Las reacciones negativas contra el exilio fiscal en Andorra de algunos youtubers
se siguen sucediendo dentro de España.
Y hoy quería comentar una de ellas en particular por la radicalidad estatista que exhibe
y por lo restrictivo de las libertades individuales que podría llegar a resultar
si se aplicara esta idea.
Y me refiero al tuit que publicó ayer el hermano del ministro de consumo, Alberto Garzón,
lo que dice Eduardo Garzón es lo siguiente,
lo lógico sería que quien pague impuestos en Andorra no tuviese derecho a ningún servicio
ni infraestructura que ofrezca España,
incluyendo carreteras, telecomunicaciones, educación, sanidad, aeropuertos, puertos, etc.
Es totalmente inmoral aprovecharse de ello sin contribuir a ello.
Básicamente lo que está proponiendo Eduardo Garzón es bloquear a los youtubers que se muden a Andorra,
es decir, dejarlos incomunicados, que no puedan salir de Andorra,
que si salen de Andorra se les impida usar carreteras, aeropuertos, puertos,
que no puedan comunicarse a través de la red de telecomunicaciones española,
en definitiva perseguirlos con saña desde el estado español para que cambien de idea
y no se marchen a tributar a Andorra.
Bien, este argumento de que habría que impedir entrar a los youtubers que se han trasladado a Andorra
es un argumento deficiente esencialmente por tres razones.
Primera razón, es verdad que los youtubers que se han trasladado a Andorra
no han contribuido a financiar todo el gasto público, todos los servicios públicos
que Eduardo Garzón estaba mencionando en su tuit.
Muchos de ellos, prácticamente todos ellos, probablemente hayan pagado más impuestos
ya en España, de los que Eduardo y mucha otra gente, probablemente también yo mismo,
pagaremos jamás al Fiscal Español.
Por tanto, por el hecho de que quieran dejar de pagar más impuestos
de los muchos que ya han pagado, no parece muy razonable aplicando el criterio
de que quien paga tiene derecho, el criterio de Eduardo Garzón,
no parece muy razonable excluirlos de los servicios públicos
que ya han contribuido a financiar en unas cantidades muy sustanciales.
Aplicando esa lógica, uno también podría decir, pues si no me vas a dejar utilizar
los servicios que ya he pagado y que ya he pagado en mayores cantidades
de lo que tú vas a hacerlo jamás, devuelveme todo el dinero que he pagado
para poder usar esos servicios.
Pero no parece que Eduardo esté proponiendo devolverles a los youtubers
que se han mudado a Andorra varios cientos de miles de euros
por todos los impuestos que pagaron en el pasado para el estado español
y con los que se han financiado unos determinados servicios públicos
que ahora, simplemente porque cambian de residencia fiscal,
Eduardo quiere impedirles que puedan volver a utilizar.
Segundo problema de este argumento de Eduardo Garzón,
¿a cuántos colectivos más lo extendemos?
¿Y qué implicaciones terminaría teniendo este argumento
de que quien paga impuestos tiene derecho a los servicios públicos?
Pero quien no paga impuestos no tiene derecho a los servicios públicos.
Primero, habría que expulsar, habría que impedir la entrada
de todos los turistas extranjeros a España,
porque todos los turistas extranjeros no han contribuido,
no han pagado impuestos al Fisco Español y cada vez que vienen a España
hacen uso de carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales,
red de telecomunicaciones, habría que impedirles utilizar todo esto
porque no hayan contribuido a financiarlo y uno podría decir
cuando están en España pagan impuestos al consumo,
por tanto sí contribuyen a financiarlo, pero ese mismo argumento
también es aplicable a los youtubers que se hayan mudado Andorra
y que vengan de visita a España, cuando estén en España
pagaran impuestos al consumo y seguirán contribuyendo a financiar esos servicios.
Por tanto, si se aplica a los youtubers habría que aplicarlo también
a todos los turistas, no habría que aplicarlo como algunos han dicho
necesariamente a los inmigrantes ni siquiera los inmigrantes ilegales
porque aquí Eduardo podría justificar con razón que si se regulariza
la situación de los inmigrantes ilegales en la medida en que esos trabajadores
extranjeros trabajarán y pagarán impuestos en España,
sí estarían costeando los servicios públicos que están recibiendo.
Pero desde luego a los turistas sí habría que aplicárselo
y con ello nos cargaríamos una de las principales industrias españolas
pero como decía el problema no termina aquí. Si seguimos extendiendo
este principio, si lo aplicamos de manera coherente,
¿qué estamos diciendo? Que quien paga impuestos tiene derechos
y que quien paga más impuestos tiene más derechos
porque al final la cuestión cuantitativa no se puede soslayar.
Si un youtuber viene a España y compra un paquete de pipas
y paga el IVA, ya está pagando impuestos y ya tiene derecho a todo.
No parece que eso encaje en el argumento que está planteando Eduardo Garzón.
Por tanto, quien paga bastantes impuestos debería tener derechos
preferentes a utilizar los servicios públicos frente a quien paga menos impuestos.
Insisto, eso es lo que parece derivarse del argumento de Eduardo Garzón.
No digo ni que yo defienda esa postura ni que tampoco Eduardo la esté defendiendo
pero si aplicamos su argumento de manera coherente,
esa es la conclusión lógica que quien paga tiene derechos
y quien paga más tiene más derechos.
Y ese es uno de los argumentos más antisocialdemócratas e incluso antizquierdistas
que se me pueden ocurrir y no creo que Eduardo Garzón sea antizquierdista.
