La principal medida que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez para minimizar el riesgo
de bancarrota de suspensión de pagos entre pequeñas y medianas empresas y autónomos
ha sido la constitución de un programa de avales estatales con el que el sector público
garantizará el repago de la deuda corporativa así avalada, con el propósito de que los
bancos, las entidades financieras, estén más predispuestos a otorgar nuevas financiaciones
y refinanciaciones.
Esta semana hemos conocido los detalles de la que será la primera línea de ese programa
de avales públicos, de ese programa de avales estatales.
En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez comenzará otorgando avales por 20.000 millones
de euros sobre los 100.000 millones potenciales planificados a determinadas pequeñas y medianas
empresas y autónomos que así los soliciten y cuya solicitud sea aprobada por las autoridades.
Por un lado, los detalles de esta primera línea de avales estatales contienen mejores
noticias de lo que inicialmente parecía.
Como ya comentamos en otro vídeo, si el Estado aprueba un programa de avales públicos, jamás
debe avalar el 100% de la deuda empresarial, sino que debe avalar un porcentaje menor para
que las entidades financieras no incurran en riesgo moral, es decir, que las entidades
financieras no tengan incentivos perversos a financiar cualquier proyecto o cualquier
idea, porque sepan que en última instancia paga el Estado.
En un principio parecía que la línea de avales sí va a ser por el 100% de la deuda
empresarial, pero finalmente no, finalmente la deuda de pequeñas y medianas empresas y
de autónomos se avalará al 80% y la del resto de empresas, grandes empresas, se avalará
al 70% si estamos hablando de nuevas financiaciones y al 60% si estamos hablando de refinanciaciones
de créditos ya otorgados.
Son porcentajes, probablemente, demasiado elevados, son porcentajes que deberían reducirse
si queremos, como sería deseable, que la banca incrementara su exposición al riesgo
de esos créditos para que se volviera más diligente a la hora de escoger que se financia
y que no se financia, pero al menos, como digo, es una mejoría frente a la expectativa
inicial de que se garantizará el 100% del repago de la deuda.
Sin embargo, al mismo tiempo que hemos conocido esta buena noticia parcial con respecto a la
configuración del programa de avales públicos, también hemos conocido otra mala noticia
con respecto a estos avales, y es que el Gobierno también ha manifestado alto y claro
que no tiene la más remota intención de ampliar su ultracicatero programa de aplazamiento
de impuestos.
Como sabemos, este mes de abril, autónomos y empresas van a tener que hacer frente a
muchos pagos de impuestos.
En particular, tenemos las liquidaciones trimestrales de IVA y de IRPF, además del pago fraccionado
del impuesto sobre sociedades, dejando de lado, por supuesto, también los pagos por
cotizaciones a la seguridad social.
Todos estos impuestos, a los que van a tener que hacer frente a autónomos y empresas durante
el mes de abril, van a drenar de manera muy significativa su liquidez.
Aquellos que tengan liquidez y que de momento puedan aguantar gracias a esa liquidez, van
a ver cómo esta es absorbida de manera aboraz por las administraciones públicas.
Y por eso, como ya hemos pedido en numerosas ocasiones, es urgente un aplazamiento del
conjunto de los impuestos, es decir, que los ciudadanos, especialmente aquellos que los
soliciten porque no tengan alternativa, puedan diferir el pago de los impuestos y preservar
la muy escasa liquidez que ahora mismo tienen.
Sin embargo, el gobierno, hasta la fecha, solo ha aprobado un programa de diferimiento
de impuestos.
Un programa de aplazamiento fiscal, ¿y en qué consiste este programa de aplazamiento
fiscal?
Bueno, se pueden aplazar los impuestos hasta seis meses, tres meses sin intereses, y los
otros tres meses pagando intereses, pero, y esto es lo más relevante, el importe máximo
de impuestos que se puede aplazar por contribuyente es de 30.000 euros, o dicho de otra manera,
todo aquel, toda aquel autónomo o toda aquella empresa pequeña, mediana o grande que tenga
que pagar más de 30.000 euros en impuestos durante este mes de abril, correspondiente
a todo el primer trimestre del año, se encontrarán con que por encima de 30.000 euros no pueden
aplazar sus obligaciones tributarias, o dicho de otra manera, las empresas tendrán que echar
mano de su escasa caja, por encima de 30.000 euros, para nutrir de tesorería a la hacienda
pública.
¿Todavía peor?
Aquellas empresas que no tengan suficiente tesorería para pagar los impuestos, imagínemonos
una empresa que tiene que hacer frente a pagos de 150.000 euros y solo cuenta con 50.000
euros en tesorería, esas empresas que no tengan tesorería porque no la dotaran originalmente
y porque hayan dejado de ingresar con la paralización total de sus actividades a raíz de la pandemia
en la que estamos sumergidos, esas empresas que no tengan caja suficiente para pagar los
impuestos, tendrán o bien que solicitar un graboso aplazamiento a la hacienda pública,
aplazamiento por encima de los 30.000 euros al tipo de interés vigente ahora mismo que
es del 3% o, de manera todavía más ridícula, forzará a que estas empresas busquen financiación
avalada por el Estado a través de la banca para pagar los impuestos que le reclama el
Estado.
Es decir, que el Estado saca una línea de avales sobre la deuda empresarial de 20.000
millones de euros, ampliable hasta 100.000 millones de euros, pero como el propio Estado
está drenando la tesorería de autónomos y de empresas, el propio Estado está incrementando
las necesidades de financiación o de refinanciación de autónomos o empresas, y esos autónomos
o esas empresas van a tener que pedir más créditos de los que alternativamente habrían
pedido si el Estado no succionará sus impuestos, si el Estado concedirá un aplazamiento general
de los tributos y como consecuencia, si piden más créditos avalados por el Estado debido
al cobro de impuestos, significará que estamos consumiendo una parte de esos avales que está
otorgando el Estado para que sobrevivan las empresas con el único propósito de que el
dinero vuelva a las arcas del Estado, algo del todo absurdo, del todo incomprensible,
creo que es justamente lo que está aplicando este Gobierno. Necesitamos una moratoria general
de impuestos, aunque sea a tipos de interés muy, muy bajos, inferiores al 1%, para aquellas
empresas que lo soliciten a partir de un determinado periodo, pero necesitamos posibilitar ese
aplazamiento con tipos de interés mucho más bajos que los actuales. En caso contrario,
las empresas se van a ver acorraladas al borde de la suspensión de pagos y van a requerir
de financiación bancaria avalada por el Estado para pagar impuestos al Estado.
Cortemos este circuito del disparate, que el sector público deje de poner palos en
las ruedas, en las debilitadas ruedas de nuestro tejido empresarial. Nunca el Gobierno
debería dificultar la supervivencia empresarial, pero que lo haga en medio de la pandemia
que ahora mismo estamos padeciendo es de una incompetencia supina máxima.