¿Qué entiende Podemos por una justicia progresista? Pues un poder judicial controlado por Podemos
y subordinado a los intereses de Podemos. El reciente caso de la condena a Irene Montero
por calumnias contra Rafael Marcos lo ilustra a la perfección. Veámoslo.
Hace algo más de un año, el Gobierno de España, el Gobierno de peso de Podemos, concedió
un indulto parcial a María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre que había sido condenada por
sustracción de menores. Y en ese momento, Irene Montero, ministra de Igualdad del Gobierno de
España, justificó la concesión de ese indulto parcial a María Sevilla del siguiente modo.
Hoy es un día muy importante y por eso creo que es de justicia, nunca mejor dicho, empezar
celebrando ese indulto parcial que le hemos concedido a María Sevilla y la voluntad de este
Gobierno cada vez más firme para proteger a todas las madres protectoras. Como sabéis,
las madres protectoras sufren injustamente y en muchos casos suponiendo una vulneración de muchos
de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad cuando lo que están
haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la
violencia machista de los maltratadores. Por eso es tan importante que el Estado sal de la deuda que
tiene con las madres protectoras, que hagamos políticas públicas que garanticen que los
maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas, que no pueden vulnerar los derechos de esas
mujeres y por tanto que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras. En
este caso le debíamos ese indulto parcial a María Sevilla y creo que es otra nueva victoria de las
feministas porque cuando en este país ninguna institución y ninguna política pública respaldaba
a las madres protectoras sí que había mujeres pocas cada vez más defendiendo con pancartas,
con su mano tendida, con su apoyo, con sus asociaciones feministas, poniendo dinero de
su bolsillo, poniendo el cuerpo, exponiéndose a la criminalización para decir no estás sola,
yo sí te creo y vamos a caminar juntas hasta que las instituciones protejan de forma efectiva a
todas las madres que se están defendiendo a sí mismas y también a sus hijos e hijas frente a la
violencia machista. Así que enhorabuena colectiva porque ese indulto por supuesto que es victoria
de María pero también es una victoria de todo el movimiento feminista y aquí está este gobierno
de coalición feminista para saldar esa deuda que las instituciones tenemos con las madres protectoras.
Creo que está bastante claro que Irene Montero estaba acusando a Rafael Marcos,
el exmarido de María Sevilla y padre del hijo que tienen en común, lo estaba acusando de maltratador,
tanto de maltratador contra María Sevilla como de maltratador contra el hijo que tienen en común,
porque Irene Montero estaba justificando el indulto a María Sevilla diciendo que María
Sevilla era una madre protectora de su hijo, protectora de su hijo frente a la violencia
machista de su padre y que también ella, María Sevilla, había sufrido la violencia machista.
Te debíamos como gobierno el indulto parcial porque eres una madre protectora,
una madre que ha protegido a su hijo de la violencia de su padre y que en esa protección
también ha sufrido la violencia de su exmarido. Irene Montero podría haber dicho perfectamente
todo esto si fuera cierto que Rafael Marcos, el exmarido de María Sevilla, estuviese condenado
por maltrato contra su hijo y contra su exesposa. Sucede que Rafael Marcos jamás ha sido condenado
por ello, de ahí que Irene Montero estuviese imputándole falsamente un delito, la agresión
a su hijo o a su exmujer, a Rafael Marcos. Y en este país, las calumnias siguen siendo un
delito. Imputar a otra persona un delito que no ha cometido sabiendo que no lo ha cometido es un
delito. Otro debate interesante sería si las calumnias deben ser o no deben ser un delito,
pero hoy por hoy las calumnias son un delito para todos. Por tanto, nadie tiene derecho a imputarle
falsamente un delito a otra persona. Y cuando digo nadie, incluyó a los políticos, incluyó a los
ministros. Si el ciudadano de a pie no tiene derecho a imputarle a un tercero un delito que
no ha cometido, obviamente un ministro tampoco. Pues bien, a raíz de esta imputación falsa de
un delito a Rafael Marcos por parte de Irene Montero, el propio Rafael Marcos, asistido
muy exitosamente por la abogada Lupe Sánchez, denunció a Irene Montero por delito de calumnias.