Todo lo contrario, Eduardo Garzón hace gala de izquierdismo,
con lo cual quizá debería revisar este argumento de que hay que excluir
de los servicios públicos a aquellos que no los estén costeando
o que no los estén costeando en suficiente cantidad como harían los youtubers
que se han mudado a Andorra si simplemente pagaran algunos impuestos
cuando vinieran de visita a España.
Y en tercer lugar, aunque el argumento que plantea Eduardo Garzón
es un argumento problemático por las dos razones que ya expuesto,
en el fondo, si tiene un poso de verdad, si tiene un poso de razón de ser,
sería desde luego problemático que personas que se están escaqueando,
legítimamente, pero se están escaqueando de pagar impuestos en España,
luego quieran disfrutar de todos los servicios públicos que ofrece España
en las mismas condiciones que un contribuyente español
que permanece en territorio español y que sí está contribuyendo
con sus impuestos a financiar esos servicios públicos.
Sin embargo, siempre que se plantean alternativas tan duras
como impedir de plano, impedir totalmente
que una persona utilice las carreteras, utilice las redes hospitales,
utilice la red de telecomunicaciones, siempre que se plantean este tipo de argumentos
tan duros y tan potencialmente lesivos de las libertades individuales,
uno debería plantearse.
¿Existen alternativas razonables menos lesivas, menos agresivas
contra la libertad individual?
Y, por supuesto, que existen, en este caso, alternativas mucho menos lesivas
contra las libertades individuales. Si un youtuber se muda a Andorra
y luego quiere hacer uso de servicios públicos que no ha contribuido
a costear a través de impuestos que ya no paga en España,
se le puede ofrecer que pague un precio público, un peace
por hacer uso de las carreteras, de los puertos, de los aeropuertos,
de los hospitales, de la red de telecomunicaciones,
es decir, que pague, que coste parte del coste del servicio
en ese momento está utilizando.
¿Cómo hacen las empresas privadas?
Si yo me subo a un avión de Iberia y no soy accionista de Iberia,
yo he contribuido a costear lo que vale el avión de Iberia
que estoy utilizando.
Desde luego que no.
Esa inversión la han sufragado los accionistas de Iberia
con su capital.
Yo no he aportado nada para poder comprar ese avión
que luego estoy utilizando.
¿Pero qué hace Iberia?
¿Impedirme entrar en el avión?
No, lo que hace Iberia es cobrarme un precio
con el cual intenta recuperar parte del coste, la amortización,
parte del coste que el avión ha supuesto para sus accionistas,
incluso con algún margen de beneficio
para remunerar el adelanto de capital
que han hecho sus accionistas a la hora de comprar el avión.
Pues bien, el Estado podría hacer algo similar,
establecer peaces, por ejemplo, en las carreteras públicas
para ciudadanos extranjeros que quieran utilizarlas,
incluso peajes con recargo
para que los contribuyentes españoles
puedan salir beneficiados por el adelanto coactivo
de capital que han hecho a la hora de financiar esas infraestructuras.
Lo que no tiene sentido, es decir,
no, no, os vamos a impedir utilizarlas de todas todas,
no os vamos a ofrecer ninguna alternativa.
No volveis a entrar en España porque nos estáis traicionando
y os queremos castigar condenándos a permanecer en Andorra
sin ningún tipo de movilidad fuera del principado.
Y creo que este es el gran problema de la propuesta
que plantea Eduardo Garzón, que no es una propuesta racional,
es una propuesta estomacal,
es una propuesta que nace del resentimiento,
incluso del odio, hacia unos ciudadanos españoles
que se escapan de las garras tributarias del Estado español
y que se mudan a otra jurisdicción
con unas figuras fiscales más bajas
para evitar pagar tantos impuestos
como los exigidos por el Estado español
y desde luego, muchísimos menos de los que a Eduardo Garzón,
muchas otras personas de izquierda radical como él,
les gustaría que pagaran esas personas.
Más que ante una propuesta bien hilada
y que vaya a resolver ningún problema,
estamos ante una pataleta,
ante un enfado hacia los youtubers que se han trasladado a Andorra.
Estamos, diría más,
ante un intento de legitimar que el Estado
utilice la coacción contra los derechos individuales,
en este caso contra el derecho de movilidad,
para conseguir chantajear a ciudadanos pacíficos
con la disyuntiva,
o te quedas en España y pagas tantos impuestos
como yo quiero cobrarte,
o te vas de España y te hago la vida imposible
gracias a que yo, señor Estado,
tengo el monopolio de la violencia
y, por tanto, aunque estés en otra jurisdicción,
como es una jurisdicción muy pequeña
sin capacidad para garantizar tus derechos individuales,
voy a intentar aplastar esos derechos individuales
mediante todas las herramientas que tengo a mi disposición.
Creo que este tipo de discursos,
que rozan el discurso del odio,
lo que ponen de manifiesto,
es que muchas personas que dicen perseguir el bien común,
que dicen preocuparse por el prójimo,
porque todos tengamos una mejor vida,
en realidad son simplemente fanáticas del estatismo,
lo que quieren es un Estado más grande,
un Estado omnipotente
y todas aquellas personas
que, legítimamente, se intenten rebelar
contra ese Estado omnipotente
porque consideren que está aplastando
sus proyectos de vida,
todas esas personas merecen ser marginadas,
merecen ser laminadas,
súbitamente su bienestar ya deja de preocuparnos,
porque dejan de ser súbditos del Estado,
y lo que queremos al final son súbditos del Estado
para que el Estado pueda engordar
todavía más parasitando a esos súbditos,
y pasan a ser ciudadanos independientes
que con sus actos desafían la soberanía,
la omnipotencia, la presunta soberanía,
la presunta omnipotencia del Estado,
y de lo que se trata es de que no den ejemplo,
porque de lo que se trata es de aplastar la disidencia.