir, como hemos dicho antes, redistribuir los
recursos de tal manera que aquellos grupos menos favorecidos dentro de una
sociedad salgan ganando, salgan siendo beneficiados. Con lo cual, lo que debemos
plantearnos es, ¿son los pensionistas y los empleados públicos los dos grupos
más desfavorecidos dentro de una sociedad? Y la respuesta es que claramente no lo
son. Así, por ejemplo, en el año 2018 la tasa de riesgo de pobreza de los
jubilados fue del 15,1% y la de los empleados no públicos, sino la de los
empleados en general, aquellas personas que tenían un empleo del 16%. Por el
contrario, la tasa de riesgo de pobreza entre las personas desempleadas fue del
58,9% y la de aquellas personas que no buscaban empleo ni tampoco lo tenían
es decir, las personas inactivas del 37,6%. Por tanto, ya como primer
criterio vemos que no son empleados y en particular empleados públicos y
pensionistas los grupos más desfavorecidos, la redistribución de la
renta desde una perspectiva social demócrata debería ir dirigida a
paliar las consecuencias adversas que están experimentando determinados
parados y determinadas personas inactivas antes que a revalorizar los
ingresos de pensionistas y de empleados públicos. Sin embargo, uno podría decir
bueno, a lo mejor hay grupos dentro de los pensionistas y dentro de los
empleados públicos que también son o también están en una situación muy
desfavorecida y esto es verdad, pero justamente por eso deberíamos desagregar
algo más el contenido de los grupos de pensionistas y de empleados públicos.
Por ejemplo, la tasa de riesgo de pobreza entre los asalariados con
contrato indefinido, asalariados en general, no sólo públicos sino también
privados, fue del 7,3% en el año 2018. En cambio, la de los trabajadores
temporales fue del 21,3%. Por otro lado, los trabajadores a jornada
completa se enfrentaron una tasa de riesgo de pobreza del 10,9%. En cambio, los
trabajadores a tiempo parcial del 22,5%. Asimismo, los trabajadores con
un título de enseñanza universitaria apenas tenían una tasa de
riesgo de pobreza del 6% frente a aquellos que no tenían ni siquiera la
educación secundaria obligatoria que tenían una tasa de riesgo de pobreza del
21,7%. Y por último, los autónomos, por no olvidarnos de ellos, tenían, se
enfrentaban a una tasa de riesgo de pobreza del 24,4%. Por consiguiente,
aún cuando uno creyera que dentro de estos dos grupos no desfavorecidos en
general, pensionistas y empleados públicos, pueda haber otros subgrupos que
sí que merecen, desde una perspectiva social demócrata, una activa redistribución
de la renta para facilitar, para mejorar su situación desfavorecida, lo cierto es
que lo que no puede aplicarse desde una perspectiva social demócrata es un
incremento homogéneo indiscriminado de los ingresos de pensionistas y de los
ingresos de empleados públicos, sin diferenciar entre pensionistas con rentas
altas y con rentas bajas, o sin diferenciar entre empleados públicos de
carácter temporal. Recordemos, por cierto, no tal margen, la tasa de
temporalidad del empleo público es mayor que la del empleo privado, sin
diferenciar, decía, entre empleados públicos temporales y empleados
públicos indefinidos, entre empleados públicos a tiempo parcial y a tiempo
completo, entre empleados públicos con una titulación elemental y empleados
públicos con una titulación superior universitaria, sin diferenciar todo esto,
sin tener en cuenta las diferencias internas que existen entre estos
colectivos, insisto, no especialmente desfavorecidos frente a otros como los
parados o las personas inactivas, pues lo que estamos haciendo no es redistribuir
los recursos desde los más favorecidos a los menos favorecidos, como predicaría
un socialdemócrata, sino que lo que estamos haciendo es quitarle los
recursos a unos individuos favorecidos y desfavorecidos para dárselos
indiscriminadamente a otros, que son favorecidos y desfavorecidos, que sentido
tiene, por ejemplo, que el IVA de una familia de parados o el IVA de una
familia de trabajadores temporales, vaya a engrosar los ingresos adicionales de
funcionarios que tienen una titulación universitaria y que están en la parte
alta de la distribución de la renta en España, no tiene absolutamente ningún
sentido desde una perspectiva socialdemócrata, y si no lo tiene, si es una
redistribución que puede ser perfectamente regresiva, porque estamos
cobrándoles impuestos a grupos muy desfavorecidos para redistribuir la
renta a grupos relativamente favorecidos, con tasas de pobreza relativamente bajas
en comparación con el resto, porque el gobierno de Pedro Sánchez, que dice ser
un gobierno socialdemócrata y, por tanto, un gobierno que tiene en la cabeza una
teoría de la justicia similar a la de John Rawls, porque este gobierno
concentra prácticamente toda la subida del gasto público en revalorizar los
ingresos de pensionistas y empleados públicos. Bueno, la respuesta es muy
obvia, la respuesta es muy evidente, porque estos dos grupos, estos dos
colectivos, concentran 12 millones de votos, actualmente hay unos 8,8 millones
de pensionistas y unos 3,2 millones de empleados públicos, y eso nos lleva a
la conclusión, muy obvia, de que el principal motivo por el cual el gobierno
de Pedro Sánchez está instrumentando el dinero de los contribuyentes para
incrementar indiscriminadamente los ingresos de empleados públicos y de
pensionistas, no es por sus valores socialdemócratas que lo lleven a intentar
mejorar la situación de los colectivos más desfavorecidos dentro de una
sociedad, en absoluto. Si lo está haciendo es para maximizar sus
probabilidades de reelección, para apuntalarse en el poder, es decir, para
comprar los votos de esos ciudadanos, y los compra no con su dinero, los compra no
con el saldo de su cuenta corriente, los compra con el dinero de los españoles, de
los contribuyentes españoles, por tanto doble infamia, no sólo está comprando el
voto, sino que además lo está comprando con el dinero ajeno y todo ello por
la obsesión de seguir instalado en el poder. No es que esta práctica sólo la
realice el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2018,
en la tramitación de los presupuestos generales de ese año, también concentró
los beneficios en pensionistas y en empleados públicos, es decir, Rajoy
también tenía en la cabeza la misma obsesión de maximizar sus
probabilidades de reelección para apuntalarse en el poder, para mantener al
partido popular en el gobierno, pero en este caso, evidentemente, quién lo está
haciendo es el gobierno de Pedro Sánchez, repito, con el dinero de los
contribuyentes. Todo esto lo que nos demuestra al final es que más allá de
las distintas teorías de la justicia que uno pueda defender, desde una
perspectiva más socialdemócrata o desde una perspectiva más liberal, la política
real se basa en un criterio redistributivo muy distinto, el criterio
redistributivo es quitarle el dinero a los grupos desorganizados para dárselo a
los grupos organizados. No de ricos a pobres, sino desde personas dispersas
sin capacidad para movilizarse y protestar mancomunadamente contra la
violación de sus derechos, hacia personas que están muy bien organizadas, que
son capaces de arbitrar, de crear lobis para presionar al poder político y a
través de esas presiones recibir favores del poder político. Eso es, en esencia,
la política, alimentar a los grupos de presión para que estos te mantengan en
el poder.