Tengas en cuenta, y esto es muy importante, que antes siquiera de llegar a los tribunales,
a Irene Montero se le ofreció la posibilidad de conciliar con Rafael Marcos. Ahora mismo
hay muchos defensores de Irene Montero afirmando que en el vídeo que hemos visto antes, Irene
Montero nunca llega a decir textualmente que Rafael Marcos es un maltratador. Efectivamente,
Irene Montero no dice textualmente que Rafael Marcos es un maltratador. Dice que hay que
concederle el indulto a María Sevilla, porque María Sevilla es una madre protectora, y madre
protectora significa que su hijo y ella han sufrido la violencia de su exmarido. Y por tanto,
que su exmarido Rafael Marcos es un maltratador. Pero bueno, si alguien ingenuamente creyera que
la intención de Irene Montero no era presentar a Rafael Marcos como un maltratador ante la opinión
pública, bastaría con que Irene Montero hubiese acudido al acto de conciliación y hubiese conciliado
con Rafael Marcos. Por ejemplo, salir ante la opinión pública y aclarar que las palabras
anteriores no iban referidas en ningún caso a Rafael Marcos, que efectivamente Rafael Marcos
no es un maltratador. Si hubiesen llegado a ese tipo de acuerdo en el acto de conciliación,
si todo hubiese sido un malentendido y si Irene Montero no hubiese querido imputarle a Rafael
Marcos un delito, pues bastaría con que en el acto de conciliación se hubiesen aclarado los
términos y que Irene Montero también lo hubiese aclarado ante la opinión pública. Pero Irene
Montero rechazó acudir al acto de conciliación. Por tanto, ante la petición de que matizara,
de que aclarara sus palabras frente a los potenciales malentendidos que se desprendían
de ellas, Irene Montero declinó matizar, declinó aclarar que Rafael Marcos no era un maltratador.
Por tanto, obviamente quería con esas palabras transmitir ese mensaje. Y así, aproximadamente un
año después, el Tribunal Supremo condenó a Irene Montero por delito de calumnias a indemnizar
con 18.000 euros a Rafael Marcos y a publicar el fallo del Supremo en la red social Twitter.
Pero Irene Montero se resistió a cumplir con la sentencia del Supremo y acudió, en recurso de
amparo, al Tribunal Constitucional. Y es que Irene Montero consideraba que la sentencia del
Supremo atentaba contra su derecho fundamental a la libertad de expresión. Y a un nivel fundamental
y último podría ser cierto. Si uno considera que dentro de la libertad de expresión entra el
derecho a calumniar, desde luego que en España exista un derecho de calumnias atentaría contra
la libertad de expresión. Ahora bien, mientras en España exista un delito de calumnias que se aplica
a todo el mundo, pues evidentemente también se le va a aplicar a Irene Montero. Si Irene Montero cree
que ha de existir un derecho a calumniar, es decir, que dentro de la libertad de expresión entra el
derecho de calumnias, lo que ha de defender es una reforma del Código Penal para eliminar el
delito de calumnias. Lo que no tiene sentido es que Irene Montero sigue defendiendo que para todos los
demás, para el vulgo, para el populacho, para la derecha, sigue existiendo un delito de calumnias
que limite su libertad de expresión. Es decir, todos los demás no tienen derecho a imputarle
un delito a otra persona a sabiendas de que no lo ha cometido. Que exista un derecho de calumnias
que limite la libertad de expresión para todo el mundo, menos para ella. Privilegios jurídicos
para nadie, tampoco para la casta política. Pues bien, hace unos días el Tribunal Supremo ni
siquiera admitió a trámite el recurso de amparo de Irene Montero y, por tanto, ya no tiene ninguna
vía de escape para evitar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que la condenaba
por delito de calumnias. Así, por ejemplo, ha tenido que publicar el fallo de la sentencia
en su red social de Twitter. Un tuit que ya acumula más de 4 millones de visualizaciones. El tuit
más visto en toda la historia de la cuenta personal de Irene Montero en Twitter. Pero,
y aquí llega quizá lo más interesante de todo, cómo ha reaccionado Podemos, los cuadros del partido,
a esta inadmisión a trámite del recurso de amparo de Irene Montero. No disculpándose con
Rafael Marcos. Mira, Irene Montero jamás te quiso imputar el delito de ser un maltratador. Sus
palabras se han malinterpretado, la justicia también las ha malinterpretado y, aunque no
quería decir que tú fueras un maltratador, pues si se ha interpretado así, te pedimos disculpas.
Pero todo lo que dijo Irene Montero no había que interpretarlo de ese modo. Bueno, podría ser una
forma. Tampoco ha reaccionado Podemos defendiendo que los ciudadanos han de tener derecho a
calumniar a otros ciudadanos, que podría ser una posible salida. Creemos que la libertad de
expresión ha de ser lo suficientemente amplia como para que, si Irene Montero quiere llamar
maltratador a una persona, aunque sea en términos figurativos, deba poder llamársela. No. Ni
disculpándose con Rafael Marcos ni defendiendo el derecho a calumniar ciudadanos. Podemos ha
reaccionado quejándose de que el Tribunal Constitucional no está lo suficientemente
politizado en su favor. Tweet de Yone Belarra, secretaria general de Podemos y todavía ministra
en funciones del Gobierno de España. El Tribunal Constitucional, con mayoría de jueces afines al
PSOE, desampara a la ministra de Igualdad Irene Montero, condenada por defender a una madre
protectora y la decisión del Gobierno de indultarla. Violencia política. Primero,
no es verdad que Irene Montero haya sido condenada por defender a una madre protectora. Se la ha
condenado por imputarle falsamente un delito a Rafael Marcos. Eso no es defender a una madre
protectora. Es acusar a una persona de algo que no ha hecho. Ejercer la violencia contra su ex mujer
y contra su hijo. Y en segundo lugar, es llamativo que Yone Belarra no critica al
Tribunal Constitucional por estar politizado en favor del PSOE. No denuncia que el Tribunal
Constitucional está secuestrado por jueces afines al PSOE y que, por tanto, el Tribunal
Constitucional no puede ser verdaderamente independiente a la hora de interpretar la
Constitución. No, Yone Belarra dice, estos señores que son supuestamente de izquierdas
y que por tanto son supuestamente de los nuestros, no están ejerciendo su trabajo al frente del
Tribunal Constitucional en nuestro favor. No están retorciendo la interpretación de la
Constitución en nuestro interés. Y eso es lo que deberían estar haciendo. Si los miembros
del Tribunal Constitucional han sido nombrados en su mayoría por el PSOE, esos miembros del
Tribunal Constitucional deberían dictar sentencias en favor de la izquierda, incluyendo Podemos.
O en un espíritu similar, también publicó Pablo Echenique.
Te contaron que poner al frente del Constitucional a Conde Pumpido iba a servir para que el órgano
de garantías fuera progresista, pero en realidad solo sirve para que sea del PSOE. Dos cosas
bastante distintas. Ahora se suma a la cacería de la derecha contra Irene Montero.
Los políticos no deberían determinar que el Tribunal Constitucional fuera
ni progresista ni conservador. Si los políticos determinan esto,
los políticos están de alguna manera teledirigiendo el Tribunal Constitucional,
que no puede por tanto interpretar la Constitución de manera independiente al poder político.
Pero en cualquier caso, aunque el Tribunal Constitucional fuera progresista,
fuera de sensibilidad progresista, ¿qué se supone que implica ser progresista? ¿Colocarse
una venda en los ojos ante un delito de calumnias perpetrado por una persona de izquierdas?
¿Es que acaso lo progresista es el privilegio para los autodenominados progresistas?
¿Un miembro del Tribunal Constitucional progresista debería defender a alguien
de izquierdas con independencia del delito que haya cometido? ¿Debería retorcer la Constitución
para que Irene Montero pudiese calumniar impunemente a una persona mientras a todos
los demás ciudadanos de España se le sigue aplicando el Código Penal en el que está
presente el delito de calumnias? ¿Eso es lo que nos están diciendo Pablo Echenique y Joan
Ebelarra? Y eso, en el fondo, es lo que pretendía a lo que aspiraba Irene Montero. Oye,
que en el Constitucional hay una mayoría de miembros del PSOE. Por tanto, si Podemos se sigue
llevando bien con el PSOE, esta gente tendrá que retorcer la Constitución para librarme de la
condena que me ha caído por haber cometido un delito de calumnias. A ver si consiguen anular la
sentencia del Tribunal Supremo a través de cualquier argumento disparatado. Pero eso es
lo de menos. Lo demás es que si controlamos el Tribunal Constitucional deberíamos poder ser
impunes. Y eso es, en última instancia, lo que pretenden PSOE, SUMAR o Podemos cuando nos dicen
que hay que rescatar el poder judicial de la derecha, que hay que desderechizar los tribunales,
que hay que conquistar mayorías progresistas dentro del poder judicial. Lo que pretenden es
la impunidad para los suyos. Lo que pretenden es la instrumentalización de la justicia en pos de
su agenda personal y de su agenda política. No quieren una justicia ciega e imparcial,
sino una justicia controlada y sesgada en favor de la izquierda. Así que mucho cuidado con las
actuales acusaciones de Loffer de judicialización de la política en contra de los tribunales,
porque muchos de quienes perpetran estas acusaciones, en realidad, lo único que buscan es esto,
tener una justificación ante la opinión pública para controlar y doblegar a los tribunales en su favor.